La Comisión Federal de Electricidad (CFE) recibió el visto bueno de la autoridad ambiental para el equipamiento de una minicentral hidroeléctrica para producir 10 megavatios (MW) de capacidad neta, proyecto que considera una inversión de 429 millones de pesos.

Se trata del Proyecto de Equipamiento Hidroeléctrico de la Presa Reguladora Amata (PEH Amata) en el municipio de Cosalá en Sinaloa; para la construcción se prevé un tiempo de 2 años y 5 meses, y su operación tendrá una vida útil de 50 años.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a cargo de María Luisa Albores, se pronunció el pasado 9 de diciembre a favor del proyecto de la CFE, dirigida por Manuel Bartlett Díaz.

De acuerdo con la información de la Empresa Productiva del Estado, el proyecto se realizará aprovechando la infraestructura existente de la presa para complementarla con obras civiles y electromecánicas de baja escala.

El objetivo es beneficiarse de los escurrimientos del río San Lorenzo, descargado por la central hidroeléctrica Profesor Raúl Jaime Marsal Córdoba “Comedero”, y la carga obtenida del embalsamiento de estas descargas por parte de la presa reguladora.

Con el desarrollo de la minicentral hidroeléctrica será factible producir energía eléctrica durante todo el año, lo que responderá a la demanda que existe en la región noroeste del país.

De acuerdo con el Escenario de Planeación del Desarrollo del Mercado Eléctrico, se estima que la demanda máxima del área noroeste crecerá anualmente 2.6% en promedio durante 2020-2034.

“Por ello, se propone instalar 10 MW de capacidad neta del PEH Amata, lo cual contribuirá a satisfacer la demanda del sistema al menor costo total a largo plazo”, justifica la CFE.

La Empresa Productiva del Estado destaca que de esta forma se pretende contribuir a satisfacer la demanda de energía eléctrica proyectados para el Sistema Interconectado Nacional con base en los pronósticos del Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2020-2034 y aumentar la producción de energía eléctrica con energías limpias y de menor costo.

“A PIE DE PRESA”

La ejecución del proyecto es bajo un esquema de generación de tipo “a pie de presa”, por lo que las turbinas deben localizarse a una distancia considerablemente corta de la cortina aguas abajo, particularmente en el caso de la Presa Reguladora Amata.

Las obras permanentes que considera esta hidroeléctrica de baja escala son plataforma de oficinas, subestación eléctrica, caminos de acceso y un puente.

El proyecto se integrará por los siguientes componentes: canal de llamada (estructura para captar agua), obra de control, conducción (tuberías para alimentar las turbinas), casa de máquinas, desfogue y una obra de toma, esta última se conforma de un canal de llamada y una estructura de control de la alimentación de agua a las turbinas.

El PEH Amanta fue considerado por la CFE en su informe anual de 2019 como uno de lo principales proyectos de infraestructura de ese año bajo el nombre Obra de Generación Hidroeléctrica en Presa Reguladora Amata, de una capacidad instalada de 10 MW.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en 2017 identificó a Amata como una de las 25 estructuras hidráulicas existentes con potencial de instalar pequeñas centrales de entre 5 a 30 MW.

Si bien la autorización de la Semarnat se dio el pasado 9 de diciembre como consta el oficio de la Dirección General de Impacto Ambiental, la CFE lanzó el 20 de noviembre de 2021, el concurso abierto para el equipamiento de la Presa Reguladora Amata, el cual sigue vigente, pendiente de adjudicar.

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La Corte de Arbitraje Internacional de Londres emitió el laudo arbitral o sentencia final a la demanda de privados contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se verá obligada a pagar 200 millones de dólares como reparación de daños ante las pérdidas que les ocasionó la imposibilidad de construir la hidroeléctrica Chicoasén II, en Chiapas.

Al respecto, la CFE informó que impugnará esta resolución del caso que le fue heredado de la pasada administración en la última etapa del proceso.

“Estamos evaluando la resolución con el fin de llevar a cabo su impugnación ante la jurisdicción nacional con base en los recursos procesales previstos para estos casos en el Código de Comercio”, expuso la estatal eléctrica a los medios.

En 2015, Caabsa, de Luis y Mauricio Amodío, Omega de Jorge Melgarejo y la china Sinohydro, ganaron la licitación de esa central eléctrica con una inversión de 386.4 millones de dólares.

Chicoasén II, la hidroeléctrica con una capacidad de 240 megawatts, fue parte de los programas de ampliación de infraestructura eléctrica del gobierno anterior.

Sin embargo, desde el arranque de la obra hubo desacuerdos que provocaron paros indefinidos, cierre de obras y un sobre costo de 70 millones de dólares, encabezados por el Sindicato Único de Trabajadores de Electricidad de la República Mexicana (SUTERM) y la Confederación Nacional de Trabajadores (CTM), además de la Confederación de Autotransportistas Trabajadores y Empleados de Chiapas (Catem).

El proyecto, cancelado en 2017 con un avance de alrededor de 17%, se ubicaría en el municipio de Chicoasén, Chiapas, 43 kilómetros al norte de Tuxtla Gutiérrez.

Desde su presentación se contempló la edificación de 142 obras asociadas: 77 obras sociales y 65 proyectos productivos, beneficiando aproximadamente a 20,000 habitantes en el estado.

Como parte del Sistema del Alto Grijalva, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó a la Comisión Federal de Electricidad la construcción de la que sería la quinta presa hidroeléctrica en el estado de Chiapas. Lo que le permitiría a la CFE “reaprovechar” el caudal de lo que ahora denominaron Chicoasén I y el embalse de la presa Malpaso.

El consorcio ganador de la licitación demandó así a la CFE ante la corte londinense, por la falta de certidumbre jurídica y seguridad física para llevar a cabo su obra.

HERENCIA LITIGIOSA

La CFE detalló que el juicio arbitral fue promovido en contra de CFE en el mes de octubre del 2016, con lo que se trata de una herencia litigiosa de la pasada administración, la que decidió encomendar la atención de dicho procedimiento a una firma externa de abogados.

Entonces, al 1 de diciembre del 2018, fecha de llegada de las nuevas autoridades de la Institución, ya se habían realizado las etapas sustantivas del arbitraje y virtualmente sólo restaba el acto de la emisión del laudo, lo que sucedió un año y seis meses después.

Según la estatal eléctrica, al igual que en los demás casos de naturaleza arbitral, la presente administración vigiló el desarrollo de esa etapa culminante de la controversia. Cabe decir que el resultado adverso se basó esencialmente en el argumento de que, a juicio del tribunal arbitral, CFE no garantizó el acceso al sitio de la obra, la cual fue tomada por grupos políticos de la zona, explicaron.

“Lo que evidentemente de ninguna manera constituía una obligación a cargo de esta Empresa Productiva del Estado”, se defendió la CFE.

El año pasado, la CFE anunció que contempla reactivar la central hidroeléctrica “Chicoasén II” para 2024, según el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) publicado por la Secretaría de Energía.

El documento establece que la empresa tiene en estudio nueve planes de generación de electricidad por medios renovables, de los cuales ocho están relacionados con iniciativas geotermoeléctricas con una capacidad total de 117 megawatts; más la reactivación del complejo “Chicoasén II” con una capacidad de 200 megawatts.

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