El Gobierno federal activó un mecanismo que cambia las reglas del juego para quienes venden gasolina, diésel o combustóleo en México. A partir del 24 de abril de 2026, toda estación de servicio y comercializador deberá incorporar el “Complemento Concepto para la Facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos” dentro de su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Sin ese complemento, no hay factura. Sin factura, no hay operación legal.

La medida fue anunciada el 27 de marzo mediante un comunicado conjunto del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Nacional de Energía (CNE). El objetivo es directo: rastrear cada transacción de combustible desde el origen hasta el consumidor final.

El SAT combustibles ilegales: de la denuncia al bloqueo fiscal

Durante años, el huachicol y el contrabando técnico de gasolinas operaron con relativa impunidad porque no existía un mecanismo que cruzara permisos, facturas y volúmenes vendidos en tiempo real. Con esta medida, el SAT combustibles ilegales los deja sin salida: si el permisionario no tiene una autorización vigente ante la CNE, el sistema simplemente no le permite emitir un CFDI por hidrocarburos.

El combate al mercado ilícito de combustibles avanza así desde la persecución reactiva hacia la prevención estructural. No se trata de operativos ni decomisos —aunque esos seguirán—, sino de cortar el acceso a la economía formal a quienes operan fuera de la ley.

¿Qué deben hacer las gasolineras?

Las personas físicas y morales con permisos de comercialización tienen hasta el 24 de abril para verificar que sus autorizaciones estén vigentes. La CNE habilitó el portal cne.gob.mx/Permisos para que cualquier permisionario consulte su estatus sin trámites adicionales.

Quienes no regularicen su situación antes de la fecha límite quedarán bloqueados para emitir comprobantes fiscales de hidrocarburos, lo que paraliza sus ventas en el circuito legal. La Secretaría de Energía detalló que la medida aplica para gasolina regular, premium y diésel en todo el territorio nacional.

Sheinbaum y la trazabilidad como política energética

El nuevo complemento CFDI se integra a la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca garantizar la trazabilidad completa en la cadena de comercialización de combustibles. El proyecto fue desarrollado de forma coordinada entre el SAT, la Sener, la CNE y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Petróleos Mexicanos (PEMEX), como principal productor y distribuidor de hidrocarburos en el país, queda directamente involucrado en el ecosistema de trazabilidad que este mecanismo construye. La empresa productiva del Estado deberá alinearse con los nuevos requisitos de facturación electrónica para todas las transacciones que involucren la Secretaría de Energía y Pemex como actores de la cadena de suministro.

El Gobierno federal subrayó que la iniciativa busca condiciones de competencia justa para los operadores que sí cumplen con la ley, al tiempo que protege a los consumidores sobre el origen de los productos que cargan en cada tanque.

El combate al mercado ilícito de combustibles no termina aquí: las autoridades advirtieron que el incumplimiento conlleva la imposibilidad de operar, no solo una multa.

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CNA niega permiso a New Fortress: el fallo que frena una expansión clave

De acuerdo con documentos en poder de Forbes México, la CNE determinó que la empresa incumplió requisitos esenciales para operar el ducto, impidiendo con ello el servicio de transporte de gas natural hasta que obtenga una nueva autorización.

“México FLNG Onshore no podrá prestar el servicio de transporte por ducto de gas natural hasta que cuente con el permiso correspondiente”, afirmó Gilberto Lepe Sáenz, titular de la Unidad de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (SENER).

El funcionario precisó que la compañía aún puede presentar una nueva solicitud acompañada del pago correspondiente, aunque el proceso deberá subsanar los errores que derivaron en la negativa.

Un compromiso de inversión que pierde ritmo

En junio de 2022, durante una reunión entre el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y 16 directivos del sector energético de Estados Unidos, Wes Edens, fundador de New Fortress Energy, anunció una inversión estimada en tres mil millones de dólares para el desarrollo de infraestructura de gas natural en México.

De esa promesa surgieron tres proyectos, entre ellos el de Altamira, Tamaulipas, donde New Fortress Energy FLGN Altamira planea construir una planta de licuefacción de gas natural flotante en aguas del Golfo de México, a unos 15 kilómetros de la costa.

La iniciativa forma parte del ambicioso plan de la empresa estadounidense para fortalecer el suministro de gas natural licuado hacia Europa y Asia.

Los detalles técnicos que costaron el permiso

El expediente técnico presentado por México FLNG Onshore ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el 2 de agosto de 2024, describe un ducto de 10 kilómetros de longitud y una capacidad inicial de 235 millones de pies cúbicos estándar por día, ampliable a 705 millones.

Sin embargo, los reguladores detectaron discrepancias sustanciales en la longitud del ducto entre distintos documentos, lo que comprometió la consistencia técnica de la propuesta.

“La solicitante presenta discrepancias en esta variable fundamental, lo cual compromete la integridad y consistencia de la información técnica evaluada”, señala el dictamen.

De acuerdo con la CNE, la falta de uniformidad en las medidas del ducto impide una evaluación confiable sobre su alcance operativo y los riesgos asociados al transporte de gas natural.

“En consecuencia, omite cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable”, concluye la resolución.

El papel de las filiales y la relación con CFE

El proyecto New Fortress Energy FLGN Altamira está respaldado por FLNG Global Production Co. Limited y NFE International Holding Limited, ambas fundadas por Chris Guinta, exdirector financiero de la compañía estadounidense. Estas firmas se asociaron con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para desarrollar la planta flotante de licuefacción frente a las costas de Tamaulipas.

A pesar de la negativa, la red corporativa de New Fortress Energy mantiene operaciones activas en Baja California Sur, Tamaulipas y Veracruz, lo que demuestra su interés sostenido en consolidar una ruta energética estratégica dentro del país.

Para más información sobre las operaciones globales de la compañía, consulta New Fortress Energy y su proyecto New Fortress Energy FLGN Altamira.

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El mensaje es firme: IMCO: Inversiones mixtas clave con reglas claras se convierte en la base de cualquier estrategia de modernización del sector. Con un marco regulatorio definido, los proyectos de generación eléctrica podrán articularse entre actores estatales y privados.

La expectativa del Sistema Eléctrico mexicano

Los inversionistas se mantienen atentos al cierre del proceso regulatorio derivado de la reforma energética aprobada durante la anterior administración. De acuerdo con el IMCO, las disposiciones finales que implemente la Comisión Nacional de Energía (CNE) determinarán los márgenes de participación privada dentro del sistema eléctrico del país.

Estas reglas, señala el organismo, deben garantizar condiciones certeras que fortalezcan la seguridad jurídica y eviten distorsiones de mercado. La claridad será esencial para que las inversiones mixtas se integren en la planeación de proyectos y en los esquemas de financiamiento público de largo plazo.

Transparencia y competitividad bajo un nuevo modelo

El IMCO ha enfatizado que la confianza del sector privado depende de la transparencia en los procesos operativos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los contratos y mecanismos de financiamiento requieren visibilidad total, especialmente en proyectos donde los recursos estatales y privados se entrelazan.

En este sentido, IMCO: Inversiones mixtas clave con reglas claras cobra una nueva relevancia: sus reglas no sólo estructuran la inversión, sino que redefinen la colaboración energética nacional. La competitividad del sistema deberá medirse no sólo en términos de costo, sino también por la calidad de las sinergias entre socios públicos y privados.

Energías limpias y metas regulatorias al 2030

El anteproyecto del Programa Sectorial de Energía 2025–2030 (Prosener) perfila un escenario donde el 96% de las inversiones privadas se dirijan a tecnologías renovables, especialmente solar y eólica. El documento establece que México buscará elevar la participación de energías limpias al 38% del total nacional, aunque en 2024 alcanzó apenas 24.32%.

Para el IMCO, la alineación de estos objetivos con las nuevas reglas del sistema eléctrico será determinante. El reto implica equilibrar los esfuerzos del Estado —que conservará más del 54% de la generación eléctrica— con los proyectos privados destinados a expandir la capacidad instalada y garantizar suministro eficiente.

Hacia un modelo energético competitivo y sostenible

El nuevo esquema quiere dejar atrás la visión que concentraba el control total en la empresa estatal. Con la incorporación de productores independientes, modelos de autoabasto y contratos de largo plazo, México podría agregar hasta 9.550 MegaWatts mediante una inversión privada superior a 9.000 millones de dólares hacia 2030.

La administración actual apuesta por un equilibrio entre desarrollo industrial, energías limpias y soberanía energética. Sin embargo, el IMCO advierte que el verdadero paso hacia la competitividad será mantener abiertas las puertas a las inversiones mixtas bajo reglas claras, transparentes y sostenibles.

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Falta de regulación afecta sector energético nacional

El pasado viernes venció el plazo para que la Secretaría de Energía publicara los reglamentos de leyes relacionadas con electricidad, hidrocarburos, transición energética, biocombustibles y geotermia. Sin embargo, los documentos no se han dado a conocer, lo que mantiene paralizados múltiples proyectos. Para Beatriz Marcelino, CEO de Grupo CIITA, la falta de regulación afecta sector energético nacional al punto de detener más de 50 proyectos. Entre ellos se incluyen iniciativas de transporte de combustibles, comercialización y generación eléctrica de autoconsumo. Susana Carzola, consultora, advirtió que esta omisión se suma a la caída sostenida de la inversión fija bruta. “La ausencia de reglas claras genera incertidumbre y limita la planeación de largo plazo”, señaló.

Empresas detenidas ante la incertidumbre

Los empresarios temen iniciar construcciones sin certeza de que la Comisión Nacional de Energía otorgue permisos, un problema que ya se había vivido anteriormente con la Comisión Reguladora de Energía, cuya discrecionalidad generó controversias en el sector.

Contradicciones en las nuevas leyes

Las reformas recientes a las leyes de hidrocarburos y electricidad plantean un modelo más centralizado en beneficio de las empresas públicas. No obstante, los reglamentos vigentes aún responden a un esquema anterior, lo que genera un vacío operativo.

Uno de los conceptos más polémicos es la “planeación vinculante”. Al carecer de definición precisa, los criterios para otorgar permisos de almacenamiento o generación superior a 20 megawatts permanecen indefinidos. En algunos casos, incluso se aceptan solicitudes a pesar de que la ley lo prohíbe sin reglamento, lo que refleja discrecionalidad en la aplicación de la política energética.

El impacto económico inmediato

La falta de regulación afecta sector energético nacional sume en la incertidumbre regulatoria ya tiene consecuencias medibles: la inversión fija bruta cayó 3.5% anual en el primer trimestre. Este descenso, explican analistas, está directamente relacionado con el freno en proyectos energéticos que requieren certeza jurídica y financiera para su desarrollo.

Un plan con luces y sombras

El Plan Nacional de Energía de la presidenta Claudia Sheinbaum busca fortalecer la soberanía energética, con 54% de la participación para la CFE y 46% para el sector privado. Dentro de esta última franja, se prevé que entre 6,000 y 9,000 megavatios provengan de fuentes renovables.

Para sostener este esquema se destinarán 7,500 millones de dólares en redes de transmisión. No obstante, los especialistas advierten que sin reglamentos claros será difícil que el sector privado participe en los plazos establecidos.

Obstáculos al desarrollo y la soberanía

La falta de regulación afecta sector energético nacional no solo como un problema legal, sino como un freno directo a la transición energética y al crecimiento económico. El sector aguarda la publicación de las leyes secundarias previstas para febrero, que serán decisivas para recuperar confianza, detonar inversiones y definir el rumbo de la política energética en México.

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Roberto Díaz de León, empresario potosino y expresidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (ONEXPO), explicó que la falta de infraestructura limita el acceso de los consumidores y fomenta la operación de mercados informales o poco confiables en áreas desatendidas.

De acuerdo con estudios realizados por ONEXPO, se requiere al menos una gasolinera por cada 10 mil habitantes. Esto implica la necesidad de planear nuevas estaciones con base en análisis que consideren el número de personas, vehículos y el crecimiento urbano.

El empresario también señaló que es urgente reactivar la inversión en transporte y distribución de combustibles. Para lograrlo, se necesita facilitar la entrega de permisos en toda la cadena de valor energética, desde el almacenamiento hasta la comercialización.

Actualmente, uno de los principales obstáculos para ampliar la infraestructura es la complejidad en los trámites. La transición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) hacia la nueva Comisión Nacional de Energía (CNE) ha generado incertidumbre, pero también se espera que la experiencia de los nuevos funcionarios permita agilizar los procesos pendientes.

Se estima que hay más de 2 mil trámites en espera, no solo para abrir nuevas estaciones, sino también relacionados con transporte, distribución y otras áreas del sector energético. La agilización de estos procesos es vista como clave para responder a la demanda creciente y mejorar la calidad del servicio en todo el país.

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La CNE tendrá a su cargo la regulación, supervisión, verificación y otorgamiento de permisos en las cadenas de valor del gas natural, gas LP, petrolíferos, petroquímicos y electricidad. Su creación busca reducir la burocracia, agilizar trámites y evitar duplicidades regulatorias.

Este nuevo organismo operará con independencia técnica y operativa, pero alineado a la política energética nacional. Entre sus funciones destacarán el cálculo de tarifas, la evaluación de contraprestaciones y la imposición de sanciones ante irregularidades en el sector.

La Comisión será dirigida por Juan Carlos Solís Ávila, doctor en Ingeniería en Energía por la UNAM y exfuncionario de alto nivel en la SENER. Estará acompañado por un Comité Técnico colegiado encargado de aprobar los actos jurídicos y administrativos del órgano.

Dicho comité incluirá a funcionarios de la SENER, directivos de la CNE y tres jóvenes especialistas: María Elena Huesca Pérez, ingeniera ambiental; Diego Marie Phillippe Chatellier Lorentzen, matemático e ingeniero energético; y Lissette Mendoza Barrón, física con formación en derecho energético.

Con esta medida, el gobierno busca una regulación energética más técnica, transparente y eficiente, con enfoque en soberanía y transición energética.

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