Destaca presidente de Comisión de Energía en San Lázaro debate de altura en Parlamento Abierto, aunque haya, advierte, quienes busquen ‘defender lo indefendible’

El presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados federal, Manuel Rodríguez González, afirmó que la Reforma Constitucional Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador permitirá reducir las tarifas de luz hasta en 50% en un periodo de dos años, y dará pie al diseño de un sistema tarifario nacional ‘más entendible para todos’.

Estimamos que, una vez aprobada en el Congreso de la Unión, pasaríamos a instrumentarla, lo que implicaría modificaciones a las leyes secundarias; logrado esto, en el primer año se podrían bajar hasta en 20% las tarifas, mientras que el otro 30% se reduciría gradualmente durante el segundo año de aplicación, explicó.

Rodríguez González dejó claro que ese es el principal objetivo de los cambios constitucionales a los que se opone el conservadurismo; “que bajen las tarifas es algo que todos anhelamos, porque con todo y que en Tabasco tenemos la tarifa 1F, seguimos considerando que hay un periodo del año donde pagamos recibos muy caros”, refirió.

Aseguró que, por sus alcances sociales, la iniciativa presidencial representa una reforma de gran calado, porque además de ayudar a la economía de las familias mexicanas, generará condiciones para que todos los empresarios del país y no solamente los que pertenecen a un grupo selecto, sean más competitivos.

El diputado federal por Tabasco confió en que la Reforma Constitucional Eléctrica prosperará y obtendrá los votos requeridos en San Lázaro, porque en la medida de que se ha logrado socializar más con los grupos de oposición en los foros del Parlamento Abierto y la mayoría de los mexicanos –a través de Asambleas Informativas promovidas por Morena–, cada vez hay mayor convencimiento de que los cambios son impostergables.

Manuel Rodríguez resaltó en ese sentido que los foros de Parlamento Abierto convocados por la Cámara de Diputados federal, en los que participan especialistas, empresarios, académicos y ciudadanos que tradicionalmente no forman parte del proceso legislativo, ‘han sido ricos en debates y propuestas’.

‘MANIPULAN CIFRAS’

Desde su postura como presidente de la Comisión de Energía manifestó su respeto a todas las expresiones, aunque sean distintas, pero sí advirtió la participación de quienes tratan de ‘defender lo indefendible’, omitiendo elementos que evidencian el fracaso del modelo eléctrico impuesto desde 2013.

“Manipulan cifras y planteamientos para hacer creer que lo que hicieron fue muy bueno, cuando en realidad todo fue una gran mentira: ofrecieron bajar las tarifas y eso no ha sucedido ni va a suceder”, sentenció, al referir que de 2013 a 2018 las tarifas domésticas en general aumentaron 35%, y las comerciales-empresariales se dispararon en 68%.

Lo anterior, añadió el legislador de Morena, sin contar que para quienes consumen en sus domicilios grandes cantidades de energía y pasan a ser Tarifa DAC o de Alto Consumo, las tarifas aumentaron 168%.

Añadió que otra gran mentira sobre la que están ‘sostenidas’ las bondades de la Reforma Energética del sexenio pasado tiene que ver con el tema de las inversiones, un tema en el que, acusó, los opositores ‘tuercen la verdad’.

“Nos dijeron que iban a llegar cantidades importantes de inversión extranjera; incluso, alegan que llegaron 44 mil millones de dólares. Falso totalmente. Sí hay 44 mil millones de dólares de inversión en el sector eléctrico, pero sólo llegaron 2 mil 800 millones de dólares. El resto se obtuvo de ahorro de los mexicanos en las Afores, la banca de desarrollo nacional, y de la banca comercial mexicana”, reviró.

Puntualizó que lo que busca la Reforma Constitucional Eléctrica es establecer reglas justas en el sistema eléctrico nacional, con un modelo de participación mixta que devuelva al Estado mexicano –vía la CFE– la rectoría con 54% de la generación y conceda a las empresas privadas el 46% del mercado de producción de electricidad.

Lo que queremos es un esquema donde ganen todos: los usuarios, el Estado mexicano y los generadores privados, y esto garantice un servicio público de calidad, concluyó.