El documento, enviado el 12 de noviembre, reconoce que el robo de hidrocarburos —incluido el huachicol fiscal— sigue golpeando a la empresa con una fuerza que se mantiene en niveles críticos. Pinta la situación energética del país tal como es: difícil, entre fuego cruzado de grupos criminales, viejas prácticas internas que se niegan a morir y un mercado ilícito cada vez más sofisticado.

Pemex reconoce riesgos ante SEC en materia de seguridad

El informe describe cómo el robo, la desviación y la manipulación de combustibles continúan afectando a la red de oleoductos de la petrolera a pesar de los certeros golpes que ha recibido. La empresa detalla también incendios, explosiones, afectaciones ambientales y pérdidas humanas ocasionadas por estas actividades, que también representan una merma considerable de ingresos a pesar de las acciones correctivas que buscan recuperar la paraestatal del abandono en que estaba.
En sus párrafos más extensos, Pemex reconoce riesgos ante SEC vinculados a estas actividades y advierte que los resultados de las acciones coordinadas con el Gobierno Federal han logrado ciertas mejorar puntuales, pero que deben sostenerse para que se perciba la mejoría.

En 2024 se detectaron 11,774 tomas clandestinas. Un año antes, 14,890. La petrolera admite que algunos empleados o funcionarios podrían verse involucrados o percibirse como parte del mercado ilícito. La frase queda ahí, mostrando una sustancial mejoría pero que debe seguirse notando.

Un entorno delictivo que no se rinde

La empresa contextualiza el fenómeno dentro de un país que ha experimentado experimenta“mayor actividad delictiva” en los últimos años, derivada de cárteles y organizaciones vinculadas al narcotráfico. La presencia de un mercado ilegal de combustibles añade otra capa al problema: interrumpe operaciones, compromete la seguridad del personal y amenaza la logística. La actividad delictiva es prevalente, persistente y podría agravarse si los esfuerzos se suspenden.

Reformas constitucionales y su impacto

Pemex advierte que la capacidad del Congreso para modificar la Constitución podría traducirse en cambios profundos en la política energética y en su operación diaria. Señala que la concentración del poder político podría tener consecuencias adversas para sus finanzas, su capacidad operativa y su manejo de deuda.

Además, expresa preocupación por eventuales modificaciones al régimen cambiario. Aunque el Gobierno de México no impone actualmente restricciones, la empresa recuerda que en el pasado sí existieron controles y que cualquier regreso a ese esquema dificultaría el pago de deuda denominada en moneda extranjera.

Presión financiera constante

La deuda sigue siendo la piedra más pesada en los hombros de Pemex. Con 100.3 mil millones de dólares al cierre de septiembre de 2025, más líneas de crédito abiertas y un calendario exigente de vencimientos, la empresa admite que su operación depende en gran medida del financiamiento y del apoyo gubernamental.

Describe un flujo operativo insuficiente para cubrir inversiones y gastos, lo que ha obligado a recurrir a financiamientos adicionales y medidas de eficiencia. Incluso con apoyo fiscal y recompras de bonos, el margen de maniobra sigue siendo estrecho.

Resultados operativos en medio de la presión

La petrolera presume resiliencia en producción y refinación, pero reconoce que los precios internacionales del crudo y el declive natural de varios campos complican el panorama. La producción de líquidos llegó a 1.65 millones de barriles diarios; la de gas natural, a 3,730 millones de pies cúbicos diarios, gracias en parte al empuje del campo Ixachi.

En ingresos, la empresa registró una disminución anual de 11.1%, derivada de menores exportaciones y precios bajos del crudo. Aun así, hubo una mejora de casi 100 mil millones de pesos en resultados netos interanuales.

Coordinación con el Gobierno Federal

La empresa detalla que su Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento se ejecuta junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Energía (SENER), mediante repos, recompras de bonos y aportaciones de capital del Gobierno Federal.

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