El origen del litigio en Hopelchén

El expediente que ahora estudia el máximo tribunal del país nació en Hopelchén, un municipio de Campeche donde la apicultura tradicional maya es, desde hace durante generaciones, parte central de la economía y la vida comunitaria. Habitantes de la región presentaron un amparo con el que buscan que se reconozca a la abeja melipona como titular de derechos propios, no solo como un recurso natural a proteger.

La SCJN resolvió atraer el caso, identificado como amparo en revisión 790/2025, luego de una votación en el Pleno que resultó ampliamente favorable a analizarlo: ocho ministros respaldaron la decisión frente a un solo voto en contra. La propuesta de atracción la impulsó el propio ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz junto con el ministro Irving Espinosa Betanzo, quienes consideraron que el tema reviste importancia y trascendencia suficientes para que lo resuelva directamente por la Corte.

Detrás del litigio hay una preocupación muy concreta: la disminución de las poblaciones de abejas melipona en la zona, atribuida por las comunidades al avance de la actividad agroindustrial y al uso de agroquímicos, lo que habría derivado en muertes masivas de estos insectos y en un deterioro de la apicultura ancestral maya. Para los promoventes, defender a la abeja es, al mismo tiempo, defender su territorio, su cultura y su forma de sustento económico.

Qué implicaría declarar a las abejas sujetos de derechos

Convertir a un animal en sujeto de derechos es un concepto que va más allá de las leyes de protección ambiental convencionales. En términos prácticos, significaría que la abeja melipona podría ser considerada titular de intereses que el derecho protege de manera directa, y que esos intereses podrían defenderse ante los tribunales a través de representantes: las propias comunidades que históricamente cuidan estas colonias.

De prosperar este criterio, cualquier afectación a las abejas —ya sea por fumigaciones, deforestación o contaminación— podría dar pie a acciones legales presentadas en su nombre, con el objetivo de exigir medidas de protección, reparación del daño e incluso garantías de que la afectación no vuelva a repetirse.

El ministro Irving Espinosa explicó que uno de los puntos centrales que la Corte deberá estudiar es si las comunidades indígenas pueden asumirse jurídicamente como “guardianas de la naturaleza”, con capacidad para acudir a juicio en representación de las abejas, y si esto obliga a elevar las exigencias hacia el Estado frente a la crisis ecológica que enfrenta la región. Por su parte, el ministro Arístides Guerrero destacó el vínculo profundo que existe entre la abeja melipona y la identidad económica y cultural de los pueblos mayas de Hopelchén, lo que —señaló— abre la puerta a que la Corte diseñe un criterio que proteja a la especie a partir de la protección integral de los pueblos indígenas que conviven con ella.

El vacío legal frente a otras experiencias internacionales

Actualmente, la protección de las abejas en México recae en un conjunto disperso de normas ambientales, sanitarias y leyes apícolas tanto federales como estatales, pero ninguna de ellas les otorga el estatus de sujetos de derechos. En años recientes se han impulsado propuestas de una Ley Federal Apícola, además de legislaciones locales orientadas a regular la apicultura, controlar plagas, limitar el uso de agroquímicos y conservar los hábitats de los polinizadores.

Algunas entidades ya avanzan en esa dirección desde el ámbito administrativo. En el Estado de México, por ejemplo, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Probosque) adelantó que impulsará una iniciativa orientada a proteger a los polinizadores mediante la conservación de hábitats y corredores ecológicos.

Sin embargo, dar el salto hacia la figura de “sujeto de derechos” ubicaría a las abejas en una categoría jurídica distinta, similar a la que han obtenido ríos, bosques y otros ecosistemas en distintos países que ya les han reconocido personalidad jurídica propia como mecanismo de protección. Ese tipo de precedentes ha ido ganando terreno en años recientes dentro de lo que se conoce como la corriente de los derechos de la naturaleza.

Un precedente que podría trascender a Hopelchén

Si la Suprema Corte finalmente reconoce a la abeja melipona como sujeto de derechos, el criterio resultante podría convertirse en referencia para casos similares vinculados a otros polinizadores o especies clave, particularmente en contextos indígenas y comunitarios donde la relación entre territorio, cultura y biodiversidad es igual de estrecha.

La resolución también podría tener efectos prácticos sobre la actuación del Estado: autoridades federales y estatales podrían verse obligadas a ajustar sus políticas agrícolas, ambientales y de regulación de agroquímicos en las regiones donde la apicultura sostiene a comunidades enteras.

Los derechos de la naturaleza en América Latina

El caso se inserta en una tendencia más amplia que ha cobrado fuerza en distintos países de la región: la constitucionalización de los derechos de la naturaleza y las corrientes eco-centristas, que buscan superar la visión del medio ambiente como simple recurso explotable. En México, el debate es incipiente y se desarrolla sobre todo en el terreno académico y en algunas constituciones locales, por lo que una resolución de la SCJN en este sentido representaría un salto significativo hacia la consolidación de este enfoque a nivel nacional.

Para las comunidades mayas de Campeche, un fallo favorable no sería solo un triunfo simbólico: significaría el reconocimiento jurídico de su papel como guardianas de la abeja melipona y un respaldo formal a la defensa de sus modos de vida tradicionales, en un momento en que la crisis ecológica pone en riesgo tanto a los polinizadores como a las culturas que dependen de ellos.

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Cuando se hizo público que SENER frenará proyectos de riesgo para pueblos indígenas, el aviso cayó sobre el sector energético como una señal clara: ya no bastará con cumplir en papel. La dependencia advirtió que podrá negar o revocar permisos si detecta información falsa u omisiones en la evaluación de los impactos sociales sobre comunidades originarias, incluida la Manifestación de Impacto Social (MIS), documento que se volvió requisito clave tras la reforma energética.

En términos concretos, la Secretaría de Energía (SENER) frenará proyectos de riesgo para pueblos indígenas si una empresa oculta que su trazo pasa por tierras comunales, si minimiza cambios en la forma de sembrar o de acceder al agua, o si deja fuera posibles afectaciones a sitios sagrados. Detrás de cada casilla en la MIS hay historias de desalojos, fragmentación comunitaria y acuerdos firmados sin intérpretes ni información completa.

Consulta previa y papel de la SCJN

La decisión se ancla en obligaciones que México ya tenía sobre la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas, previstas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que han exigido procesos más robustos cuando un proyecto toca territorio indígena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha repetido que la consulta no es un trámite rápido, sino un proceso que debe permitir a las comunidades entender el proyecto, discutirlo a su ritmo y decidir si lo aceptan o lo rechazan.

En la práctica, muchos procedimientos se han quedado a medias: asambleas convocadas de un día para otro, representantes comunitarios presionados para firmar, versiones técnicas imposibles de traducir a lenguas indígenas. Con los nuevos criterios, SENER tendrá más margen para tirar del freno de mano cuando detecte que la consulta fue meramente formal o que ni siquiera se intentó.

Impacto en empresas y comunidades

Para las empresas, el mensaje es directo: ya no basta con diseñar gasoductos, parques eólicos o centrales eléctricas y después salir a “socializar” el proyecto. La evaluación social se convierte en un filtro que puede tumbar inversiones millonarias si hay inconsistencias entre lo que se promete en papel y lo que las comunidades viven en territorio.

Del lado de las comunidades indígenas, el anuncio ofrece una herramienta adicional en un mapa donde los conflictos por tierra, agua y aire han ido en aumento. En varios casos, la resistencia local ha frenado obras ya iniciadas y ha obligado a revisar permisos otorgados sin consulta adecuada, al tiempo que defensores del territorio enfrentan amenazas y agresiones documentadas por organizaciones ambientales y de derechos humanos.

El reto de pasar del discurso al territorio

El talón de Aquiles estará en la capacidad del Estado para revisar a fondo las MIS, verificar lo que ocurre en campo y soportar la presión de actores políticos y empresariales. Revisar cada proyecto exige equipos técnicos, presupuesto y una convicción firme de que cancelar o modificar una obra puede ser la única salida cuando el costo lo carga una comunidad pequeña y aislada.

Mientras tanto, pueblos indígenas y organizaciones comunitarias seguirán empujando amparos, consultas y asambleas para que la promesa no se quede en boletines. Lo que ocurra con los próximos proyectos dirá si este giro en el sector energético se queda en reglamentos o se siente en la orilla de los ríos, en los ejidos y en las montañas donde aún se discute quién decide sobre el territorio.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió la advertencia de organizaciones y especialistas de que el proyecto implicaba un retroceso en el reconocimiento del interés legítimo para la defensa de derechos colectivos, particularmente en materia ambiental. En los hechos, el fallo mantiene el marco actual, en el que las asociaciones pueden acudir al amparo para cuestionar políticas públicas, concesiones o proyectos que afecten ecosistemas, incluso cuando el daño no se limita a personas individualmente identificables.​

Qué intentaba cambiar el proyecto

El proyecto buscaba establecer que el objeto social de una organización, por sí solo, no bastaba para acreditar interés legítimo en un juicio de amparo ambiental, exigiendo demostrar una afectación real y específica desde la etapa inicial del proceso. Bajo esa lectura, una parte importante de los litigios promovidos por colectivos ambientales habría quedado en riesgo al elevarse el umbral probatorio y reducir el margen para defender bienes difusos como el aire, el agua o los bosques.​

En la narrativa del caso, la SCJN no debatirá restricción de amparos en materia ambiental se traduce en que la Corte decidió no convertir este criterio en regla general para todos los tribunales del país. La mayoría de ministras y ministros optó por frenar la redefinición de la figura del interés legítimo, que en los últimos años se ha consolidado como herramienta clave para que organizaciones representen a comunidades y territorios en riesgo.​

Greenpeace, detonante del caso y símbolo del resultado

El asunto llegó a la Corte a partir de una denuncia de Greenpeace, que en 2021 señaló una contradicción entre tribunales sobre la posibilidad de que una persona moral acreditara interés legítimo con base en su objeto social para promover amparos en defensa del medio ambiente. Un tribunal reconoció esa legitimación, mientras otro la negó, lo que abrió la puerta a que el máximo tribunal revisara el tema y, eventualmente, fijara un criterio obligatorio.​

Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos habían advertido que, si se aprobaba el proyecto, se cerraría la puerta a numerosos casos estratégicos que buscan detener megaproyectos, actividades extractivas o decisiones gubernamentales con fuertes impactos socioambientales. Tras el fallo, colectivos subrayan que se preserva la posibilidad de seguir utilizando el amparo como vía para exigir la protección del derecho a un medio ambiente sano en contextos de crisis climática y conflictos territoriales crecientes.​

Cómo queda la legislación

Aunque la SCJN no debatirá restricción de amparos en materia ambiental en este caso, el tema del interés legítimo seguirá en el centro de la agenda judicial, especialmente después de reformas recientes a la Ley de Amparo que ya han sido cuestionadas por su impacto en causas colectivas. La decisión deja en claro que, por ahora, el máximo tribunal no avalará criterios que restrinjan la legitimación de asociaciones para defender el ambiente, pero también muestra que existe una corriente interna que busca acotar la expansión del litigio estratégico.​

Para comunidades y organizaciones, el mensaje es doble: se mantiene el espacio para acudir a los tribunales, pero la disputa por los alcances del interés legítimo está lejos de terminar. En los próximos meses, nuevos casos en materia ambiental, energética e infraestructura pondrán nuevamente a prueba hasta dónde puede llegar el amparo como herramienta de control frente a decisiones estatales y corporativas que afectan bienes comunes.​

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Reforma energética y tensiones bilaterales

El informe Reformas Constitucionales ha generado preocupación en Washington. En la más reciente revisión de políticas, el Departamento de Estado (DOS) afirmó que el cambio estructural en el sector mexicano “revierte en gran medida la liberalización del sector energético de 2013”, tal como se detalla en su “Declaración sobre el clima de inversión en México 2025”.

La administración estadounidense no precisó si considera que estas modificaciones vulneran el T-MEC, aunque el tema será clave en la revisión programada para julio de 2026. Según la información oficial, el trato preferencial otorgado por el gobierno mexicano a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconfigura los equilibrios económicos del mercado energético regional.

Un nuevo modelo de control estatal

En octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto que redefine a Pemex y a la CFE como empresas públicas con prioridad en la producción y distribución de energía. Este giro marca la consolidación de un modelo centralizado en el que las compañías estatales vuelven a liderar el desarrollo del sector.

La implementación de la reforma, acompañada por diez proyectos de ley, confirmó que son desventajosas las reformas constitucionales para EU, especialmente para empresas privadas que pierden espacio en contratos de exploración, importación y comercialización energética. El nuevo esquema legal otorga a Pemex derecho preferente sobre nuevos bloques de petróleo y gas, con la obligación de conservar al menos 40% de participación en futuros proyectos.

Pemex y CFE: prioridades nacionales

El plan presidencial fija como meta aumentar la producción de petróleo, gas y combustibles refinados, además de diversificar la cartera hacia energías limpias. En este contexto, Pemex impulsa la instalación de turbinas eólicas y paneles solares en plataformas petroleras, mientras la CFE refuerza su dominio en el suministro eléctrico.

Las modificaciones constitucionales establecen que al menos 54% de la electricidad nacional provendrá de instalaciones estatales, limitando al sector privado a un máximo de 46%. Esta disposición confirma por qué son desventajosas las reformas constitucionales para EU, al reducir oportunidades de inversión extranjera y comprometer la competencia en el mercado energético mexicano.

Proyecciones y desafíos legales

La Secretaría de Energía (Sener) deberá emitir cada año un plan vinculante que asegure el predominio de la CFE en el despacho eléctrico. El marco busca impedir que el sector privado supere el umbral del 46% de participación. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó en 2024 que las decisiones del Cenace deben basarse en criterios técnicos, y no en la preferencia institucional hacia la CFE.

El DOS también recordó antecedentes de políticas restrictivas durante la administración de López Obrador, cuando se limitó la emisión de permisos de importación de combustibles para proteger las marcas nacionales, una tendencia que parece consolidarse bajo el nuevo mandato presidencial.

Evaluación diplomática pendiente

De cara a la revisión del T-MEC en 2026, Estados Unidos analizará los efectos de la nueva reforma mexicana en la inversión y competencia energética. Aunque no se anticipan sanciones inmediatas, el tono del informe indica una creciente inquietud sobre el rumbo del sector y las implicaciones para los intereses económicos estadounidenses.

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Esto implica que la norma impugnada a través de acción de inconstitucionalidad por senadores de oposición seguirá vigente en sus apartados más importantes, por lo que los jueces de amparo y tribunales de circuito tendrán libertad de criterio para recibir demandas y apegarse o no al criterio constitucional, lo que también abre la posibilidad para acudir a tribunales internacionales en casos particulares.

Fueron cuatro ministros que votaron por avalar integralmente el proyecto de la ministra Loretta Ortiz que planteó que las reformas impugnadas no son violatorias del contenido de los artículos 14,16, 25, 26, 27 y 28 constitucionales: Juan Luis González Alcántara Carrancá; Yasmín Esquivel Mossa; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Loretta Ortiz Ahlf.

Sólo la ministra Norma Lucía Piña votó abiertamente en contra del proyecto.

El resto de los ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; Ana Margarita Ríos Farjat; Jorge Mario Pardo Rebolledo; Javier Laynez Potisek; Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán votaron en favor de algunos artículos y en contra de otros.

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Antes de que terminara, los ministros Javier Laynez y Juan Luis González Alcántara adelantaron que consideran inconstitucional que se le dé prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través del despacho de energía, al igual que rechazaron que se eliminen las subastas para adquirir este bien.

Según el ministro Javier Laynez, en la Ley de la Industria Eléctrica se le da prioridad a las centrales de la CFE en el despacho, lo que va en contra de la libre competencia que se debería de buscar en el sector.

Durante su exposición, Laynez resaltó que las centrales públicas de la empresa estatal ya tendrían garantizada la prioridad en el orden de proveer energía aunque esta fuera menos eficiente, más cara o sucia, lo que va en contra de lo que dice la Constitución.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó que a partir del 23 de febrero ningún órgano jurisdiccional resolverá los amparos contra la Ley de la Industria Eléctrica, hasta que los ministros emitan su veredicto sobre la constitucionalidad de dicha norma.

En un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), indicó que las sentencias de los juicios de garantías deberán esperar a que el Pleno del máximo tribunal resuelva dos controversias constitucionales y una acción de inconstitucionalidad.

Dichos recursos fueron promovidos por la Comisión Federal de Competencia Económica, por el Poder Ejecutivo del Estado de Colima y por diversos integrantes de la Cámara de Senadores contra la norma publicada el 9 de marzo de 2021 en el DOF.

“Se estima conveniente acordar el aplazamiento en el dictado de la resolución de los amparos en revisión del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Segundo en Materia Administrativa, Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, en los que subsista el problema de constitucionalidad”, dice el acuerdo.

“Se deberá continuar el trámite hasta el estado de resolución y aplazar el dictado de ésta; sin menoscabo de que en términos de lo previsto en el Punto Cuarto, fracción I, inciso A), del Acuerdo General Plenario 5/2013, se resuelvan aquéllos en los que no resulte necesario abordar el referido problema de constitucionalidad”.

De acuerdo con la Corte, existen 17 recursos de revisión contra la Ley de la Industria Eléctrica en los dos tribunales colegiados de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República.

El pronunciamiento que en su momento dicte la SCJN en principio evitará la multiplicación de criterios en la resolución de los amparos y orientará con sus argumentos a los órganos jurisdiccionales que en este momento tramitan dichos recursos.

En marzo del año pasado, los jueces Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, congelaron la aplicación de la reforma eléctrica, con efectos generales, en cada una de las más de 250 suspensiones que concedieron, advirtiendo desde entonces que había indicios claros de que es inconstitucional.

Sin embargo, meses después los dos tribunales colegiados especializados empezaron a revocar las suspensiones, pues cinco de sus seis magistrados afirman que la reforma sólo afectará a las empresas privadas hasta que la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Cenace emitan lineamientos, políticas y acuerdos para aterrizar los cambios legales.

En agosto del año pasado, el juez Gómez Fierro otorgó el amparo a cuatro filiales del grupo español Naturgy Energy y en su sentencia declaró que es inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica porque limita la libre competencia y es discriminatoria, al dar prioridad al despacho de energía generada por centrales de la CFE, incluidas las que queman combustóleo y carbón, sobre privadas de fuentes renovables.

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En un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Corte detalló que dichos tribunales deben esperar a que sean resueltas las controversias constitucionales y la acción de inconstitucionalidad interpuestas contra dicha ley.

Se apuntó que en el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación están pendientes de resolverse las controversias constitucionales 44/2021 y 45/2021, así como la acción de inconstitucionalidad 64/2021, promovidas, respectivamente, por la Comisión Federal de Competencia Económica, por el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, y por diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

El Alto Tribunal tiene conocimiento de que actualmente se encuentran radicados, por una parte, en el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, los amparos en revisión 459/2021, 462/2021, 496/2021, 434/2021, 482/2021, 497/2021, 522/2021, 452/2021, 457/2021, 437/2021, 495/2021, 519/2021, 496/2021 y 521/2021, todos de su índice

En el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, los diversos amparos en revisión 292/2021, 22/2022 y 32/2022, de su índice.

“Con el fin de preservar el derecho a la seguridad jurídica de los gobernados reconocido en los artículos 14 y 16 constitucionales, considerando además que la institución del aplazamiento o suspensión del dictado de la resolución está prevista en el artículo 366 antes invocado, por aplicación supletoria de éste, se estima conveniente acordar el aplazamiento en el dictado de la resolución de los amparos en revisión del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Segundo en Materia Administrativa, Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones”, se lee en el acuerdo.

La Ley de la Industria Eléctrica se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de marzo de 2021, pero tras varias medidas cautelares ante los recursos presentados por empresas perjudicadas un juez federal decidió suspenderla de manera indefinida.

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