En este tablero, Chevron, ExxonMobil y BP encabezan el grupo de compañías que han empezado a alzar la mano en las conversaciones con el gobierno federal para recuperar terreno en aguas someras mexicanas. La ruta pasa por proyectos asociados con Petróleos Mexicanos (PEMEX), donde se combinan infraestructura existente, experiencia operativa y capital privado dispuesto a asumir riesgos que la empresa productiva del Estado batallaría para asumir.​

Las propuestas se arman en torno a varios campos con potencial individual de entre 22 mil y 50 mil barriles diarios, que en conjunto rozarían los 200 mil barriles por día, una cifra que se coloca a la altura de lo previsto para el megayacimiento Zama. La meta es sencilla de enunciar y difícil de ejecutar: frenar la caída de la producción nacional en los próximos años, sin desmontar el  soberanía energética que marca la política mexicana.​

El papel de la Secretaría de Energía (SENER) y de Luz Elena González Escobar

El punto de cruce entre los intereses empresariales y las decisiones de Estado está en la Secretaría de Energía (SENER), convertida en filtro de los proyectos que buscan espacio en la estrategia de producción a mediano plazo. Las petroleras han presentado sus propuestas a la titular de la dependencia, Luz Elena González Escobar, quien revisa junto con su equipo los alcances técnicos y fiscales de los paquetes planteados para aguas someras y campos marinos estratégicos.​

En la práctica, Sener funge como árbitro: define qué proyectos entran, bajo qué condiciones y con qué tipo de contrato se amarrarán las operaciones con Pemex. El margen de maniobra no es amplio, porque cada decisión se lee también en clave política dentro y fuera del sector energético.​

Contratos, riesgos y lecciones de la primera ronda

La primera ronda de contratos mixtos de la actual administración dejó un sabor áspero en el mercado: solo cinco contratos adjudicados y una expectativa de unos 40 mil barriles diarios, muy lejos de la meta de 1.8 millones de barriles por día que se persigue en el discurso oficial. Los proyectos se quedaron en manos de firmas de menor tamaño y las grandes compañías mantuvieron distancia, en buena medida por esquemas donde no tendrían control operativo y debían ceder la conducción técnica a Pemex.​

El nuevo paquete que se discute con compañías como Chevron Corporation retoma esas lecciones y busca ofrecer proyectos de mayor escala, márgenes más claros y un reparto de riesgos menos inclinado hacia el socio privado. Aun así, el diseño final de los contratos —ya sea licencias, producción compartida, utilidad compartida o servicios— seguirá marcando quién se anima a entrar y quién prefiere seguir mirando desde fuera.​

Empresas mexicanas, aguas someras y una ventana de tiempo corta

Las grandes petroleras no serían las únicas en jugar: empresas mexicanas como Diavaz, Opex y Jaguar levantan la mano para sumarse a los proyectos y compartir tareas de operación y desarrollo de campos. El objetivo es que esa mezcla de actores permita aprovechar la infraestructura ya instalada por Pemex en zonas marinas, recortar tiempos de puesta en marcha y reducir costos en la fase de producción.​

La ventana de tiempo es corta. El gobierno busca que una parte de estos proyectos empiece a reflejarse en cifras antes de 2027, año en el que se ha prometido reducir la dependencia de Pemex respecto del apoyo financiero de la Secretaría de Hacienda. Si los acuerdos se concretan, el regreso de las grandes petroleras a México no solo cambiará la foto del sector, también tensará el debate sobre hasta dónde se abre la puerta a los corporativos en un país donde el petróleo sigue pesando en la memoria colectiva.​

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Los representantes de Chevron mantuvieron en los últimos meses al menos una reunión de alto nivel con diplomáticos estadounidenses, junto con enviados de la oposición venezolana, según dos de las fuentes, quienes describieron como un hito en los esfuerzos de cabildeo que ha hecho la compañía, durante un año, para obtener un cambio en su licencia para operar en Venezuela.

No se llegó a ninguna decisión, dijeron dos fuentes en Washington que declinaron ser identificadas, y sigue sin estar claro el calendario para una nueva revisión.

Chevron quiere que Washington restablezca los privilegios comerciales que disfrutó durante un tiempo bajo la administración del ex presidente Donald Trump. A la compañía y a otros productores extranjeros se les permitió producir y exportar petróleo en Venezuela para recuperar los dividendos y la deuda de las empresas mixtas con la estatal PDVSA.

Ese acuerdo, que hasta mediados de 2020 permitía a Chevron comercializar entre 1 y 2 millones de barriles mensuales de crudo venezolano, fue suspendido bajo la campaña de «máxima presión» de Trump.

La estrategia tuvo un gran impacto en los envíos de petróleo de Venezuela, pero recientemente no ha logrado bloquear la llegada de los ingresos por exportaciones de crudo a la administración de Nicolás Maduro, por lo que se ha registrado un rebote de las ventas externas de hidrocarburos.

«El gobierno de Biden tiene cada vez más incentivos para aliviar las sanciones a Venezuela después de la estrategia fallida de Trump», dijo una de las fuentes familiarizadas con las reuniones. «Uno de los más importantes es llevar algo a la mesa de negociación» con Maduro, dijo una de las fuentes.

Venezuela debe cientos de millones de dólares a Chevron, la última petrolera estadounidense con personal en el país, por la operación de sus empresas mixtas.

«Es una práctica habitual reunirse con funcionarios del gobierno de Estados Unidos para ofrecer perspectivas sobre temas energéticos importantes para la compañía», dijo el portavoz de Chevron, Ray Fohr, en respuesta a preguntas sobre el cabildeo de la empresa.

Chevron está «comprometida con la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y sus familias, la integridad de los activos de nuestras empresas mixtas y los programas sociales y humanitarios de la compañía», añadió.

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