Qué anunció Pemex sobre el cierre del pozo Krem-1

En su tarjeta informativa oficial, Pemex detalló que el cierre se logró gracias al despliegue de equipos técnicos especializados que instalaron un nuevo sistema de válvulas y tuberías en el cabezal del pozo. La compañía indicó que, superada la fase crítica, ahora enfocará sus esfuerzos en un programa integral de saneamiento ambiental y en la compensación y reparación de daños específicos en la zona, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

La petrolera precisó que mantendrá de forma permanente sus Unidades Médicas Móviles, con servicios médicos y odontológicos para más de 45 comunidades cercanas al sitio. Asimismo, informó que avanza la construcción de una Casa de Salud en el ejido Benito Juárez y el equipamiento de las unidades médicas de El Remolino y Linda Vista. En materia educativa, Pemex reportó la entrega de mobiliario escolar nuevo para reforzar las escuelas de la región, mientras que en infraestructura adelantó que concluirá en breve la ingeniería de un camino de 26 kilómetros con asfalto en caliente entre los ejidos Río Playas y El Remolino. La empresa añadió que ya entregó al municipio de Las Choapas mil toneladas de concreto, una unidad de desazolve tipo Vactor, una pipa de 10 mil litros y combustible para labores locales.

Cronología del incidente en Las Choapas, Veracruz

El origen de la contingencia se remonta al 5 de marzo de 2026, cuando el pozo Krem-1 —parte de un programa exploratorio de hidrocarburos de Pemex en el sur de Veracruz— alcanzaba alrededor de 3,336 metros de profundidad durante labores de perforación. En ese punto se presentó un flujo inesperado de gas que, según la secuencia técnica descrita por Pemex, se intentó derivar hacia un sistema de quemador de seguridad; sin embargo, una fuga en conexiones superficiales terminó por incendiar el equipo de perforación. Cientos de personas fueron evacuadas de manera preventiva de comunidades cercanas y la empresa reportó que no hubo personas lesionadas.

Pemex anunció el cierre del pozo Krem-1, impactos en la salud

Lo que en un primer momento se describió como un evento controlado en horas se extendió durante alrededor de 150 días. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, reconoció en julio que apagar por completo el pozo tomaría varios meses debido a la complejidad técnica del proceso, para lo cual la empresa recurrió a especialistas y maquinaria traída del extranjero. La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, instruyó en junio a la Secretaría de Salud federal para revisar, junto con su contraparte estatal, las denuncias de habitantes de Las Choapas que reportaban molestias respiratorias y oculares asociadas al humo del pozo.

Impacto ambiental y emisiones de metano documentadas

Mientras el pozo permaneció activo, organizaciones civiles especializadas en monitoreo satelital estimaron que se quemaron entre 250 y 300 millones de metros cúbicos de gas natural entre marzo y julio, una cifra equivalente a una porción significativa del gas doméstico consumido en México en un año. A partir de esos datos, calcularon una liberación de alrededor de 500 mil toneladas de dióxido de carbono, cifra que podría acercarse a 620 mil toneladas de CO₂ equivalente si se contabiliza el metano no quemado que pudo escapar a la atmósfera. El metano es un gas de efecto invernadero considerablemente más potente que el CO₂ en el corto plazo, con un potencial de calentamiento global varias decenas de veces mayor en un horizonte de veinte años, de acuerdo con estimaciones científicas recogidas por la comunidad académica.

Pemex anunció el cierre del pozo Krem-1, efectos en la población

Las mismas organizaciones documentaron afectaciones en alrededor de 270 hectáreas alrededor del cabezal del pozo, entre suelo calcinado y vegetación muerta o dañada, además de reportes de contaminación en arroyos cercanos y muerte de animales de traspatio y ganado. Habitantes de decenas de comunidades ubicadas en un radio de hasta diez kilómetros manifestaron dolores de cabeza, náuseas e irritación en ojos y vías respiratorias, y exigieron estudios independientes de aire, agua, suelo y salud.

Pemex, en contraste, ha sostenido que sus monitoreos de calidad del aire se mantuvieron por debajo de los límites permisibles y que no ha identificado casos de intoxicación vinculados al incidente, aunque un directivo de la empresa reconoció la muerte de decenas de animales en la zona. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente es la entidad federal encargada de supervisar este tipo de riesgos en el sector hidrocarburos, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales participa junto con sus contrapartes de Canadá y Estados Unidos en la Comisión para la Cooperación Ambiental, instancia ante la cual organizaciones civiles presentaron una petición en junio para revisar el cumplimiento de la legislación ambiental mexicana en este caso.

El precedente de Ixtoc I y otros descontroles de pozos de Pemex

El caso Krem-1 revivió comparaciones con el histórico reventón del pozo Ixtoc I, ocurrido en 1979 en la Bahía de Campeche, considerado durante décadas el mayor derrame petrolero registrado hasta la aparición del caso Deepwater Horizon en 2010.

Aquel accidente, también originado por una pérdida de control durante la perforación, mantuvo un flujo continuo de crudo hacia el Golfo de México durante cerca de 290 días, hasta su sellado definitivo en marzo de 1980, y contaminó playas de varios estados mexicanos y del sur de Texas. Aunque Krem-1 e Ixtoc I difieren en la naturaleza del hidrocarburo liberado —gas natural en un caso, petróleo crudo en el otro— y en el entorno del siniestro —terrestre frente a marino—, ambos episodios comparten un patrón similar: la pérdida de control de un pozo exploratorio derivó en una contingencia prolongada cuya magnitud ambiental solo pudo cuantificarse con precisión meses después de iniciado el evento.

Reparación social y siguientes pasos en Las Choapas

Con el pozo formalmente cerrado, Pemex adelantó que el llamado Programa de Atención de Afectaciones continuará con brigadas en campo para integrar expedientes y mapear los daños por zonas, con el objetivo de ofrecer una respuesta ordenada a cada caso de la población afectada. La gobernadora Nahle ha señalado que la remediación ambiental definitiva —incluida la atención a cultivos, cuerpos de agua y ganado— se ejecutará de manera coordinada entre el gobierno estatal y la petrolera una vez confirmado el cierre total del pozo. Organizaciones como la Alianza Mexicana Contra el Fracking han insistido en que la etapa de reparación debe incluir verificaciones independientes, más allá de los reportes internos de la empresa, para determinar el alcance real de los daños a la salud y al entorno en una región donde la actividad petrolera ha sido, durante décadas, el eje de la economía local.

El cierre del Krem-1 marca el fin de la fase más crítica de la contingencia, pero no el cierre del expediente: la reparación de daños, el saneamiento del suelo y el seguimiento médico a las comunidades de Las Choapas apenas comienzan una nueva etapa que, según lo anunciado por la propia empresa, se prolongará durante los próximos meses.

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Qué anunció el Gobierno de México sobre el sargazo en Quintana Roo

Durante su participación, la titular de Semarnat detalló que en lo que va de 2026 el volumen de sargazo que navega frente a las costas del Caribe mexicano ha oscilado entre 40,000 y 90,538 toneladas diarias, de las cuales se estima que apenas el 10% recala efectivamente en las playas de Quintana Roo. Precisó que, en los días de arribo más severo, la cifra que llega a la costa alcanza hasta 9,054 toneladas diarias, mientras que en jornadas moderadas se ubica en 4,000 toneladas y en las de menor intensidad en 2,640 toneladas. La funcionaria subrayó que este comportamiento representa cuatro veces más sargazo que el registrado en 2025 y 27 veces más que el promedio histórico del fenómeno.

El almirante Morales Ángeles explicó que la estrategia se sostiene en cuatro líneas de acción: recolección en aguas abiertas mediante buques sargaceros, contención en aguas someras con barreras ancladas, recolección manual y mecánica en playa, y la definición de un destino final para la biomasa recolectada, ya sea industrial o de confinamiento. Indicó que la primera etapa del plan contempla 768.7 millones de pesos para elevar la capacidad de recolección marina de 1,227 a 1,870 toneladas diarias, mediante la compra de dos remolcadores, seis embarcaciones sargaceras costeras, más barreras dinámicas y 50 kilómetros adicionales de barreras de contención en Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos y Mahahual. Una segunda etapa, con mayor inversión, buscará acercar la capacidad de recolección a las 4,000 toneladas diarias que marca el promedio del fenómeno.

Por qué llega tanto sargazo al Caribe mexicano en 2026

Bárcena atribuyó el fenómeno a una combinación de factores que se acumulan desde 2011, cuando se identificó por primera vez el llamado Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, una franja de biomasa que se extiende desde África occidental hasta el litoral brasileño y que las corrientes ecuatoriales desplazan hacia el Caribe. Entre las causas señaladas por la funcionaria destacan el exceso de nutrientes —nitrógeno y fósforo provenientes de descargas agrícolas y aguas residuales hacia ríos como el Amazonas— y el calentamiento de las aguas superficiales, que ha alterado el comportamiento habitual de las corrientes marinas y prolongado tanto la duración como la intensidad de las temporadas de arribazón. El género Sargassum, al que pertenecen las especies flotantes S. natans y S. fluitans responsables de estos eventos.

Impactos ambientales del sargazo en playas y arrecifes

Más allá del golpe a la actividad turística, las autoridades ambientales han advertido que la descomposición del sargazo en la arena libera ácido sulfhídrico, un gas que provoca irritación en ojos y garganta, dolores de cabeza y náuseas cuando la exposición es prolongada. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha documentado además afectaciones a pastos marinos y arrecifes cercanos a la costa por la reducción de luz y la disminución de oxígeno disuelto en el agua, efectos que se suman a los que la propia dependencia federal describe en sus lineamientos técnicos para la atención de la contingencia por sargazo. De acuerdo con un documento presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que retoma cifras de la Secretaría de Marina, en 2025 se alcanzó un registro histórico de 92,782 toneladas recolectadas en los puertos de Quintana Roo, marca que —según lo señalado por Bárcena en la propia mañanera— ya fue superada en 2026 debido al comportamiento cuatro veces más intenso del fenómeno.

Para dar seguimiento puntual a la presencia del alga en el litoral, el Gobierno de Quintana Roo mantiene un sistema de semáforo diario que clasifica en verde, amarillo, naranja y rojo el nivel de arribo en decenas de playas del estado, mientras que la Secretaría de Marina publica boletines técnicos diarios sobre biomasa y pronóstico de desplazamiento a través de su Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe.

Del pasivo ambiental al activo energético: biogás y economía circular

Uno de los anuncios centrales de la conferencia fue el avance de los proyectos de valorización energética del sargazo. Sheinbaum señaló que ya opera una planta piloto de biogás, con una inversión de más de 14 millones de pesos, que combina la macroalga con lodos residuales para producir combustible, y adelantó que próximamente se construirá una instalación de mayor escala en Cancún. La mandataria precisó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya avaló el uso de biofertilizante derivado del sargazo, y detalló que, una vez seco, el material puede convertirse en polvo orgánico reutilizable o en insumo para procesos industriales.

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza, indicó que el organismo coordinará junto con la Marina, el Gobierno de Quintana Roo y el sector hotelero la disposición final del sargazo en cuatro puntos —Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y Mahahual— para impulsar su transformación en biofertilizantes, biocarbón y biogás bajo un modelo de economía circular. Este esquema se articula con el Centro Integral de Economía Circular que el Gobierno de Quintana Roo impulsa en Cancún, así como con el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar proyectado en 38 hectáreas de Puerto Morelos, iniciativas que buscan posicionar al estado como referente internacional en el aprovechamiento industrial del sargazo, de acuerdo con la información institucional que difunde la Semarnat sobre las acciones y programas de atención al sargazo.

Qué sigue: la Conferencia Internacional sobre el Sargazo en Cancún

Bárcena confirmó que Cancún será sede, los días 1 y 2 de octubre de 2026, de un encuentro internacional sobre el sargazo financiado con apoyo de la Unión Europea, al que asistirán representantes de naciones del Caribe, además de Brasil y Japón, con el objetivo declarado de construir un plan regional permanente que mitigue los efectos del fenómeno y proteja la competitividad turística de la región. Empresarios como Iván Chávez, vicepresidente ejecutivo de Grupo Vidanta, coincidieron en que México puede posicionarse como referente mundial en el manejo del sargazo si mantiene la coordinación entre gobierno federal, estatal e iniciativa privada.

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Entre los grupos identificados en el polígono figuran aves migratorias, mamíferos, reptiles, anfibios e insectos que hoy encuentran en los humedales rehabilitados condiciones de alimentación, refugio y reproducción. La mandataria explicó que, de haberse construido la terminal aérea en ese predio, habría sido necesario drenar de forma permanente el agua que hoy se acumula en la zona, un proceso que —según señaló— habría resultado extremadamente costoso y técnicamente complicado por el hundimiento del suelo asociado a la extracción de agua de pozos cercanos.

El argumento detrás de la cancelación del aeropuerto

Sheinbaum recordó que Texcoco actúa como un espacio de captación natural de las lluvias que recibe el Valle de México, por lo que instalar ahí un aeropuerto habría implicado un bombeo constante del agua acumulada, sin que existiera claridad sobre el destino final de ese líquido. La presidenta advirtió, además, que la desaparición de los cuerpos de agua habría afectado directamente a las aves migratorias que utilizan el sitio como punto de descanso y alimentación en su ruta entre Norteamérica y Sudamérica. Bajo su administración se evalúa incluso la construcción de puentes peatonales que conecten al municipio de Nezahualcóyotl con el parque, para facilitar el acceso de los visitantes.

Restauración hídrica: la base del regreso de la fauna

El Parque Ecológico Lago de Texcoco forma parte de un proyecto de recuperación hídrica y ambiental de más de 14 mil hectáreas, encabezado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el gobierno federal. El plan ha priorizado la reconducción de ríos, la captación de agua de lluvia y la revegetación con especies halófitas nativas, acciones que en conjunto permitieron consolidar miles de hectáreas de cuerpos de agua y humedales donde antes solo había suelo salitroso y abandono.

Ese proceso de rehabilitación es, de acuerdo con especialistas citados en reportes previos sobre el proyecto, el factor que explica el repunte sostenido en el número de especies registradas: de las poco más de 350 especies de fauna documentadas en reportes de finales de 2025, el conteo superó ya las 500 en la más reciente actualización difundida por la presidenta.

Reconocimientos y marco legal de protección

La zona cuenta con un esquema de conservación formal desde marzo de 2022, cuando se le decretó como Área de Protección de Recursos Naturales Lago de Texcoco, figura que obliga a un monitoreo permanente de flora y fauna, regula el uso de suelo dentro del polígono y contempla programas de educación ambiental para las comunidades vecinas.

A ese marco se sumó, en febrero de 2025, un reconocimiento internacional: la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró al Lago de Texcoco como su primer Sitio Demostrativo de Ecohidrología en México, distinción que forma parte de una red de 63 sitios en el mundo. El nombramiento, entregado durante el Día Mundial de los Humedales, reconoce específicamente las soluciones basadas en la naturaleza que el proyecto ha implementado para tratar el agua a través de humedales, generar conocimiento sobre el comportamiento hídrico de la cuenca y revitalizar el patrimonio histórico del antiguo sistema lacustre del Valle de México.

Un ecosistema en expansión

Reportes periodísticos previos ya habían documentado hitos como la llegada, por primera vez, de una familia de flamencos rosados al lago Nabor Carrillo, dentro del propio parque ecológico, así como la presencia creciente de garzas, patos mexicanos y decenas de miles de aves que migran cada invierno desde Canadá hasta Sudamérica. Entre las especies de mayor relevancia para la conservación destacan el ajolote, en peligro crítico de extinción, y el pez de aleta partida de Chapultepec, ambos endémicos de las cuencas del centro de México.

Para la administración federal, el salto de 370 a más de 500 especies registradas en apenas unos meses refuerza el argumento de que la restauración del vaso lacustre, y no su urbanización, era la opción con mayor beneficio ambiental y social para los más de 12 millones de habitantes del Valle de México que dependen, directa o indirectamente, de la regulación hídrica que ofrece la zona.

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El origen del litigio en Hopelchén

El expediente que ahora estudia el máximo tribunal del país nació en Hopelchén, un municipio de Campeche donde la apicultura tradicional maya es, desde hace durante generaciones, parte central de la economía y la vida comunitaria. Habitantes de la región presentaron un amparo con el que buscan que se reconozca a la abeja melipona como titular de derechos propios, no solo como un recurso natural a proteger.

La SCJN resolvió atraer el caso, identificado como amparo en revisión 790/2025, luego de una votación en el Pleno que resultó ampliamente favorable a analizarlo: ocho ministros respaldaron la decisión frente a un solo voto en contra. La propuesta de atracción la impulsó el propio ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz junto con el ministro Irving Espinosa Betanzo, quienes consideraron que el tema reviste importancia y trascendencia suficientes para que lo resuelva directamente por la Corte.

Detrás del litigio hay una preocupación muy concreta: la disminución de las poblaciones de abejas melipona en la zona, atribuida por las comunidades al avance de la actividad agroindustrial y al uso de agroquímicos, lo que habría derivado en muertes masivas de estos insectos y en un deterioro de la apicultura ancestral maya. Para los promoventes, defender a la abeja es, al mismo tiempo, defender su territorio, su cultura y su forma de sustento económico.

Qué implicaría declarar a las abejas sujetos de derechos

Convertir a un animal en sujeto de derechos es un concepto que va más allá de las leyes de protección ambiental convencionales. En términos prácticos, significaría que la abeja melipona podría ser considerada titular de intereses que el derecho protege de manera directa, y que esos intereses podrían defenderse ante los tribunales a través de representantes: las propias comunidades que históricamente cuidan estas colonias.

De prosperar este criterio, cualquier afectación a las abejas —ya sea por fumigaciones, deforestación o contaminación— podría dar pie a acciones legales presentadas en su nombre, con el objetivo de exigir medidas de protección, reparación del daño e incluso garantías de que la afectación no vuelva a repetirse.

El ministro Irving Espinosa explicó que uno de los puntos centrales que la Corte deberá estudiar es si las comunidades indígenas pueden asumirse jurídicamente como “guardianas de la naturaleza”, con capacidad para acudir a juicio en representación de las abejas, y si esto obliga a elevar las exigencias hacia el Estado frente a la crisis ecológica que enfrenta la región. Por su parte, el ministro Arístides Guerrero destacó el vínculo profundo que existe entre la abeja melipona y la identidad económica y cultural de los pueblos mayas de Hopelchén, lo que —señaló— abre la puerta a que la Corte diseñe un criterio que proteja a la especie a partir de la protección integral de los pueblos indígenas que conviven con ella.

El vacío legal frente a otras experiencias internacionales

Actualmente, la protección de las abejas en México recae en un conjunto disperso de normas ambientales, sanitarias y leyes apícolas tanto federales como estatales, pero ninguna de ellas les otorga el estatus de sujetos de derechos. En años recientes se han impulsado propuestas de una Ley Federal Apícola, además de legislaciones locales orientadas a regular la apicultura, controlar plagas, limitar el uso de agroquímicos y conservar los hábitats de los polinizadores.

Algunas entidades ya avanzan en esa dirección desde el ámbito administrativo. En el Estado de México, por ejemplo, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Probosque) adelantó que impulsará una iniciativa orientada a proteger a los polinizadores mediante la conservación de hábitats y corredores ecológicos.

Sin embargo, dar el salto hacia la figura de “sujeto de derechos” ubicaría a las abejas en una categoría jurídica distinta, similar a la que han obtenido ríos, bosques y otros ecosistemas en distintos países que ya les han reconocido personalidad jurídica propia como mecanismo de protección. Ese tipo de precedentes ha ido ganando terreno en años recientes dentro de lo que se conoce como la corriente de los derechos de la naturaleza.

Un precedente que podría trascender a Hopelchén

Si la Suprema Corte finalmente reconoce a la abeja melipona como sujeto de derechos, el criterio resultante podría convertirse en referencia para casos similares vinculados a otros polinizadores o especies clave, particularmente en contextos indígenas y comunitarios donde la relación entre territorio, cultura y biodiversidad es igual de estrecha.

La resolución también podría tener efectos prácticos sobre la actuación del Estado: autoridades federales y estatales podrían verse obligadas a ajustar sus políticas agrícolas, ambientales y de regulación de agroquímicos en las regiones donde la apicultura sostiene a comunidades enteras.

Los derechos de la naturaleza en América Latina

El caso se inserta en una tendencia más amplia que ha cobrado fuerza en distintos países de la región: la constitucionalización de los derechos de la naturaleza y las corrientes eco-centristas, que buscan superar la visión del medio ambiente como simple recurso explotable. En México, el debate es incipiente y se desarrolla sobre todo en el terreno académico y en algunas constituciones locales, por lo que una resolución de la SCJN en este sentido representaría un salto significativo hacia la consolidación de este enfoque a nivel nacional.

Para las comunidades mayas de Campeche, un fallo favorable no sería solo un triunfo simbólico: significaría el reconocimiento jurídico de su papel como guardianas de la abeja melipona y un respaldo formal a la defensa de sus modos de vida tradicionales, en un momento en que la crisis ecológica pone en riesgo tanto a los polinizadores como a las culturas que dependen de ellos.

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Un acuerdo colectivo, no una orden de gobierno

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la decisión no partió del ayuntamiento sino de la asamblea comunitaria, entendida en la región como la instancia de gobierno más alta y vinculante. El cabildo se limitó después a ratificar de manera oficial lo que la asamblea ya había votado. Entre los productos alcanzados por la prohibición están las botanas y frituras saladas de Barcel, así como los pastelitos y la repostería industrializada de Marinela, junto con otras líneas de ultraprocesados del corporativo.

La prohibición no llega sola: forma parte de un paquete de disposiciones ambientales conocido como “Bando de Buen Gobierno”, que fija obligaciones tanto para los comerciantes como para las familias del municipio en materia de manejo de residuos.

El argumento de fondo: quién paga la basura

El razonamiento que sostiene la comunidad es económico y ambiental a la vez. Los pobladores argumentan que las grandes marcas de alimentos ultraprocesados obtienen la ganancia de sus ventas, mientras que es el municipio —con recursos limitados— el que carga con el costo de recoger, transportar y disponer los empaques que esos productos dejan atrás. El basurero local, señalan, ya no da abasto, y la limpieza de calles se ha encarecido de forma notable.

Este planteamiento conecta con un debate más amplio que ha ganado fuerza en México y otros países: el de la llamada responsabilidad extendida del productor, es decir, la idea de que las empresas que fabrican envases de difícil reciclaje también deberían asumir parte del costo de gestionarlos, y no solo los gobiernos locales o los consumidores.

Reglas nuevas para comercios y familias

El Bando de Buen Gobierno no se limita al veto comercial. También prohíbe a los negocios entregar bolsas de plástico, por lo que los clientes deberán acudir a comprar con tópers, bolsas de tela u otros recipientes reutilizables. Se exige además la separación obligatoria de residuos y la instalación de botes de basura en los comercios, con sanciones para quienes incumplan.

A partir de agosto, de acuerdo con lo estipulado por la comunidad, el ayuntamiento condicionará el servicio de recolección: no se levantará basura que no esté separada ni entregada en bolsas transparentes. Las familias, por su parte, quedan obligadas a mantener limpio el frente de sus viviendas como parte de las responsabilidades colectivas que impone el bando.

El peso de ser santuario: la Ruta de la Fe

Buena parte de la presión sobre el sistema de basura de Juquila tiene un origen muy particular: el municipio alberga el santuario de la Virgen de Juquila, uno de los puntos de peregrinación más concurridos del país y parte de la llamada “Ruta de la Fe”. Se calcula que cerca de 1.5 millones de personas visitan el santuario cada año, un flujo de peregrinos, comercio ambulante y transporte que multiplica el volumen de empaques y envases desechados, muchos de ellos productos ultraprocesados vendidos por cadenas de gran escala.

La comunidad sostiene que la infraestructura de recolección y disposición de basura con la que cuenta el municipio no está diseñada para absorber una cantidad de residuos propia de una ciudad mucho mayor, lo que agrava la saturación del basurero y afecta la limpieza del entorno. El veto a Bimbo y Barcel se presenta así como un intento de recuperar cierto control sobre ese modelo de consumo y sus costos ambientales.

El respaldo legal: libre determinación indígena

La decisión se apoya en un marco jurídico específico: el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, reconocido en el artículo 2° de la Constitución mexicana, y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege la facultad de estos pueblos para decidir sus propias formas de organización y gobierno interno. Bajo ese marco, la Asamblea de Pueblo se asume con autoridad suficiente para regular el comercio, el manejo de residuos y la protección del territorio dentro de su jurisdicción.

El caso de Juquila no es un hecho aislado en Oaxaca. El estado ya había marcado precedente en 2020, cuando su Congreso local aprobó una reforma que prohíbe la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad, medida que en su momento fue calificada como histórica por organismos como Unicef y la ONU. A ese antecedente se suman acuerdos comunitarios en otras localidades oaxaqueñas, como Villa Hidalgo Yalalag, donde también se ha restringido el ingreso de distribuidores de productos industrializados.

Comercio local y alternativas

El veto abre preguntas que apenas comienzan a discutirse en la región. Las tienditas y comercios de abarrotes de Juquila dependen en buena medida de productos de alta rotación como las botanas y los pastelitos de Bimbo, por lo que la medida obliga a buscar sustitutos: pan tradicional, botanas artesanales y productos frescos de producción local podrían ocupar ese espacio en los próximos meses. El caso, en cualquier caso, ya se integra a una conversación nacional más amplia sobre la regulación de los alimentos ultraprocesados y sobre quién debe cargar con el costo ambiental del modelo de consumo actual.

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Qué exige el senador Ramírez Marín a la ASEA

Ramírez Marín reconoció que la industria petrolera es un sector estratégico para la economía del país y de Tabasco, pero advirtió que su expansión no debe darse a costa de la salud, el patrimonio ni la calidad de vida de las comunidades que conviven con esa infraestructura. Por ello planteó que la ASEA, que cuenta con atribuciones para ordenar análisis de riesgo y evaluaciones de daño ambiental cuando existan indicios de afectación a la población o al entorno, actúe de inmediato e informe al Senado sobre los resultados obtenidos.

Grietas en viviendas y contaminantes en el aire: los daños reportados desde 2025

El legislador recordó que, desde principios de 2025, habitantes de distintas localidades comenzaron a reportar afectaciones vinculadas a la intensificación de las operaciones en los campos Bakté y Los Agaves, entre ellas grietas, cuarteaduras y separaciones en las viviendas provocadas por vibraciones asociadas a la actividad industrial. Además, alertó que las emisiones de los mecheros del campo Los Agaves incluyen partículas PM10 y PM2.5, monóxido y dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico y compuestos orgánicos volátiles, sustancias cuya exposición prolongada se asocia con enfermedades respiratorias crónicas, padecimientos cardiovasculares y mayor riesgo de cáncer, con especial impacto en niñas, niños, personas adultas mayores y quienes ya padecen enfermedades respiratorias. El senador añadió que las fugas en ductos y la quema de gas residual también han contaminado suelo, cuerpos de agua y cultivos, y que la contaminación lumínica y térmica ha alterado el ecosistema regional.

Antecedentes: el Senado ya había pedido eliminar los mecheros en Tabasco

La denuncia de Ramírez Marín se suma a otra proposición presentada en febrero de 2026 por el senador Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, quien documentó la quema de gas asociado por parte de Pemex en distintas regiones petroleras del sureste —Tabasco, Veracruz, Campeche y Chiapas— y señaló que los mecheros cercanos a centros de población operan de forma continua, con ruido que puede superar los 100 decibeles y exposición a sulfuro de hidrógeno. Ese punto de acuerdo pidió a Semarnat reforzar la supervisión ambiental y a Pemex eliminar de manera definitiva los quemadores próximos a zonas habitadas, además de invertir en infraestructura para aprovechar y comercializar el gas natural.

Quejas municipales y la denuncia de junio en Jalapa

Ramírez Marín precisó que las autoridades municipales de Jalapa han presentado diversas quejas ante la ASEA y que, el 2 de junio de 2026, el presidente municipal interpuso una nueva denuncia formal para solicitar avalúos de riesgo y evaluaciones de daños. El senador aseguró que la problemática persiste pese a las inspecciones realizadas entre febrero y abril de este año, lo que lo llevó a insistir en que el Senado tiene la responsabilidad de atender las demandas de las comunidades y garantizar sus derechos a la salud, a un medio ambiente sano y a una vivienda digna.

El derrame en el Golfo y la respuesta federal, como telón de fondo

Estas exigencias se dan en un contexto más amplio de señalamientos hacia Pemex en el Golfo de México. En marzo de 2026, la Cámara de Diputados exhortó a Semarnat, ASEA, Bienestar y SADER a raíz de un derrame de hidrocarburos que afectó las costas de Veracruz y Tabasco, pidiendo a la ASEA investigar el origen del derrame, ordenar un análisis de huella química y publicar la información en un plazo no mayor a 30 días. De acuerdo con reportes posteriores, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó una respuesta coordinada con despliegue de la Marina y tratamiento de residuos mediante desorción térmica en plantas autorizadas por la ASEA, y se estableció un Observatorio Permanente del Golfo de México para fortalecer el monitoreo de futuras contingencias.

Con el nuevo punto de acuerdo, Ramírez Marín busca que el caso de Jalapa se sume a la lista de exhortos que legisladores de distintas bancadas han dirigido a Pemex y a las autoridades ambientales, en un momento en que crecen las exigencias de transparencia, remediación y monitoreo permanente para las comunidades del sureste mexicano que conviven con la infraestructura petrolera.

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Cómo escapó Kenzo y cómo fue el operativo de búsqueda

La fuga ocurrió el sábado 27 de junio desde las instalaciones de Animal Experience, un establecimiento privado ubicado en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, dentro del municipio de Tepetlaoxtoc, autorizado como Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS). A partir de ese momento, autoridades federales, estatales y municipales desplegaron un operativo interinstitucional de rastreo que incluyó sobrevuelos con drones y perros especializados para ubicar al animal en una zona boscosa del municipio.

La mañana del jueves, tras cuatro días de búsqueda, el equipo de rescate localizó al tigre y un grupo de veterinarios intentó sedarlo con dardos tranquilizantes. De acuerdo con el relato de Profepa, en ese momento el felino agredió a integrantes del personal presente, lo que llevó a los elementos de seguridad que resguardaban el operativo a disparar para contener la agresión, ante lo que la autoridad describió como un riesgo inminente para la integridad física de los presentes.

La versión de Profepa sobre la muerte del animal

Profepa señaló que, pese a que el ejemplar recibió atención veterinaria inmediata por parte de especialistas de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), del Parque Zoológico de Moroleón y de Reino Animal —lugar al que fue trasladado para recibir cuidados especializados—, el tigre no logró sobrevivir. Tanto Profepa como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitieron un mensaje conjunto en el que lamentaron la pérdida del animal y reiteraron su compromiso con la supervisión de los centros que manejan fauna silvestre en cautiverio.

Como parte de las acciones derivadas del caso, la autoridad ambiental realizó una inspección al predio del que escapó Kenzo y detectó, según indicó, irregularidades relacionadas con encierros distintos a los autorizados en el Plan de Manejo del establecimiento, así como áreas de confinamiento que se encontraban en obra o en rehabilitación al momento de la fuga. Con base en esos hallazgos, Profepa impuso la clausura total temporal de Animal Experience, aseguró nueve ejemplares adicionales de vida silvestre que permanecían en el sitio y suspendió toda actividad comercial, de exhibición y de manejo no esencial, permitiendo únicamente las labores de alimentación y bienestar animal.

Versiones contrapuestas y cuestionamientos públicos

El desenlace del caso no está exento de controversia. Horas antes de que Profepa confirmara la muerte del tigre, autoridades municipales de Tepetlaoxtoc —entre ellas la presidenta municipal, Diana Morales, acompañada de personal veterinario— anunciaron públicamente que el operativo de captura tuvo éxito y que el animal se encontraba en buen estado, con lesiones menores que no comprometían su vida. Esa versión inicial contrasta con la explicación posterior de la dependencia federal sobre el uso de arma de fuego y el fallecimiento del ejemplar.

La discrepancia entre ambos relatos generó cuestionamientos de organizaciones del sector. El presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta, cuestionó públicamente la actuación del equipo veterinario y sugirió que la secuencia de los hechos difundida por la autoridad no coincidía con lo ocurrido en campo, mientras especialistas consultados por medios nacionales plantearon dudas sobre si el uso de arma de fuego se aplicó como último recurso, conforme a los protocolos internacionales para el manejo de fauna silvestre en riesgo. Hasta el momento, la autoridad ambiental no ha precisado si algún integrante del personal resultó lesionado durante el ataque del felino, ni ha detallado los santuarios a los que serán trasladados los nueve animales asegurados en el predio.

Los PIMVS y la responsabilidad legal de los recintos privados

El caso de Kenzo puso nuevamente bajo escrutinio el funcionamiento de los PIMVS en México, esquema bajo el cual operan cientos de criaderos, zoológicos privados y centros de exhibición de fauna exótica en el país. La Ley General de Vida Silvestre obliga a estos establecimientos a garantizar el confinamiento seguro de los ejemplares bajo su resguardo, así como a cumplir con los planes de manejo autorizados por la autoridad federal. La clausura de Animal Experience se suma a una serie de casos recientes en los que Profepa ha detectado fallas de infraestructura o de gestión en instalaciones privadas que manejan especies potencialmente peligrosas, lo que ha reabierto el debate público sobre la fiscalización de este tipo de recintos y sobre los protocolos de contención que deben aplicarse cuando un animal exótico escapa en una zona habitada.

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El 29 de abril, Greenpeace México presentó dos denuncias formales contra Petróleos Mexicanos (Pemex): una ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) por daño ambiental, y otra ante la Unidad de Responsabilidades de la propia empresa por posibles actos, omisiones y ocultamiento de información vinculados con el siniestro. La organización pide identificar a los responsables, recuperar ecosistemas marinos y costeros, disponer correctamente los residuos recolectados y establecer mecanismos de alerta para las comunidades expuestas.

La fuga tuvo su origen en febrero, en instalaciones del complejo Abkatún-Cantarell, asociada a un oleoducto de 36 pulgadas. Pemex no reconoció su responsabilidad sino hasta el 16 de abril, después de semanas de negación pública. Ese reconocimiento tardó tanto que ya había costado cargos: tres funcionarios ligados a seguridad ambiental, control marino y manejo de derrames quedaron fuera de sus puestos.

Pemex no ha dicho nada

Greenpeace sostiene que persiste un vacío de información: cuánto hidrocarburo se derramó, cuánto costará la remediación, cuál será el monto de responsabilidad institucional y qué plan integral de restauración se aplicará. La denuncia interna también pide investigar la posible responsabilidad de Víctor Rodríguez Padilla, entonces director de la empresa.

La mancha documentada por colectivos y comunidades alcanzó más de 1,100 kilómetros de costa en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Reportes previos citaban al menos 630 kilómetros de litoral afectado —la cifra fue subiendo conforme avanzaron los registros sobre el terreno.

“Que aseguren la disposición final adecuada de los residuos recolectados y establezcan mecanismos eficaces de alerta y protección para las comunidades expuestas”, aparece en el comunicado de la organización.

El escrito presentado también es para solicitar que Pemex, la ASEA, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semartnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y las autoridades competentes, presenten información sobre el derrame de combustible.

Pescadores de la región denunciaron pérdida de ingresos, suspensión de faenas y compensaciones mal distribuidas o que simplemente no llegaron. La limpieza oficial se concentró en playas turísticas y de fácil acceso; manglares y comunidades rurales quedaron rezagados. Greenpeace insiste en que los apoyos económicos a pescadores y cooperativas no sustituyen la reparación integral del daño.

Semarnat, ASEA y las instituciones que ahora tienen el expediente

Con las denuncias presentadas, el caso aterriza en la ASEA y abre la puerta a intervención de Semarnat, Profepa y, eventualmente, la Fiscalía General de la República. Greenpeace pide entrega de información, investigación de responsabilidades y garantías de no repetición. Ninguna institución ha fijado plazos públicos de respuesta.

El petróleo, en algunas zonas, todavía está.

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Cuatro millones y medio de firmas. Diecisiete hectáreas de manglar en riesgo. Un parque acuático para 21 mil turistas al día en un pueblo de 2,800 habitantes. Todo eso quedó sepultado el día que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  Alicia Bárcena, subió a un podio y dijo, sin rodeos: “Me permito informarles que no se va a aprobar el proyecto de Perfect Day de Royal Caribbean“.

La declaración de Alicia Bárcena ocurrió durante un evento oficial sobre compromisos de basura cero en las instalaciones de la dependencia. Los aplausos llegaron antes de que terminara la oración.

Lo que Royal Caribbean quería construir

El proyecto Perfect Day México contemplaba toboganes de más de 50 metros de altura, decenas de albercas y el río lento artificial más extenso del mundo, todo dentro de la costa de Mahahual, Quintana Roo. Una infraestructura diseñada para absorber cruceristas de Royal Caribbean a una escala que la región nunca había visto.

La naviera defendió su propuesta hasta el final. Argumentó que el 64% del terreno quedaría como área natural, que una planta de ósmosis inversa produciría toda el agua potable sin tocar el acuífero dulce, y que una planta de tratamiento eliminaría descargas al arrecife. Royal Caribbean aseguró que las construcciones se ubicarían en zonas ya intervenidas por actividad humana.

Greenpeace México no lo vio así. La organización documentó que la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa subestimaba el daño real: mientras el documento oficial reportaba 39 especies de fauna en la zona, estudios regionales independientes ubican más de 300, decenas de ellas bajo protección de la NOM-059. Los riesgos al sistema kárstico y al acuífero, señaló Greenpeace, tampoco aparecían con honestidad en el expediente.

Perfect Day México no será aprobado: la decisión ya estaba tomada

Bárcena fue directa en otro punto: aunque Royal Caribbean buscaba desistirse voluntariamente del proyecto, la Semarnat ya había cerrado el expediente por su cuenta. Perfect Day México no será aprobado con o sin la anuencia de la empresa. La negativa llegó primero.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente había dado señales desde enero. El 30 de ese mes impuso una clausura total temporal al proyecto tras comprobar tala de selva y manglar en 17,115 metros cuadrados sin autorización de impacto ambiental. Las irregularidades incluyeron relleno, compactación de caminos en zona costera con presencia de manglar y trabajos de demolición.

Mahahual no quería ser Cancún

Los habitantes de Mahahual lo dijeron desde el principio. Reconocían la falta de infraestructura municipal —drenaje, caminos, servicios básicos—, pero no querían que la solución llegara en forma de 21 mil turistas diarios bajando de cruceros. Querían inversión, no transformación.

La campaña en Change.org se convirtió en la petición más votada en la historia de esa plataforma. Casi 4.5 millones de personas firmaron contra el proyecto.

La pregunta que queda sin respuesta es qué pasa ahora con Mahahual: si llega inversión pública, si el manglar se queda en pie, si los 2,800 habitantes consiguen drenaje sin necesidad de un parque acuático gigante.

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El 11 de mayo de 2026, activistas de Greenpeace escalaron los andamios del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México y desplegaron una manta visible desde la avenida: “Semarnat presenta: Perfect Day, La decisión. Toboganes o protección ambiental, esa es la cuestión.” Vestidos de rojo, con carteles que leían “Royal Caribbean, ¡da un paso atrás!” y “Semarnat: más protección, menos destrucción”, ocuparon la fachada del recinto por horas.

Es la demostración de presión más directa que la organización ha aplicado desde que comenzó la disputa por las 90 hectáreas de selva y el humedal en Mahahual.

Las demandas de Greenpeace a Semarnat

La acción apuntó a una sola institución: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que aún no resuelve la Manifestación de Impacto Ambiental del parque acuático de Royal Caribbean en Quintana Roo.

Greenpeace sostiene que el proyecto privatiza territorio natural y arrastra un modelo de turismo que ya presiona al límite los ecosistemas costeros del sur del Caribe mexicano. La organización no pide una revisión más larga. Pide un no.

Para la organización, la decisión de Semarnat definirá si el gobierno federal prioriza la Selva Maya y los ecosistemas costeros o si entrega ese corredor a un parque de toboganes sobre suelo frágil.

306 especies, arrecifes y un precedente que preocupa

Greenpeace y colectivos locales advierten que el megaproyecto de Perfect Day Mexico transformaría zonas costeras sensibles de Mahahual: afectaría arrecifes de coral, manglares y selvas costeras, e incrementaría el turismo masivo en una franja que ya registra presión ambiental acumulada.

El segundo sistema arrecifal más extenso del mundo bordea esa costa. Los manglares —mangle rojo, blanco y botoncillo— están catalogados como amenazados. Y al menos 45 especies protegidas bajo la NOM-059 habitan el área, desde jaguar y ocelote hasta tortugas marinas que anidan metros antes del predio.

La organización subraya que autorizar este proyecto sentaría un precedente para futuros desarrollos de alto impacto en toda la región. No solo en Mahahual.

Qué dice Semarnat hasta ahora

La dependencia informó que Perfect Day Mexico sigue en proceso de evaluación ambiental y que no cuenta con autorización para su desarrollo, construcción u operación. Semarnat señaló que identificó elementos que requieren análisis especializado y que el expediente avanza conforme a la legislación vigente.

La PROFEPA mantiene una clausura preventiva en el predio desde meses atrás, lo que significa que la obra no puede arrancar hasta que llegue la resolución federal.

Greenpeace insiste en que el trámite formal no basta: el dictamen debe salir en sentido de protección ambiental. Mientras tanto, Semarnat carga con el expediente y con la manta desplegada frente a Bellas Artes todavía fresca en los titulares.

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