Presión empresarial y la narrativa del “mercado cerrado”​

Del otro lado de la frontera, más de 14 mil firmas manufactureras agrupadas en la National Association of Manufacturers (NAM) acusan que las reglas mexicanas han “cerrado” el mercado a productores y distribuidores de energía de Estados Unidos, encarecen proyectos industriales y complican nuevas inversiones. En sus comunicaciones a Washington, estas empresas sostienen que las reformas de 2024 profundizaron los problemas ya señalados en las consultas energéticas de 2022 bajo el acuerdo comercial norteamericano, al fortalecer el papel de la CFE en el despacho y elevar la incertidumbre regulatoria para el capital privado. Para los fabricantes, el acceso a energía confiable y asequible se ha convertido en un obstáculo estratégico, al tiempo que ven con recelo que el rediseño del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) esté guiado por una lógica de planeación estatal que, en su opinión, limita su margen de maniobra.​

Política energética no viola T-MEC afirma Presidenta, ideología y soberanía en disputa​

La reforma constitucional y el paquete de leyes secundarias aprobados entre 2024 y 2025 reconfiguraron el sector eléctrico al devolver a la Comisión Federal de Electricidad un rol predominante en generación y despacho, al tiempo que estrecharon la ventana de entrada para nuevos proyectos privados. Gobiernos y asociaciones de Estados Unidos y Canadá sostienen que este giro favorece estructuralmente a las empresas del Estado mexicano y choca con los compromisos de trato no discriminatorio asumidos en el acuerdo regional, lo que ha detonado consultas y amenazas de escalar a paneles de controversia. Desde Palacio, sin embargo, la respuesta es tajante: las críticas tienen un trasfondo ideológico y político, más que jurídico, y buscan cuestionar un modelo que prioriza la seguridad energética nacional sobre la desregulación plena del mercado.​

En ese mismo tono, el mensaje central se repite como un estribillo calculado: Política energética no viola T-MEC afirma Presidenta, y por tanto no hay marcha atrás ni ventana para renegociar lo ya aprobado en el Congreso mexicano. La narrativa oficial se apoya en la idea de que el tratado reconoce la soberanía de cada país para organizar estratégicamente sectores considerados clave, y que la interpretación extensiva de las reglas comerciales por parte de grupos empresariales sólo busca revertir la apuesta de México por un esquema con mayor peso estatal. Política energética no viola T-MEC afirma Presidenta, insiste el gobierno, mientras advierte que ceder en este punto enviaría una señal de debilidad de cara a la revisión formal del acuerdo prevista para 2026.​

El nuevo mapa de permisos y la lógica de la red​

Bajo el nuevo modelo, ya no es el desarrollador quien decide dónde construir una planta y luego exige capacidad de transmisión, sino que la Secretaría de Energía define las zonas donde hacen falta proyectos y convoca a la inversión privada bajo criterios técnicos. La instrucción es clara: evitar que centrales aisladas saturen nodos frágiles de la red y, al mismo tiempo, orientar la capacidad nueva hacia polos industriales y corredores prioritarios, con la CFE manteniendo el timón del despacho. Para los críticos, esta recentralización de decisiones erosiona la autonomía regulatoria y desalienta proyectos que dependen de certidumbre a largo plazo, mientras que para el gobierno se trata de poner orden allí donde predominaba una expansión descoordinada.​

La autoridad energética también ha endurecido los requisitos técnicos para que las renovables se integren sin desestabilizar el sistema, exigiendo almacenamiento con baterías y esquemas de conexión que mitiguen las variaciones en generación solar y eólica. La apuesta oficial combina un discurso de transición energética con una defensa cerrada del control estatal de la red, en un equilibrio delicado que aún no termina de convencer a inversionistas que miran el reloj de la descarbonización global.​

Regularización de contratos y señales cruzadas a la inversión​

En paralelo, el gobierno avanza en la regularización de viejos contratos de autoabasto, varios de ellos vinculados a grandes consorcios extranjeros que operaban al límite de la legalidad según la lectura de las autoridades mexicanas. La venta del portafolio de plantas de Iberdrola a un nuevo operador se convirtió en caso emblemático: el mensaje fue que, quien quiera seguir en el negocio, debe alinearse al nuevo marco y renegociar bajo las reglas que colocan a la CFE como actor ineludible.​

Mientras tanto, cámaras empresariales y analistas advierten que la combinación de mayor control estatal, reglas cambiantes y tensiones comerciales con socios de Norteamérica puede encarecer el financiamiento y retrasar proyectos clave para aliviar cuellos de botella de transmisión y generación. El gobierno responde que, con planeación centralizada y contratos bien diseñados, México podrá atraer inversiones que acepten jugar bajo estas condiciones, aun cuando parte del capital más impaciente mire hacia otros destinos. En ese pulso se juega no sólo el futuro del sector eléctrico, sino la capacidad del país para aprovechar la relocalización industrial sin ceder el control estratégico de su energía.​

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No en vano la gran cantidad de mercancías y de insumos básicos que provienen de China y de Asia. La electricidad barata para la industria mundial o para el procesamiento de insumos es la ventaja de mayor competitividad que posee China y buena parte Asia, incluido Japón. La electricidad barata en China descansa fundamentalmente en centrales eléctricas que queman carbón mineral, más del 60% de la generación proviene de carboeléctricas y, claro, no importa que no sea limpia la electricidad sino que sea barata. Es así que casi toda Asia se volvió atractiva para los procesos industriales en el mundo.

Históricamente la industria pesada siempre ha seguido los pasos de la generación eléctrica barata del carbón, lo hizo desde su nacimiento en Europa en el siglo XVIII, ahí surgió la era industrial cobijada por la electricidad barata del carbón, luego, la industria se expande a principios del siglo pasado hacia los Estados Unidos y otras partes del mundo, buscando electricidad barata de las carboeléctricas tanto americanas como las del resto del mundo. Finalmente, la mayor migración y concentración industrial se da a finales del siglo XX y principios del XXI en China y Asia gracias al parque eléctrico basado en carbón.

El consumo eléctrico es el Talón de Aquiles de la industria pesada internacional, por lo que siempre está buscando cómo y dónde obtenerla lo más barato posible. Bajo esa perspectiva es que se ha moldeado el sector eléctrico mexicano desde hace poco más de 5 sexenios, pero no a partir combustibles baratos como el carbón, sino de la instauración de esquemas “legales” para pagar lo menos posible por la electricidad consumida, haciendo descansar el costo de operación y del mantenimiento de la infraestructura sobre la empresa Comisión Federal de Electricidad.

En México, desde hace 30 años, el objetivo fundamental ha sido lograr que la industria pesada y los grandes consumidores tengan acceso a la electricidad casi gratis o a un precio muy bajo. Desde Salinas De Gortari, pasando por Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón se fue preparando el escenario jurídico para concretar un esquema que permitiera de forma “aparentemente legal” el acceso a la electricidad casi regalada para los grandes consumidores.

Fue Peña Nieto, en el anterior sexenio, quien cristalizó el sueño del “Dorado Eléctrico” para la industria y los grandes consumidores de electricidad en nuestro país gracias a la Reforma Energética. En 2013 Peña lanza el tinglado legal necesario (Reforma Energética y sus leyes secundarias) para justificar (ocultar) la creación de un opaco mercado eléctrico paralelo que le permite a los grandes consumidores de energía pagar muy poco por su consumo eléctrico.

La figura legal, que abre la puerta a la electricidad casi gratis a los industriales, se llama PERMISO DE AUTOABASTO. En teoría, este esquema permite a los grandes consumidores generar la electricidad que consumen, es decir, que una empresa ahora puede invertir en la construcción de su propia central de generación de electricidad que requiere su fábrica. Sin embargo, esto no ocurre así.

La figura de Autoabasto sería correcta si la empresa colocara la central de generación en el patio de su fábrica o al menos en un predio cercano a la planta, y sin tener que usar ni afectar las Redes Nacionales de Transmisión, pero eso no es así. Lo que realmente ocurre es que los grandes consumidores (clientes) se asociaron con empresas eléctricas privadas (generadores) y simulan sociedades de autoabasto cuando en realidad son clientes directos y proveedores de electricidad. Es así que, estas sociedades cuentan, por un lado, con empresas dueñas de centrales de generación dispersas por toda la república (no están ubicadas cerca de las fábricas de la sociedad) y, por otro lado, con empresas que tienen cientos o miles de unidades o fábricas de alto consumo que también están dispersas por todo el Territorio Nacional, por lo que tienen que utilizar el Sistema Nacional de Transmisión. La reforma Energética permitió, además, que esos permisos de autoabasto pagarán un precio ridículo del porteo de electricidad que fija la Comisión Reguladora de Energía.

Es así que las empresas (clientes) dentro de estas sociedades con Permisos de Autoabasto pagan una cuota muy baja por la electricidad ya que sólo considera el costo de la generación, a pesar de usar las redes de transmisión. Para las empresas de generación también es una enorme ventaja porque sus centrales eléctricas tienen preferencia en el despacho a la red por encima de otros competidores (sobre todo las de CFE).

La sociedad con Permiso de Autoabasto permite que una fábrica que está ubicada en el sur del país obtenga su electricidad de una central de generación que está ubicada en el norte del país porque están en la misma sociedad. Sin embargo, esto no ocurre físicamente en la realidad porque la electricidad generada en el norte del país nunca llega al sur del país, es consumida en la misma región donde es generada o en las que están contiguas de forma inmediata. Por lo que la electricidad que consume la fábrica en el sur del país proviene de otras fuentes de generación ubicadas en esa región sur.

Quien hace frente a las diferencias de precios de la electricidad y los gastos del porteo es la Comisión Federal de Electricidad y todo eso lo realiza con los impuestos de todos los mexicanos. Además, mantener viva (en funcionamiento) una línea de transmisión no es algo simple, debe asegurarse el equilibrio fino entre lo que se consume y lo que se genera y esa parte también la cubre CFE, asegurando la frecuencia de la red y el respaldo en caso de que haya perturbaciones. Esos costos, no son afectados a los Permisos de Autoabasto. Y cuando hay eventos climatológicos como huracanes que destruyen la infraestructura eléctrica, también es la CFE quien tiene que hacer frente al restablecimiento de los circuitos de transmisión, reconstrucción de torres, postes y cables, costos que por lo general tampoco son reconocidos.

La estampida de los grandes consumidores de electricidad (clientes) hacia las sociedades con Permiso de Autoabasto, ya es de más de 77,700 usuarios cautivos, por lo que, aquello de la “libre competencia” es absolutamente falso, ya que nunca se logró el tan prometido “libre mercado”, más bien se creó un grupo VIP monopólico de electricidad, digamos, un club exclusivo privado para los grandes consumidores (clientes) en donde se pagan recibos de electricidad muy bajos. CFE no tiene acceso a ese mercado ni a esos clientes. A CFE se le dejó a los más de 40 millones de pequeños y complicados usuarios que consumen recibos de luz de unos 200 pesos el bimestre, y que no representan la parte sustancial del negocio de la electricidad de nuestro país. Los grandes clientes con facturaciones mensuales de millones de pesos se fueron corriendo a los Permisos de Autoabasto.

Si bien las Redes Nacionales de Transmisión y de Distribución continúan siendo propiedad del Estado, administradas por conducto de CFE, esta última no tiene ninguna autoridad para establecer tarifas de porteo (funciones que hoy están en la CRE) ni tiene autoridad para los procesos de interconexión de nuevas centrales (funciones que hoy recaen en el CENACE). Por lo que la planeación de la Red Nacional de Transmisión es casi imposible, porque depende de dónde se le antoje al CENACE autorizar las interconexiones de nuevas centrales.

Otros de los complementos que se usaron en la Reforma Energética para hacer menos competitiva a CFE es que se fragmentó en 6 empresas subsidiarias que a la larga provocará su debilitamiento. Se fragmentó la división de CFE de comercialización, una parte quedó en EPS Distribución y la otra en EPS Suministro Básico, provocando pérdidas económicas porque se entorpece la cobranza y la recuperación de las pérdidas de energía. Se creó la Filial CFE Calificados, para vender electricidad a los grandes consumidores, pero no dispone de electricidad por lo que termina siendo un intermediario para comprar electricidad a privados para vender también a privados. El esquema de contrato legado que se le impuso a CFE (entre CFE generación y CFE suministro Básico) con precios que no permiten recuperar los costos reales de las centrales eléctricas de CFE. Además, se impuso un sistema de precios que solo considera el costo variable (costo de combustible) y no se incluye los costos fijos (costos de inversión y financiamiento), lo cual provoca que las centrales de CFE no sean despachadas.

La nueva Iniciativa de Reforma Eléctrica del ejecutivo pretende poner orden, terminar con la simulación y corregir las irregularidades antes mencionadas. Por eso ha surgido un encarnizado debate en contra de esa propuesta que pretende acabar con este esquema opaco de Autoabasto, debate liderado principalmente por la COPARMEX (la voz de las empresas), en el que amenazan que si se aprueba la nueva reforma, ocurrirán apagones y se incrementará el precio de la electricidad. Es evidente el terror que tienen las empresas integradas en sociedades de Autoabasto porque sus permisos serán revocados y tendrán que pagar los costos reales por la electricidad que consumen.

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