Desde 2012, la AMC ha presentado propuestas para una política científica y tecnológica de largo plazo; sin embargo, no ha sido escuchada.

Por tercer sexenio consecutivo, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto hasta el recién iniciado de Claudia Sheinbaum, pasando por el de Andrés Manuel López Obrador, la Academia Mexicana de Ciencias ha insistido en que las conclusiones de los múltiples foros realizados entre científicos de todo el País desde hace por lo menos doce años, se tomen en cuenta en el diseño de las políticas públicas en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hasta ahora, sus exhortos han sido infructuosos.

En 2012, bajo el auspicio de la UNAM, se realizó un primer esfuerzo para construir una agenda nacional en CTI en el que participaron cerca de 120 representantes de 64 organizaciones del sector, incluidas instituciones de educación superior, centros de investigación, academias, asociaciones, cámaras y líderes empresariales, así como algunos sectores gubernamentales.

“El resultado”, recuerda la AMC, fue el documento “Hacia una Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación 2012” que se entregó al entonces presidente electo Enrique Peña Nieto, y cuya propuesta principal era la misma que hoy: “Hacer del conocimiento y la innovación una palanca fundamental para el crecimiento económico sustentable de México, que favorezca el desarrollo humano, posibilite una mayor justicia social, consolide la democracia y la paz, y fortalezca la soberanía nacional”.

Posteriormente, en 2018, se realizó un segundo ejercicio de reflexión y concertación que, con una participación aún más importante, reiteró la propuesta de 2012 y la profundizó en diversas dimensiones. El resultado de esta deliberación se plasmó en el documento “Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024”, el cual se entregó al presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

En 2018, las autoridades designadas por el entonces Presidente López Obrador para encabezar el CONACYT tenían ideas diferentes y adoptaron diversas medidas para modificar el rumbo. Se trataba, según lo estableció el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2024 (PECITI), de “impulsar un cambio de paradigma en la política de CTI” con base en “el avance del conocimiento y el cambio tecnológico de vanguardia, siempre anteponiendo la defensa del interés público, el bien común y la recuperación de la rectoría del Estado en el trazado de las vías del desarrollo nacional prioritarias y estratégicas”.

Para ello, recuerda la AMC, se establecieron seis objetivos prioritarios: fortalecimiento de la comunidad científica; impulso a la generación de conocimiento de vanguardia y la ciencia de frontera con investigaciones de carácter inter, multi y transdisciplinario; establecimiento de los programas nacionales estratégicos; desarrollo de la transferencia de tecnologías de vanguardia; promoción del acceso universal al conocimiento y sus beneficios; y generación de información y perspectiva científica con impacto social.

Con base en el PECITI 2021-2024, se realizaron varias acciones, entre otras: se establecieron diez Programas Nacionales Estratégicos; se reformó en varias ocasiones el estatuto y el reglamento del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) así como sus criterios y mecanismos de evaluación; se dio una nueva orientación al posgrado y se modificaron las prioridades y el enfoque de sus becas; se extinguieron los fideicomisos, tanto del CONACYT como de los Centros Públicos de Investigación (y con ello se perdió la multianualidad de los apoyos a la ciencia); y se elaboró una nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) que incluye un nuevo modelo de gobernanza para el sistema CTI.

Para la AMC, “es demasiado temprano para evaluar los resultados y efectos de este conjunto de acciones, muchas de las cuales han generado debate e inquietud entre la comunidad de CTI. Durante los foros, algunos miembros de la AMC expresaron, en particular, su preocupación por el modelo altamente centralizado que contiene la LGHCTI, por las diferencias que se hace entre instituciones públicas y privadas, así como por el abandono de la política de vinculación e innovación entre la academia y el sector productivo”.

En 2023, la ACM designó a una comisión de sus miembros para preparar una nueva propuesta para contribuir al diseño de una política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) para los siguientes 25 años.

El trabajo de dicha comisión fue enriquecido con las aportaciones de miembros de la AMC a través de cuatro foros virtuales celebrados en Noviembre y Diciembre de ese año, en los que, nuevamente, participaron miembros de la AMC de todo el País y muy diversos campos del conocimiento, desde la Óptica, las Matemáticas, la Inteligencia Artificial, la Medicina, hasta la Economía y la Sociología.

En 2024, la ACM presentó tanto al gobierno saliente como al entrante de Claudia Sheinbaum, su nueva propuesta que, a juzgar por el bajo presupuesto asignado a CTI para el año 2025, sigue sin ser escuchada pese a tener bases constitucionales.

“Esta Academia toma como punto de partida el texto del Artículo 3 Constitucional que establece el derecho de todas las personas a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Para ello, dice la Constitución, el Estado debe apoyar la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y proveer recursos y estímulos suficientes conforme las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia. Además, se reconoce constitucionalmente que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, debe estar integrado por los sectores públicos, social y privado”, señala el documento entregado por la ACM a los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

En sus conclusiones, la comunidad científica hace un llamado a las autoridades de todos los niveles a acatar el Artículo 73 Fracción XXIX F de la Constitución, en el sentido de que el sistema nacional de CTI debe articular adecuadamente a la comunidad científica, tecnológica y de innovación, a los gobiernos estatales y federal, al sector productivo y al sector social.

Para ello, es necesario que el Estado Mexicano genere políticas públicas que estimulen y promuevan la colaboración entre las universidades y los centros de investigación, públicos y privados, con los diferentes sectores productivos y sociales de nuestro país”, resume.