Detectan irregularidades en acereras justo cuando el sector se sentía confiado en el ritmo de las importaciones y la salida de mercancía por la frontera norte. La señal vino desde la Secretaría de Economía, que lanzó la llamada “Operación limpieza” sobre un mapa donde aparecían más de 700 razones para frenar en seco. A simple vista eran maquiladoras como cualquier otra; en los cruces aduaneros, sus pedimentos pasaban entre miles de operaciones diarias sin levantar polvo.

El rastreo cambió el tono. Tras una serie de inspecciones y verificaciones a empresas ligadas a la fabricación y comercialización de productos de acero, el gobierno ubicó 750 compañías con actividades presuntamente irregulares en sus esquemas de importación. Detrás de los números aparecieron patrones: movimientos de mercancía que entraba al país como insumo temporal, pero que no regresaba a la cadena exportadora como exige la ley.

750 empresas bajo revisión y 350 frenadas

La sacudida más fuerte cayó sobre 350 empresas a las que se suspendieron actividades de importación y se abrieron procedimientos para cancelarles los beneficios IMMEX. Para estas firmas, el modelo de negocio cambió de un día para otro: sin acceso a esos beneficios IMMEX pierden exenciones y facilidades fiscales que hacían viables sus operaciones en parques industriales y corredores logísticos.

Las otras 400 empresas no salieron del radar. Permanecen bajo revisión y entregan documentación para acreditar que sus operaciones se ajustan a la normatividad. Cada oficio, cada pedimento y cada contrato revisado puede decidir si terminan en la misma lista de suspensión o si conservan su autorización para seguir trayendo acero al país.

Qué se investiga: el uso torcido de IMMEX

El programa IMMEX permite importar temporalmente insumos sin pagar impuestos, siempre que se transformen y se exporten después. El esquema nació para atraer inversión, abrir plantas y generar empleo, pero también se volvió un terreno donde algunos jugadores quisieron esconderse. De acuerdo con los reportes oficiales, varias de las empresas bajo la lupa habrían simulado procesos de manufactura y exportaciones para evadir aranceles e impuestos.

En la práctica, esto implica que parte del acero que entraba al país con el pretexto de manufactura para exportación se quedaba en territorio nacional sin pagar lo que marca la ley. El objetivo de la Operación limpieza es frenar ese flujo torcido: combatir el contrabando, la triangulación de acero y las prácticas de comercio desleal que golpean a quienes sí cumplen con los costos y tiempos que implica operar de manera formal.

La red institucional detrás del operativo

Detrás de estas decisiones hay una coordinación que va más allá de una sola oficina. En la Operación limpieza participan la Secretaría de Economía, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que cruza datos de pedimentos, rutas, valores declarados y tiempos de cruce en las aduanas. Cada dependencia aporta un fragmento del rompecabezas: desde la autorización de programas hasta la verificación en patios y líneas de producción.

La industria también metió mano en este mapa. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) entregó información que ayudó a ubicar a las 750 empresas señaladas. Para los productores nacionales, el operativo representa una oportunidad para limpiar el mercado de acero que llega con ventajas indebidas y compite con plantas que sí pagan impuestos, energía, transporte y mano de obra bajo las reglas formales.

Acero, TMEC y la presión externa

El movimiento interno ocurre mientras México enfrenta presiones externas para cerrar la puerta a la triangulación de acero asiático que busca entrar al mercado norteamericano con apariencia de producto regional. En el marco del TMEC, Estados Unidos y Canadá exigen que el contenido regional de los productos siderúrgicos se cumpla sin atajos ni simulaciones. Cualquier grieta en ese control puede derivar en paneles y sanciones.

Por eso, Detectan irregularidades en acereras no es solo un titular administrativo: es una señal hacia dentro y hacia fuera de que el gobierno intenta alinear el flujo de acero con las reglas del tratado, aun cuando eso implique detener de golpe a cientos de empresas y revisar a otras tantas. El desenlace de estos procedimientos dirá cuántas firmas salen del programa y cómo se reacomoda un sector que ya siente el peso del escrutinio.

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Durante su participación en el panel “Tamaulipas, plataforma logística de México” dentro de la Expo Made In Tamaulipas, Karen Guillén Medina, gerente de comercialización de la ASIPONA, anunció que ambos proyectos impulsarán un crecimiento sustancial del puerto:

“El siguiente año traemos la apertura de nuestra nueva línea de negocios de hidrocarburos. Ya hay dos terminales, una que está por terminar y otra que está lista para empezar a operar. Esperemos en 2026 incrementar casi tres millones de toneladas anuales”, destacó.

Altamira, punto logístico estratégico para Valero y Huasteca Fuel Terminal

La terminal de Valero en Altamira, desarrollada junto con la firma local OTM Mex Plus, tiene una capacidad de 1.1 millones de barriles de combustibles y se perfila como un nodo esencial para la distribución en el norte y centro del país.

De acuerdo con Gerardo Hernández Vargas, director de Relaciones Gubernamentales y Públicas de Valero, esta infraestructura permitirá abastecer Tamaulipas, Veracruz y otras regiones, además de servir como respaldo logístico para la terminal veracruzana.

“El mercado mexicano lo vemos con mucha seriedad. Altamira es estratégica para atender el norte del país y el sur del Estado; desde ahí podemos mover producto por tren y garantizar el abasto en distintas zonas”, señaló el directivo.

En paralelo, el proyecto de Huasteca Fuel Terminal avanza a más del 70% y contempla ocho tanques de almacenamiento y vías ferroviarias propias, lo que permitirá agilizar el traslado y mejorar los tiempos de respuesta en la cadena de suministro.

El potencial de ambas terminales no solo fortalece la vocación energética del puerto, sino que también proyecta una reconfiguración del mapa logístico en la franja norte del Golfo de México.

Altamira apuesta por almacenamiento privado de hidrocarburos ante un mercado desafiante

Pese a las expectativas de crecimiento, Guillén Medina reconoció que el contexto actual no ha sido sencillo:

“Este año fue muy complicado para todos los mercados. Específicamente en el puerto de Altamira tenemos una baja de más del 50% en carga general”, admitió.

El tercer trimestre de 2025 registró 2 millones 35 mil 614 operaciones marítimas de comercio exterior, según datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Las aduanas de Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Altamira concentraron el 85.4% de esos movimientos, con Manzanillo encabezando la lista como principal recinto portuario del país.

Aun con esta contracción en carga general, el viraje hacia el almacenamiento energético privado apunta a ser la respuesta estratégica de Altamira para diversificar su actividad económica y estabilizar su flujo operativo.

Aduanas fronterizas: un balance del movimiento comercial

El dinamismo portuario ocurre mientras las aduanas terrestres continúan dominando el flujo total de mercancías.
De las 16 millones 134 mil 901 operaciones de comercio exterior registradas este año, las seis aduanas fronterizas más activas —Nuevo Laredo, Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, Nogales y Piedras Negras— concentraron más del 80% del total nacional, de acuerdo con la ANAM.

Esta concentración evidencia que los puertos marítimos, aunque estratégicos, enfrentan el reto de adaptarse a un entorno comercial más competitivo y regulado. En ese contexto, Altamira busca diferenciarse no solo por su ubicación, sino por su apuesta en el sector energético.

Proyección energética: más allá del almacenamiento

El impulso al almacenamiento privado de hidrocarburos abre una nueva etapa para el sistema portuario nacional.
La sinergia entre la ASIPONA, empresas privadas como Valero, y las regulaciones federales podría detonar una red de distribución más eficiente y resiliente, alineada con los objetivos de soberanía energética y desarrollo regional.

Tamaulipas, por su posición geográfica y su conectividad ferroviaria, podría convertirse en el epicentro logístico del flujo energético del Golfo, siempre que las inversiones y la coordinación institucional se mantengan firmes.

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De acuerdo con Tonatiuh Márquez, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), más de 326 personas están vinculadas a proceso penal por delitos relacionados con contrabando energético. De ellas, 78 ya fueron sentenciadas. Existen además 818 carpetas de investigación con detenido y 6 mil 889 sin detenido. En total, 310 casos han sido judicializados ante jueces de control.

Durante la actual administración, la ANAM canceló más de 45 patentes de agentes aduanales implicados en operaciones irregulares, dentro de un universo activo de 805. Es decir, el 3.7% de los despachantes concentraba la totalidad del contrabando detectado.

Huachicol fiscal controlado por red de aduaneros documentado en puertos clave

Los operativos realizados en Pantaco, Manzanillo y Lázaro Cárdenas expusieron esquemas de evasión fiscal y simulación de operaciones. Márquez detalló que algunos agentes “modularon hasta 800 operaciones en una hora”, evidencia del uso de sistemas automatizados y de la falta de control real sobre la mercancía.

También se detectaron oficinas que operaban simultáneamente desde la Ciudad de México y diferentes puertos marítimos, con adscripciones múltiples consideradas ilegales. Más del 80% de los contenedores revisados pagaban menos de 50 mil pesos en impuestos, montos irrisorios frente al valor real de los productos importados.

De los 800 agentes analizados, 550 manejaban operaciones clasificadas como rojas o vulnerables, es decir, de alto riesgo fiscal. La dinámica revela que las sanciones actuales no disuaden la práctica del contrabando. “Para ellos es más rentable pagar la multa que dejar de contrabandear”, advirtió Márquez.

Reformas urgentes a la Ley Aduanera

El funcionario solicitó al Senado respaldar la iniciativa de reformas a la Ley Aduanera impulsada por el Ejecutivo Federal. El objetivo: dotar a la ANAM de mayores facultades de trazabilidad e investigación fiscal, especialmente en sectores energéticos estratégicos.

“No se trata de perseguir al gremio aduanal, sino de sancionar a quienes han convertido el contrabando en un negocio recurrente y un obstáculo para la competencia legal”, remarcó Márquez.

La intención del Gobierno federal es reconstruir la confianza en los procesos aduanales y garantizar un comercio exterior ético y transparente. La corrupción y el contrabando de combustibles, sostuvo, le cuestan al país miles de millones y debilitan su seguridad energética.

Red internacional: conexión México–Estados Unidos

Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) reveló un entramado que involucra al menos 555 empresas y ocho puertos estratégicos —Altamira, Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Guaymas, La Paz, Cancún y Mazatlán— donde el huachicol fiscal se transformó en red criminal.

En estos puntos, empresas fachada y documentos falsos permitían que el combustible cruzara los controles sin obstáculos. Los expedientes judiciales describen cómo los cárteles infiltraron la cadena logística mediante cómplices dentro de dependencias públicas y privadas.

El fenómeno no se limita a México. Informes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) alertaron sobre operaciones transnacionales de contrabando energético. El petróleo robado se transportaba desde zonas de Pemex hacia Tamaulipas, donde se hacía pasar por aceite residual antes de cruzar a Texas.

En territorio estadounidense, el líquido se descargaba en patios clandestinos y se vendía como crudo legítimo. Para blanquear los recursos, empresas fronterizas generaban facturas y transferencias a compañías fachada mexicanas. Cada embarque podía generar hasta cinco millones de dólares.

Hacia un control efectivo

Expertos sostienen que el huachicol fiscal controlado por red de aduaneros representa una amenaza estructural para la economía y la soberanía energética del país. Los casos documentados exhiben la urgencia de fortalecer la coordinación interinstitucional y cerrar los resquicios legales que aún permiten la impunidad.

El desafío del Estado no está solo en la vigilancia, sino en la reconstrucción de la confianza social y comercial. Mientras las aduanas sigan siendo una frontera débil, los combustibles ilegales seguirán alimentando redes económicas paralelas y drenando la capacidad recaudatoria de la nación.

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