El dictamen aprobado incorpora ajustes relacionados con los derechos sucesorios del agua, la regularización de pozos de libre alumbramiento y el reconocimiento de los sistemas comunitarios de administración del recurso. También amplía los plazos para solicitar prórrogas de concesiones.

¿Por qué se presentaron nuevas modificaciones al dictamen?

El debate se prolongó durante varias horas y generó tensiones entre legisladores de la mayoría y de la oposición. Durante la votación en lo particular, se incorporó el paquete de reservas impulsado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, que se suma a las 50 modificaciones introducidas al proyecto original desde el viernes anterior.

Los ajustes buscan aclarar interpretaciones polémicas sobre el alcance del dictamen. Entre las preocupaciones expresadas por diversos sectores estaban la posible retroactividad de la ley, el riesgo de despojo de recursos hídricos y las reglas para heredar concesiones. Las reservas pretenden establecer procedimientos más expeditos y precisos para la reasignación de volúmenes de agua.

¿Qué cambia en los derechos de sucesión y transmisión del agua?

El artículo 22 de la LAN establece que los derechos de una concesión no pueden transmitirse. Con la nueva redacción, se aclara que los derechos preferentes derivados de transmisión de propiedad, fusiones, escisiones y sucesiones deberán reasignarse conforme al artículo 37 Bis 1.

La Comisión Nacional del Agua deberá resolver estos trámites mediante procedimientos expeditos en un plazo máximo de 20 días hábiles. También se precisa que la autoridad “reasignará” los volúmenes, lo que implica la obligatoriedad del acto administrativo.

¿Qué cambia en los derechos de sucesión y transmisión del agua?

¿Cuáles son los cambios en los plazos y tipos de uso del agua?

El artículo 24 amplía el periodo para solicitar la prórroga de concesiones: ahora podrá tramitarse desde tres años antes de su vencimiento y hasta seis meses previos, en lugar de los dos años establecidos inicialmente.

Además, se añade que las actividades acuícolas se considerarán dentro de los usos que no implican cambio de uso del agua, junto con las actividades agrícolas y pecuarias.

¿Qué sanciones nuevas se contemplan en el dictamen?

El artículo 123 Bis 3 incrementa las penas de prisión para quienes trasladen aguas nacionales con fines de lucro. Se pasa de un rango de tres a cinco meses, y de seis a ocho meses si el volumen supera los 50 mil litros.

Otro ajuste relevante se encuentra en el artículo 123 Bis 5, que eleva las penas para servidores públicos que otorguen concesiones o prórrogas a cambio de sobornos. Las sanciones aumentan de un máximo de ocho años a hasta 14 años de prisión.

¿Cómo se regulan los pozos de libre alumbramiento y los sistemas comunitarios?

El artículo quinto transitorio establece que en los lineamientos para regularizar pozos de libre alumbramiento se deberá evitar el acaparamiento del recurso.

En el artículo 4 se precisa que cualquier disminución o cancelación de volúmenes concesionados deberá realizarse con valoración técnica y notificación oportuna a las personas usuarias.

La Ley General de Aguas incorpora un reconocimiento explícito a los sistemas comunitarios de agua y saneamiento administrados por pueblos indígenas y afromexicanos, los cuales se sujetarán a la ley reglamentaria del artículo 2º constitucional.

¿Por qué la oposición cuestionó el proceso legislativo?

El PRI y el PAN señalaron que las reservas no solucionan los problemas que señalan resolver. Argumentaron que algunas modificaciones benefician más a grandes corporaciones que a pequeños usuarios y cuestionaron la falta de consultas a los pueblos indígenas.

La mayoría parlamentaria respondió que las críticas se basan en información imprecisa y afirmó que el dictamen no afecta los derechos de los productores. Destacó que ya se realizaron ejercicios de consulta en 2019 durante la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

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Dentro de la Comisión medioambiental, a favor de aprobar esta iniciativa votaron 17 diputados de Morena, del Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM), mientras que otros 14 de la oposición de Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) votaron en contra.

A la par, se propuso a las comisiones dictaminadoras, las de Puntos Constitucionales y Energía, adicione un artículo transitorio con el fin de dar certeza a la transición energética en lo relativo al fomento de las fuentes de energía eléctrica y sus repercusiones al medio ambiente y se admitió propuesta de la priista Carolina Viggiano, de añadir al artículo cuarto de la Constitución el suministro de la energía eléctrica como un derecho humano para los mexicanos, aunque no se incluyó en el dictamen de reforma que ya está en manos de las comisiones involucradas.

“Inconforme con que se incorpore la propuesta de Viggiano, no tiene relación con la propuesta del ejecutivo, se debería votar por separado. La iniciativa del Presidente impide la transición energética que requiere el país, pone en riesgo las nuevas inversiones y las actuales que están operando en el tema de energía limpia, solar y eólica, dando lugar a privilegiar la energía sucia”, reclamó la diputada priista Melissa Vargas.

CALIFICAN “ATROPELLO”

El también legislador priista, Mariano González señaló: “El que hayan metido la iniciativa de la diputada Carolina Viggiano sin avisar, en un tema de un atropello a las formas en política, nos va a llevar a que los diputados del PRI votemos en contra de esta opinión”

Al justificar la votación, el diputado de Morena, Héctor Armando Cabada, detalló que tras un “exhaustivo y detallado análisis”, esa Comisión determinó votar a favor, al verificar que “la reforma eléctrica de 2013 no garantizó la transición energética, solo fue una bandera utilizada como pretexto para generar negocios y ventajas económicas a las empresas privadas”.

Señaló que la propuesta eleva la transición energética a rango constitucional, “lo que permite alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 20-30”.

“En 2021, la CFE produjo 55% del total de la electricidad de la energía renovable, y eso que su participación total fue de solo 39% en la generación de energía en el sistema nacional, mientras que los privados tienen la participación del 61%”, puntualizó.

Santy Montemayor, representante del Partido Verde, aseguró que la reforma eléctrica permitirá a México “continuar en el camino hacia el desarrollo sostenible”.

“Se trata de recuperar la rectoría del Estado en cuanto a la generación, distribución y comercialización de electricidad y encontrar fórmulas más viables, eficientes, limpias y sustentables para producirla, a través de los elementos como impulsar la generación de electricidad con fuentes limpias y renovables; la innovación tecnológica y la eficiencia energética”, indicó.

La diputada Shirley Vázquez, del PT, dijo que la iniciativa permite defender el patrimonio de los mexicanos, recuperar la soberanía eléctrica, y coadyuva a “no dejar los recursos en manos de empresas internacionales”.

De Morena, Alfredo Porras, cuestionó a la oposición por decir que Morena no quiere mover comas: “Se quejan y dicen ‘no quieren cambiar una sola coma’, y ¿Qué le cambiaron a la del 2013?, ¿Nosotros como oposición en aquella época pudimos cambiar algo?, ¿Saben cómo se dictaminó? ¡De urgente resolución, ‘túrnese a secretaría, hágase del conocimiento, se dispensan todas las lecturas, procédase a la votación’, ¿de qué se quejan?”.

En su oportunidad, la diputada perredista, Edna Díaz, explicó que en el contenido del proyecto no hay datos precisos, concisos y objetivos sobre el impacto al medio ambiente, así como el paso de energías fósiles a energías limpias que se propone con un transitorio.

“Es meramente enunciativa, sin entrar al fondo del asunto para el cual le fue turnada la iniciativa de reforma constitucional; es decir, no aporta datos objetivos sobre el impacto al medio ambiente ni de aplicación en la industria sobre el paso de energías fósiles a limpias que dice proponer con la adición de un transitorio para dar certeza a la ejecución de la Transición Energética.

“El dictamen impedirá el cumplimiento de los compromisos del T-MEC y ambientales sobre cambio climático del Acuerdo de París con las posibles sanciones económicas internacionales”, señaló la legisladora del PRD.

Con la opinión favorable de la Comisión de Medio Ambiente, la reforma eléctrica da un paso más hacia su debate en el pleno. El próximo 11 de abril sesionarán las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales, a fin iniciar con el dictamen del proyecto.

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Los diputados buscan subir este jueves para discutir y votar la iniciativa del diputado Gerardo Fernández Noroña, la cual proponer eliminar el Horario de Verano en México, bajo el argumento de que este cambio de hora genera alteraciones del sueño al afectar el ritmo cardiaco y aumentar la sensación de cansancio, irritabilidad o cambios de humor.

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Con la mayoría de asistencia de los más de 70 miembros que componen estas comisiones, de manera presencial en el Salón Legisladores de la República de San Lázaro, se instaló de manera permanente la sesión de estas Comisiones para dictaminar la iniciativa del Ejecutivo federal con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en su contenido energético.

Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados el pasado 1 de octubre una iniciativa cuyo contenido primordial establece que la generación de electricidad en México sólo podrá tener 46% de participación privada y el resto será obligación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que volverá a ser una sola empresa verticalmente integrada, tendrá la figura legal de organismo autónomo en términos presupuestarios, integrando de nueva cuenta al Cenace y con exclusividad en el resto de las actividades del negocio, además de la obligación constitucional del Estado de conducir la transición energética hacia renovables, pero con un orden de despacho de la generación en que primero irán las renovables de la CFE, luego el resto de sus plantas y después los generadores privados renovables y fósiles.

También plantea que los reguladores del sector, que son la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) pierdan su autonomía presupuestaria y de gestión para volver a ser desconcentrados de la Secretaría de Energía. A la vez, le da a la nación la exclusividad para explotar el litio, necesario para producir baterías de almacenamiento de la electricidad.

Finalmente, propone que todos los permisos y contratos para generación de electricidad se cancelarán para revisarse y renegociarse, con lo que a decir del gobierno en múltiples ocasiones los contratos de interconexión con la CFE para techos solares no corren peligro, pero los permisos particularmente legados de autoabasto y producción independiente de energía, además de los mayoristas que se otorgaron para vender entre privados en el mercado mayorista desde la reforma del 2013 deberán renegociarse para que todos le vendan a la CFE, que será el único suministrador de todos los tamaños en el país.

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Ciudad de México.- Legisladores federales de Morena, PT y PES, integrantes de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, expresaron su total respaldo -dijeron- a la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, emitida por la Secretaría de Energía, a cargo de Rocío Nahle.

El objetivo de la política es “establecer mecanismos de regulación, que por un lado garanticen el suministro al usuario final y, por el otro, permitan continuar con el crecimiento ordenado y regulado de las energías limpias”.

Los diputados que representan a la 4T sostuvieron que “la política de confiabilidad eléctrica no es en aras de contaminar más el medio ambiente, menos de incumplir los compromisos internacionales de cambio climático, ni aumentar las tarifas de energía eléctrica, y mucho menos pretende detener el crecimiento de las energías renovables”.

Los diputados integrantes de la Junta Directiva, Gerardo Fernández Noroña y Carlos Enrique Martínez Aké, expusieron que la principal razón para apoyar el acuerdo emitido por la Sener, parte del hecho de que “es una decisión soberana del Estado Mexicano regular las áreas estratégicas de la Nación”.

En un pronunciamiento, explicaron que “no hay ningún estado soberano que no regule sus áreas estratégicas nacionales, y por supuesto México no puede ser la excepción; la política de confiabilidad eléctrica está respaldada por un mandato Constitucional que establece de manera clara y firme que las áreas estratégicas estarán a cargo del sector público, correspondiendo exclusivamente a la Nación la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”.

Los disputados sostuvieron que esos son los fundamentos sobre los que descansa la seguridad e independencia energética, la cual solamente se podrá lograr con el binomio empresas públicas del Estado y los inversionistas privados nacionales y extranjeros; sumando los recursos de los distintos tipos de tecnologías energéticas para mantener la estabilidad de las tarifas eléctricas, y sobre todo compartiendo de manera equitativa obligaciones y compromisos.

“Bajo una perspectiva legislativa -manifestaron- la política de confiabilidad de ninguna manera representa o significa cambios de las leyes del sector, desde la Ley de la Industria Eléctrica hasta la Ley de Transición Energética, que norman la promoción y el uso de las energía limpias, así como la reducción de emisiones contaminantes, se encuentra intactas”.

Por lo anterior, expresaron su apoyo en el sentido de garantizar que de manera ordenada y eficaz se sigan incorporando cada vez más las energías limpias y renovables con la participación de todos los actores del sector.

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