Moody’s pone a CFE y ocho bancos en el límite del grado de inversión después de reducir la calificación soberana de México de Baa2 a Baa3, el peldaño más bajo antes de caer a categoría especulativa. La decisión arrastra consigo a la Comisión Federal de Electricidad y a las instituciones financieras más grandes del país, en un movimiento que reordena el mapa de riesgo de la economía mexicana.

La agencia cambió simultáneamente la perspectiva de negativa a estable, lo que indica que no anticipa más recortes inmediatos, siempre que no haya nuevos choques en las finanzas públicas.

La CFE: fortaleza operativa, talón de Aquiles fiscal

La deuda senior no garantizada en moneda extranjera de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) bajó de Baa2 a Baa3. Moody’s mantuvo su evaluación crediticia base en ba3, reconociendo que la empresa conserva músculo operativo, pero señala que ese músculo está atado a la salud financiera del gobierno federal.

El vínculo entre la CFE y el soberano es el problema de fondo. Cada peso que el gobierno destina a sostener a la empresa presiona la deuda pública; cada deterioro fiscal se traslada directamente a la calificación de la paraestatal. Moody’s pone a CFE y ocho bancos en el límite precisamente porque ese cordón umbilical no tiene señales de cortarse.

En términos prácticos, la empresa seguirá consiguiendo financiamiento en mercados internacionales, pero a un costo más alto y con menos margen de maniobra.

Los ocho bancos que bajaron un escalón

La rebaja alcanzó a las principales instituciones financieras del país. BBVA México y Santander México figuran entre los ocho bancos afectados, junto con Citibanamex, Banorte, HSBC México, Scotiabank México, Inbursa y Banco Regional.

La lógica de la agencia es directa: el riesgo de los bancos está amarrado al riesgo del país. La calidad de su cartera, la capacidad del gobierno para sostener al sistema financiero y la exposición a deuda soberana y paraestatal determinan su calificación tanto como sus propios balances.

El recorte es de un escalón en las notas de emisor o deuda en moneda extranjera. No los saca del grado de inversión, pero estrecha el margen antes de que eso ocurra.

Qué cambia para los bancos

El fondeo internacional se encarece de forma moderada. La sensibilidad del sistema bancario a cualquier deterioro adicional en las finanzas públicas sube. Los inversionistas institucionales que tienen límites para mantener posiciones en emisores cerca del grado especulativo empezarán a mirar con mayor atención.

Lo que dice Moody’s sobre México

La agencia cita tres factores para el recorte soberano: deterioro de la posición fiscal, presiones de gasto crecientes —incluidos los apoyos a CFE y Pemex— y debilidad en los marcos institucionales y de política pública.

El cambio a perspectiva estable es una señal de pausa, no de alivio. Moody’s acota que el margen para errores en política fiscal y energética es escaso. Cualquier caída de ingresos, recesión o crisis en el sector energético puede traducirse en mayor deuda o en recortes de gasto que vuelvan a tensar las calificaciones.

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Un país que camina con el freno de mano puesto

Lo energético merma crecimiento del país advierte Fitch Ratings cada vez que revisa la calificación de México y se topa con el mismo muro: un sector petrolero y eléctrico que exige recursos constantes del presupuesto, pero que no obtiene el impulso que se espera. Petróleos Mexicanos (Pemex) aparece en el centro de esa tensión, con deuda alta, proyectos costosos y una producción que ya no cubre con holgura las expectativas fiscales de hace una década. Cada peso que Hacienda destina a sostener a la empresa del Estado mexicano es un peso menos para infraestructura, innovación y políticas industriales que podrían disparar nuevas ramas productivas. La situación se vuelve peor al considerar que Pemex se supone es el motor del país, el encargado de poner los recursos para todo ello.

CFE, respaldada por el Estado, pero a qué costo

En el lado eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se mantiene como columna vertebral del sistema, con respaldo irrestricto del gobierno y calificaciones que incorporan la idea de que el Estado no la dejará caer. Ese soporte, sin embargo, no es gratis. Requiere transferencias periódicas, garantías y decisiones de inversión que muchas veces siguen criterios políticos. La expansión de la red, la modernización de plantas y la entrada de más renovables compiten con la necesidad de mantener tarifas contenidas para hogares y empresas, un equilibrio que suele resolverse con más presión sobre las finanzas públicas.

Regulación concentrada y señales confusas para los inversores

El diseño institucional actual refuerza el papel del Estado como árbitro y jugador al mismo tiempo. La Secretaría de Energía (SENER) concentra facultades que antes estaban repartidas entre órganos reguladores con mayor autonomía, lo que envía señales contradictorias a los inversionistas privados. Autorizaciones que tardan, cambios de criterio sobre contratos y ajustes en reglas del mercado eléctrico hacen que las empresas duden en comprometer capital a 20 o 30 años. El resultado es una inversión privada que llega a cuentagotas, sobre todo en proyectos renovables y de infraestructura de transmisión.

Efecto dominó en empleo, industria y nearshoring

Cuando la energía se vuelve un factor incierto, la industria resiente el golpe. Costos eléctricos menos competitivos, dudas sobre la estabilidad del suministro y cuellos de botella en gas y líneas de transmisión pesan en las decisiones de plantas manufactureras que miran a México como posible destino de nearshoring. Algunos proyectos llegan, otros se quedan a medio camino o migran a lugares donde la combinación de tarifas, regulación y seguridad del suministro luce más clara. Lo energético merma crecimiento del país advierte Fitch Ratings también por esa vía: fábricas que no se instalan, empleos que no se crean y cadenas de valor que toman otros rumbos.

Un modelo que requiere ajustes según Fitch Ratings

La apuesta por un modelo eminentemente estatal en petróleo y electricidad responde a una idea clara de soberanía y control. Pero ese diseño choca con la necesidad de capital fresco, tecnología y velocidad de ejecución que suele aportar la inversión privada. El presupuesto intenta cubrirlo todo: rescatar a la petrolera, sostener a la empresa eléctrica, extender redes, subsidiar tarifas y, al mismo tiempo, cumplir metas de déficit acotado. En esa tensión se diluye el margen para que la energía sea un motor de desarrollo y no un peso que arrastra al resto de la economía. El reto no es menor: desmontar inercias sin provocar un apagón financiero ni energético.

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El documento, enviado el 12 de noviembre, reconoce que el robo de hidrocarburos —incluido el huachicol fiscal— sigue golpeando a la empresa con una fuerza que se mantiene en niveles críticos. Pinta la situación energética del país tal como es: difícil, entre fuego cruzado de grupos criminales, viejas prácticas internas que se niegan a morir y un mercado ilícito cada vez más sofisticado.

Pemex reconoce riesgos ante SEC en materia de seguridad

El informe describe cómo el robo, la desviación y la manipulación de combustibles continúan afectando a la red de oleoductos de la petrolera a pesar de los certeros golpes que ha recibido. La empresa detalla también incendios, explosiones, afectaciones ambientales y pérdidas humanas ocasionadas por estas actividades, que también representan una merma considerable de ingresos a pesar de las acciones correctivas que buscan recuperar la paraestatal del abandono en que estaba.
En sus párrafos más extensos, Pemex reconoce riesgos ante SEC vinculados a estas actividades y advierte que los resultados de las acciones coordinadas con el Gobierno Federal han logrado ciertas mejorar puntuales, pero que deben sostenerse para que se perciba la mejoría.

En 2024 se detectaron 11,774 tomas clandestinas. Un año antes, 14,890. La petrolera admite que algunos empleados o funcionarios podrían verse involucrados o percibirse como parte del mercado ilícito. La frase queda ahí, mostrando una sustancial mejoría pero que debe seguirse notando.

Un entorno delictivo que no se rinde

La empresa contextualiza el fenómeno dentro de un país que ha experimentado experimenta“mayor actividad delictiva” en los últimos años, derivada de cárteles y organizaciones vinculadas al narcotráfico. La presencia de un mercado ilegal de combustibles añade otra capa al problema: interrumpe operaciones, compromete la seguridad del personal y amenaza la logística. La actividad delictiva es prevalente, persistente y podría agravarse si los esfuerzos se suspenden.

Reformas constitucionales y su impacto

Pemex advierte que la capacidad del Congreso para modificar la Constitución podría traducirse en cambios profundos en la política energética y en su operación diaria. Señala que la concentración del poder político podría tener consecuencias adversas para sus finanzas, su capacidad operativa y su manejo de deuda.

Además, expresa preocupación por eventuales modificaciones al régimen cambiario. Aunque el Gobierno de México no impone actualmente restricciones, la empresa recuerda que en el pasado sí existieron controles y que cualquier regreso a ese esquema dificultaría el pago de deuda denominada en moneda extranjera.

Presión financiera constante

La deuda sigue siendo la piedra más pesada en los hombros de Pemex. Con 100.3 mil millones de dólares al cierre de septiembre de 2025, más líneas de crédito abiertas y un calendario exigente de vencimientos, la empresa admite que su operación depende en gran medida del financiamiento y del apoyo gubernamental.

Describe un flujo operativo insuficiente para cubrir inversiones y gastos, lo que ha obligado a recurrir a financiamientos adicionales y medidas de eficiencia. Incluso con apoyo fiscal y recompras de bonos, el margen de maniobra sigue siendo estrecho.

Resultados operativos en medio de la presión

La petrolera presume resiliencia en producción y refinación, pero reconoce que los precios internacionales del crudo y el declive natural de varios campos complican el panorama. La producción de líquidos llegó a 1.65 millones de barriles diarios; la de gas natural, a 3,730 millones de pies cúbicos diarios, gracias en parte al empuje del campo Ixachi.

En ingresos, la empresa registró una disminución anual de 11.1%, derivada de menores exportaciones y precios bajos del crudo. Aun así, hubo una mejora de casi 100 mil millones de pesos en resultados netos interanuales.

Coordinación con el Gobierno Federal

La empresa detalla que su Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento se ejecuta junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Energía (SENER), mediante repos, recompras de bonos y aportaciones de capital del Gobierno Federal.

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