Pemex planearía fracking para 8 campos

La Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) reportó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 incluye al menos ocho programas vinculados a extracción en yacimientos no convencionales, lo que, en los hechos, implica fractura hidráulica; de ahí que se considere que Pemex planearía fracking para 8 campos. En documentos y comunicados recientes, el término operativo es “yacimientos de geología compleja”, pero la metodología descrita y el destino de recursos remiten a la misma técnica cuestionada por sus impactos en agua, aire y salud.​

Claves presupuestales

Según el análisis citado por AMCF, los programas asociados a infraestructura económica de hidrocarburos (clave K025) sumarían 245 mil 269 millones de pesos, mientras que el gasto programable propuesto para Pemex en 2026 asciende a 517 mil 362.1 millones, sin desglose específico por proyecto, un vacío que impide saber cuánto recibiría cada iniciativa. La ausencia de detalle llevó a la organización a hablar de “retroceso significativo en transparencia” en el sector hidrocarburos y a pedir claridad antes de que el Congreso cierre filas sobre el paquete económico.​

Opacidad y riesgos en disputa

La crítica no se limita a números: AMCF subraya riesgos documentados de la fractura hidráulica en acuíferos y salud pública, desde contaminantes como metales pesados y sustancias radioactivas hasta efectos crónicos respiratorios, neurológicos y reproductivos, incluso a distancia de los pozos. En paralelo, cuestiona la narrativa de considerar al gas “combustible de transición” frente a metas climáticas, cuando las propias asignaciones revelan continuidad de extracción intensiva con impactos acumulados.​

Actores y responsabilidades

En su posicionamiento, la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) exige romper ambigüedades semánticas y hacer público el detalle por programa, mientras Petróleos Mexicanos (Pemex) aparece como el eje operativo de asignaciones sin desglose que reavivan el debate sobre la técnica y la rendición de cuentas. La tensión se mueve entre el plan operativo de la empresa, la responsabilidad fiduciaria del presupuesto y el derecho a saber de comunidades y usuarios de información pública.​

Técnica y eufemismos

En una definición de consenso, fracking refiere a inyectar fluidos a alta presión en formaciones de baja permeabilidad para liberar hidrocarburos como gas o petróleo, práctica que no desaparece si se rebautiza como “estimulación” o “geología compleja”. Por ello, organizaciones piden que los documentos oficiales llamen a las cosas por su nombre y sometan cualquier piloto o escala industrial a evaluación ambiental y a transparencia proactiva.​

Marco de implementación

El debate legislativo sobre el paquete económico debería despejar, al menos, tres dudas: qué proyectos específicos sostienen los montos, qué métricas ambientales y sociales los condicionan y qué calendario de reportes garantizará seguimiento público. En el centro late la misma pregunta de fondo: si el país transitará a eficiencia y reducción de consumo, o si normalizará, otra vez, una técnica de alto impacto tras un cambio de etiqueta.​

El tema en las cámaras

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, la discusión en comisiones y en el pleno será el punto de quiebre para transparentar las partidas vinculadas a yacimientos no convencionales y su eventual ejecución en campo. La claridad —o su ausencia— marcará el tono de la relación entre política energética, compromisos climáticos y confianza pública durante el ciclo fiscal de 2026.

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Iniciativa para modificar el artículo 27 constitucional

La iniciativa plantea adicionar los párrafos VII y VIII al artículo 27, con lo cual se prohibiría tanto al Estado como a particulares realizar actividades de exploración o explotación de yacimientos de hidrocarburos mediante fracking u otros métodos equivalentes.

El proyecto establece que el Estado deberá garantizar el cumplimiento de esta medida y aplicar sanciones en caso de incumplimiento. Además, propone dos artículos transitorios: el primero dispone que la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, mientras que el segundo determina que los contratos vigentes no podrán renovarse una vez vencidos.

Argumentos de la prohibición del fracking en México

Los legisladores explicaron que la propuesta responde a una década de demandas de comunidades indígenas y organizaciones civiles que han denunciado los efectos del fracking en el agua, el suelo y la salud pública.
Según los promotores, la prohibición del fracking en México es necesaria para avanzar hacia un modelo energético sostenible y proteger los recursos naturales.

Advirtieron que esta técnica de extracción requiere enormes cantidades de agua, lo que afecta el suministro en regiones como la frontera norte. En zonas como la Cuenca de Burgos, en Tamaulipas, los recursos hídricos ya presentan niveles críticos de disponibilidad para consumo humano.

Argumentos de la prohibición del fracking en México

Impacto ambiental y escasez de agua

La diputada Olga Juliana Elizondo explicó que el fracking agrava la crisis de agua en zonas donde las reservas son limitadas. Indicó que en la Presa Internacional Falcón, que abastece al Río Bravo, solo queda un 5% de agua disponible para uso doméstico.
Por ello, insistió en que esta práctica representa una amenaza para la agricultura, la ganadería y la salud de las comunidades rurales.

Otros legisladores de Morena señalaron que la iniciativa busca impulsar una transición hacia energías limpias, afirmando que el fracturamiento hidráulico no es viable ni sostenible para México.

Respaldo de comunidades y organizaciones civiles

El proyecto cuenta con el apoyo de integrantes de comunidades indígenas y de la Alianza Mexicana contra el Fracking, quienes han pedido al Congreso aprobar la reforma.
Argumentan que los daños ambientales provocados por esta técnica afectan directamente los ecosistemas, contaminan el aire y deterioran la calidad del agua.

De aprobarse, la prohibición del fracking en México representaría un paso importante en la defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas por actividades extractivas.

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