El origen del litigio en Hopelchén

El expediente que ahora estudia el máximo tribunal del país nació en Hopelchén, un municipio de Campeche donde la apicultura tradicional maya es, desde hace durante generaciones, parte central de la economía y la vida comunitaria. Habitantes de la región presentaron un amparo con el que buscan que se reconozca a la abeja melipona como titular de derechos propios, no solo como un recurso natural a proteger.

La SCJN resolvió atraer el caso, identificado como amparo en revisión 790/2025, luego de una votación en el Pleno que resultó ampliamente favorable a analizarlo: ocho ministros respaldaron la decisión frente a un solo voto en contra. La propuesta de atracción la impulsó el propio ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz junto con el ministro Irving Espinosa Betanzo, quienes consideraron que el tema reviste importancia y trascendencia suficientes para que lo resuelva directamente por la Corte.

Detrás del litigio hay una preocupación muy concreta: la disminución de las poblaciones de abejas melipona en la zona, atribuida por las comunidades al avance de la actividad agroindustrial y al uso de agroquímicos, lo que habría derivado en muertes masivas de estos insectos y en un deterioro de la apicultura ancestral maya. Para los promoventes, defender a la abeja es, al mismo tiempo, defender su territorio, su cultura y su forma de sustento económico.

Qué implicaría declarar a las abejas sujetos de derechos

Convertir a un animal en sujeto de derechos es un concepto que va más allá de las leyes de protección ambiental convencionales. En términos prácticos, significaría que la abeja melipona podría ser considerada titular de intereses que el derecho protege de manera directa, y que esos intereses podrían defenderse ante los tribunales a través de representantes: las propias comunidades que históricamente cuidan estas colonias.

De prosperar este criterio, cualquier afectación a las abejas —ya sea por fumigaciones, deforestación o contaminación— podría dar pie a acciones legales presentadas en su nombre, con el objetivo de exigir medidas de protección, reparación del daño e incluso garantías de que la afectación no vuelva a repetirse.

El ministro Irving Espinosa explicó que uno de los puntos centrales que la Corte deberá estudiar es si las comunidades indígenas pueden asumirse jurídicamente como “guardianas de la naturaleza”, con capacidad para acudir a juicio en representación de las abejas, y si esto obliga a elevar las exigencias hacia el Estado frente a la crisis ecológica que enfrenta la región. Por su parte, el ministro Arístides Guerrero destacó el vínculo profundo que existe entre la abeja melipona y la identidad económica y cultural de los pueblos mayas de Hopelchén, lo que —señaló— abre la puerta a que la Corte diseñe un criterio que proteja a la especie a partir de la protección integral de los pueblos indígenas que conviven con ella.

El vacío legal frente a otras experiencias internacionales

Actualmente, la protección de las abejas en México recae en un conjunto disperso de normas ambientales, sanitarias y leyes apícolas tanto federales como estatales, pero ninguna de ellas les otorga el estatus de sujetos de derechos. En años recientes se han impulsado propuestas de una Ley Federal Apícola, además de legislaciones locales orientadas a regular la apicultura, controlar plagas, limitar el uso de agroquímicos y conservar los hábitats de los polinizadores.

Algunas entidades ya avanzan en esa dirección desde el ámbito administrativo. En el Estado de México, por ejemplo, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Probosque) adelantó que impulsará una iniciativa orientada a proteger a los polinizadores mediante la conservación de hábitats y corredores ecológicos.

Sin embargo, dar el salto hacia la figura de “sujeto de derechos” ubicaría a las abejas en una categoría jurídica distinta, similar a la que han obtenido ríos, bosques y otros ecosistemas en distintos países que ya les han reconocido personalidad jurídica propia como mecanismo de protección. Ese tipo de precedentes ha ido ganando terreno en años recientes dentro de lo que se conoce como la corriente de los derechos de la naturaleza.

Un precedente que podría trascender a Hopelchén

Si la Suprema Corte finalmente reconoce a la abeja melipona como sujeto de derechos, el criterio resultante podría convertirse en referencia para casos similares vinculados a otros polinizadores o especies clave, particularmente en contextos indígenas y comunitarios donde la relación entre territorio, cultura y biodiversidad es igual de estrecha.

La resolución también podría tener efectos prácticos sobre la actuación del Estado: autoridades federales y estatales podrían verse obligadas a ajustar sus políticas agrícolas, ambientales y de regulación de agroquímicos en las regiones donde la apicultura sostiene a comunidades enteras.

Los derechos de la naturaleza en América Latina

El caso se inserta en una tendencia más amplia que ha cobrado fuerza en distintos países de la región: la constitucionalización de los derechos de la naturaleza y las corrientes eco-centristas, que buscan superar la visión del medio ambiente como simple recurso explotable. En México, el debate es incipiente y se desarrolla sobre todo en el terreno académico y en algunas constituciones locales, por lo que una resolución de la SCJN en este sentido representaría un salto significativo hacia la consolidación de este enfoque a nivel nacional.

Para las comunidades mayas de Campeche, un fallo favorable no sería solo un triunfo simbólico: significaría el reconocimiento jurídico de su papel como guardianas de la abeja melipona y un respaldo formal a la defensa de sus modos de vida tradicionales, en un momento en que la crisis ecológica pone en riesgo tanto a los polinizadores como a las culturas que dependen de ellos.

El cargo Las abejas serían sujetos de derechos en México apareció primero en Energía y Ecología.

Un acuerdo colectivo, no una orden de gobierno

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la decisión no partió del ayuntamiento sino de la asamblea comunitaria, entendida en la región como la instancia de gobierno más alta y vinculante. El cabildo se limitó después a ratificar de manera oficial lo que la asamblea ya había votado. Entre los productos alcanzados por la prohibición están las botanas y frituras saladas de Barcel, así como los pastelitos y la repostería industrializada de Marinela, junto con otras líneas de ultraprocesados del corporativo.

La prohibición no llega sola: forma parte de un paquete de disposiciones ambientales conocido como “Bando de Buen Gobierno”, que fija obligaciones tanto para los comerciantes como para las familias del municipio en materia de manejo de residuos.

El argumento de fondo: quién paga la basura

El razonamiento que sostiene la comunidad es económico y ambiental a la vez. Los pobladores argumentan que las grandes marcas de alimentos ultraprocesados obtienen la ganancia de sus ventas, mientras que es el municipio —con recursos limitados— el que carga con el costo de recoger, transportar y disponer los empaques que esos productos dejan atrás. El basurero local, señalan, ya no da abasto, y la limpieza de calles se ha encarecido de forma notable.

Este planteamiento conecta con un debate más amplio que ha ganado fuerza en México y otros países: el de la llamada responsabilidad extendida del productor, es decir, la idea de que las empresas que fabrican envases de difícil reciclaje también deberían asumir parte del costo de gestionarlos, y no solo los gobiernos locales o los consumidores.

Reglas nuevas para comercios y familias

El Bando de Buen Gobierno no se limita al veto comercial. También prohíbe a los negocios entregar bolsas de plástico, por lo que los clientes deberán acudir a comprar con tópers, bolsas de tela u otros recipientes reutilizables. Se exige además la separación obligatoria de residuos y la instalación de botes de basura en los comercios, con sanciones para quienes incumplan.

A partir de agosto, de acuerdo con lo estipulado por la comunidad, el ayuntamiento condicionará el servicio de recolección: no se levantará basura que no esté separada ni entregada en bolsas transparentes. Las familias, por su parte, quedan obligadas a mantener limpio el frente de sus viviendas como parte de las responsabilidades colectivas que impone el bando.

El peso de ser santuario: la Ruta de la Fe

Buena parte de la presión sobre el sistema de basura de Juquila tiene un origen muy particular: el municipio alberga el santuario de la Virgen de Juquila, uno de los puntos de peregrinación más concurridos del país y parte de la llamada “Ruta de la Fe”. Se calcula que cerca de 1.5 millones de personas visitan el santuario cada año, un flujo de peregrinos, comercio ambulante y transporte que multiplica el volumen de empaques y envases desechados, muchos de ellos productos ultraprocesados vendidos por cadenas de gran escala.

La comunidad sostiene que la infraestructura de recolección y disposición de basura con la que cuenta el municipio no está diseñada para absorber una cantidad de residuos propia de una ciudad mucho mayor, lo que agrava la saturación del basurero y afecta la limpieza del entorno. El veto a Bimbo y Barcel se presenta así como un intento de recuperar cierto control sobre ese modelo de consumo y sus costos ambientales.

El respaldo legal: libre determinación indígena

La decisión se apoya en un marco jurídico específico: el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, reconocido en el artículo 2° de la Constitución mexicana, y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege la facultad de estos pueblos para decidir sus propias formas de organización y gobierno interno. Bajo ese marco, la Asamblea de Pueblo se asume con autoridad suficiente para regular el comercio, el manejo de residuos y la protección del territorio dentro de su jurisdicción.

El caso de Juquila no es un hecho aislado en Oaxaca. El estado ya había marcado precedente en 2020, cuando su Congreso local aprobó una reforma que prohíbe la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad, medida que en su momento fue calificada como histórica por organismos como Unicef y la ONU. A ese antecedente se suman acuerdos comunitarios en otras localidades oaxaqueñas, como Villa Hidalgo Yalalag, donde también se ha restringido el ingreso de distribuidores de productos industrializados.

Comercio local y alternativas

El veto abre preguntas que apenas comienzan a discutirse en la región. Las tienditas y comercios de abarrotes de Juquila dependen en buena medida de productos de alta rotación como las botanas y los pastelitos de Bimbo, por lo que la medida obliga a buscar sustitutos: pan tradicional, botanas artesanales y productos frescos de producción local podrían ocupar ese espacio en los próximos meses. El caso, en cualquier caso, ya se integra a una conversación nacional más amplia sobre la regulación de los alimentos ultraprocesados y sobre quién debe cargar con el costo ambiental del modelo de consumo actual.

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Cuando se hizo público que SENER frenará proyectos de riesgo para pueblos indígenas, el aviso cayó sobre el sector energético como una señal clara: ya no bastará con cumplir en papel. La dependencia advirtió que podrá negar o revocar permisos si detecta información falsa u omisiones en la evaluación de los impactos sociales sobre comunidades originarias, incluida la Manifestación de Impacto Social (MIS), documento que se volvió requisito clave tras la reforma energética.

En términos concretos, la Secretaría de Energía (SENER) frenará proyectos de riesgo para pueblos indígenas si una empresa oculta que su trazo pasa por tierras comunales, si minimiza cambios en la forma de sembrar o de acceder al agua, o si deja fuera posibles afectaciones a sitios sagrados. Detrás de cada casilla en la MIS hay historias de desalojos, fragmentación comunitaria y acuerdos firmados sin intérpretes ni información completa.

Consulta previa y papel de la SCJN

La decisión se ancla en obligaciones que México ya tenía sobre la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas, previstas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que han exigido procesos más robustos cuando un proyecto toca territorio indígena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha repetido que la consulta no es un trámite rápido, sino un proceso que debe permitir a las comunidades entender el proyecto, discutirlo a su ritmo y decidir si lo aceptan o lo rechazan.

En la práctica, muchos procedimientos se han quedado a medias: asambleas convocadas de un día para otro, representantes comunitarios presionados para firmar, versiones técnicas imposibles de traducir a lenguas indígenas. Con los nuevos criterios, SENER tendrá más margen para tirar del freno de mano cuando detecte que la consulta fue meramente formal o que ni siquiera se intentó.

Impacto en empresas y comunidades

Para las empresas, el mensaje es directo: ya no basta con diseñar gasoductos, parques eólicos o centrales eléctricas y después salir a “socializar” el proyecto. La evaluación social se convierte en un filtro que puede tumbar inversiones millonarias si hay inconsistencias entre lo que se promete en papel y lo que las comunidades viven en territorio.

Del lado de las comunidades indígenas, el anuncio ofrece una herramienta adicional en un mapa donde los conflictos por tierra, agua y aire han ido en aumento. En varios casos, la resistencia local ha frenado obras ya iniciadas y ha obligado a revisar permisos otorgados sin consulta adecuada, al tiempo que defensores del territorio enfrentan amenazas y agresiones documentadas por organizaciones ambientales y de derechos humanos.

El reto de pasar del discurso al territorio

El talón de Aquiles estará en la capacidad del Estado para revisar a fondo las MIS, verificar lo que ocurre en campo y soportar la presión de actores políticos y empresariales. Revisar cada proyecto exige equipos técnicos, presupuesto y una convicción firme de que cancelar o modificar una obra puede ser la única salida cuando el costo lo carga una comunidad pequeña y aislada.

Mientras tanto, pueblos indígenas y organizaciones comunitarias seguirán empujando amparos, consultas y asambleas para que la promesa no se quede en boletines. Lo que ocurra con los próximos proyectos dirá si este giro en el sector energético se queda en reglamentos o se siente en la orilla de los ríos, en los ejidos y en las montañas donde aún se discute quién decide sobre el territorio.

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en marcha el Plan Prioritario de Justicia Energética 2025–2028, una estrategia nacional que busca saldar la deuda histórica con las comunidades que aún viven sin acceso a la electricidad. Con una inversión total de 18 mil 916 millones de pesos, financiada a través del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), el programa contempla 42 mil 221 obras de electrificación en los 32 estados del país antes de concluir 2028.

El objetivo es claro: garantizar que la energía, ese bien cotidiano que da sentido al desarrollo, llegue también a quienes han permanecido en la sombra del mapa eléctrico. Según cifras de la empresa, el proyecto beneficiará a más de 295 mil habitantes, priorizando comunidades rurales, indígenas y zonas urbanas marginadas donde la falta de electricidad limita el acceso a salud, educación y oportunidades económicas.

“La electricidad transforma la vida”, destacó la CFE, al subrayar que la electrificación impulsa la equidad social, la conectividad digital y el desarrollo sostenible.

CFE pone en marcha plan prioritario de justicia energética con cobertura nacional

Durante 2025, la CFE ejecutará 12 mil 235 obras, con una inversión de 8 mil 055 millones de pesos, lo que permitirá alcanzar una cobertura eléctrica del 99.8% a nivel nacional. Hasta ahora, 93 mil personas han sido beneficiadas con 10 mil 421 obras concluidas, que representaron un gasto de 7 mil 142 millones de pesos.

Los estados con mayor número de proyectos serán Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Chihuahua y Chiapas, donde se concentrarán 7 mil 782 obras que beneficiarán a 138 mil habitantes. En esos territorios, la electricidad no solo ilumina calles: también redefine la posibilidad de quedarse, producir y educar.

💡 En la CFE trabajamos por la #JusticiaEnergética, acercando la electricidad a las comunidades más apartadas del país.

La energía genera progreso y oportunidades, porque cuando llega, la vida cambia. ⚡ pic.twitter.com/zIQ8gQyolE

— CFEmx (@CFEmx) November 4, 2025

Energía para los pueblos originarios

Una parte esencial del Plan Prioritario de Justicia Energética está dedicada a las comunidades indígenas. En el marco de los Planes de Justicia para los Pueblos Originarios, la CFE prevé beneficiar a 55 mil habitantes con 1,079 obras en 14 estados, entre ellos Baja California, Chiapas, Durango, Jalisco, Oaxaca y Veracruz. La inversión estimada asciende a 982 millones de pesos.

En este esfuerzo, la empresa estatal firmó un convenio con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para llevar energía a comunidades O’dam o Au’dam, Wixárika y Mexikan en Durango. En total, se construirán 593 obras con una inversión de 421 millones de pesos, con un avance físico de 65%.

“La justicia energética también es justicia social”, señaló la CFE, al destacar que los proyectos se coordinan con la Secretaría de Energía (SENER) para priorizar a las localidades más rezagadas del país.

Energía que cambia vidas

Las historias locales reflejan con nitidez lo que implica el acceso a la electricidad. En El Realito, Cajeme, Sonora, 38 familias cuentan ya con energía gracias a la instalación de 118 postes, 11 transformadores y 38 mufas. En El Arroyo, San Juan Lalana, Oaxaca, otras 30 familias celebraron la llegada de la luz tras la construcción de 2.39 kilómetros de circuito eléctrico, una obra que permitirá abrir pequeños negocios y mejorar la calidad de vida.

Cada poste encendido en la sierra o la costa es un símbolo de pertenencia, una manera de decir que el país también se construye en las orillas.

Con este programa, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reafirma su meta de lograr acceso universal a la electricidad y garantizar justicia energética para todos los mexicanos al cierre de 2028.

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