El presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados federal, Manuel Rodríguez González, afirmó que la Reforma Constitucional Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador permitirá reducir las tarifas de luz hasta en 50% en un periodo de dos años, y dará pie al diseño de un sistema tarifario nacional ‘más entendible para todos’.

Estimamos que, una vez aprobada en el Congreso de la Unión, pasaríamos a instrumentarla, lo que implicaría modificaciones a las leyes secundarias; logrado esto, en el primer año se podrían bajar hasta en 20% las tarifas, mientras que el otro 30% se reduciría gradualmente durante el segundo año de aplicación, explicó.

Rodríguez González dejó claro que ese es el principal objetivo de los cambios constitucionales a los que se opone el conservadurismo; “que bajen las tarifas es algo que todos anhelamos, porque con todo y que en Tabasco tenemos la tarifa 1F, seguimos considerando que hay un periodo del año donde pagamos recibos muy caros”, refirió.

Aseguró que, por sus alcances sociales, la iniciativa presidencial representa una reforma de gran calado, porque además de ayudar a la economía de las familias mexicanas, generará condiciones para que todos los empresarios del país y no solamente los que pertenecen a un grupo selecto, sean más competitivos.

El diputado federal por Tabasco confió en que la Reforma Constitucional Eléctrica prosperará y obtendrá los votos requeridos en San Lázaro, porque en la medida de que se ha logrado socializar más con los grupos de oposición en los foros del Parlamento Abierto y la mayoría de los mexicanos –a través de Asambleas Informativas promovidas por Morena–, cada vez hay mayor convencimiento de que los cambios son impostergables.

Manuel Rodríguez resaltó en ese sentido que los foros de Parlamento Abierto convocados por la Cámara de Diputados federal, en los que participan especialistas, empresarios, académicos y ciudadanos que tradicionalmente no forman parte del proceso legislativo, ‘han sido ricos en debates y propuestas’.

‘MANIPULAN CIFRAS’

Desde su postura como presidente de la Comisión de Energía manifestó su respeto a todas las expresiones, aunque sean distintas, pero sí advirtió la participación de quienes tratan de ‘defender lo indefendible’, omitiendo elementos que evidencian el fracaso del modelo eléctrico impuesto desde 2013.

“Manipulan cifras y planteamientos para hacer creer que lo que hicieron fue muy bueno, cuando en realidad todo fue una gran mentira: ofrecieron bajar las tarifas y eso no ha sucedido ni va a suceder”, sentenció, al referir que de 2013 a 2018 las tarifas domésticas en general aumentaron 35%, y las comerciales-empresariales se dispararon en 68%.

Lo anterior, añadió el legislador de Morena, sin contar que para quienes consumen en sus domicilios grandes cantidades de energía y pasan a ser Tarifa DAC o de Alto Consumo, las tarifas aumentaron 168%.

Añadió que otra gran mentira sobre la que están ‘sostenidas’ las bondades de la Reforma Energética del sexenio pasado tiene que ver con el tema de las inversiones, un tema en el que, acusó, los opositores ‘tuercen la verdad’.

“Nos dijeron que iban a llegar cantidades importantes de inversión extranjera; incluso, alegan que llegaron 44 mil millones de dólares. Falso totalmente. Sí hay 44 mil millones de dólares de inversión en el sector eléctrico, pero sólo llegaron 2 mil 800 millones de dólares. El resto se obtuvo de ahorro de los mexicanos en las Afores, la banca de desarrollo nacional, y de la banca comercial mexicana”, reviró.

Puntualizó que lo que busca la Reforma Constitucional Eléctrica es establecer reglas justas en el sistema eléctrico nacional, con un modelo de participación mixta que devuelva al Estado mexicano –vía la CFE– la rectoría con 54% de la generación y conceda a las empresas privadas el 46% del mercado de producción de electricidad.

Lo que queremos es un esquema donde ganen todos: los usuarios, el Estado mexicano y los generadores privados, y esto garantice un servicio público de calidad, concluyó.

El cargo “Tarifas de luz bajarían hasta 50%”: Manuel Rodríguez apareció primero en Energía y Ecología.

Con estas cifras, al día de hoy hay una sobrecapacidad de 30,000 megawatts, es decir de poco más de 35% de la capacidad instalada nacional, cuando la recomendación eficiente es no superar el 15% en los países industrializados.

Mario Morales Vielmas, director general de Intermediación de Contratos Legados de la CFE detalló que la demanda se ha contraído en 16.5% en el promedio nacional a partir de que inició la contingencia por el Covid-19, por lo que fue necesario solicitar la suspensión de la entrada en pruebas de 19 centrales eólicas y renovables nuevas con una capacidad de 2,356 megawatts en conjunto, dado que se generarían picos y vacíos en el flujo de la red que afectarían a todo el país particularmente a nivel de regiones que ni siquiera están cerca de los centros de generación.

Para ello, se solicitó al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que emitiera el Acuerdo de confiabilidad con un carácter temporal, es decir, que duraría hasta 10 días posteriores a la apertura de comercios y actividades tras la pandemia, explicó el funcionario (a pesar de que esta temporalidad no quedó explícita en el Acuerdo).
Sin embargo, no se logró reducir esta intermitencia porque muchos –no todos– afectados lograron suspensiones contra la medida mediante amparos en juzgados de distrito.

De cualquier forma, en el país siguen operando 184 centrales renovables y gracias a los permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía hay autorización para la colocación de 132,000 megawatts (que no necesariamente se construirán o podrán obtener interconexión con la red) cuando la capacidad instalada del país es de 85,000 megawatts y la demanda máxima histórica que se ha vivido fue en junio del año pasado, en que se alcanzaron 49,000 megawatts por hora.

“De estos permisos que se otorgaron sin ningún análisis previo sobre su factibilidad para el uso de la red de la CFE, va a haber muchas centrales que no van a producir, que van a estar paradas, porque la demanda estimada es de 58,000 megawatts constantes como máximo para entonces, con lo que habrá una sobre capacidad del doble al concluir el sexenio, gracias a los criterios de la reforma energética y al régimen de excepciones previo en materia
de autoabasto”, dijo.

El funcionario también denunció que gracias al régimen de excepción único en el mundo en que quedaron protegidos los contratos legados de autoabasto del régimen anterior, hay todavía 251 contratos de este tipo y 42 más que iniciaron gestiones antes del 2014 entrarán en operaciones. Gracias a la protección legal de poder incluir a sus compradores como “socios” de los proyectos, hay generadoras que tienen hasta 10,500 clientes, lo que produce un mercado paralelo o “negro” de la energía que utiliza la red de la CFE con condiciones tarifarias especiales en el caso de las renovables que son el 35% de estos permisos.

“Lo que estamos esperando es que se cobre lo justo, porque al final quienes terminan pagando lo que se les subsidia son los clientes del suministro básico del país, porque la CFE compra 94% de su energía, protegida además con cláusulas de despacho prioritario y que tiene costos nivelados que no contemplan el respaldo a su intermitencia, que también paga la CFE”, dijo el directivo de la empresa.

En 2018, la pérdida que representó el cobro inferior a lo que pagan el resto de los usuarios por el uso de la red para estos generadores de autoabasto legados fue de 7,820 millones de pesos, que se elevó a 7,000 millones de pesos en 2019 y será de 8,000 millones de pesos este año si no se llevan a cabo las modificaciones tarifarias que ya fueron aprobadas en el órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) pero por lo menos en junio no entraron en vigor.

Finalmente, explicó que las proyecciones de la pasada administración serían que la CFE llegara a una participación de 16% en la generación nacional, dejando el resto del mercado a privados gracias a las reforma energética.

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Mario Morales Vielman, director general de Intermediación Contratos Legados, explicó que, a través del esquema de autoabastecimiento, grandes empresas o consorcios acereros, cementeros o mineros distorsionan el mercado simulando la compra-venta de energía eléctrica.

La empresa señaló que, en los últimos tres años, ha perdido, al menos, 22 mil 820 millones de pesos por esta causa.

Al amparo de la ley, agregó, se han convertido en grandes sociedades de autoabasto que llegan a concentrar hasta 10 mil 500 socios, algo totalmente irregular desde el punto de vista de una sociedad mercantil y que piden un peso para formar parte de la sociedad.

“Hay empresa que se hicieron socias con un peso, que se integran a esas sociedades y su acción vale un peso, con el cual, cumplen en automático las condiciones supuestas del autoabasto y esto está generando un mercado paralelo inequitativo, injusto, que compite con el mercado eléctrico mayoristas. Un mercado negro eléctrico”, agregó.

Comentó que esas sociedades generan su propia electricidad, pero para transportarla hasta sus clientes o socios utilizan la red de distribución de CFE a la que o no pagan el porteo (transporte) o pagan tarifas muy bajas que se fijaron desde los cambios a la Ley del Servicio Eléctrico.

Esta acción le cuesta al país y a las finanzas de la Comisión, alrededor de siete mil 500 millones de pesos anuales.

Reconoció que jurídicamente “es difícil cancelar ese tipo de figuras, pero se verá la manera de que paguen lo que cuesta el porteo, porque la pérdida para CFE que en tres años suma 22 mil 820 millones de pesos, incluidos ocho mil millones que estimamos perder este año, se traslada al consumidor final vía tarifas eléctricas.

El confort aumenta tarifas eléctricas

Mario Mendoza Hernández, director de CFE Servicios Básico, reconoció que sí han aumentado las tarifas eléctricas del sector doméstico, “sobre todo, por el factor confort, basado en el uso de televisores, computadoras, juegos electrónicos, algún equipo de deporte -caminadoras- o aire acondicionado en ciertas regiones del país”.

Explicó que este factor puede ser dosificado o se puede prescindir “si consideramos que durante el confinamiento social, representa 80% del incremento en el consumo, lo que provocó el aumento en las facturas”.

Esto significa que quienes pasen de los 280 kilowatt-hora ya no tendrán subsidio y cada kilowatt-hora que consuman será gravado con tarifa a precio de mercado. Actualmente, 21.5 millones de clientes están en la tarifa 1 o doméstica.

Si se logra eliminar este mercado negro, podrían disminuir las tarifas para todos los servicios.

Reconoció que la CFE se ha tenido que enfrentar a un problema de impago por una parte de su cartera de clientes y que a mayo de este año ha tenido que realizar el corto de 432 mil servicios en todo el país, que en total el monto de la facturación de la empresa se redujo 10% en ese mes.

Respecto al Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional emitió por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), indicó que el centro y CFE no buscan eliminar a los privados ni cancelar los contratos que amparan su participación en el mercado.

Se trata, añadió, de una suspensión temporal, de esperar para que pase la pandemia y se vuelvan a subir a la red, para evitar la sobrecapacidad instalada.

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Es decir, aún cuando los usuarios domésticos, estimados en 44 millones de usuarios con contrato, rebasen el límite mínimo de consumo mensual equivalente a 25 kilowatts-hora, seguirán pagando la tarifa de consumo mínimo.

Mediante un acuerdo por el que se determina el mecanismo de fijación de tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, por el periodo citado, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor derivada de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera señala que el resguardo domiciliario, como medida para mitigar la dispersión y transmisión del coronavirus, provoca que la población se mantenga dentro de su domicilio, lo que genera modificaciones en el patrón de consumo de los usuarios domésticos, mediante un incremento en el consumo de energía eléctrica.

Explica que el incremento en el consumo de energía eléctrica de los usuarios en las tarifas de servicio doméstico 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, derivado de la aplicación de la medida de resguardo domiciliario puede traer como consecuencia para ciertos grupos de usuarios, que el consumo mensual promedio exceda el Límite de Alto Consumo definido en la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), Servicio Doméstico de Alto Consumo, lo que provocaría la reclasificación a dicha tarifa con el consecuente incremento en su facturación.

El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, destaca que por esa razón y con la finalidad de emprender las acciones conducentes para apoyar a la economía de las familias mexicanas, se estima necesario que durante el período que se mantenga vigente la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor genera por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), “no se considere el consumo de energía eléctrica realizado por los usuarios del servicio doméstico para efectos de la determinación del consumo promedio mensual que se utiliza para definir los límites de alto consumo que actualizan la reclasificación a la Tarifa DAC, así como permitir la permanencia de dichos usuarios en una tarifa de bajo consumo (1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F)”.

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