El 29 de abril, Greenpeace México presentó dos denuncias formales contra Petróleos Mexicanos (Pemex): una ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) por daño ambiental, y otra ante la Unidad de Responsabilidades de la propia empresa por posibles actos, omisiones y ocultamiento de información vinculados con el siniestro. La organización pide identificar a los responsables, recuperar ecosistemas marinos y costeros, disponer correctamente los residuos recolectados y establecer mecanismos de alerta para las comunidades expuestas.

La fuga tuvo su origen en febrero, en instalaciones del complejo Abkatún-Cantarell, asociada a un oleoducto de 36 pulgadas. Pemex no reconoció su responsabilidad sino hasta el 16 de abril, después de semanas de negación pública. Ese reconocimiento tardó tanto que ya había costado cargos: tres funcionarios ligados a seguridad ambiental, control marino y manejo de derrames quedaron fuera de sus puestos.

Pemex no ha dicho nada

Greenpeace sostiene que persiste un vacío de información: cuánto hidrocarburo se derramó, cuánto costará la remediación, cuál será el monto de responsabilidad institucional y qué plan integral de restauración se aplicará. La denuncia interna también pide investigar la posible responsabilidad de Víctor Rodríguez Padilla, entonces director de la empresa.

La mancha documentada por colectivos y comunidades alcanzó más de 1,100 kilómetros de costa en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Reportes previos citaban al menos 630 kilómetros de litoral afectado —la cifra fue subiendo conforme avanzaron los registros sobre el terreno.

“Que aseguren la disposición final adecuada de los residuos recolectados y establezcan mecanismos eficaces de alerta y protección para las comunidades expuestas”, aparece en el comunicado de la organización.

El escrito presentado también es para solicitar que Pemex, la ASEA, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semartnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y las autoridades competentes, presenten información sobre el derrame de combustible.

Pescadores de la región denunciaron pérdida de ingresos, suspensión de faenas y compensaciones mal distribuidas o que simplemente no llegaron. La limpieza oficial se concentró en playas turísticas y de fácil acceso; manglares y comunidades rurales quedaron rezagados. Greenpeace insiste en que los apoyos económicos a pescadores y cooperativas no sustituyen la reparación integral del daño.

Semarnat, ASEA y las instituciones que ahora tienen el expediente

Con las denuncias presentadas, el caso aterriza en la ASEA y abre la puerta a intervención de Semarnat, Profepa y, eventualmente, la Fiscalía General de la República. Greenpeace pide entrega de información, investigación de responsabilidades y garantías de no repetición. Ninguna institución ha fijado plazos públicos de respuesta.

El petróleo, en algunas zonas, todavía está.

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El gobierno de Perú declaró alerta ambiental con vigencia de 90 días en la zona costera afectada por el derrame de petróleo registrado en una plataforma de Repsol.

La declaratoria prevé el “manejo sostenible de los territorios afectados”, así como “labores de recuperación y remediación” para mitigar el impacto en el ecosistema.

El Ministerio del Ambiente justificó la emergencia en que el vertido “constituye un evento súbito y de impacto significativo sobre el ecosistema marino costero de alta diversidad biológica” así como “un alto riesgo para la salud pública”.

La declaratoria de emergencia indica que la ejecución del plan de acción inmediato y de corto plazo está a cargo de la petrolera española Repsol, propietaria del terminal de la Refinería La Pampilla, en el distrito Ventanilla de la provincia del Callao, aledaña a Lima, donde se produjo el desastre.

El gobierno peruano dio a Repsol un cronograma de 10 días para cumplir con todas las acciones de limpieza y descontaminación.

Cabe mencionar que el pasado 15 de enero, seis mil barriles de crudo se derramaron en la costa andina mientras el buque “Mare Doricum” descargaba el combustible en la plataforma de la petroleara española Repsol, que aseguró que esto se debió al oleaje derivado de la erupción del volcán submarino en Tonga.

Repsol afirma no tener responsabilidad en el incidente, pues las autoridades marítimas peruanas no emitieron alertas sobre un posible incremento del oleaje por la erupción.

Por su parte, las autoridades peruanas exigieron a Repsol resarcir los daños por el derrame de crudo.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, afirmó que el derrame causará pérdidas económicas cercanas a los 51 millones dólares entre las personas y negocios que viven de manera directa e indirecta del turismo, sin contar la pesca artesanal, según un comunicado.

“En una temporada normal, entre enero y marzo (la temporada de verano austral), se movilizaban cinco millones de personas a las playas afectadas. La pérdida económica es inmensa”, afirmó Sánchez.

Enfatizó que “la cadena del turismo ha sido dañada letalmente”. “Estamos hablando de una serie de negocios que lo están perdiendo todo. Es el caso de hoteles, restaurantes, agencias de viaje, operadores turísticos, sombrilleros y otros. Miles de empleos se están afectando”, añadió.

El derrame se desplaza

Según los análisis de las autoridades, el petróleo derramado se desplaza con la corriente marina en dirección norte.

En efecto, el crudo se expandió a lo largo de la costa a más de 40 kilómetros de la refinería, causando la muerte de animales de diversas especies marinas y afectando a 21 playas, según el Ministerio de Salud, que recomendó a la gente no acudir esos sitios pues tienen calificación de no saludable.

Asimismo, están afectadas 512 hectáreas aproximadamente de la zona de Islotes Grupo de Pescadores, que pertenece a la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, así como mil 758 hectáreas de la Zona Reservada Ancón.

La empresa española informó que se retiraron dos mil 384 metros cúbicos “de arena comprometida” en el operativo de limpieza en el cual participaban más de mil 350 personas, en las zonas marinas y terrestres contaminadas, incluyendo 14 playas.

La AFP constató que en la playa Cavero, en Ventanilla, brigadas de trabajadores de la empresa Ambipar, contratada por Repsol, hacían la limpieza de peñascos impregnados de crudo con paños que absorben el hidrocarburo pero no el agua.

Según la petrolera, se habían empleado 90 máquinas en la zona comprometida, “entre las que se incluyen 46 vehículos pesados en tierra y 13 embarcaciones mayores”, así como “siete skimmers (máquinas de limpieza marina), seis tanques flotantes, tres tanques de recuperación y más de 2.500 metros de barrera de contención”, esperando duplicar la cantidad de barreras “en los próximos días”.

Repsol asegura que “está desplegando todos los esfuerzos para responder a la mitigación del derrame”.

Tras los hechos hubo varias protestas de pescadores y pobladores de Ventanilla, preocupados por la imposibilidad de desarrollar la pesca o mantener negocios turísticos como restaurantes, ante las playas cerradas.

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