Santa Catarina Juquila, Oaxaca. La Asamblea de Pueblo de Santa Catarina Juquila, la máxima autoridad de esta comunidad indígena del centro-sur de Oaxaca, resolvió por mayoría de votos suspender la venta de productos de Grupo Bimbo —en particular de las marcas Barcel y Marinela— en todos los comercios del municipio. La medida busca frenar la acumulación de basura de empaques y de plásticos de un solo uso que, según los propios habitantes, ha rebasado la capacidad del municipio para recolectarla y procesarla.

Un acuerdo colectivo, no una orden de gobierno

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la decisión no partió del ayuntamiento sino de la asamblea comunitaria, entendida en la región como la instancia de gobierno más alta y vinculante. El cabildo se limitó después a ratificar de manera oficial lo que la asamblea ya había votado. Entre los productos alcanzados por la prohibición están las botanas y frituras saladas de Barcel, así como los pastelitos y la repostería industrializada de Marinela, junto con otras líneas de ultraprocesados del corporativo.

La prohibición no llega sola: forma parte de un paquete de disposiciones ambientales conocido como “Bando de Buen Gobierno”, que fija obligaciones tanto para los comerciantes como para las familias del municipio en materia de manejo de residuos.

El argumento de fondo: quién paga la basura

El razonamiento que sostiene la comunidad es económico y ambiental a la vez. Los pobladores argumentan que las grandes marcas de alimentos ultraprocesados obtienen la ganancia de sus ventas, mientras que es el municipio —con recursos limitados— el que carga con el costo de recoger, transportar y disponer los empaques que esos productos dejan atrás. El basurero local, señalan, ya no da abasto, y la limpieza de calles se ha encarecido de forma notable.

Este planteamiento conecta con un debate más amplio que ha ganado fuerza en México y otros países: el de la llamada responsabilidad extendida del productor, es decir, la idea de que las empresas que fabrican envases de difícil reciclaje también deberían asumir parte del costo de gestionarlos, y no solo los gobiernos locales o los consumidores.

Reglas nuevas para comercios y familias

El Bando de Buen Gobierno no se limita al veto comercial. También prohíbe a los negocios entregar bolsas de plástico, por lo que los clientes deberán acudir a comprar con tópers, bolsas de tela u otros recipientes reutilizables. Se exige además la separación obligatoria de residuos y la instalación de botes de basura en los comercios, con sanciones para quienes incumplan.

A partir de agosto, de acuerdo con lo estipulado por la comunidad, el ayuntamiento condicionará el servicio de recolección: no se levantará basura que no esté separada ni entregada en bolsas transparentes. Las familias, por su parte, quedan obligadas a mantener limpio el frente de sus viviendas como parte de las responsabilidades colectivas que impone el bando.

El peso de ser santuario: la Ruta de la Fe

Buena parte de la presión sobre el sistema de basura de Juquila tiene un origen muy particular: el municipio alberga el santuario de la Virgen de Juquila, uno de los puntos de peregrinación más concurridos del país y parte de la llamada “Ruta de la Fe”. Se calcula que cerca de 1.5 millones de personas visitan el santuario cada año, un flujo de peregrinos, comercio ambulante y transporte que multiplica el volumen de empaques y envases desechados, muchos de ellos productos ultraprocesados vendidos por cadenas de gran escala.

La comunidad sostiene que la infraestructura de recolección y disposición de basura con la que cuenta el municipio no está diseñada para absorber una cantidad de residuos propia de una ciudad mucho mayor, lo que agrava la saturación del basurero y afecta la limpieza del entorno. El veto a Bimbo y Barcel se presenta así como un intento de recuperar cierto control sobre ese modelo de consumo y sus costos ambientales.

El respaldo legal: libre determinación indígena

La decisión se apoya en un marco jurídico específico: el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, reconocido en el artículo 2° de la Constitución mexicana, y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege la facultad de estos pueblos para decidir sus propias formas de organización y gobierno interno. Bajo ese marco, la Asamblea de Pueblo se asume con autoridad suficiente para regular el comercio, el manejo de residuos y la protección del territorio dentro de su jurisdicción.

El caso de Juquila no es un hecho aislado en Oaxaca. El estado ya había marcado precedente en 2020, cuando su Congreso local aprobó una reforma que prohíbe la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad, medida que en su momento fue calificada como histórica por organismos como Unicef y la ONU. A ese antecedente se suman acuerdos comunitarios en otras localidades oaxaqueñas, como Villa Hidalgo Yalalag, donde también se ha restringido el ingreso de distribuidores de productos industrializados.

Comercio local y alternativas

El veto abre preguntas que apenas comienzan a discutirse en la región. Las tienditas y comercios de abarrotes de Juquila dependen en buena medida de productos de alta rotación como las botanas y los pastelitos de Bimbo, por lo que la medida obliga a buscar sustitutos: pan tradicional, botanas artesanales y productos frescos de producción local podrían ocupar ese espacio en los próximos meses. El caso, en cualquier caso, ya se integra a una conversación nacional más amplia sobre la regulación de los alimentos ultraprocesados y sobre quién debe cargar con el costo ambiental del modelo de consumo actual.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó un punto de acuerdo ante el Senado de la República para exhortar a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) a realizar, a la brevedad, avalúos de riesgo y evaluaciones de daños en comunidades del municipio de Jalapa, Tabasco, afectadas por las operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los campos Bakté y la batería Los Agaves. El legislador yucateco también pidió medidas de remediación ambiental y el establecimiento de un monitoreo permanente en la zona.

Qué exige el senador Ramírez Marín a la ASEA

Ramírez Marín reconoció que la industria petrolera es un sector estratégico para la economía del país y de Tabasco, pero advirtió que su expansión no debe darse a costa de la salud, el patrimonio ni la calidad de vida de las comunidades que conviven con esa infraestructura. Por ello planteó que la ASEA, que cuenta con atribuciones para ordenar análisis de riesgo y evaluaciones de daño ambiental cuando existan indicios de afectación a la población o al entorno, actúe de inmediato e informe al Senado sobre los resultados obtenidos.

Grietas en viviendas y contaminantes en el aire: los daños reportados desde 2025

El legislador recordó que, desde principios de 2025, habitantes de distintas localidades comenzaron a reportar afectaciones vinculadas a la intensificación de las operaciones en los campos Bakté y Los Agaves, entre ellas grietas, cuarteaduras y separaciones en las viviendas provocadas por vibraciones asociadas a la actividad industrial. Además, alertó que las emisiones de los mecheros del campo Los Agaves incluyen partículas PM10 y PM2.5, monóxido y dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico y compuestos orgánicos volátiles, sustancias cuya exposición prolongada se asocia con enfermedades respiratorias crónicas, padecimientos cardiovasculares y mayor riesgo de cáncer, con especial impacto en niñas, niños, personas adultas mayores y quienes ya padecen enfermedades respiratorias. El senador añadió que las fugas en ductos y la quema de gas residual también han contaminado suelo, cuerpos de agua y cultivos, y que la contaminación lumínica y térmica ha alterado el ecosistema regional.

Antecedentes: el Senado ya había pedido eliminar los mecheros en Tabasco

La denuncia de Ramírez Marín se suma a otra proposición presentada en febrero de 2026 por el senador Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, quien documentó la quema de gas asociado por parte de Pemex en distintas regiones petroleras del sureste —Tabasco, Veracruz, Campeche y Chiapas— y señaló que los mecheros cercanos a centros de población operan de forma continua, con ruido que puede superar los 100 decibeles y exposición a sulfuro de hidrógeno. Ese punto de acuerdo pidió a Semarnat reforzar la supervisión ambiental y a Pemex eliminar de manera definitiva los quemadores próximos a zonas habitadas, además de invertir en infraestructura para aprovechar y comercializar el gas natural.

Quejas municipales y la denuncia de junio en Jalapa

Ramírez Marín precisó que las autoridades municipales de Jalapa han presentado diversas quejas ante la ASEA y que, el 2 de junio de 2026, el presidente municipal interpuso una nueva denuncia formal para solicitar avalúos de riesgo y evaluaciones de daños. El senador aseguró que la problemática persiste pese a las inspecciones realizadas entre febrero y abril de este año, lo que lo llevó a insistir en que el Senado tiene la responsabilidad de atender las demandas de las comunidades y garantizar sus derechos a la salud, a un medio ambiente sano y a una vivienda digna.

El derrame en el Golfo y la respuesta federal, como telón de fondo

Estas exigencias se dan en un contexto más amplio de señalamientos hacia Pemex en el Golfo de México. En marzo de 2026, la Cámara de Diputados exhortó a Semarnat, ASEA, Bienestar y SADER a raíz de un derrame de hidrocarburos que afectó las costas de Veracruz y Tabasco, pidiendo a la ASEA investigar el origen del derrame, ordenar un análisis de huella química y publicar la información en un plazo no mayor a 30 días. De acuerdo con reportes posteriores, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó una respuesta coordinada con despliegue de la Marina y tratamiento de residuos mediante desorción térmica en plantas autorizadas por la ASEA, y se estableció un Observatorio Permanente del Golfo de México para fortalecer el monitoreo de futuras contingencias.

Con el nuevo punto de acuerdo, Ramírez Marín busca que el caso de Jalapa se sume a la lista de exhortos que legisladores de distintas bancadas han dirigido a Pemex y a las autoridades ambientales, en un momento en que crecen las exigencias de transparencia, remediación y monitoreo permanente para las comunidades del sureste mexicano que conviven con la infraestructura petrolera.

Kenzo, el tigre de Bengala blanco que estuvo prófugo durante cinco días en los alrededores de Tepetlaoxtoc, Estado de México, murió la mañana del jueves 2 de julio de 2026 al término de un operativo de búsqueda, sedación y contención en el que, según la versión oficial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), personal contratado disparó un sedante contra el animal para inmovilizarlo. Lamentablemente hubo un mal manejo en el sedante y, como consecuencia, sobrevino la muerte del gran felino. La dependencia federal, mientras tanto, ordenó la clausura total y temporal del predio privado Animal Experience, de donde el felino había escapado.

Cómo escapó Kenzo y cómo fue el operativo de búsqueda

La fuga ocurrió el sábado 27 de junio desde las instalaciones de Animal Experience, un establecimiento privado ubicado en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, dentro del municipio de Tepetlaoxtoc, autorizado como Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS). A partir de ese momento, autoridades federales, estatales y municipales desplegaron un operativo interinstitucional de rastreo que incluyó sobrevuelos con drones y perros especializados para ubicar al animal en una zona boscosa del municipio.

La mañana del jueves, tras cuatro días de búsqueda, el equipo de rescate localizó al tigre y un grupo de veterinarios intentó sedarlo con dardos tranquilizantes. De acuerdo con el relato de Profepa, en ese momento el felino agredió a integrantes del personal presente, lo que llevó a los elementos de seguridad que resguardaban el operativo a disparar para contener la agresión, ante lo que la autoridad describió como un riesgo inminente para la integridad física de los presentes.

La versión de Profepa sobre la muerte del animal

Profepa señaló que, pese a que el ejemplar recibió atención veterinaria inmediata por parte de especialistas de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), del Parque Zoológico de Moroleón y de Reino Animal —lugar al que fue trasladado para recibir cuidados especializados—, el tigre no logró sobrevivir. Tanto Profepa como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitieron un mensaje conjunto en el que lamentaron la pérdida del animal y reiteraron su compromiso con la supervisión de los centros que manejan fauna silvestre en cautiverio.

Como parte de las acciones derivadas del caso, la autoridad ambiental realizó una inspección al predio del que escapó Kenzo y detectó, según indicó, irregularidades relacionadas con encierros distintos a los autorizados en el Plan de Manejo del establecimiento, así como áreas de confinamiento que se encontraban en obra o en rehabilitación al momento de la fuga. Con base en esos hallazgos, Profepa impuso la clausura total temporal de Animal Experience, aseguró nueve ejemplares adicionales de vida silvestre que permanecían en el sitio y suspendió toda actividad comercial, de exhibición y de manejo no esencial, permitiendo únicamente las labores de alimentación y bienestar animal.

Versiones contrapuestas y cuestionamientos públicos

El desenlace del caso no está exento de controversia. Horas antes de que Profepa confirmara la muerte del tigre, autoridades municipales de Tepetlaoxtoc —entre ellas la presidenta municipal, Diana Morales, acompañada de personal veterinario— anunciaron públicamente que el operativo de captura tuvo éxito y que el animal se encontraba en buen estado, con lesiones menores que no comprometían su vida. Esa versión inicial contrasta con la explicación posterior de la dependencia federal sobre el uso de arma de fuego y el fallecimiento del ejemplar.

La discrepancia entre ambos relatos generó cuestionamientos de organizaciones del sector. El presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta, cuestionó públicamente la actuación del equipo veterinario y sugirió que la secuencia de los hechos difundida por la autoridad no coincidía con lo ocurrido en campo, mientras especialistas consultados por medios nacionales plantearon dudas sobre si el uso de arma de fuego se aplicó como último recurso, conforme a los protocolos internacionales para el manejo de fauna silvestre en riesgo. Hasta el momento, la autoridad ambiental no ha precisado si algún integrante del personal resultó lesionado durante el ataque del felino, ni ha detallado los santuarios a los que serán trasladados los nueve animales asegurados en el predio.

Los PIMVS y la responsabilidad legal de los recintos privados

El caso de Kenzo puso nuevamente bajo escrutinio el funcionamiento de los PIMVS en México, esquema bajo el cual operan cientos de criaderos, zoológicos privados y centros de exhibición de fauna exótica en el país. La Ley General de Vida Silvestre obliga a estos establecimientos a garantizar el confinamiento seguro de los ejemplares bajo su resguardo, así como a cumplir con los planes de manejo autorizados por la autoridad federal. La clausura de Animal Experience se suma a una serie de casos recientes en los que Profepa ha detectado fallas de infraestructura o de gestión en instalaciones privadas que manejan especies potencialmente peligrosas, lo que ha reabierto el debate público sobre la fiscalización de este tipo de recintos y sobre los protocolos de contención que deben aplicarse cuando un animal exótico escapa en una zona habitada.