De acuerdo con Tonatiuh Márquez, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), más de 326 personas están vinculadas a proceso penal por delitos relacionados con contrabando energético. De ellas, 78 ya fueron sentenciadas. Existen además 818 carpetas de investigación con detenido y 6 mil 889 sin detenido. En total, 310 casos han sido judicializados ante jueces de control.

Durante la actual administración, la ANAM canceló más de 45 patentes de agentes aduanales implicados en operaciones irregulares, dentro de un universo activo de 805. Es decir, el 3.7% de los despachantes concentraba la totalidad del contrabando detectado.

Huachicol fiscal controlado por red de aduaneros documentado en puertos clave

Los operativos realizados en Pantaco, Manzanillo y Lázaro Cárdenas expusieron esquemas de evasión fiscal y simulación de operaciones. Márquez detalló que algunos agentes “modularon hasta 800 operaciones en una hora”, evidencia del uso de sistemas automatizados y de la falta de control real sobre la mercancía.

También se detectaron oficinas que operaban simultáneamente desde la Ciudad de México y diferentes puertos marítimos, con adscripciones múltiples consideradas ilegales. Más del 80% de los contenedores revisados pagaban menos de 50 mil pesos en impuestos, montos irrisorios frente al valor real de los productos importados.

De los 800 agentes analizados, 550 manejaban operaciones clasificadas como rojas o vulnerables, es decir, de alto riesgo fiscal. La dinámica revela que las sanciones actuales no disuaden la práctica del contrabando. “Para ellos es más rentable pagar la multa que dejar de contrabandear”, advirtió Márquez.

Reformas urgentes a la Ley Aduanera

El funcionario solicitó al Senado respaldar la iniciativa de reformas a la Ley Aduanera impulsada por el Ejecutivo Federal. El objetivo: dotar a la ANAM de mayores facultades de trazabilidad e investigación fiscal, especialmente en sectores energéticos estratégicos.

“No se trata de perseguir al gremio aduanal, sino de sancionar a quienes han convertido el contrabando en un negocio recurrente y un obstáculo para la competencia legal”, remarcó Márquez.

La intención del Gobierno federal es reconstruir la confianza en los procesos aduanales y garantizar un comercio exterior ético y transparente. La corrupción y el contrabando de combustibles, sostuvo, le cuestan al país miles de millones y debilitan su seguridad energética.

Red internacional: conexión México–Estados Unidos

Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) reveló un entramado que involucra al menos 555 empresas y ocho puertos estratégicos —Altamira, Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Guaymas, La Paz, Cancún y Mazatlán— donde el huachicol fiscal se transformó en red criminal.

En estos puntos, empresas fachada y documentos falsos permitían que el combustible cruzara los controles sin obstáculos. Los expedientes judiciales describen cómo los cárteles infiltraron la cadena logística mediante cómplices dentro de dependencias públicas y privadas.

El fenómeno no se limita a México. Informes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) alertaron sobre operaciones transnacionales de contrabando energético. El petróleo robado se transportaba desde zonas de Pemex hacia Tamaulipas, donde se hacía pasar por aceite residual antes de cruzar a Texas.

En territorio estadounidense, el líquido se descargaba en patios clandestinos y se vendía como crudo legítimo. Para blanquear los recursos, empresas fronterizas generaban facturas y transferencias a compañías fachada mexicanas. Cada embarque podía generar hasta cinco millones de dólares.

Hacia un control efectivo

Expertos sostienen que el huachicol fiscal controlado por red de aduaneros representa una amenaza estructural para la economía y la soberanía energética del país. Los casos documentados exhiben la urgencia de fortalecer la coordinación interinstitucional y cerrar los resquicios legales que aún permiten la impunidad.

El desafío del Estado no está solo en la vigilancia, sino en la reconstrucción de la confianza social y comercial. Mientras las aduanas sigan siendo una frontera débil, los combustibles ilegales seguirán alimentando redes económicas paralelas y drenando la capacidad recaudatoria de la nación.

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La red de los intocables del combustible

Las pesquisas federales apuntan a que Roberto Blanco Cantú, conocido como “El señor de los buques”, encabeza una red de empresarios que mantienen más de 30 negocios distribuidos entre Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, San Luis Potosí y Jalisco; la cual Aquedó al descubierto en el puerto de Altamira, Tamaulipas.

Junto a él figuran Brenda Mariela Salas Ramírez, José Ramírez Guardado, José René Tijerina Mendoza, Gustavo de Jesús Guillén Chávez, Luis Francisco Rodríguez Orozco, los hermanos Cristián Noé y Jesús Tadeo Amaya Olvera, así como Héctor Manuel Portales Ávila, José Isabel Murguía Santiago y Anuar González Hemad.

De este grupo, tres ya están detenidos; otros permanecen prófugos o sin órdenes de aprehensión activas, como el exsenador Gerardo Novelo Osuna.

Implicados en huachicol fiscal conservan sus negocios en seis entidades

Los negocios vinculados al huachicol fiscal operan en giros tan diversos como transporte de carga, venta de combustibles, agricultura, abarrotes, turismo y hasta productos médicos. Según la Fiscalía General de la República, estas estructuras empresariales funcionan como vehículos financieros para lavar recursos procedentes del contrabando de hidrocarburos. En varios casos, los socios han mantenido sus registros vigentes en el Registro Público de Comercio, lo que demuestra que, a pesar de las investigaciones y detenciones, el andamiaje financiero de la red continúa en movimiento.

Mefra Fletes: la puerta del fraude

El nombre de Mefra Fletes aparece de forma reiterada en los expedientes judiciales. Según las indagatorias, esta empresa habría servido como eje logístico para introducir millones de litros de gasolina y diésel al país desde buques extranjeros.

El truco: declarar el combustible como “aditivos lubricantes” o “resinas de policarbonato” para evadir impuestos y simular legalidad en la importación. La operación se extendía también a Transportes Especializados AMOL, donde se detectaron más de 8.8 millones de litros de diésel durante un cateo en marzo de 2025 en Ensenada, Baja California.

En ese inmueble, arrendado por el exsenador Novelo Osuna a Luis Francisco Rodríguez Orozco, las autoridades hallaron tractocamiones y pipas rotuladas con leyendas como “Cristian Noé Amaya Olvera AMOL”, “Autolíneas Roca” y “Mefra Fletes”.

Empresas conocidas, nombres nuevos

Una revisión de las actas empresariales revela que algunos de los implicados manejan compañías con décadas de existencia, como Regio Transportación S.A. de C.V. o Materiales para Construcción Tijerina, ambas con sede en Nuevo León. Otras son de creación reciente, como Transporte Mursan S.A. de C.V., fundada en 2024 en Jalisco por José Isabel Murguía Santiago, quien también estableció Reisa Logistic en Sonora.

Pese a las detenciones, Implicados en huachicol fiscal conservan sus negocios, incluso con vacantes publicadas en línea, como en el caso de Héctor Manuel Portales Ávila, propietario de Grupo HMPA en Tamaulipas y Pasaje y Turismo Ventura en San Luis Potosí.

Brenda Mariela Salas Ramírez, otra pieza clave de Mefra Fletes, opera en Guadalajara la empresa Audición Mercante S.A. de C.V., dedicada a productos médicos y ortopédicos. En Baja California, Rodríguez Orozco mantiene Construcciones y Edificaciones Rodpe, Establo La Pila y Comercializadora Rivera.

Mientras tanto, el exsenador Novelo Osuna conserva al menos seis sociedades en Ensenada, entre restaurantes, inmobiliarias y un hotel de playa.

La estructura resiste

La persistencia de esta red empresarial sugiere una estrategia de blindaje legal y financiero que ha permitido a los implicados mantener operaciones comerciales incluso bajo investigación penal.

Según fuentes judiciales, los vínculos de varios de estos empresarios con grupos del crimen organizado abarcan no solo el huachicol fiscal, sino también tráfico de armas y evasión fiscal a gran escala.

En este tablero donde se cruzan intereses políticos, financieros y criminales, el combustible parece ser solo el punto de partida de un esquema mucho más amplio —uno que, por ahora, sigue encendido.

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ASF advirtió de fallas en los puertos: un problema anunciado

El informe de la ASF apuntó directamente a la falta de controles tecnológicos, deficiencias en la inspección de mercancías y vacíos en la supervisión del personal en los principales recintos portuarios del Golfo de México. Estas condiciones, advirtió el organismo, vulneraban la seguridad nacional y favorecían la penetración de redes criminales.

El documento señalaba que ASF advirtió de fallas en los puertos incluso en áreas consideradas estratégicas para la recaudación, donde el tráfico de hidrocarburos y mercancías de alto valor estaba sujeto a mínima supervisión. Sin embargo, a pesar de las observaciones, las irregularidades persistieron.

El vínculo con el huachicol fiscal

Uno de los riesgos señalados, el uso de la infraestructura portuaria para operaciones de huachicol fiscal, el contrabando de combustibles mediante importaciones aparentemente legales. Según especialistas, hay demasiadas lagunas en la inspección aduanera permitieron el ingreso de hidrocarburos sin pagar los impuestos correspondientes. Las pérdidas millonarias derivadas de esto creó un mercado paralelo que afectó a Pemex y al fisco federal.

Sin embargo, a pesas de que la ASF advirtió de fallas en los puertos, no se tomaron medidas tendientes a reforzar el control en las aduanas.

Advertencias ignoradas y responsabilidades

En su revisión, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) insistió en que la falta de coordinación entre la Administración General de Aduanas (AGA) y la Marina ponía en riesgo la vigilancia de los recintos. Además, detectó que los sistemas de control de carga presentaban inconsistencias que podían ser manipuladas por actores externos. La omisión en atender estas alertas ha derivado en cuestionamientos sobre la efectividad de los órganos encargados de combatir la corrupción en aduanas. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas varias investigaciones por contrabando de combustibles y operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas a redes criminales con presencia en los puertos.

Un desafío estructural para la seguridad económica

Las irregularidades en los recintos portuarios reflejan una problemática más amplia: la vulnerabilidad del sistema aduanero mexicano frente a prácticas ilegales. La porosidad en las aduanas no solo afecta la recaudación fiscal, también compromete la competitividad del comercio exterior y la confianza de inversionistas.

Expertos en seguridad y logística coinciden en que la falta de inversión tecnológica y de personal especializado resultó uno de los principales obstáculos para cerrar las brechas. Sin embargo, las redes criminales saben bien aprovechar las grietas institucionales para consolidar sus operaciones.

La situación está lejos de concluir

El hecho, que la ASF advirtió de fallas en los puertos desde hace más de dos años y que muchas de esas deficiencias, persisten. Plantea preguntas sobre la capacidad del Estado mexicano para proteger sus puntos estratégicos de entrada y salida de mercancías. A causa de esto, la presión social y económica obliga a que las autoridades no sólo investiguen responsabilidades. Es necesaria también la implementación de medidas estructurales que el contrabando, en especial el de combustible, y se recupere la confianza en el sistema aduanero.

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