La diplomacia entre Estados Unidos e Irán atraviesa una encrucijada sin precedentes en la era Trump 2.0. Los intentos por convertir una tregua provisional en un acuerdo duradero han chocado contra una muralla de desconfianza mutua, presiones domésticas y agendas que, por ahora, parecen irreconciliables. En el centro del tablero, el Estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo mundial, se ha convertido en la principal ficha de negociación y, al mismo tiempo, en el mayor riesgo para la estabilidad energética internacional.

El colapso de la mesa de Suiza y la escalada en Ormuz

Las conversaciones directas que se llevaban a cabo en territorio suizo quedaron en suspenso cuando la delegación iraní abandonó las negociaciones en respuesta a declaraciones públicas del presidente Donald Trump contra la República Islámica, según indicaron fuentes cercanas al proceso. El episodio reveló la fragilidad del canal diplomático: aun con mediadores activos, una sola declaración presidencial basta para desestabilizar semanas de avances.

El contexto es particularmente volátil. Días antes, los gobiernos habían presentado lo que describieron como un progreso significativo: un alto el fuego temporal y una reapertura parcial del Estrecho de Ormuz. Sin embargo, ese entendimiento se deterioró con rapidez. Teherán decretó un nuevo cierre del paso marítimo como represalia por ataques registrados en Líbano, y Trump respondió advirtiendo que Washington podría imponer sus propias medidas unilaterales sobre esa ruta si las negociaciones fracasaban definitivamente.

El Estrecho de Ormuz, con apenas 33 kilómetros en su punto más angosto, es el mayor cuello de botella energético del planeta. Según la Agencia Internacional de Energía, por él transita alrededor del 20% del petróleo comercializado a escala global. Un cierre prolongado dispararía los precios del crudo, golpearía a economías importadoras de Asia y Europa, y pondría en jaque a los propios países exportadores del Golfo, que también dependen de ese corredor para sus ingresos.

Tres ejes de conflicto que bloquean cualquier acuerdo

Los equipos negociadores han identificado al menos tres nodos de tensión que han resultado imposibles de desanudar hasta ahora.

El primero es el control del Estrecho de Ormuz. Washington exige garantías de libre tránsito energético bajo supervisión internacional, mientras Teherán sostiene que cualquier mecanismo de ese tipo equivaldría a ceder soberanía sobre aguas que considera estratégicas. Para Irán, la capacidad de cerrar Ormuz no es solo una herramienta militar: es su principal carta de disuasión frente a la superioridad convencional estadounidense.

El segundo eje es el programa nuclear y de misiles. La administración Trump ha insistido en que cualquier alivio de sanciones debe ir acompañado de inspecciones amplias y restricciones al enriquecimiento de uranio, así como límites al desarrollo de misiles balísticos de largo alcance. Teherán rechaza estas condiciones señalando que atentan contra su seguridad estratégica, especialmente en un momento en que su aparato de defensa está debilitado por años de guerra y sanciones.

El tercer punto en disputa es la red regional de aliados iraníes. Estados Unidos ha planteado que Irán reduzca su apoyo a Hezbolá y a otras milicias activas en Líbano, Iraq, Yemen y Siria. Para Teherán, sin embargo, ese entramado de actores no estatales representa el núcleo de su doctrina de disuasión ampliada, y su desmontaje en esta etapa equivaldría a negociar desde una posición de debilidad total.

La mediación de Pakistán y el fracaso del “pacto limitado”

Tras un mes y medio de escalada militar en Oriente Medio, ambas potencias acordaron un alto el fuego de dos semanas y abrieron un canal negociador. Las primeras conversaciones se realizaron en Omán, país que históricamente ha actuado como puente entre Washington y Teherán, y posteriormente el proceso pasó a manos de Pakistán, que mantiene vínculos históricos con ambas partes y alberga la mayor comunidad shií fuera de Irán.

Esa primera ronda concluyó sin acuerdo, lo que obligó a reducir las ambiciones: en lugar de un entendimiento integral, los negociadores intentaron construir un “pacto limitado” centrado exclusivamente en el cese de hostilidades y en garantizar el tránsito por Ormuz, dejando para una fase posterior los asuntos estructurales —programa nuclear, sanciones, influencia regional—. Pero incluso ese formato mínimo ha encontrado obstáculos: los dos gobiernos discrepan sobre el calendario de alivio de sanciones, el alcance de las inspecciones y los mecanismos de verificación en el estrecho.

Estados Unidos ha reforzado su presencia naval en el Golfo Pérsico e impuesto un bloqueo a puertos iraníes, combinando presión militar y económica para forzar concesiones. Irán, por su parte, utiliza el ritmo de su programa nuclear y el cierre de Ormuz como señales de que puede escalar el costo si Washington no cede en puntos clave. En el plano interno, el gobierno iraní necesita mostrar ante su base política que cualquier acuerdo representa un alivio económico tangible tras una guerra devastadora, no una rendición ante las demandas estadounidenses.

Tres escenarios que marcan el horizonte

Los analistas que siguen el proceso identifican tres trayectorias posibles en el corto plazo.

El primero es una escalada controlada: el cierre de Ormuz y las provocaciones cruzadas podrían derivar en incidentes navales o en ataques indirectos en terceros países, manteniendo la tensión elevada pero sin desencadenar un choque frontal mientras continúa una negociación intermitente. Este escenario es el más probable en el corto plazo, pero el más peligroso si alguno de los dos lados calcula mal.

El segundo es un congelamiento con “pacto mínimo”: Washington y Teherán podrían terminar aceptando un entendimiento muy acotado —garantías básicas de tránsito en Ormuz y mecanismos elementales de verificación— que estabilice la situación militar sin resolver ni el expediente nuclear ni la disputa regional. Sería un alivio temporal para los mercados energéticos, pero dejaría pendiente una bomba de tiempo diplomática.

El tercero, y el más disruptivo, es la ruptura abierta: si Irán sostiene el cierre del estrecho y Estados Unidos decide pasar de las amenazas a acciones contundentes —forzar el paso de convoyes navales o atacar infraestructura iraní—, el marco negociador colapsaría y la crisis se extendería a los mercados globales de energía con consecuencias impredecibles.

La comunidad internacional, encabezada por China e India —los dos mayores compradores de crudo de la región—, observa con alarma una dinámica en la que las señales de distensión duran horas y las de escalada, días. El tiempo de las salidas fáciles parece haberse agotado.

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Hoy, más del 75% del gas con el que México produce electricidad llega desde Estados Unidos. No hay reservas estratégicas. No hay plan B activado. Y el mundo, en estos meses, se sacude. Esto es un hecho ya bien sabido.

La guerra en Medio Oriente presiona los mercados globales de energía. El país no enfrenta hoy un desabasto masivo, pero los márgenes se estrechan y los avisos se acumulan.

Aumenta riesgos en México por gas natural: qué tan cerca está el límite

El sistema tiene tres puntos de quiebre.

Primero: los inventarios. México almacena gas equivalente a apenas 2.4 días de consumo, distribuidos en tres terminales de gas natural licuado. La terminal de gas natural licuado de Altamira, junto con las de Manzanillo y Costa Azul, concentra esa reserva mínima. La meta oficial era llegar a cinco días de almacenamiento para 2026; ese objetivo no se alcanzó por ahora.

Segundo: el precio. La Secretaría de Energía (SENER) proyectó escenarios de hasta 8 dólares por MMBtu para este año, un nivel que encarece la generación eléctrica y empuja los subsidios al límite. Las coberturas financieras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) protegen alrededor del 60 al 65% del consumo diario frente a picos de precio, pero no blindan contra la escasez física.

Tercero: el corredor de abasto. Si Estados Unidos redirige volúmenes de gas natural a Europa o Asia —algo que los analistas consideran posible si la tensión en torno al estrecho de Ormuz escala y reconfigura los flujos globales de GNL—, México recibirá menos y pagará más, sin alternativas reales a corto plazo.

Lo que ya pasó y lo que puede repetirse

Durante la tormenta invernal de 2026, CFE reconoció en comunicados internos que las bajas temperaturas en el sur de Estados Unidos podían interrumpir entregas y elevar el precio del gas de un día para otro. No fue una alerta teórica: fue operativa, directa y sin margen de maniobra, el SISTRANGAS fue declarado en alerta crítica y se tuvo que recurrir a apagones escalonados.

La Península de Yucatán, que depende de un gasoducto único, ya vivió apagones por fallas en el suministro. Ese patrón no desapareció; solo espera condiciones para repetirse.

El gobierno reconoce el problema

La presidencia señaló públicamente que el gas natural es hoy la gran “pendiente” de la soberanía energética. CFE tiene más de 28 mil MW de capacidad que no usa gas —hidroeléctricas, nuclear, carbón, renovables— y eso da margen ante cortes parciales. Pero la generación basada en gas sigue creciendo, y el almacenamiento estructural no avanza al mismo ritmo.

Sin nuevas terminales de regasificación, sin gasoductos hacia fuentes alternas y sin reservas suficientes, el sistema aguanta mientras el clima coopera y los mercados no se disparan. Cuando alguna de esas condiciones falla, el margen desaparece rápido.

México produce electricidad mayoritariamente con gas. Y ese gas llega de un solo vecino, por gasoductos que cruzan zonas climáticamente inestables. Así están las cosas.

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