El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó un punto de acuerdo ante el Senado de la República para exhortar a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) a realizar, a la brevedad, avalúos de riesgo y evaluaciones de daños en comunidades del municipio de Jalapa, Tabasco, afectadas por las operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los campos Bakté y la batería Los Agaves. El legislador yucateco también pidió medidas de remediación ambiental y el establecimiento de un monitoreo permanente en la zona.

Qué exige el senador Ramírez Marín a la ASEA

Ramírez Marín reconoció que la industria petrolera es un sector estratégico para la economía del país y de Tabasco, pero advirtió que su expansión no debe darse a costa de la salud, el patrimonio ni la calidad de vida de las comunidades que conviven con esa infraestructura. Por ello planteó que la ASEA, que cuenta con atribuciones para ordenar análisis de riesgo y evaluaciones de daño ambiental cuando existan indicios de afectación a la población o al entorno, actúe de inmediato e informe al Senado sobre los resultados obtenidos.

Grietas en viviendas y contaminantes en el aire: los daños reportados desde 2025

El legislador recordó que, desde principios de 2025, habitantes de distintas localidades comenzaron a reportar afectaciones vinculadas a la intensificación de las operaciones en los campos Bakté y Los Agaves, entre ellas grietas, cuarteaduras y separaciones en las viviendas provocadas por vibraciones asociadas a la actividad industrial. Además, alertó que las emisiones de los mecheros del campo Los Agaves incluyen partículas PM10 y PM2.5, monóxido y dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico y compuestos orgánicos volátiles, sustancias cuya exposición prolongada se asocia con enfermedades respiratorias crónicas, padecimientos cardiovasculares y mayor riesgo de cáncer, con especial impacto en niñas, niños, personas adultas mayores y quienes ya padecen enfermedades respiratorias. El senador añadió que las fugas en ductos y la quema de gas residual también han contaminado suelo, cuerpos de agua y cultivos, y que la contaminación lumínica y térmica ha alterado el ecosistema regional.

Antecedentes: el Senado ya había pedido eliminar los mecheros en Tabasco

La denuncia de Ramírez Marín se suma a otra proposición presentada en febrero de 2026 por el senador Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, quien documentó la quema de gas asociado por parte de Pemex en distintas regiones petroleras del sureste —Tabasco, Veracruz, Campeche y Chiapas— y señaló que los mecheros cercanos a centros de población operan de forma continua, con ruido que puede superar los 100 decibeles y exposición a sulfuro de hidrógeno. Ese punto de acuerdo pidió a Semarnat reforzar la supervisión ambiental y a Pemex eliminar de manera definitiva los quemadores próximos a zonas habitadas, además de invertir en infraestructura para aprovechar y comercializar el gas natural.

Quejas municipales y la denuncia de junio en Jalapa

Ramírez Marín precisó que las autoridades municipales de Jalapa han presentado diversas quejas ante la ASEA y que, el 2 de junio de 2026, el presidente municipal interpuso una nueva denuncia formal para solicitar avalúos de riesgo y evaluaciones de daños. El senador aseguró que la problemática persiste pese a las inspecciones realizadas entre febrero y abril de este año, lo que lo llevó a insistir en que el Senado tiene la responsabilidad de atender las demandas de las comunidades y garantizar sus derechos a la salud, a un medio ambiente sano y a una vivienda digna.

El derrame en el Golfo y la respuesta federal, como telón de fondo

Estas exigencias se dan en un contexto más amplio de señalamientos hacia Pemex en el Golfo de México. En marzo de 2026, la Cámara de Diputados exhortó a Semarnat, ASEA, Bienestar y SADER a raíz de un derrame de hidrocarburos que afectó las costas de Veracruz y Tabasco, pidiendo a la ASEA investigar el origen del derrame, ordenar un análisis de huella química y publicar la información en un plazo no mayor a 30 días. De acuerdo con reportes posteriores, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó una respuesta coordinada con despliegue de la Marina y tratamiento de residuos mediante desorción térmica en plantas autorizadas por la ASEA, y se estableció un Observatorio Permanente del Golfo de México para fortalecer el monitoreo de futuras contingencias.

Con el nuevo punto de acuerdo, Ramírez Marín busca que el caso de Jalapa se sume a la lista de exhortos que legisladores de distintas bancadas han dirigido a Pemex y a las autoridades ambientales, en un momento en que crecen las exigencias de transparencia, remediación y monitoreo permanente para las comunidades del sureste mexicano que conviven con la infraestructura petrolera.

Kenzo, el tigre de Bengala blanco que estuvo prófugo durante cinco días en los alrededores de Tepetlaoxtoc, Estado de México, murió la mañana del jueves 2 de julio de 2026 al término de un operativo de búsqueda, sedación y contención en el que, según la versión oficial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), personal contratado disparó un sedante contra el animal para inmovilizarlo. Lamentablemente hubo un mal manejo en el sedante y, como consecuencia, sobrevino la muerte del gran felino. La dependencia federal, mientras tanto, ordenó la clausura total y temporal del predio privado Animal Experience, de donde el felino había escapado.

Cómo escapó Kenzo y cómo fue el operativo de búsqueda

La fuga ocurrió el sábado 27 de junio desde las instalaciones de Animal Experience, un establecimiento privado ubicado en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, dentro del municipio de Tepetlaoxtoc, autorizado como Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS). A partir de ese momento, autoridades federales, estatales y municipales desplegaron un operativo interinstitucional de rastreo que incluyó sobrevuelos con drones y perros especializados para ubicar al animal en una zona boscosa del municipio.

La mañana del jueves, tras cuatro días de búsqueda, el equipo de rescate localizó al tigre y un grupo de veterinarios intentó sedarlo con dardos tranquilizantes. De acuerdo con el relato de Profepa, en ese momento el felino agredió a integrantes del personal presente, lo que llevó a los elementos de seguridad que resguardaban el operativo a disparar para contener la agresión, ante lo que la autoridad describió como un riesgo inminente para la integridad física de los presentes.

La versión de Profepa sobre la muerte del animal

Profepa señaló que, pese a que el ejemplar recibió atención veterinaria inmediata por parte de especialistas de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), del Parque Zoológico de Moroleón y de Reino Animal —lugar al que fue trasladado para recibir cuidados especializados—, el tigre no logró sobrevivir. Tanto Profepa como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitieron un mensaje conjunto en el que lamentaron la pérdida del animal y reiteraron su compromiso con la supervisión de los centros que manejan fauna silvestre en cautiverio.

Como parte de las acciones derivadas del caso, la autoridad ambiental realizó una inspección al predio del que escapó Kenzo y detectó, según indicó, irregularidades relacionadas con encierros distintos a los autorizados en el Plan de Manejo del establecimiento, así como áreas de confinamiento que se encontraban en obra o en rehabilitación al momento de la fuga. Con base en esos hallazgos, Profepa impuso la clausura total temporal de Animal Experience, aseguró nueve ejemplares adicionales de vida silvestre que permanecían en el sitio y suspendió toda actividad comercial, de exhibición y de manejo no esencial, permitiendo únicamente las labores de alimentación y bienestar animal.

Versiones contrapuestas y cuestionamientos públicos

El desenlace del caso no está exento de controversia. Horas antes de que Profepa confirmara la muerte del tigre, autoridades municipales de Tepetlaoxtoc —entre ellas la presidenta municipal, Diana Morales, acompañada de personal veterinario— anunciaron públicamente que el operativo de captura tuvo éxito y que el animal se encontraba en buen estado, con lesiones menores que no comprometían su vida. Esa versión inicial contrasta con la explicación posterior de la dependencia federal sobre el uso de arma de fuego y el fallecimiento del ejemplar.

La discrepancia entre ambos relatos generó cuestionamientos de organizaciones del sector. El presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta, cuestionó públicamente la actuación del equipo veterinario y sugirió que la secuencia de los hechos difundida por la autoridad no coincidía con lo ocurrido en campo, mientras especialistas consultados por medios nacionales plantearon dudas sobre si el uso de arma de fuego se aplicó como último recurso, conforme a los protocolos internacionales para el manejo de fauna silvestre en riesgo. Hasta el momento, la autoridad ambiental no ha precisado si algún integrante del personal resultó lesionado durante el ataque del felino, ni ha detallado los santuarios a los que serán trasladados los nueve animales asegurados en el predio.

Los PIMVS y la responsabilidad legal de los recintos privados

El caso de Kenzo puso nuevamente bajo escrutinio el funcionamiento de los PIMVS en México, esquema bajo el cual operan cientos de criaderos, zoológicos privados y centros de exhibición de fauna exótica en el país. La Ley General de Vida Silvestre obliga a estos establecimientos a garantizar el confinamiento seguro de los ejemplares bajo su resguardo, así como a cumplir con los planes de manejo autorizados por la autoridad federal. La clausura de Animal Experience se suma a una serie de casos recientes en los que Profepa ha detectado fallas de infraestructura o de gestión en instalaciones privadas que manejan especies potencialmente peligrosas, lo que ha reabierto el debate público sobre la fiscalización de este tipo de recintos y sobre los protocolos de contención que deben aplicarse cuando un animal exótico escapa en una zona habitada.

Greenpeace denuncia a Pemex por derrame en el Golfo, omisiones al desastre

El 29 de abril, Greenpeace México presentó dos denuncias formales contra Petróleos Mexicanos (Pemex): una ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) por daño ambiental, y otra ante la Unidad de Responsabilidades de la propia empresa por posibles actos, omisiones y ocultamiento de información vinculados con el siniestro. La organización pide identificar a los responsables, recuperar ecosistemas marinos y costeros, disponer correctamente los residuos recolectados y establecer mecanismos de alerta para las comunidades expuestas.

La fuga tuvo su origen en febrero, en instalaciones del complejo Abkatún-Cantarell, asociada a un oleoducto de 36 pulgadas. Pemex no reconoció su responsabilidad sino hasta el 16 de abril, después de semanas de negación pública. Ese reconocimiento tardó tanto que ya había costado cargos: tres funcionarios ligados a seguridad ambiental, control marino y manejo de derrames quedaron fuera de sus puestos.

Pemex no ha dicho nada

Greenpeace sostiene que persiste un vacío de información: cuánto hidrocarburo se derramó, cuánto costará la remediación, cuál será el monto de responsabilidad institucional y qué plan integral de restauración se aplicará. La denuncia interna también pide investigar la posible responsabilidad de Víctor Rodríguez Padilla, entonces director de la empresa.

La mancha documentada por colectivos y comunidades alcanzó más de 1,100 kilómetros de costa en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Reportes previos citaban al menos 630 kilómetros de litoral afectado —la cifra fue subiendo conforme avanzaron los registros sobre el terreno.

“Que aseguren la disposición final adecuada de los residuos recolectados y establezcan mecanismos eficaces de alerta y protección para las comunidades expuestas”, aparece en el comunicado de la organización.

El escrito presentado también es para solicitar que Pemex, la ASEA, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semartnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y las autoridades competentes, presenten información sobre el derrame de combustible.

Pescadores de la región denunciaron pérdida de ingresos, suspensión de faenas y compensaciones mal distribuidas o que simplemente no llegaron. La limpieza oficial se concentró en playas turísticas y de fácil acceso; manglares y comunidades rurales quedaron rezagados. Greenpeace insiste en que los apoyos económicos a pescadores y cooperativas no sustituyen la reparación integral del daño.

Semarnat, ASEA y las instituciones que ahora tienen el expediente

Con las denuncias presentadas, el caso aterriza en la ASEA y abre la puerta a intervención de Semarnat, Profepa y, eventualmente, la Fiscalía General de la República. Greenpeace pide entrega de información, investigación de responsabilidades y garantías de no repetición. Ninguna institución ha fijado plazos públicos de respuesta.

El petróleo, en algunas zonas, todavía está.

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