“Los impuestos al carbono y la eliminación de los subsidios a la energía podrían afectar negativamente el consumo y los ingresos laborales, pero generarían ingresos sustanciales de entre 0.5 y 4.5 por ciento del PIB, que podrían utilizarse para compensar a los hogares vulnerables”, señala el organismo en su informe ‘Perspectivas Económicas Regionales’ del Hemisferio Occidente.

México contribuyó con el 1.5 por ciento a las emisiones netas totales de gases de efecto invernadero (GEI) y el 1.7 por ciento de las emisiones netas distintas del CO2 a nivel mundial en 2018, como el segundo mayor emisor después de Brasil, pero también Argentina estuvo arriba del uno por ciento y los tres son países especialmente vulnerables al impacto del cambio climático.

Por persona, las emisiones netas de gases de efecto invernadero en América Latina son de 6.4 toneladas métricas de CO2-eq3, cerca del promedio mundial y con acciones de políticas de mitigación como eliminar subsidios al combustible y establecer un precio al carbón, los países podrían alcanzar sus objetivos climáticos.

Solo México, Argentina, Chile y Colombia han otorgado un impuesto al carbón y donde se han implementado las tasas son bajas del rango de 1 a 10 dólares por tonelada de CO2, cuando el precio óptimo va en el rango de 50 a 75 dólares por tonelada de CO2 y estos impuestos cubren apenas una cuarta parte de las de gases de efecto invernadero.

El impacto en el consumo de un mayor impuesto al carbono y la eliminación de subsidios al combustible podría ser grande y regresivo, podría provocar menor demanda y pérdida de empleos; sin embargo, para hacerlo más aceptables y progresivo, el FMI recomienda utilizar las transferencias de efectivo universales para compensar a los hogares por la pérdida de consumo.

“Las estimaciones del modelo sugieren que las transferencias de efectivo universales podrían compensar por completo el impacto adverso del aumento del precio del carbono sobre el consumo de los hogares en los primeros seis a siete deciles de consumo per cápita de los hogares en Argentina, Brasil, Colombia y México”, señala el documento y añade que transferencias más específicas también podrían liberar recursos adicionales para programas de apoyo a la inversión verde y al mercado laboral.

Las pérdidas de puestos de trabajo podrían compensarse con aumentos de empleos en los nuevos sectores de energías más limpias, señala.

“Junto con los beneficios para la salud y el medio ambiente, el cambio a una energía más limpia proporcionaría oportunidades de empleo e ingresos, incluidas las que surgen del potencial de ALC para exportar productos básicos “verdes”.

Los gobiernos podrían adoptar un enfoque más específico para compensar a los hogares aprovechando las redes de seguridad social existentes para centrarse en los hogares más vulnerables, esto les permitiría canalizar parte del aumento de los ingresos fiscales a la inversión pública ecológica.

Además de la eliminación gradual de combustibles y aumentar los impuestos al carbono, sugiere otras acciones de política de mitigación de contaminantes como introducir tarifas y sistemas de comercio de emisiones; adopción de regulaciones de apoyo, inversiones ecológicas y gastos de investigación y desarrollo.

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Al destacar que dos estados, Jalisco y Tamaulipas, ya han presentado una controversia constitucional en contra el acuerdo de la Secretaría de Energía que limita las energías limpias, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, indicó que han acordado proponer que se aplique un impuesto a las empresas generadoras de energía que utilicen combustóleo.

Durante la 13ª Reunión Interestatal que se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León, ocho gobernadores del país acordaron presentar iniciativas en cada uno de sus Congresos para establecer un impuesto a las industrias generadoras de energía que utilicen combustóleo para sus operaciones, al ser un material altamente contaminante.

Actualmente, tanto la Comisión Federal de Electricidad, como Petróleos Mexicanos, y algunas otras privadas, son proveedoras de 176 empresas que usan combustóleo, las cuales se ubican en los ocho estados que participaron en la reunión.

“Los estados aquí presentes generan el 39% de toda la energía que se produce en México, y es ahí donde ponemos a consideración de nuestros congresos este impuesto”, explicó Francisco García Cabeza de Vaca.

De acuerdo con el gobernador de Tamaulipas, en todos los países del mundo con indicadores importantes de desarrollo, las empresas que contaminan pagan, por lo que México no debe ser la excepción.

“Estas empresas generan millones de toneladas de CO2 que está contaminando a nuestros estados, mientras el gobierno federal privilegia estas prácticas en lugar de crear incentivos y respaldar a las energías limpias, que no solamente son renovables y limpias, sino que son más baratas”, indicó.

“Y es uno de los objetivos que tenemos aquí, ¿cómo bajar los costos de energía eléctrica para el usuario, para el ama de casa, del adulto mayor, de las mismas empresas, que nos permitan ser más competitivos?”, cuestionó el gobernador.

Cabeza de Vaca dijo que esto no es posible cuando el gobierno central cambia las políticas públicas y le da la espalda a las energías limpias y renovables, por lo que la iniciativa es en respuesta a la demanda de las nuevas generaciones que demandan una nueva cultura ecológica.

Mencionó que los ocho estados producen el 39 por ciento de la energía de todo el país, y se trabaja por reducir los costos a través de energías renovables, por lo que insistieron en aplicar dicho impuesto para respaldar la generación de energías limpias y cuidar el medio ambiente.

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