El gobierno mexicano ha topado hasta en 10 mil 698 megawatts (46%) la participación del sector privado en el incremento total de la generación eléctrica durante este sexenio, proyectado en 23 mil 722 megawatts que se añadirán a la Red Eléctrica Nacional. De estos, 13 mil 24 megawatts (54%) serán aportados por la CFE mediante una inversión pública estimada en 12 mil 300 millones de dólares.

Con la presentación de la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico como parte del Plan Nacional de Energía, la administración de Claudia Sheinbaum ha definido de manera genérica la ruta que seguirá la industria eléctrica, devolviéndole a la CFE la prioridad sobre las empresas privadas. La ahora empresa estatal generará el 54% de toda la energía eléctrica nacional, y los privados podrán seguir invirtiendo mediante proyectos propios para autoconsumo, para venta en el mercado eléctrico, o en coinversión con la CFE, pero siempre con el límite de participación definido.

En lo que respecta a Transmisión y Distribución, estas seguirán siendo facultad exclusiva de la CFE, que destinará 7 mil 500 millones de dólares para el refuerzo de la infraestructura de transmisión de alta tensión y 3 mil 600 millones de dólares para la distribución de energía hasta los hogares, comercios e industrias del país. Con esto, la inversión pública total proyectada para el sexenio asciende a 23 mil 400 millones de dólares.

Aún cuando la presidenta Sheinbaum y su secretaria de Energía, Luz Elena González, han establecido que la participación de empresas privadas contará con reglas claras, será hasta febrero de 2025 cuando se conozcan los detalles de dicha participación, especialmente en lo que se refiere a tasas de retorno, tipos de contrato, licitaciones y cuotas por el uso de las líneas de transmisión y distribución.

Para las funcionarias, lo más importante es que el Estado mexicano retome el control legal de todos los aspectos del negocio eléctrico, dándole prioridad a la prestación del servicio para generar desarrollo social por encima de la obtención de ganancias. “Nuestro objetivo es que el Estado recupere su capacidad para ordenar, regular y orientar el desarrollo del sector eléctrico y la transición energética, con una visión de mediano y largo plazo, porque para nosotros la planeación es clave para promover un desarrollo equitativo, inclusivo e integral para todas y todos”, se lee en la exposición de la secretaria de Energía.

“CFE va a seguir creciendo, va a seguir fortaleciéndose. ¿Cómo? Con esquemas financieros ya probados, con los cuales vamos a seguir aumentando el número de megawatts de generación. Y un porcentaje muy importante de ellos va a ser de fuentes renovables de energía”, ha señalado González.

“Se recupera la capacidad de planeación, se ponen reglas claras para el 46%, y queda muy claro cómo va a seguir creciendo la Comisión Federal de Electricidad”.

En lo que hace a la justicia energética, el objetivo es llevar electricidad a los hogares que no cuenten con ella mediante dos nuevos programas: cocinas limpias para sustituir el uso de leña e instalación de paneles fotovoltaicos en hogares del norte del país, proyecto que comenzará en Mexicali, Baja California.

También se busca fomentar acuerdos entre las empresas privadas y las comunidades para impulsar el desarrollo regional, asegurando que los proyectos beneficien a las localidades donde se instalen.

Por lo que respecta a la transición energética, se han trazado objetivos de inversión en conjunto con la iniciativa privada para alcanzar los compromisos de México en los acuerdos de París de 2016 contra el cambio climático.