Cuando se hizo público que SENER frenará proyectos de riesgo para pueblos indígenas, el aviso cayó sobre el sector energético como una señal clara: ya no bastará con cumplir en papel. La dependencia advirtió que podrá negar o revocar permisos si detecta información falsa u omisiones en la evaluación de los impactos sociales sobre comunidades originarias, incluida la Manifestación de Impacto Social (MIS), documento que se volvió requisito clave tras la reforma energética.

En términos concretos, la Secretaría de Energía (SENER) frenará proyectos de riesgo para pueblos indígenas si una empresa oculta que su trazo pasa por tierras comunales, si minimiza cambios en la forma de sembrar o de acceder al agua, o si deja fuera posibles afectaciones a sitios sagrados. Detrás de cada casilla en la MIS hay historias de desalojos, fragmentación comunitaria y acuerdos firmados sin intérpretes ni información completa.

Consulta previa y papel de la SCJN

La decisión se ancla en obligaciones que México ya tenía sobre la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas, previstas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que han exigido procesos más robustos cuando un proyecto toca territorio indígena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha repetido que la consulta no es un trámite rápido, sino un proceso que debe permitir a las comunidades entender el proyecto, discutirlo a su ritmo y decidir si lo aceptan o lo rechazan.

En la práctica, muchos procedimientos se han quedado a medias: asambleas convocadas de un día para otro, representantes comunitarios presionados para firmar, versiones técnicas imposibles de traducir a lenguas indígenas. Con los nuevos criterios, SENER tendrá más margen para tirar del freno de mano cuando detecte que la consulta fue meramente formal o que ni siquiera se intentó.

Impacto en empresas y comunidades

Para las empresas, el mensaje es directo: ya no basta con diseñar gasoductos, parques eólicos o centrales eléctricas y después salir a “socializar” el proyecto. La evaluación social se convierte en un filtro que puede tumbar inversiones millonarias si hay inconsistencias entre lo que se promete en papel y lo que las comunidades viven en territorio.

Del lado de las comunidades indígenas, el anuncio ofrece una herramienta adicional en un mapa donde los conflictos por tierra, agua y aire han ido en aumento. En varios casos, la resistencia local ha frenado obras ya iniciadas y ha obligado a revisar permisos otorgados sin consulta adecuada, al tiempo que defensores del territorio enfrentan amenazas y agresiones documentadas por organizaciones ambientales y de derechos humanos.

El reto de pasar del discurso al territorio

El talón de Aquiles estará en la capacidad del Estado para revisar a fondo las MIS, verificar lo que ocurre en campo y soportar la presión de actores políticos y empresariales. Revisar cada proyecto exige equipos técnicos, presupuesto y una convicción firme de que cancelar o modificar una obra puede ser la única salida cuando el costo lo carga una comunidad pequeña y aislada.

Mientras tanto, pueblos indígenas y organizaciones comunitarias seguirán empujando amparos, consultas y asambleas para que la promesa no se quede en boletines. Lo que ocurra con los próximos proyectos dirá si este giro en el sector energético se queda en reglamentos o se siente en la orilla de los ríos, en los ejidos y en las montañas donde aún se discute quién decide sobre el territorio.

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El cargo SENER frenará proyectos de riesgo indígena apareció primero en Energía y Ecología.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en marcha el Plan Prioritario de Justicia Energética 2025–2028, una estrategia nacional que busca saldar la deuda histórica con las comunidades que aún viven sin acceso a la electricidad. Con una inversión total de 18 mil 916 millones de pesos, financiada a través del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), el programa contempla 42 mil 221 obras de electrificación en los 32 estados del país antes de concluir 2028.

El objetivo es claro: garantizar que la energía, ese bien cotidiano que da sentido al desarrollo, llegue también a quienes han permanecido en la sombra del mapa eléctrico. Según cifras de la empresa, el proyecto beneficiará a más de 295 mil habitantes, priorizando comunidades rurales, indígenas y zonas urbanas marginadas donde la falta de electricidad limita el acceso a salud, educación y oportunidades económicas.

“La electricidad transforma la vida”, destacó la CFE, al subrayar que la electrificación impulsa la equidad social, la conectividad digital y el desarrollo sostenible.

CFE pone en marcha plan prioritario de justicia energética con cobertura nacional

Durante 2025, la CFE ejecutará 12 mil 235 obras, con una inversión de 8 mil 055 millones de pesos, lo que permitirá alcanzar una cobertura eléctrica del 99.8% a nivel nacional. Hasta ahora, 93 mil personas han sido beneficiadas con 10 mil 421 obras concluidas, que representaron un gasto de 7 mil 142 millones de pesos.

Los estados con mayor número de proyectos serán Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Chihuahua y Chiapas, donde se concentrarán 7 mil 782 obras que beneficiarán a 138 mil habitantes. En esos territorios, la electricidad no solo ilumina calles: también redefine la posibilidad de quedarse, producir y educar.

💡 En la CFE trabajamos por la #JusticiaEnergética, acercando la electricidad a las comunidades más apartadas del país.

La energía genera progreso y oportunidades, porque cuando llega, la vida cambia. ⚡ pic.twitter.com/zIQ8gQyolE

— CFEmx (@CFEmx) November 4, 2025

Energía para los pueblos originarios

Una parte esencial del Plan Prioritario de Justicia Energética está dedicada a las comunidades indígenas. En el marco de los Planes de Justicia para los Pueblos Originarios, la CFE prevé beneficiar a 55 mil habitantes con 1,079 obras en 14 estados, entre ellos Baja California, Chiapas, Durango, Jalisco, Oaxaca y Veracruz. La inversión estimada asciende a 982 millones de pesos.

En este esfuerzo, la empresa estatal firmó un convenio con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para llevar energía a comunidades O’dam o Au’dam, Wixárika y Mexikan en Durango. En total, se construirán 593 obras con una inversión de 421 millones de pesos, con un avance físico de 65%.

“La justicia energética también es justicia social”, señaló la CFE, al destacar que los proyectos se coordinan con la Secretaría de Energía (SENER) para priorizar a las localidades más rezagadas del país.

Energía que cambia vidas

Las historias locales reflejan con nitidez lo que implica el acceso a la electricidad. En El Realito, Cajeme, Sonora, 38 familias cuentan ya con energía gracias a la instalación de 118 postes, 11 transformadores y 38 mufas. En El Arroyo, San Juan Lalana, Oaxaca, otras 30 familias celebraron la llegada de la luz tras la construcción de 2.39 kilómetros de circuito eléctrico, una obra que permitirá abrir pequeños negocios y mejorar la calidad de vida.

Cada poste encendido en la sierra o la costa es un símbolo de pertenencia, una manera de decir que el país también se construye en las orillas.

Con este programa, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reafirma su meta de lograr acceso universal a la electricidad y garantizar justicia energética para todos los mexicanos al cierre de 2028.

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