El Gobierno federal activó un mecanismo que cambia las reglas del juego para quienes venden gasolina, diésel o combustóleo en México. A partir del 24 de abril de 2026, toda estación de servicio y comercializador deberá incorporar el “Complemento Concepto para la Facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos” dentro de su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Sin ese complemento, no hay factura. Sin factura, no hay operación legal.

La medida fue anunciada el 27 de marzo mediante un comunicado conjunto del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Nacional de Energía (CNE). El objetivo es directo: rastrear cada transacción de combustible desde el origen hasta el consumidor final.

El SAT combustibles ilegales: de la denuncia al bloqueo fiscal

Durante años, el huachicol y el contrabando técnico de gasolinas operaron con relativa impunidad porque no existía un mecanismo que cruzara permisos, facturas y volúmenes vendidos en tiempo real. Con esta medida, el SAT combustibles ilegales los deja sin salida: si el permisionario no tiene una autorización vigente ante la CNE, el sistema simplemente no le permite emitir un CFDI por hidrocarburos.

El combate al mercado ilícito de combustibles avanza así desde la persecución reactiva hacia la prevención estructural. No se trata de operativos ni decomisos —aunque esos seguirán—, sino de cortar el acceso a la economía formal a quienes operan fuera de la ley.

¿Qué deben hacer las gasolineras?

Las personas físicas y morales con permisos de comercialización tienen hasta el 24 de abril para verificar que sus autorizaciones estén vigentes. La CNE habilitó el portal cne.gob.mx/Permisos para que cualquier permisionario consulte su estatus sin trámites adicionales.

Quienes no regularicen su situación antes de la fecha límite quedarán bloqueados para emitir comprobantes fiscales de hidrocarburos, lo que paraliza sus ventas en el circuito legal. La Secretaría de Energía detalló que la medida aplica para gasolina regular, premium y diésel en todo el territorio nacional.

Sheinbaum y la trazabilidad como política energética

El nuevo complemento CFDI se integra a la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca garantizar la trazabilidad completa en la cadena de comercialización de combustibles. El proyecto fue desarrollado de forma coordinada entre el SAT, la Sener, la CNE y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Petróleos Mexicanos (PEMEX), como principal productor y distribuidor de hidrocarburos en el país, queda directamente involucrado en el ecosistema de trazabilidad que este mecanismo construye. La empresa productiva del Estado deberá alinearse con los nuevos requisitos de facturación electrónica para todas las transacciones que involucren la Secretaría de Energía y Pemex como actores de la cadena de suministro.

El Gobierno federal subrayó que la iniciativa busca condiciones de competencia justa para los operadores que sí cumplen con la ley, al tiempo que protege a los consumidores sobre el origen de los productos que cargan en cada tanque.

El combate al mercado ilícito de combustibles no termina aquí: las autoridades advirtieron que el incumplimiento conlleva la imposibilidad de operar, no solo una multa.

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ASF advirtió de fallas en los puertos: un problema anunciado

El informe de la ASF apuntó directamente a la falta de controles tecnológicos, deficiencias en la inspección de mercancías y vacíos en la supervisión del personal en los principales recintos portuarios del Golfo de México. Estas condiciones, advirtió el organismo, vulneraban la seguridad nacional y favorecían la penetración de redes criminales.

El documento señalaba que ASF advirtió de fallas en los puertos incluso en áreas consideradas estratégicas para la recaudación, donde el tráfico de hidrocarburos y mercancías de alto valor estaba sujeto a mínima supervisión. Sin embargo, a pesar de las observaciones, las irregularidades persistieron.

El vínculo con el huachicol fiscal

Uno de los riesgos señalados, el uso de la infraestructura portuaria para operaciones de huachicol fiscal, el contrabando de combustibles mediante importaciones aparentemente legales. Según especialistas, hay demasiadas lagunas en la inspección aduanera permitieron el ingreso de hidrocarburos sin pagar los impuestos correspondientes. Las pérdidas millonarias derivadas de esto creó un mercado paralelo que afectó a Pemex y al fisco federal.

Sin embargo, a pesas de que la ASF advirtió de fallas en los puertos, no se tomaron medidas tendientes a reforzar el control en las aduanas.

Advertencias ignoradas y responsabilidades

En su revisión, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) insistió en que la falta de coordinación entre la Administración General de Aduanas (AGA) y la Marina ponía en riesgo la vigilancia de los recintos. Además, detectó que los sistemas de control de carga presentaban inconsistencias que podían ser manipuladas por actores externos. La omisión en atender estas alertas ha derivado en cuestionamientos sobre la efectividad de los órganos encargados de combatir la corrupción en aduanas. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas varias investigaciones por contrabando de combustibles y operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas a redes criminales con presencia en los puertos.

Un desafío estructural para la seguridad económica

Las irregularidades en los recintos portuarios reflejan una problemática más amplia: la vulnerabilidad del sistema aduanero mexicano frente a prácticas ilegales. La porosidad en las aduanas no solo afecta la recaudación fiscal, también compromete la competitividad del comercio exterior y la confianza de inversionistas.

Expertos en seguridad y logística coinciden en que la falta de inversión tecnológica y de personal especializado resultó uno de los principales obstáculos para cerrar las brechas. Sin embargo, las redes criminales saben bien aprovechar las grietas institucionales para consolidar sus operaciones.

La situación está lejos de concluir

El hecho, que la ASF advirtió de fallas en los puertos desde hace más de dos años y que muchas de esas deficiencias, persisten. Plantea preguntas sobre la capacidad del Estado mexicano para proteger sus puntos estratégicos de entrada y salida de mercancías. A causa de esto, la presión social y económica obliga a que las autoridades no sólo investiguen responsabilidades. Es necesaria también la implementación de medidas estructurales que el contrabando, en especial el de combustible, y se recupere la confianza en el sistema aduanero.

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Impagos de PEMEX ponen en peligro a la industria tabasqueña

El presidente de la CANACINTRA de Tabasco, Alejandro Díaz, señaló que los impagos de PEMEX ponen en peligro a la industria tabasqueña al generar un efecto dominó que ya se refleja en embargos, congelamiento de cuentas bancarias y amenazas de cierre de operaciones en diversas empresas del sector energético.

Según Díaz, la situación es insostenible para muchas firmas proveedoras, que están siendo presionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social para el pago de cuotas obrero-patronales, al mismo tiempo que el SAT ha comenzado procedimientos de embargo ante el incumplimiento fiscal derivado de la falta de liquidez.

Empresas se endeudan para sobrevivir

El líder industrial explicó que muchas compañías han optado por endeudarse, reducir su plantilla o recortar salarios para mantenerse operativas. “Están negociando con sus empleados, vendiendo activos o contrayendo créditos impagables, todo para seguir prestando servicios a PEMEX, sin recibir los pagos correspondientes”, señaló.

Impagos de PEMEX ponen en peligro a la industria tabasqueña de forma similar a lo que ya ocurre en Ciudad del Carmen, Campeche, donde la paralización de proyectos ha dejado a muchas micro y pequeñas empresas al borde del colapso.

Efectos colaterales en Tabasco

El impacto no se limita a los proveedores directos. Empresas transportistas, talleres, constructoras, arrendadoras de maquinaria y servicios logísticos también están viendo mermadas sus operaciones por la parálisis de pagos de PEMEX.

La cadena de valor completa se encuentra afectada, comprometiendo incluso la generación de empleo formal en la región. Según datos recientes, varias compañías ya han reducido sus jornadas o suspendido temporalmente contratos debido a la incertidumbre financiera.

Urge una solución interinstitucional

CANACINTRA hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda y a la dirección de PEMEX para establecer mesas de trabajo que agilicen los pagos pendientes. Díaz recalcó que los industriales no buscan privilegios, sino condiciones mínimas de estabilidad para seguir operando.

Además, solicitó al SAT y al IMSS contemplar medidas de alivio fiscal y temporalidad en los embargos para evitar el cierre definitivo de empresas clave para el desarrollo regional.

Información de Revista Guinda.

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“El primer paquete de denuncias es contra 43 empresas factureras, en las que participaron 8,212 empresas y personas. Las empresas factureras presentaron operaciones simuladas por 93,000 millones de pesos (mdp) que causaron 24,583 mdp de ISR y 11,396 mdp de IVA. Estas pagaron nómina, pero no pagaron al SAT la retención de ISR por 19,146 mdp”, dijo la titular del SAT.

El procurador, informó que como primeras acciones ya se tienen 7 querellas contra factureras, y que la defraudación fiscal (venta de facturas) se equipara a delincuencia organizada. Detalló que los delitos de defraudación fiscal conllevan hasta 9 años de prisión, mientras que delitos contra la seguridad llevan a prisión formal hasta 3 años.

“Se acabó la fiesta, las factureras ya no pueden seguir adelante, todos tenemos que cumplir debidamente con nuestras obligaciones fiscales, hay actos de investigación, no hay crimen perfecto, tenemos investigaciones que nos permitirán llegar a las cabezas”, dijo el procurador Carlos Romero Aranda en la conferencia matutina presidencial.

“Si en el plazo de tres meses no se regularizan, tenemos que proceder legalmente, porque no podemos ser cómplices, no podemos encubrir a nadie. Esto fue tolerado por muchos años, y desde luego, que participaban funcionarios públicos, algunos empresarios, no todos, porque hay empresarios muy responsables, pero como en todos los sectores hay ‘fichitas’, y en esto también participaron medios de comunicación, era: ‘la corrupción somos todos’. Todos van a ser requeridos, no hay impunidad, que bien que explicó el procedimiento el procurador”, dijo el jefe de Estado.

“Lo que vamos a hacer (en el SAT) es que vamos a enviar cartas invitándoles a que se regularicen y se acerquen, porque muchos de ellos fueron engañados de alguna manera diciendo que era normal (estas facturas), porque a lo mejor un gasto no podían comprobarlo y sin darse cuenta están comprando facturas relacionadas con el crimen organizado”, señaló.

Quienes no sabían que estaban en el esquema tendrán la oportunidad de regularizarse, pero en caso de que no lo hagan, se tomarán otras acciones pues se dará vista a la Procuraduría Fiscal, manifestó Buenrostro.

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