Un comité de decenas de especialistas convocado por el gobierno federal entregó en agosto de 2026 su primer diagnóstico sobre la posibilidad de extraer gas en yacimientos no convencionales en el norte del país. Entre las voces técnicas del grupo está Alma América Porres, ingeniera geofísica egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), doctora en Geofísica Aplicada por la Universidad de Burdeos y excomisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) durante 12 años, hasta 2022-2023. La especialista sostiene que la tecnología del fracturamiento hidráulico ha cambiado tanto en el último lustro que ya no puede compararse con la de hace 15 años.

El planteamiento se da en un contexto de fuerte dependencia energética: entre 70 y 75 % del gas natural que consume México se importa de Estados Unidos, y una parte mayoritaria de ese volumen proviene precisamente de yacimientos no convencionales estadounidenses. Ese dato es el que impulsó a la presidenta Claudia Sheinbaum a integrar un grupo de asesores técnicos y científicos para valorar, sin comprometerse todavía a autorizar proyectos, si México podría replicar parte de esa producción con menores riesgos ambientales.

Qué encontró el comité científico sobre soberanía energética

El grupo de trabajo, integrado por especialistas de instituciones como la propia UNAM, presentó su primer informe con una estimación de recursos prospectivos de gas no convencional de 141.5 billones de pies cúbicos en tres cuencas del país. Se trata de una cifra que refleja una posibilidad geológica y no una reserva confirmada; para saber cuánto de ese volumen es realmente aprovechable haría falta perforar pozos exploratorios y de monitoreo.

El comité recomendó descartar por completo la cuenca Tampico-Misantla, que se extiende entre Veracruz, el sur de Tamaulipas y zonas de San Luis Potosí y Puebla, por razones ambientales y de conflictividad social. En cambio, planteó continuar evaluando las cuencas de Burgos, en Tamaulipas, y Sabinas-Burro-Picachos, entre Coahuila y Nuevo León. Cualquier avance, subrayaron los expertos, deberá ir acompañado de consulta previa a las comunidades, monitoreo científico independiente y una regla no negociable: nada de agua dulce. Los pozos tendrían que abastecerse con agua salada de formaciones profundas no aptas para consumo humano ni agrícola, dado que cada perforación puede requerir decenas de miles de metros cúbicos de líquido.

Cómo cambió la tecnología del fracking en cinco años, según la experta

Porres centró buena parte de su intervención en explicar por qué, a su juicio, la discusión sobre el fracking ya no puede basarse en los estándares de hace década y media. Según la especialista, perforar y completar un pozo no convencional llegó a costar entre 38 y 50 millones de dólares en sus primeras etapas, mientras que en Estados Unidos el costo actual ronda los 8 a 10 millones, una caída cercana al 80 %. Citó además rangos de 8 a 12 millones de dólares en Canadá y de 13 a 15 millones en Argentina.

Esa tendencia coincide con lo que documenta la industria del shale a nivel global: mejoras en el diseño de los pozos, laterales más largos, más etapas de fractura por jornada y mayor automatización redujeron de forma sostenida el costo por pozo desde el auge de 2010-2014. En cuencas maduras como la Permian, en Texas, los costos actuales suelen ubicarse entre 8 y 12 millones de dólares, aunque en México las estimaciones independientes son algo más altas —entre 8 y 15 millones— por la falta de infraestructura y experiencia local acumulada.

La ingeniera también describió avances en los tiempos de ejecución: procesos que antes tomaban hasta 35 días hoy se resuelven en un rango de 8 a 20 días, con hasta 10 etapas de fractura diarias frente a 3 en el pasado. Asimismo, mencionó que la profundidad horizontal alcanzable pasó de alrededor de 1,500 metros a cifras cercanas a los 5,000 metros, lo que permite un mayor contacto con la roca productora y, en teoría, mejor rendimiento por pozo perforado.

Los riesgos y las condiciones que exige el gobierno mexicano

Ni el comité ni la propia mandataria han presentado la evaluación como una autorización automática para iniciar proyectos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que el primer paso será perforar pozos de monitoreo para confirmar si en las cuencas restantes existe suficiente agua salada profunda, separada de los acuíferos de uso humano, antes de considerar cualquier etapa productiva. El gobierno federal también se comprometió a mantener al comité como órgano asesor permanente, publicar los estudios técnicos y realizar consultas públicas en las zonas con comunidades cercanas. Puede seguirse la actividad institucional a través de los canales oficiales de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Persisten, sin embargo, varios factores que los propios especialistas reconocen como pendientes. Los recursos citados son prospectivos, no reservas probadas, por lo que se requieren campañas piloto para determinar qué tan recuperable es el gas en la práctica. Alcanzar una producción capaz de mover la balanza de las importaciones exigiría miles de pozos a lo largo de una década, junto con inversión en infraestructura de recolección, tratamiento de agua y caminos de acceso. A esto se suman riesgos que la tecnología moderna reduce pero no elimina por completo, como la sismicidad inducida, la integridad de los pozos a largo plazo y el manejo responsable del agua salada extraída.

Lo que implica para Tabasco y el sur del país

Aunque las cuencas evaluadas están en el norte de México, la discusión energética tiene un peso particular para entidades como Tabasco, históricamente ligadas a la producción convencional de hidrocarburos a través de Petróleos Mexicanos. Un eventual aumento de la producción nacional de gas —convencional o no convencional— forma parte de la estrategia más amplia de Sheinbaum para reducir la dependencia de importaciones, un objetivo que la propia presidenta ha dicho que tomará entre 10 y 15 años en materializarse y que no descansará en una sola fuente, sino en la combinación de eficiencia energética, renovables y mayor producción nacional.

El debate que apenas comienza

El diagnóstico presentado en agosto de 2026 no cierra el debate sobre el fracking en México: lo reabre bajo nuevas condiciones técnicas y ambientales. La evolución tecnológica que describe Alma Porres es consistente con lo que ha documentado la industria del shale en otros países, pero replicarla en territorio mexicano implicará resolver retos de infraestructura, financiamiento y aceptación social que no se resuelven solo con mejores taladros. Por ahora, el gobierno federal optó por avanzar con pasos medidos: primero confirmar si hay agua, después si hay gas, y solo entonces, dicen las propias autoridades, decidir si conviene ir más allá.

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Ormuz en el borde: señales de escalada militar inminente. El 3 de agosto de 2026, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) informó que su sistema de defensa aérea derribó un dron estadounidense MQ-9 Reaper sobre el estrecho de Ormuz, en un día en el que el tráfico marítimo por ese corredor se redujo a apenas un puñado de embarcaciones menores y ningún gran petrolero o buque metanero logró cruzarlo. El episodio se suma a dos ataques contra buques comerciales registrados entre el 1 y el 2 de agosto y ocurre en el marco de la guerra de Irán de 2026, el conflicto que desde finales de febrero enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Teherán y que ha convertido a este cuello de botella marítimo en uno de los puntos más peligrosos del planeta.

Origen de la crisis: de los ataques contra el liderazgo iraní al bloqueo del estrecho

La actual fase de tensión arrancó el 28 de febrero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron una ofensiva aérea combinada —bautizada por Washington como Operación Epic Fury— contra instalaciones militares, nucleares y de mando en Irán. Esa acción derivó en la muerte del entonces líder supremo, Ali Jamenei, y de otros altos mandos iraníes. Teherán respondió en cuestión de horas con oleadas de misiles y drones contra Israel, bases estadounidenses en el Golfo y varios países aliados de Washington en la región, al tiempo que ordenó a la IRGC restringir el paso de buques por Ormuz.

Desde entonces, la Casa Blanca ha sostenido en repetidos comunicados que su objetivo es impedir que Irán obtenga armas nucleares y garantizar la libre navegación por el estrecho. En un mensaje reciente recogido en su sitio oficial, la administración estadounidense afirmó mantener un control naval total sobre la zona, mientras que el Departamento de Defensa detalló que despliega escoltas militares para intentar que embarcaciones comerciales puedan salir del Golfo Pérsico pese a las hostilidades.

El derribo del dron y los ataques a buques que encendieron las alarmas

La secuencia de incidentes de los últimos días ilustra el deterioro acelerado de la situación. El 31 de julio, un buque metanero cargado con gas natural licuado catarí resultó impactado por un proyectil no identificado en aguas cercanas a la entrada sur del estrecho, frente a las costas de Omán, lo que le provocó daños severos en su sala de máquinas y lo dejó a la deriva sin propulsión, aunque sin víctimas ni derrames reportados. Un día después, el 2 de agosto, una explosión adicional fue reportada cerca de otro petrolero en la zona oriental del paso marítimo, sin que se registraran heridos.

El derribo del MQ-9 Reaper, confirmado por la propia IRGC a través de su vocería castrense, representa uno de varios episodios similares ocurridos desde el estallido del conflicto, en los que ambos bandos han reportado la pérdida de aeronaves tripuladas y no tripuladas sobre el Golfo. Funcionarios iraníes vinculados al Consejo Supremo de Seguridad Nacional han advertido públicamente que exigirán autorización previa para cualquier tránsito por el estrecho y que endurecerán las restricciones si continúa lo que califican como un bloqueo naval estadounidense contra sus propios puertos.

Qué está en juego: el peso económico y energético del estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz mide apenas 34 kilómetros en su punto más angosto y separa las costas de Irán y Omán. Se trata del único acceso marítimo desde el Golfo Pérsico hacia mar abierto y, en condiciones normales, por ahí transitaba cerca de una quinta parte del petróleo transportado por vía marítima a escala global, además de un porcentaje significativo del gas natural licuado producido por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak y Catar con destino principal a Asia, de acuerdo con estimaciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Desde finales de febrero, ese flujo se ha visto interrumpido de forma reiterada. Organismos de seguridad marítima han documentado episodios en los que miles de marinos y cientos de embarcaciones quedaron varados dentro del Golfo Pérsico, mientras las aseguradoras especializadas en riesgo de guerra elevaron de forma considerable sus tarifas para cualquier buque que pretenda cruzar la zona. Los precios internacionales del petróleo han fluctuado con fuerza durante toda la crisis, con picos que en las fases más álgidas del conflicto superaron ampliamente los niveles previos a la guerra, para luego moderarse cada vez que se anuncian avances diplomáticos y volver a dispararse tras cada nuevo incidente armado.

Diplomacia interrumpida: entre ultimátums y treguas rotas

La crisis ha estado marcada por múltiples intentos de negociación que, hasta ahora, no han logrado consolidarse. Washington y Teherán llegaron a firmar un memorando de entendimiento a mediados de junio para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho, un acuerdo que se rompió semanas después tras nuevos ataques contra buques comerciales. A finales de julio y principios de agosto, el propio mandatario estadounidense reconoció haber cancelado una ofensiva de gran escala que, según describió, habría estado entre las más amplias emprendidas por su país en décadas, luego de que aliados del Golfo Pérsico —entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar— intercedieran para evitar una escalada mayor.

Irán, por su parte, ha negado sostener negociaciones directas con Estados Unidos y ha precisado que sus contactos se limitan a Omán, país que funge como intermediario para explorar una posible ruta segura y temporal para el tránsito comercial. El gobierno iraní, a través de sus canales oficiales, ha insistido en que cualquier arreglo debe respetar lo que considera su soberanía sobre el estrecho, mientras Washington mantiene que se trata de una vía internacional que debe permanecer abierta para todos los países.

El riesgo de una escalada mayor

La combinación de ataques contra embarcaciones civiles —incluido un buque metanero—, el derribo de una aeronave de reconocimiento estadounidense, un tráfico comercial prácticamente congelado y amenazas cruzadas de control militar sobre el estrecho configura, para analistas de seguridad regional, un escenario de alto riesgo. Ambas partes mantienen fuerzas navales y aéreas en estado de alerta máxima en una zona donde cualquier malentendido durante una operación de escolta, un intento de abordaje o la respuesta a un nuevo derribo podría desencadenar una confrontación directa de mayores proporciones.

Mientras tanto, los muchos buques varados, el encarecimiento de los seguros marítimos y la volatilidad de los precios energéticos siguen golpeando a las economías que dependen del flujo de crudo y gas por Ormuz, incluidas aquellas alejadas del Golfo Pérsico que resienten el impacto en los mercados internacionales de combustibles. La situación continúa cambiando hora con hora, y tanto la comunidad marítima internacional como los gobiernos de la región vigilan de cerca cada movimiento en un punto del mapa donde la diplomacia y la disuasión militar avanzan, por ahora, a la par.

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La operación fue confirmada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien explicó que Pemex Internacional será la filial encargada de canalizar las exportaciones hacia el país asiático durante un periodo que, hasta ahora, no ha sido precisado por el gobierno mexicano.

Una ruta marítima inusual para esquivar el conflicto

Para llegar a su destino, el buque tuvo que abandonar las rutas comerciales tradicionales. En lugar de cruzar por Medio Oriente, la embarcación bordeó el Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, un trayecto considerablemente más largo y costoso, pero que reduce la exposición a las zonas de mayor tensión bélica.

El cargamento arribará primero a la refinería de Yokkaichi, en el centro de Japón, y posteriormente será trasladado a la planta de Chiba, cerca de Tokio. Ambas instalaciones pertenecen a Cosmo Oil, subsidiaria del consorcio Cosmo Energy, y cuentan con sistemas de coquización y desulfuración capaces de procesar crudos pesados como el Maya, la mezcla insignia de la producción mexicana.

El cierre de Ormuz dispara la búsqueda de proveedores alternativos

El origen de esta operación está directamente ligado a la guerra que estalló a finales de febrero de 2026 entre Estados Unidos, Israel e Irán. El bloqueo del estrecho de Ormuz —ruta por la que transita aproximadamente una quinta parte de la demanda mundial de crudo— provocó un repunte superior al 22% interanual en los precios del petróleo Brent y encendió las alarmas en Tokio.

Antes del conflicto, Japón dependía de Medio Oriente para cerca del 94% de sus importaciones petroleras, y hasta un 70% de todo su suministro debía transitar obligatoriamente por Ormuz. La interrupción de ese corredor dejó al país asiático ante un riesgo real de desabasto, lo que obligó a sus autoridades energéticas a buscar, de forma urgente, fuentes alternas de crudo, entre ellas México.

El pacto entre Sheinbaum y Takaichi que hizo posible el envío

El antecedente político del cargamento se remonta a abril de 2026, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sostuvieron una conversación en la que acordaron reforzar la cooperación energética bilateral como medida de seguridad nacional para Japón. De acuerdo con la mandataria mexicana, el gobierno de Takaichi ya había manifestado previamente a Pemex su interés en importar crudo mexicano.

Ese acercamiento se tradujo, meses después, en el primer embarque concreto: un millón de barriles operados comercialmente por PMI Comercio Internacional, brazo de Pemex responsable de colocar petróleo mexicano en mercados de América, Europa, India y Asia.

¿Cuánto crudo puede exportar México sin afectar el mercado interno?

La magnitud del envío también abrió el debate sobre su impacto en el abasto nacional. Sheinbaum situó la producción petrolera del país en alrededor de 1.8 millones de barriles diarios, de los cuales 1.4 millones se destinan al procesamiento en refinerías mexicanas, dejando un excedente exportable de entre 400 mil y 500 mil barriles diarios —principalmente hacia Estados Unidos—. Cifras oficiales más recientes, sin embargo, ubican la producción nacional en un nivel más ajustado, cercano a 1.65 millones de barriles diarios, lo que reduce el margen disponible para operaciones extraordinarias como esta.

El millón de barriles enviado a Japón equivale a una porción considerable del excedente exportable diario del país, por lo que el gobierno mexicano ha insistido en que se trata de un apoyo puntual y no de un compromiso de suministro permanente.

Una jugada de diplomacia energética con beneficios para ambas partes

Para Pemex, la operación representa la oportunidad de colocar volumen adicional en un mercado asiático donde la escasez ha elevado los precios. Para el gobierno mexicano, el episodio se presenta como una muestra de la capacidad del país para actuar como proveedor confiable en momentos de crisis internacional, fortaleciendo los lazos con uno de sus principales socios comerciales en Asia, una relación que además se sostiene con fuertes inversiones japonesas en el sector automotriz mexicano.

Más allá del alivio inmediato a sus refinerías, para Japón el envío envía una señal política: la de una estrategia de diversificación energética que busca reducir, a mediano plazo, su histórica dependencia de Medio Oriente y explorar alianzas transpacíficas más estables, en un contexto donde persisten las hostilidades en el estrecho de Ormuz.

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De acuerdo con cifras del comportamiento reciente de Petróleos Mexicanos, la Región Marina Noroeste —el conglomerado de activos en aguas someras donde operan ambos campos— pasó de producir alrededor de 1.02 millones de barriles diarios en 2018 a poco más de 640 mil barriles diarios en 2025, una contracción de aproximadamente 37% en siete años. La cifra se dispara por encima del 40% si la comparación se extiende a la última década.

Ku-Maloob-Zaap, el gigante que también se agota

KMZ, considerado hasta ahora el activo más valioso de la paraestatal, extraía cerca de 875 mil barriles diarios en 2018. Para el periodo 2025-2026, su producción se ubica entre 530 y 540 mil barriles diarios, lo que representa una merma de aproximadamente 39% en siete años. Analistas del sector energético han señalado que, pese a seguir siendo el yacimiento más productivo del país, KMZ ya no puede compensar por sí solo las pérdidas del resto de la plataforma marina.

Especialistas en geología petrolera han indicado que este comportamiento es propio de campos maduros que superaron su punto de máxima extracción y ahora enfrentan un agotamiento natural de reservas, un proceso que ocurre incluso tras años de explotación intensiva y que resulta extremadamente difícil de revertir sin nuevas inversiones significativas.

Cantarell, de récord histórico a sombra de sí mismo

El caso de Cantarell resulta todavía más elocuente. En su punto máximo, durante los primeros años de la década de 2000, el yacimiento llegó a producir más de 2 millones de barriles diarios, una cifra que lo convirtió en uno de los campos petroleros más productivos del planeta. Hoy, su extracción ronda entre 110 y 145 mil barriles diarios, con una caída acumulada superior al 30% si se toma 2018 como punto de comparación, y considerablemente mayor si se mide contra su pico histórico.

Voces del sector han advertido que las estrategias de explotación aplicadas en el pasado —basadas en la sobreproducción acelerada y el uso intensivo de inyección de nitrógeno para mantener la presión del yacimiento— habrían contribuido a precipitar la caída posterior del campo, limitando su capacidad de sostener volúmenes altos en el largo plazo.

Fallas operativas que agravaron la caída

A la declinación natural de los yacimientos se suman fallas operativas registradas a partir de 2021 en la infraestructura marina de Pemex —plataformas y ductos— que, según reportes del sector, afectaron de forma directa el desempeño de KMZ en distintos periodos, acentuando la tendencia a la baja.

Consecuencias para Pemex y la política energética

La contracción de estos dos yacimientos ha sido identificada como uno de los factores centrales detrás de la reducción de casi 25% en la producción nacional de crudo durante la administración pasada. Ante este panorama, Pemex ha intentado compensar el volumen perdido con el desarrollo de nuevos campos terrestres y marinos, aunque diversos análisis del sector coinciden en que estos proyectos no logran sustituir por completo la producción que aportaban Cantarell y KMZ en su mejor momento, lo que mantiene bajo presión tanto la plataforma total de producción como las finanzas públicas del país.

El límite geológico

La Sonda de Campeche pasó de ser el epicentro de la renta petrolera mexicana —llegó a combinar más de 2.5 millones de barriles diarios entre Cantarell y KMZ en sus mejores años— a convertirse en una zona madura con escaso margen de crecimiento sin inversión adicional y sin un cambio profundo en las prácticas de manejo de reservas.

Este escenario ha puesto en evidencia los límites geológicos y operativos que enfrenta cualquier estrategia de rescate de Pemex basada en estos dos megayacimientos: por sí solos, Cantarell y KMZ ya no tienen la capacidad de sostener el nivel de renta petrolera que históricamente aportaron a la Federación.

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Cifras clave del repunte de gas natural de Pemex

El promedio de producción de gas natural de Pemex entre enero y mayo de 2026 fue de 4,876 millones de pies cúbicos diarios, frente a los 4,454 millones de pies cúbicos diarios registrados en el mismo lapso de 2025. Ku-Maloob-Zaap, el complejo marino más importante de la petrolera, aportó 830.36 millones de pies cúbicos diarios de gas asociado —aquel que se extrae junto con el petróleo—, consolidándose como uno de los principales motores del incremento.

En el segmento de gas no asociado, es decir, el que se extrae de forma independiente al crudo, el activo de Veracruz lideró la producción nacional con 889.01 millones de pies cúbicos diarios, mientras que Samaria-Luna, en Tabasco, apenas alcanzó 43.56 millones de pies cúbicos diarios en ese mismo rubro, lo que evidencia la disparidad entre regiones productoras.

Qué explica el alza en Ku-Maloob-Zaap

El crecimiento responde sobre todo al mayor volumen de gas asociado que se extrae en Ku-Maloob-Zaap, el complejo de la Sonda de Campeche que continúa operando como un nodo estratégico para Pemex pese a su antigüedad. Parte de esta mejora se explica también por inversiones previas en infraestructura de compresión y aprovechamiento de gas dentro del propio complejo, entre ellas el proyecto anunciado en Ku Alfa, orientado a reducir la quema de gas y sostener los niveles de extracción, según señaló

El contraste: Ku-Maloob-Zaap gana en gas, pierde en petróleo

El repunte gasífero convive con una realidad distinta en el frente petrolero. De acuerdo con un reporte de Bloomberg Línea, el complejo produjo en promedio 542 mil barriles diarios de crudo hasta mayo de 2025, una caída de 38% frente a los 875 mil barriles diarios que extraía en 2018. La misma fuente precisó que las reservas probadas del activo se redujeron de 1,858 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en 2018 a 648 millones en 2024, un declive que refleja el agotamiento progresivo del yacimiento pese a su aporte creciente en gas.

Límite estructural: la dependencia del gas importado persiste

Especialistas consultados en la cobertura advirtieron que la mejora en producción no resuelve por sí sola los retos de seguridad energética del país, ya que una parte considerable del gas que extrae Pemex se destina a autoconsumo, reinyección y procesos operativos internos, sin llegar al mercado. Esa limitación es relevante porque el gas natural sigue siendo la columna vertebral del sistema eléctrico mexicano: de acuerdo con datos del Cenace, al cierre de mayo de 2026 el 60.2% de la electricidad generada en el país provino de este combustible.

En ese contexto, el repunte de Ku-Maloob-Zaap y Veracruz resulta relevante para las finanzas y la operación de Pemex, pero no altera de fondo la dependencia de México del gas natural proveniente de Estados Unidos, que continúa cubriendo una porción significativa de la demanda nacional para generación eléctrica.

Un pozo clave para la soberanía energética

El mejor arranque de año en producción de gas natural desde 2023 confirma que Pemex ha logrado sostener e incluso mejorar la extracción en activos clave como Ku-Maloob-Zaap y Veracruz. Sin embargo, la lectura completa del dato exige matices: el mismo complejo que impulsa el gas enfrenta un declive petrolero acelerado, y el país sigue sin resolver su dependencia estructural de las importaciones de gas natural para mantener encendido su sistema eléctrico.

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Washington decidió no renovar el acuerdo en su forma original, aunque el tratado sigue vigente mientras se resuelven las diferencias pendientes entre los tres países. Para distintos especialistas, ese esquema de revisión periódica coloca al sector de combustibles y a la industria eléctrica mexicana bajo un escrutinio mucho más cercano que en años anteriores.

Una etapa de presión política más que de ruptura comercial

Pech planteó que la postura estadounidense responde más a una estrategia de negociación en año electoral que a una intención real de romper el tratado. El analista sostuvo que Estados Unidos busca conservar margen de maniobra y capacidad de presión sobre México en los temas que considera prioritarios, entre ellos la energía.

El especialista precisó que la vigencia del T-MEC, mientras se resuelven las controversias abiertas, confirma que no existe un riesgo inmediato de terminación del acuerdo. Sin embargo, advirtió que México sí enfrenta un escenario de mayor presión política, comercial y regulatoria en los próximos años, derivado del nuevo mecanismo de revisión.

Permisos, almacenamiento y participación privada, bajo la lupa

De acuerdo con el análisis de Pech, buena parte de las fricciones acumuladas entre México y sus socios comerciales durante los últimos años podría convertirse ahora en parámetros formales para medir el cumplimiento del tratado. El especialista mencionó, entre otros puntos, la participación de empresas privadas en el mercado energético, los permisos para el manejo de combustibles, la infraestructura de almacenamiento, la generación eléctrica y el papel que desempeñan Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

Según su lectura, temas que antes se abordaban como controversias técnicas o regulatorias podrían pasar a evaluarse como indicadores del desempeño de México dentro del tratado. Eso incluiría, señaló, las autorizaciones de importación, los permisos para operar terminales e infraestructura de almacenamiento, y cualquier ajuste regulatorio que afecte a las empresas privadas del sector.

Pech planteó además que la energía podría funcionar como moneda de cambio dentro de la negociación trilateral, es decir, que Washington podría usar el tema energético para obtener concesiones en otros sectores estratégicos, como el automotriz o el agroalimentario.

La dependencia del gas natural estadounidense, un punto sensible

Uno de los factores que más preocupa al consultor es la alta dependencia de México respecto al gas natural que llega desde Estados Unidos, la cual, de acuerdo con su estimación, supera el 70 por ciento del abasto nacional. Para Pech, esa cifra convierte al suministro energético en un elemento especialmente vulnerable ante un periodo prolongado de incertidumbre comercial.

El especialista explicó que un esquema de revisiones anuales podría desincentivar decisiones de inversión en ductos, terminales de almacenamiento y proyectos eléctricos, ya que la falta de previsibilidad regulatoria eleva el riesgo para quienes buscan invertir en infraestructura energética en México.

Sobre el comunicado difundido por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Pech consideró que debe interpretarse principalmente en clave política. A su juicio, Washington busca mantener vigente el tratado mientras conserva la posibilidad de endurecer su posición una vez concluido el proceso electoral estadounidense.

El reto pendiente: certidumbre regulatoria

De cara a los próximos ciclos de revisión, el consultor estimó que la continuidad del T-MEC dependerá cada vez más de cómo evolucionen los temas considerados estratégicos por ambos gobiernos, con la política energética mexicana entre los más sensibles.

Para Pech, el principal desafío del país consiste en ofrecer mayor certidumbre regulatoria al mercado, reducir los puntos de fricción con sus socios comerciales y fortalecer la infraestructura energética nacional, con el fin de disminuir la exposición de México ante eventuales cambios en la relación bilateral con Estados Unidos.

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Las estimaciones oficiales difundidas por autoridades energéticas apuntan a que ese pico representaría un punto de inflexión: si los planes de incorporación de energía solar y eólica avanzan conforme a lo programado, el consumo de gas para la generación podría comenzar a moderarse en los años siguientes. Sin embargo, la materialización de esa curva descendente depende de variables que aún están en disputa: la velocidad de ejecución de proyectos, el financiamiento disponible y la evolución de los precios internacionales del propio gas.

Una dependencia del 75%: el talón de Aquiles energético de México

El trasfondo del posible récord de 2027 no puede entenderse sin considerar la estructura de abasto que sostiene al sector energético mexicano. De acuerdo con datos oficiales divulgados en 2026 por la Secretaría de Energía. Esto es, aproximadamente tres de cada cuatro unidades de gas natural que se consumen en el país provienen del exterior, principalmente de Texas y California, a través de una red de gasoductos de interconexión fronteriza.

Esta proporción cobra especial relevancia cuando se considera que México utiliza alrededor de 9,000 millones de pies cúbicos diarios de gas en su conjunto, y que el sector eléctrico es el consumidor de mayor peso dentro de esa cifra. En términos prácticos, ello significa que cada vez que la demanda de electricidad sube —por temperaturas extremas, por crecimiento industrial o por la sustitución de otras fuentes— las necesidades de gas importado se incrementan de forma proporcional.

México: récord de consumo de gas natural para electricidad 2027, dependencia extrema

El año que viene será el pico

La vulnerabilidad de ese modelo quedó expuesta en febrero de 2021, cuando las tormentas invernales que azotaron Texas interrumpieron el flujo de gas hacia México y provocaron cortes masivos de electricidad en varios estados del norte del país. Ese episodio, conocido como la crisis de Úri, advirtió con claridad sobre los riesgos de depender de una sola fuente de suministro exterior, sin capacidad de almacenamiento estratégico suficiente para absorber interrupciones.

A ello se suma la exposición a la volatilidad del mercado estadounidense. La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) prevé que el precio de referencia Henry Hub —el indicador más utilizado para contratos de gas en Norteamérica— se sitúe en torno a los 3.50 dólares por millón de BTU durante 2026 y escale a cerca de 4.60 dólares en 2027, justo el año del pico de consumo proyectado para México. Esa alza potencial en los precios trasladaría costos adicionales a la generación eléctrica. Lo que viene acompañado de posibles repercusiones en tarifas y en las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La apuesta por más ductos: 23,289 kilómetros de red para 2030

Como parte de la estrategia para reducir los cuellos de botella que limitan el transporte interno del combustible, el gobierno federal ha planteado un plan de expansión de la red nacional de gasoductos. La información pública presentada en 2026 indica que el país opera actualmente 21,149 kilómetros de ductos para gas natural, y que la meta oficial es ampliar esa infraestructura hasta los 23,289 kilómetros para 2030, con una inversión estimada en 140,904 millones de pesos.

El plan contempla la construcción de once nuevos tramos, además de trabajos de mantenimiento y modernización en los corredores ya existentes. En su ejecución participan la CFE y el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), organismo responsable de la gestión del sistema de transporte. Una parte significativa de esa infraestructura nueva entraría en servicio entre 2026 y 2027, lo cual es relevante porque coincide con el periodo de mayor presión sobre la demanda de gas para generación.

Para las regiones industriales del norte y el Bajío, así como para las zonas urbanas con mayor concentración de consumo, la disponibilidad de ductos suficientes marcará la diferencia entre un suministro estable y potenciales restricciones. En ese sentido, la infraestructura no es solo logística: es también una condición habilitadora para que el sistema eléctrico funcione sin interrupciones mientras la transición energética avanza.

La paradoja que señalan analistas del sector es que ampliar la capacidad de transporte de gas podría, al mismo tiempo, incentivar un mayor consumo del combustible en el corto plazo, lo que retardaría el desplazamiento hacia fuentes más limpias. Ese dilema entre seguridad de suministro inmediata y descarbonización estructural define gran parte del debate energético en México y en otros países de la región.

Renovables al alza, pero el gas mantiene el pulso del sistema eléctrico

Las autoridades energéticas mexicanas han insistido en que el máximo de consumo de gas proyectado para 2027 sería una cima temporal, no una tendencia permanente. La Secretaría de Energía ha indicado que la estrategia de largo plazo busca elevar la participación de la generación limpia desde el nivel actual de alrededor del 24% hasta el 38% para 2030. Lo cual se logrará apoyada en la entrada de nuevas plantas solares y parques eólicos.

Ese objetivo implica un cambio estructural de magnitud considerable en un sistema que durante décadas construyó su capacidad instalada sobre termoeléctricas de gas, combustóleo y carbón. La transición, no obstante, enfrenta obstáculos concretos: la lentitud en los procesos de licitación, la incertidumbre regulatoria que ha frenado inversiones privadas en generación renovable desde 2021, y la necesidad de adaptar la red de transmisión para integrar fuentes de generación distribuida y variable.

Desde una perspectiva latinoamericana más amplia, el dilema mexicano es parte de una tensión compartida con otros países de la región: la urgencia de contar con electricidad firme, asequible y confiable en el corto plazo choca con los compromisos de reducción de emisiones asumidos en acuerdos internacionales. El gas natural suele presentarse en esos debates como un combustible de transición —menos contaminante que el carbón, pero no neutro en carbono— cuya vigencia prolongada genera cuestionamientos desde la comunidad científica y organismos como la Agencia Internacional de Energía (AIE), que advierte que ningún nuevo proyecto de combustibles fósiles es compatible con un escenario de cero emisiones netas para 2050.

Lo que viene: infraestructura, precios y renovables como termómetro

Durante los próximos trimestres, tres variables serán determinantes para saber si la proyección de 2027 se confirma y si el pico se convierte en un genuino punto de quiebre hacia una matriz más diversificada.

En primer lugar, el avance concreto de las obras de gasoductos anunciadas: los retrasos en la ejecución de infraestructura energética en México tienen antecedentes documentados, y cualquier demora podría traducirse en restricciones de suministro en el período de mayor demanda previsto. En segundo lugar, la evolución de los precios del gas en el mercado estadounidense determinará el impacto financiero real del pico de consumo para las empresas y para las tarifas eléctricas. Finalmente, la velocidad con que los proyectos de energía solar y eólica entren en operación será la señal más clara sobre si México está efectivamente en camino de reducir su dependencia del gas o si simplemente la difiere hacia años posteriores.

El récord proyectado para 2027 es, en ese sentido, mucho más que una estadística.  Años de decisiones políticas, inversiones postergadas y rezagos estructurales definen la trayectoria energética del país en una década crítica.

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El convenio llega después de que México buscara originalmente fortalecer lazos con compañías como Shell, ExxonMobil y Eni. A diferencia de esos acercamientos, el entendimiento con la petrolera brasileña tiene una vigencia inicial de apenas dos años —aunque renovable— lo cual resulta llamativo si se considera que los proyectos de exploración y producción petrolera suelen requerir horizontes de planeación mucho más largos.

Un memorándum sin compromisos vinculantes

De acuerdo con Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC, el elemento central para entender el verdadero peso de este acuerdo está en su carácter “no vinculante”. Esto significa que no existe ninguna obligación de inversión entre ambas partes, un patrón que, según el especialista, ya se había repetido anteriormente con otras firmas internacionales que llegaron a colaborar con Pemex sin concretar proyectos de gran escala.

Monroy explicó que experiencias similares con otras petroleras se limitaron, en la práctica, a intercambios de personal técnico y visitas de especialistas, sin que ese tipo de cooperación derivara en negocios o inversiones tangibles.

En la misma línea, Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), advirtió que mientras no surjan proyectos de inversión concretos, será difícil que esta nueva relación entre las dos estatales avance más allá de declaraciones de intención.

Según lo informado, la colaboración se concentraría en tres frentes: exploración y producción en aguas profundas, desarrollo de procesos industriales como petroquímica y fertilizantes, y un intercambio de experiencias regulatorias e institucionales entre ambos países.

Los obstáculos que alejan la inversión real

Los analistas señalaron que difícilmente Petrobras destinará capital de inversión a proyectos conjuntos con Pemex en el corto o mediano plazo. La razón principal radica en que el esquema contractual mexicano no resulta atractivo para una empresa que, aunque de propiedad mayoritariamente estatal, también cotiza en los mercados bursátiles y debe responder a sus accionistas.

Monroy detalló que los modelos de contratos mixtos no se ajustan a los intereses de Petrobras, ya que no garantizan rentabilidad y podrían incluso afectar negativamente el valor de sus acciones. Explicó que, en esquemas de producción compartida, la empresa brasileña tendría que competir en licitaciones públicas sin ninguna certeza de obtener los derechos sobre descubrimientos logrados con su propia tecnología.

Ocampo, por su parte, contrastó la apertura que Petrobras ha mostrado hacia la inversión privada con la postura del gobierno mexicano actual, que ha mantenido un discurso enfocado en la soberanía energética y que, hasta el momento, no muestra señales de modificar ese enfoque.

Estas afirmaciones coinciden con declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien si bien reconoció que Petrobras cuenta con participación de capital privado, subrayó que se trata fundamentalmente de una empresa pública, por lo que el acuerdo debe entenderse como un entendimiento entre dos petroleras estatales.

¿Negocio o mensaje político?

Para Ocampo, la falta de claridad respecto a los contratos específicos y la ambigüedad sobre si los proyectos se desarrollarían en aguas profundas, ultraprofundas o en campos maduros, sugiere que el anuncio responde más a una lógica política que a una estrategia de negocios bien definida. El especialista del IMCO fue enfático en que, más allá del simbolismo, hay poca sustancia concreta detrás del convenio.

Monroy coincidió en que el trasfondo político es innegable, pero agregó un matiz: detrás del acercamiento existió un interés del presidente brasileño Lula da Silva por colocar etanol producido por Petrobras en el mercado mexicano a través de Pemex. No obstante, ese plan no resultó viable financieramente para la empresa mexicana, ya que habría requerido inversiones de entre 6,000 y 8,000 millones de dólares para adaptar su infraestructura, lo que terminó por diluir buena parte del impulso original de la negociación.

Optimismo a pesar de todo

En suma, los especialistas consultados sostienen que la alianza entre Pemex y Petrobras se aleja considerablemente del optimismo que rodeó los primeros anuncios. Sin proyectos concretos de inversión y con un horizonte de apenas dos años, el acuerdo parece responder más a una señal diplomática entre gobiernos aliados que a una estrategia real de fortalecimiento del sector energético mexicano.

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De acuerdo con los organizadores, se espera la participación de entre 8,000 y 10,000 asistentes, incluyendo especialistas, empresas del sector energético, académicos y autoridades. Este volumen posiciona al evento como un motor clave para la economía local y el fortalecimiento del turismo de reuniones.

Trayectoria de Puebla como sede del CMP

Con la edición de 2027, Puebla acumulará tres ocasiones como anfitriona del Congreso Mexicano del Petróleo, tras haberlo organizado previamente en 2011 y 2017. Esta continuidad refleja la confianza del sector en la capacidad logística e infraestructura de la entidad.

Organizadores precisaron que Puebla cuenta con centros de convenciones modernos, conectividad estratégica y una amplia oferta hotelera, factores que han sido determinantes para su selección.

Además, la ciudad ha fortalecido su posicionamiento como destino para eventos internacionales, compitiendo con otras ciudades clave del país.

Impacto económico y proyección internacional

Autoridades y representantes del sector señalaron que la llegada del CMP 2027 generará una importante derrama económica para Puebla. Hoteles, restaurantes, transporte y servicios turísticos serán algunos de los sectores más beneficiados.

Asimismo, indicaron que este tipo de eventos permite atraer inversiones y posicionar a las ciudades sede como nodos estratégicos dentro de la industria energética. Según datos de la Secretaría de Turismo, el turismo de negocios representa una parte significativa de los ingresos del sector en México.

El subsecretario de Promoción Turística, José Miguel Vélez Espinoza, señaló que el CMP 2027 fortalecerá el posicionamiento de Puebla como sede de eventos de talla nacional e internacional, impulsará la actividad turística, generará derrama económica y proyectará la infraestructura, conectividad y capacidad organizativa del estado ante sectores productivos.

El papel del CMP en la industria energética

El Congreso Mexicano del Petróleo es considerado el principal foro técnico del sector en el país. Reúne a expertos que presentan avances tecnológicos, estudios de investigación y soluciones para los retos actuales de la industria.

Organizaciones como la Society of Petroleum Engineers han participado activamente en el evento, contribuyendo a elevar el nivel técnico y la proyección internacional del congreso.

En un contexto de transición energética global, el CMP también ha comenzado a incluir temas relacionados con energías limpias, eficiencia y sostenibilidad, ampliando su alcance más allá del petróleo tradicional.

Puebla se consolida como hub de desarrollo

La designación de Puebla como sede del CMP 2027 confirma su crecimiento como centro de desarrollo económico y logístico. Autoridades locales señalaron que este tipo de eventos fortalece la competitividad regional y genera oportunidades para distintos sectores.

Finalmente, el regreso del Congreso Mexicano del Petróleo a Puebla después de una década refuerza su papel como referente nacional en infraestructura, turismo de negocios e impulso a la inversión.

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Juan Carlos Carpio es el nuevo director de PEMEX

Petróleos Mexicanos (PEMEX) arranca una nueva etapa con Juan Carlos Carpio Fragoso al mando. El economista egresado de la UNAM ocupó durante alrededor de año y medio la dirección de Finanzas de la empresa, desde donde cargó con los temas de deuda, estructura financiera y proyectos de inversión. Sheinbaum lo respaldó públicamente al anunciar el nombramiento: afirmó que Carpio “conoce todos los proyectos” de la petrolera y subrayó su honestidad como criterio de designación.

Del área financiera a la dirección general

Carpio Fragoso es licenciado en economía por la UNAM y tiene una maestría en gerencia pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Su trayectoria en la administración pública federal arranca al menos desde 2007, según su declaración patrimonial. No tiene trayectoria directa en la industria de hidrocarburos; su especialidad viene de la gestión económica del sector público, lo que convierte este nombramiento en una apuesta por el control financiero sobre la experiencia técnica en el subsuelo.

La situación inicial ante sí

Víctor Rodríguez Padilla dejó la dirección general en un momento de presión financiera sostenida: recortes en la perspectiva crediticia, escrutinio sobre la viabilidad de la empresa y producción que no termina de repuntar. Juan Carlos Carpio es el nuevo director de PEMEX justo cuando la paraestatal necesita convencer a los mercados de que puede pagar su deuda sin asfixiar las inversiones en campo.

Sus primeras palabras al frente

En sus primeras declaraciones, Carpio prometió enfocar las actividades “100% a fortalecer a la empresa y a la consolidación de la soberanía energética del país”. También adelantó que, con autorización de Sheinbaum, buscará retomar el trabajo directo con las y los trabajadores de PEMEX en campo. Se presentó como parte del “gran equipo” del gobierno actual y agradeció la confianza depositada.

Claudia Sheinbaum y Víctor Rodríguez Padilla habían acordado desde el inicio una gestión acotada. El relevo no llegó por crisis sino por un calendario pactado, aunque el timing, en medio de semanas con turbulencia en los mercados, pone a Carpio frente a su primera prueba antes de terminar su primer mes.

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