El gobierno inhibe la competencia en el mercado gasolinero a través del condicionamiento y el retraso en el otorgamiento de permisos de importación, transporte, comercialización y expendio de combustible afirmó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

El Pleno del regulador en competencia económica emitió una opinión dirigida a estas autoridades responsables de otorgar permisos a particulares a partir de los cambios legales del 2014. Además, recomendó a la Secretaría de Economía (SE) emitir a la brevedad una directriz para eliminar los obstáculos regulatorios para la instalación y operación de más gasolineras a nivel local.

En su análisis, la Cofece detalló que en el mercado mayorista de combustibles Pemex sigue siendo el principal oferente al suministrar 87 por ciento de gasolina que se consume en el país. “Esto es reflejo, en parte, de la insuficiente infraestructura de almacenamiento y transporte, y de la falta de incentivos para su desarrollo dada la incertidumbre que existe sobre la obtención y sostenimiento de los permisos de importación y de expendio al público”, expresó la Cofece.

Por tanto, consideraron que el otorgamiento de permisos de importación, que es atribución de la Secretaría de Energía, no debe limitarse u obstaculizarse puesto que la naturaleza de un régimen de permisos no es limitar el número de estos, sino únicamente someter la participación en una actividad a ciertos requisitos de seguridad.

Cabe recordar que a finales de junio, los Fabricantes Americanos de Combustibles y Petroquímicos (AFPM, por su sigla en inglés) denunciaron a las autoridades energéticas mexicanas en una misiva enviada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, refiriendo la negativa de las autoridades por mantener las condiciones con las cuales los inversionistas llegaron a México tras la reforma energética.

La AFPM, que representa a casi todas las refinerías y plantas de transformación petroquímica del país vecino del norte y en conjunto generan 3.5 millones de empleos, aseguró entonces que existe un riesgo para los planes de las empresas que llegaron a México en un contexto de inversiones seguras, que “cada vez son más inciertas”.

Más requisitos

Según el análisis de la Cofece, desde febrero de 2019 los interesados en obtener permisos de importación deben señalar los medios por los que van a importar y la ubicación física de las instalaciones o equipos de almacenamiento. Este requisito no estaba planteado inicialmente en la regulación y dificulta la entrada de participantes, justamente porque la infraestructura está en construcción.

Por otro lado, la falta de capacidad de almacenamiento de los particulares consecuencia de la inexistencia de permisos de importación que la motiven, y la falta de estos ante la ausencia de infraestructura para respaldarlos, retrasa tanto el desarrollo de un mercado mayorista competido como el del mercado secundario de capacidad de almacenamiento pues, aunque hubiera capacidad no utilizada, no habría agentes económicos con permisos disponibles para contratarla.

Los tiempos de resolución a las solicitudes de permisos para el expendio al público se han duplicado, y existen más de 200 casos sin resolución, explicó la Cofece.

Antes del 31 de enero de 2019 (fecha en la que el órgano de gobierno de la CRE dejó de sesionar por las renuncias de los funcionarios de la administración anterior), el tiempo de expedición de un permiso de expendio de gasolinas era prácticamente el mismo para todos los solicitantes, de 21 días hábiles. A partir de los cambios en el órgano de gobierno de la CRE, el número de días que se toma la resolución de un permiso es de 66 días para negocios asociados a Pemex y de 84 para terceros.

El cargo Cofese acusa que entorpecen competencia en gasolinas apareció primero en Energía y Ecología.

El 15 de mayo, la Secretaría de Energía manifestó en el Diario Oficial de la Federación la política de confiabilidad que busca privilegiar el uso de las energía con combustibles fósiles. Está suspendida tras la presentación de una controversia constitucional por parte de la Cofece, los estados afectados han apurado distintas estrategias.

Tamaulipas, Jalisco y Colima siguieron a la Cofece al presentar controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia. Ofelia Garza, presidenta del Clúster de Tamaulipas, dijo que en la entidad podrían verse afectados 11  parques eólicos en operación y 4 que están en construcción.

Comentó que los proyectos eólicos que iniciaron en 2020 contemplan un desarrollo durante las próximas dos décadas. “Pero con todos estos cambios en las reglas del juego estamos viendo la manera en la que darle continuidad, ya que toda esta energía renovable nos permite ser competitivos”, afirmo.

“Tenemos una inversión en desarrollo de mil 200 millones de dólares y dejar esa inversión parada no sería justo”. Tamaulipas ha buscado dar apoyo  a las compañías que tienen proyectos en la entidad y proteger las inversiones a través de  recursos legales, pero no descartan el diálogo con las autoridades federales.

En Nuevo León, César Cadena, presidente del Clúster de Energía de la entidad,expresó que cuentan con un aparato legal conformado por cinco despachos, los cuales dieron asesoría a las empresas para defender los proyectos que tienen ya en desarrollo.

“No quedaban más que los amparos, que se han ganado en buena forma, es una lástima tener que ir a la parte legal, pero no hay un lugar de negociación con las autoridades”,apuntó.

El presidente del Clúster de Oaxaca, Luis Calderón, declaró que ese estado tiene un potencial de desarrollar hasta 5 mil megawatts de energías renovables, principalmente eólicos, los cuales encuentran dificultades para consolidarse. ” Es una zona que ha promovido las renovables y las empresas ya tenía un ruta donde participaban con las comunidades”, señaló.

“Ahora esa dinámica se ve desfavorecida por la nueva política energética y hay otro problema que es la capacidad de desahogar la energía (por falta de líneas de transmisión), porque aunque se tengan los planes o desarrollo no es posible”.

Puebla tiene 7 proyectos renovables en desarrollo, con una inversión estimada de mil 500 millones de dólares, los cuales continúan luego que las autoridades estatales dieron garantías, reiteró Rodrigo Osorio, director de la recién creada Agencia de Energía. “Nosotros tenemos un cambio de estrategia en el que nos gustaría seguir desarrollando la matriz energética para ser un estado más eficiente y reducir costos”, aseguró  .

“Por eso buscamos mantener una armonía con el Gobierno. No hemos presentado algún amparo como estado, más bien buscamos llegar a un acuerdo”. Samuel Rivero, presidente del Clúster de Energía de Querétaro, dijo que siguen difundiendo los beneficios que tienen las energías renovables, pese a los cambios regulatorios.

“Tenemos que buscar las oportunidades que haya en el mercado, independientemente de los cambios que haya a nivel regulatorio o nivel federal”, apuntó.

El cargo Tamaulipas, Puebla, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y Tabasco protegerán inversiones de energías renovables apareció primero en Energía y Ecología.

La política de confiabilidad “afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector”, dice la comisión dirigida por Alejandra Palacios en un una nota informativa.

Ante esta política, distintos representantes de la industria interpusieron amparos y recibieron suspensiones, logrando la suspensión definitiva y de alcance general para toda la industria del país bajo el argumento de protección de la salud de las personas.

Posteriormente, por conducto de la CFE, la Secretaría de Energía aseguró que presentará ante el Poder Judicial la motivación y fundamentos de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, ante la suspensión otorgada por un Juzgado, en respuesta al legítimo derecho de amparo de terceros.

Luego de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpusiera dicha controversia, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, publicó en su cuenta de Twitter que la confiabilidad de la red está por encima de cualquier interés económico en esta administración.

“La confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional está por encima de cualquier interés económico público o privado y se considera estratégico”.

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