Washington decidió no renovar el acuerdo en su forma original, aunque el tratado sigue vigente mientras se resuelven las diferencias pendientes entre los tres países. Para distintos especialistas, ese esquema de revisión periódica coloca al sector de combustibles y a la industria eléctrica mexicana bajo un escrutinio mucho más cercano que en años anteriores.

Una etapa de presión política más que de ruptura comercial

Pech planteó que la postura estadounidense responde más a una estrategia de negociación en año electoral que a una intención real de romper el tratado. El analista sostuvo que Estados Unidos busca conservar margen de maniobra y capacidad de presión sobre México en los temas que considera prioritarios, entre ellos la energía.

El especialista precisó que la vigencia del T-MEC, mientras se resuelven las controversias abiertas, confirma que no existe un riesgo inmediato de terminación del acuerdo. Sin embargo, advirtió que México sí enfrenta un escenario de mayor presión política, comercial y regulatoria en los próximos años, derivado del nuevo mecanismo de revisión.

Permisos, almacenamiento y participación privada, bajo la lupa

De acuerdo con el análisis de Pech, buena parte de las fricciones acumuladas entre México y sus socios comerciales durante los últimos años podría convertirse ahora en parámetros formales para medir el cumplimiento del tratado. El especialista mencionó, entre otros puntos, la participación de empresas privadas en el mercado energético, los permisos para el manejo de combustibles, la infraestructura de almacenamiento, la generación eléctrica y el papel que desempeñan Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

Según su lectura, temas que antes se abordaban como controversias técnicas o regulatorias podrían pasar a evaluarse como indicadores del desempeño de México dentro del tratado. Eso incluiría, señaló, las autorizaciones de importación, los permisos para operar terminales e infraestructura de almacenamiento, y cualquier ajuste regulatorio que afecte a las empresas privadas del sector.

Pech planteó además que la energía podría funcionar como moneda de cambio dentro de la negociación trilateral, es decir, que Washington podría usar el tema energético para obtener concesiones en otros sectores estratégicos, como el automotriz o el agroalimentario.

La dependencia del gas natural estadounidense, un punto sensible

Uno de los factores que más preocupa al consultor es la alta dependencia de México respecto al gas natural que llega desde Estados Unidos, la cual, de acuerdo con su estimación, supera el 70 por ciento del abasto nacional. Para Pech, esa cifra convierte al suministro energético en un elemento especialmente vulnerable ante un periodo prolongado de incertidumbre comercial.

El especialista explicó que un esquema de revisiones anuales podría desincentivar decisiones de inversión en ductos, terminales de almacenamiento y proyectos eléctricos, ya que la falta de previsibilidad regulatoria eleva el riesgo para quienes buscan invertir en infraestructura energética en México.

Sobre el comunicado difundido por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Pech consideró que debe interpretarse principalmente en clave política. A su juicio, Washington busca mantener vigente el tratado mientras conserva la posibilidad de endurecer su posición una vez concluido el proceso electoral estadounidense.

El reto pendiente: certidumbre regulatoria

De cara a los próximos ciclos de revisión, el consultor estimó que la continuidad del T-MEC dependerá cada vez más de cómo evolucionen los temas considerados estratégicos por ambos gobiernos, con la política energética mexicana entre los más sensibles.

Para Pech, el principal desafío del país consiste en ofrecer mayor certidumbre regulatoria al mercado, reducir los puntos de fricción con sus socios comerciales y fortalecer la infraestructura energética nacional, con el fin de disminuir la exposición de México ante eventuales cambios en la relación bilateral con Estados Unidos.

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La presidenta Sheinbaum habla con inversionistas desde hace meses en distintos foros, pero este encuentro resultó diferente: los fondos representados en la sala mueven billones de dólares en infraestructura, energía y activos digitales en todo el mundo.

Tres ejes y un marco legal recién aprobado

El diálogo giró en torno a tres grandes bloques: proyectos mixtos público-privados, digitalización de la economía y la coyuntura económica internacional. Sheinbaum vinculó directamente la reunión con dos leyes aprobadas días antes en el Senado, diseñadas para dar reglas claras a la inversión mixta y acelerar la construcción de obras estratégicas.

El T-MEC apareció como uno de los argumentos centrales del gobierno federal para atraer capital extranjero. La presidenta subrayó que el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá representa una ventana que México debe aprovechar ante la relocalización de empresas en América del Norte. Ese mismo argumento resonó entre los fondos presentes.

BlackRock y GIP: qué buscan en México

BlackRock lleva en México desde 2008. Es uno de los mayores inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores y gestiona recursos de fondos de retiro que se canalizan a infraestructura y energía. En la reunión, sus directivos confirmaron que el fondo sigue con apetito para nuevos proyectos en el país, especialmente bajo esquemas mixtos con participación privada regulada.

GIP, por su parte, se especializa en infraestructura de gran escala: energía, transporte y aeropuertos. Su portafolio global encaja con los sectores que el gobierno mexicano identifica como prioritarios para los próximos años.

Sergio Méndez, director general de BlackRock México, también estuvo en la reunión y reforzó el mensaje: el interés es concreto, no solo diplomático.

Señales claras

La presidenta Sheinbaum habla con inversionistas cuidando de no adelantar compromisos que aún no existen. Ella misma aclaró que “no quedaron en nada en particular” tras el encuentro: sin montos, proyectos firmados ni fechas aún. Lo que sí quedó fue la ratificación del interés de ambos fondos en operar dentro del nuevo marco legal mexicano.

Analistas leen la visita como una señal de confianza en la política de proyectos mixtos de la administración federal, no implica el arranque inmediato de alguna obra. La diferencia entre ambas lecturas puede medirse en meses, o en años.

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Un corredor de gas que mira a Asia

La ruta del gas natural, que va desde la Cuenca Pérmica en Texas hasta las costas mexicanas, podría alargarse hasta Asia. El combustible cruza la frontera por ductos ya operativos, sigue por gasoductos internos y desemboca en puntos del Pacífico y del Golfo preparados para convertirlo en gas natural licuado. Desde ahí, la molécula pudieran embarcarse hacia China, Japón, Corea del Sur o India, con la ventaja de evadir los cuellos de botella del Canal de Panamá y recortar tiempos de viaje.

Saguaro Energía y el nuevo rostro del Pacífico

En Sonora, el proyecto Mexico Pacific/Saguaro Energía se convirtió en símbolo de esa apuesta. El complejo se levanta en Puerto Libertad con la mira puesta en exportar decenas de millones de toneladas de gas natural licuado cada año, alimentado por gasoductos que atraviesan el país desde el norte. La obra promete empleo, inversión y movimiento constante de buques, pero también arrastra dudas locales sobre impacto ambiental, uso del agua y cambios en el territorio. En el otro extremo del Pacífico mexicano, la terminal Costa Azul LNG, operada por Sempra en Baja California, se expande para asegurar contratos de largo plazo con clientes asiáticos que buscan suministro estable.

T-MEC, reguladores y empresas en tensión

Detrás de cada ducto hay una disputa regulatoria. El T-MEC no incorpora un capítulo energético formal, pero sí fija reglas sobre inversión, solución de controversias y trato a empresas del Estado que influyen de lleno en el sector. A partir de ese marco, corporaciones como TC Energy presionan para que la revisión del acuerdo en 2026 incluya disposiciones energéticas más detalladas que recorten la discrecionalidad regulatoria y blinden proyectos millonarios. Del lado mexicano, la política pública privilegia a las empresas estatales y revisa permisos privados, lo que abre fricciones con inversionistas que reclaman certeza y trato parejo.

Una apuesta con costo climático

México: el puente gasero a Asia llega en plena transición energética global. Para México: el corredor promete nuevas rentas por transporte, servicios portuarios e infraestructura, además de un papel central en la seguridad energética de Norteamérica. Al mismo tiempo, refuerza la dependencia de combustibles fósiles en un momento en que los compromisos climáticos exigen acelerar la reducción de emisiones. Entre consultas del T-MEC, oposiciones locales y balances de riesgo, el país queda en medio: puente indispensable para otros y territorio donde se sienten los costos ambientales y sociales de cada decisión.

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Presión empresarial y la narrativa del “mercado cerrado”​

Del otro lado de la frontera, más de 14 mil firmas manufactureras agrupadas en la National Association of Manufacturers (NAM) acusan que las reglas mexicanas han “cerrado” el mercado a productores y distribuidores de energía de Estados Unidos, encarecen proyectos industriales y complican nuevas inversiones. En sus comunicaciones a Washington, estas empresas sostienen que las reformas de 2024 profundizaron los problemas ya señalados en las consultas energéticas de 2022 bajo el acuerdo comercial norteamericano, al fortalecer el papel de la CFE en el despacho y elevar la incertidumbre regulatoria para el capital privado. Para los fabricantes, el acceso a energía confiable y asequible se ha convertido en un obstáculo estratégico, al tiempo que ven con recelo que el rediseño del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) esté guiado por una lógica de planeación estatal que, en su opinión, limita su margen de maniobra.​

Política energética no viola T-MEC afirma Presidenta, ideología y soberanía en disputa​

La reforma constitucional y el paquete de leyes secundarias aprobados entre 2024 y 2025 reconfiguraron el sector eléctrico al devolver a la Comisión Federal de Electricidad un rol predominante en generación y despacho, al tiempo que estrecharon la ventana de entrada para nuevos proyectos privados. Gobiernos y asociaciones de Estados Unidos y Canadá sostienen que este giro favorece estructuralmente a las empresas del Estado mexicano y choca con los compromisos de trato no discriminatorio asumidos en el acuerdo regional, lo que ha detonado consultas y amenazas de escalar a paneles de controversia. Desde Palacio, sin embargo, la respuesta es tajante: las críticas tienen un trasfondo ideológico y político, más que jurídico, y buscan cuestionar un modelo que prioriza la seguridad energética nacional sobre la desregulación plena del mercado.​

En ese mismo tono, el mensaje central se repite como un estribillo calculado: Política energética no viola T-MEC afirma Presidenta, y por tanto no hay marcha atrás ni ventana para renegociar lo ya aprobado en el Congreso mexicano. La narrativa oficial se apoya en la idea de que el tratado reconoce la soberanía de cada país para organizar estratégicamente sectores considerados clave, y que la interpretación extensiva de las reglas comerciales por parte de grupos empresariales sólo busca revertir la apuesta de México por un esquema con mayor peso estatal. Política energética no viola T-MEC afirma Presidenta, insiste el gobierno, mientras advierte que ceder en este punto enviaría una señal de debilidad de cara a la revisión formal del acuerdo prevista para 2026.​

El nuevo mapa de permisos y la lógica de la red​

Bajo el nuevo modelo, ya no es el desarrollador quien decide dónde construir una planta y luego exige capacidad de transmisión, sino que la Secretaría de Energía define las zonas donde hacen falta proyectos y convoca a la inversión privada bajo criterios técnicos. La instrucción es clara: evitar que centrales aisladas saturen nodos frágiles de la red y, al mismo tiempo, orientar la capacidad nueva hacia polos industriales y corredores prioritarios, con la CFE manteniendo el timón del despacho. Para los críticos, esta recentralización de decisiones erosiona la autonomía regulatoria y desalienta proyectos que dependen de certidumbre a largo plazo, mientras que para el gobierno se trata de poner orden allí donde predominaba una expansión descoordinada.​

La autoridad energética también ha endurecido los requisitos técnicos para que las renovables se integren sin desestabilizar el sistema, exigiendo almacenamiento con baterías y esquemas de conexión que mitiguen las variaciones en generación solar y eólica. La apuesta oficial combina un discurso de transición energética con una defensa cerrada del control estatal de la red, en un equilibrio delicado que aún no termina de convencer a inversionistas que miran el reloj de la descarbonización global.​

Regularización de contratos y señales cruzadas a la inversión​

En paralelo, el gobierno avanza en la regularización de viejos contratos de autoabasto, varios de ellos vinculados a grandes consorcios extranjeros que operaban al límite de la legalidad según la lectura de las autoridades mexicanas. La venta del portafolio de plantas de Iberdrola a un nuevo operador se convirtió en caso emblemático: el mensaje fue que, quien quiera seguir en el negocio, debe alinearse al nuevo marco y renegociar bajo las reglas que colocan a la CFE como actor ineludible.​

Mientras tanto, cámaras empresariales y analistas advierten que la combinación de mayor control estatal, reglas cambiantes y tensiones comerciales con socios de Norteamérica puede encarecer el financiamiento y retrasar proyectos clave para aliviar cuellos de botella de transmisión y generación. El gobierno responde que, con planeación centralizada y contratos bien diseñados, México podrá atraer inversiones que acepten jugar bajo estas condiciones, aun cuando parte del capital más impaciente mire hacia otros destinos. En ese pulso se juega no sólo el futuro del sector eléctrico, sino la capacidad del país para aprovechar la relocalización industrial sin ceder el control estratégico de su energía.​

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En esencia, la propuesta dibuja un corredor energético donde participan México, Estados Unidos y Canadá: plantas de procesamiento en territorio mexicano, gas proveniente de Estados Unidos y capital canadiense dispuesto a invertir. El planteamiento, explicado por TC Energy, no solo busca eficiencia logística, sino reordenar prioridades regionales en un mercado que se mueve a la velocidad del cambio geopolítico.

El atractivo de una integración más profunda

La empresa argumenta que los productores norteamericanos, especialmente los instalados en la Cuenca Pérmica, podrían maximizar su ventaja geográfica si las políticas regulatorias se alinean mejor entre ambos lados de la frontera. En un documento enviado al USTR, TC Energy señala que la integración energética aún tiene barreras, pero también una oportunidad evidente: una demanda creciente en Asia dispuesta a pagar por gas confiable y disponible.

A pesar de que varias plantas de Gas Natural Licuado se han propuesto en México durante la última década, solo un proyecto de tamaño mediano ha logrado alcanzar la Decisión Final de Inversión. Para la empresa, esto demuestra que el interés existe, pero la consolidación como eje exportador sigue en desarrollo. Es un recordatorio de que, en energía, los proyectos avanzan en el filo entre financiamiento, permisos y estrategia nacional.

Plan para exportar gas natural a Asia de TC Energy: por qué México importa

México tiene una ventaja difícil de ignorar: su cercanía con la Cuenca Pérmica le permite acceso a gas abundante y de bajo costo. Y Texas, a su vez, se beneficia de la compra de excedentes de gas de esquisto, que de otro modo sería quemado. Es un intercambio que, aunque técnico, sostiene industrias completas y evita desperdicio energético.

De hecho, 75% del gas natural que se consume en México se importa desde Estados Unidos a través de gasoductos transfronterizos. Entre ellos destaca el Southeast Gateway, recién terminado por TC Energy, cuya inversión de 3,900 millones de dólares apunta a transformar el sureste mexicano en un nodo de desarrollo energético.

En esta conversación, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) subraya que el acceso al gas natural es inseparable del proyecto económico nacional, una afirmación que, más que un dato, confirma la relevancia estratégica del energético en el país.

Una solución logística con destino asiático

Las exportaciones estadounidenses de GNL hacia Asia dependen, en su mayoría, de la costa del Golfo de México. Pero esa ruta implica costos más altos y tiempos de envío casi duplicados respecto a una salida desde territorio mexicano. Para los productores, ese diferencial puede determinar la viabilidad financiera de un embarque.

De acuerdo con la empresa, los tiempos de transporte desde la costa oeste de México hacia Asia rondan las dos semanas. Desde el Golfo, tardan más de tres. En un mercado donde cada día suma costos de almacenamiento y fletes, esta semana adicional se vuelve una barrera.

La idea detrás del Plan para exportar gas natural a Asia de TC Energy es clara: si la geografía ya ofrece una ventaja, la infraestructura debe ponerse al día.

Lo que sigue: negociación, inversión y política

Aunque el planteamiento suena pragmático, requiere algo más complejo: acuerdos binacionales, inversión privada y un alineamiento regulatorio que, históricamente, avanza lento. La revisión del T-MEC será un momento crucial para definir si el proyecto se convierte en ruta firme o permanece como propuesta estratégica.

Para México, la discusión abre una ventana. No se trata solo de exportar gas: se trata de asumir un papel más activo en la arquitectura energética del continente, con beneficios económicos tangibles y retos regulatorios evidentes.

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Reforma energética y tensiones bilaterales

El informe Reformas Constitucionales ha generado preocupación en Washington. En la más reciente revisión de políticas, el Departamento de Estado (DOS) afirmó que el cambio estructural en el sector mexicano “revierte en gran medida la liberalización del sector energético de 2013”, tal como se detalla en su “Declaración sobre el clima de inversión en México 2025”.

La administración estadounidense no precisó si considera que estas modificaciones vulneran el T-MEC, aunque el tema será clave en la revisión programada para julio de 2026. Según la información oficial, el trato preferencial otorgado por el gobierno mexicano a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconfigura los equilibrios económicos del mercado energético regional.

Un nuevo modelo de control estatal

En octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto que redefine a Pemex y a la CFE como empresas públicas con prioridad en la producción y distribución de energía. Este giro marca la consolidación de un modelo centralizado en el que las compañías estatales vuelven a liderar el desarrollo del sector.

La implementación de la reforma, acompañada por diez proyectos de ley, confirmó que son desventajosas las reformas constitucionales para EU, especialmente para empresas privadas que pierden espacio en contratos de exploración, importación y comercialización energética. El nuevo esquema legal otorga a Pemex derecho preferente sobre nuevos bloques de petróleo y gas, con la obligación de conservar al menos 40% de participación en futuros proyectos.

Pemex y CFE: prioridades nacionales

El plan presidencial fija como meta aumentar la producción de petróleo, gas y combustibles refinados, además de diversificar la cartera hacia energías limpias. En este contexto, Pemex impulsa la instalación de turbinas eólicas y paneles solares en plataformas petroleras, mientras la CFE refuerza su dominio en el suministro eléctrico.

Las modificaciones constitucionales establecen que al menos 54% de la electricidad nacional provendrá de instalaciones estatales, limitando al sector privado a un máximo de 46%. Esta disposición confirma por qué son desventajosas las reformas constitucionales para EU, al reducir oportunidades de inversión extranjera y comprometer la competencia en el mercado energético mexicano.

Proyecciones y desafíos legales

La Secretaría de Energía (Sener) deberá emitir cada año un plan vinculante que asegure el predominio de la CFE en el despacho eléctrico. El marco busca impedir que el sector privado supere el umbral del 46% de participación. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó en 2024 que las decisiones del Cenace deben basarse en criterios técnicos, y no en la preferencia institucional hacia la CFE.

El DOS también recordó antecedentes de políticas restrictivas durante la administración de López Obrador, cuando se limitó la emisión de permisos de importación de combustibles para proteger las marcas nacionales, una tendencia que parece consolidarse bajo el nuevo mandato presidencial.

Evaluación diplomática pendiente

De cara a la revisión del T-MEC en 2026, Estados Unidos analizará los efectos de la nueva reforma mexicana en la inversión y competencia energética. Aunque no se anticipan sanciones inmediatas, el tono del informe indica una creciente inquietud sobre el rumbo del sector y las implicaciones para los intereses económicos estadounidenses.

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Trump trata de desgastar a Sheinbaum con aranceles y exigencias

El acuerdo anunciado entre los gobiernos de México y Estados Unidos para postergar aranceles no disipa la ofensiva de Washington. Para diversos expertos, Trump trata de desgastar a Sheinbaum aprovechando la dependencia comercial mexicana, con la mira puesta en frenar el avance de la Cuarta Transformación.

La tregua de 90 días en la guerra arancelaria es vista más como un compás de espera que como una solución estructural. Analistas sostienen que Trump trata de desgastar a Sheinbaum desplegando un frente de exigencias que incluyen modificar regulaciones sanitarias, abrir el sector energético y aceptar nuevas medidas de seguridad bilateral.

La presión sobre el modelo económico mexicano

Para el economista Jorge Retana Yarto, el expresidente Donald Trump y su partido consideran que el proyecto político encabezado por Claudia Sheinbaum es una amenaza. “La agresividad en temas como migración y comercio no es técnica, es política. No les gusta el proceso de soberanía y justicia social que se vive en México”, afirma.

De hecho, el mismo día del anuncio del acuerdo comercial, Estados Unidos publicó condiciones específicas: permitir la entrada de medicamentos estadounidenses, eliminar restricciones al maíz transgénico y revertir la prohibición progresiva del glifosato.

Estas demandas, según Pablo Moctezuma Barragán, representan un intento de intervención económica disfrazada de cooperación. En sus palabras, “es evidente que Estados Unidos no está a gusto con México”. Su crítica al discurso sobre el narcotráfico es clara: “no tiene fundamentos, es una coartada para debilitar políticamente a la 4T”.

Seguridad, migración y soberanía: el frente más delicado

Una de las cartas más recurrentes en el discurso de Trump es la seguridad. Ha insinuado la posibilidad de desplegar tropas en México ante la supuesta “inacción” contra el narcotráfico. Sin embargo, durante el mandato de Sheinbaum, México ha realizado más de 26 mil detenciones por delitos de alto impacto, ha confiscado más de 200 toneladas de droga y desmantelado más de mil laboratorios clandestinos.

La narrativa estadounidense, sin embargo, apunta a intervenir cada vez más en temas de inteligencia y operaciones conjuntas. El gobierno mexicano anunció un nuevo pacto de seguridad bilateral con intercambio de información y combate al tráfico de armas, similar en estructura al EDCA firmado entre Estados Unidos y Filipinas. Retana Yarto advierte que esto podría abrir la puerta a enclaves de control estratégico disfrazados de cooperación.

Nuestro modelo energético en la mira de Washington

Entre las exigencias más delicadas está la apertura del sector energético mexicano, actualmente protegido por la Constitución. Para el politólogo Moctezuma Barragán, esto es un ataque directo a la soberanía nacional. “Quieren desmantelar Pemex y la CFE para que las corporaciones energéticas estadounidenses controlen nuestros recursos”, asegura.

Estas presiones forman parte de un proyecto mayor que busca convertir a México en plataforma logística para los conflictos geopolíticos de Estados Unidos, en especial frente a China y Rusia. Por ello, expertos alertan sobre la necesidad de reforzar el modelo nacional y evitar un retroceso estructural.

Resistencia o sumisión

La vulnerabilidad de México no es militar, sino económica: el 80% de sus exportaciones dependen de Estados Unidos. Con más de 390 mil millones de dólares de inversión estadounidense acumulada, cualquier represalia podría generar un impacto significativo.

No obstante, tanto Retana como Moctezuma insisten en que la única vía sostenible es la diversificación comercial, el fortalecimiento interno y la defensa de la soberanía. En ese contexto, es esencial revisar el marco del T-MEC y repensar sus implicaciones.

La figura de Pablo Moctezuma Barragán, politólogo e historiador, adquiere relevancia al señalar que la popularidad de Sheinbaum no es garantía automática. “Es momento de acelerar la transformación del país, aunque eso implique distanciamiento con Estados Unidos. Ceder sería dar paso al retorno de la derecha”.

Los próximos 90 días serán decisivos. En palabras de Retana: “Si el gobierno actúa con tibieza, seguirán desgastándolo hasta crear las condiciones para un cambio de régimen”.

Información de Revista Guinda.

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40 congresistas estadounidenses firmaron una carta en la que solicitaron que se convoque a una audiencia y se permita investigar las formas en las que México está incumpliendo sus compromisos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia de política energética.

La misiva fue firmada principalmente por Clay Higgins, miembro de la Cámara de Representantes por el partido republicano y enviada a la demócrata Carolyn Maloney, líder del Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes.

“La urgimos, como jefa del Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes, a que convoque una audiencia para investigar el grado en el que México está incumpliendo sus compromisos bajo el T-MEC”, se lee en la carta, fechada el 18 de marzo.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a John Kerry, representante para el cambio climático del gobierno de Estados Unidos, se le aclaró “que estamos a favor de las energías limpias y en contra de los negocios sucios”. No nos vamos a pelear con el gobierno de ese país, queremos una buena relación, pero no aceptamos la corrupción, sostuvo.

Durante la conferencia de prensa matutina se refirió a la reunión que sostuvo con Kerry, con quien, dijo, se habló sobre la reforma eléctrica y se le precisó que los legisladores decidirán sobre ella. Añadió que fue una “muy buena conversación” y respetuosa, en la que hubo tiempo para mostrarle el Palacio Nacional, los salones y los murales.

Aseguró que la reforma eléctrica no afecta el T-MEC, el cual no tiene que ver con la corrupción, y “queremos tener buena relación con el gobierno de Estados Unidos, no nos vamos a pelear con este gobierno, pero no aceptamos la corrupción. Le expliqué cómo recibí el gobierno y cómo los que mandaban, los que se sentían dueños de México, saquearon impunemente e hicieron jugosos negocios al amparo del poder público, que esto ya no se podía permitir a nadie”.

Dijo que se acordó continuar con reuniones para “trabajar juntos en forma respetuosa”. Agregó que también estuvo el embajador Ken Salazar y que en el grupo de trabajo de energías limpias acordado participará el canciller Marcelo Ebrard, se acordó tener un documento de entendimiento en un mes.

PRIVILEGIARON A LA IP

Aseveró que sí existe una polémica porque “consideramos que en la llamada reforma energética se dio preferencia a las empresas privadas, extranjeras, y no es justo que reciban recursos públicos para tener energía eléctrica barata y los domésticos tengan que pagar más”. Recordó que mientras se apoyó a esas empresas, la CFE se fue quedando rezagada, “porque el propósito era que el mercado eléctrico lo manejara sólo el sector privado y no interviniera el sector público”.

Agregó que por ello se eliminaron y despidieron a los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza y por eso no invirtieron en la CFE, fueron cerrando plantas, dejando se convirtieran en chatarra, y dejaron al extremo de legislar para que no se considerara energía limpia la que se produce con agua, para limitar la producción de hidroeléctricas. “Vamos a persuadir y convencer que a todos nos conviene que no se destruya la CFE, tenemos que defender esa empresa pública”, apuntó.

Dijo que todo esto se le explicó a Kerry, “pienso que lo entienden y seguiremos manteniendo buena relación”.

Recordó que “hubo un momento en que salió lo del gas, que lo habían comprado a intermediarios de Texas y que se pagaba más del 100 por ciento de su costo, y que él podía ayudarnos. Le dije que íbamos a requerir su ayuda, pero los que llevaron a cabo esa compra de gas eran los mismos que ahora se oponían a la reforma eléctrica, le expliqué cómo engañaron para hacer el negocio fraudulento y obtener un contrato leonino”.

Sostuvo que fue muy buena la conversación, “a veces son buenas estas pláticas para poner en contexto a gobernantes. Cuando escuchan esto, comprenden”.

Por otro lado, se refirió a que hay aeropuertos en los que se lleva a cabo una reestructuración en migración, aduanas, para dar atención “como lo merecen a los turistas y que no haya extorsiones ni perdida de tiempo”. Todas las aduanas serán manejadas por las secretarías de la Defensa y Marina. El mandatario anunció que la semana próxima recorrerá las aduanas de la franja fronteriza del norte del país.

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Si el Congreso mexicano avala la reforma eléctrica, que restringe a 46 % la participación privada en el sector, México “violaría” el T-MEC, alertó Kenneth Smith, exjefe de México de la negociación técnica del tratado, durante la edición 19 de la México Cumbre de Negocios.

“Muchos expertos pueden decirte que si se aprueba, no solo violaría el T-MEC, sino también incrementaría los costos de la energía en México y por lo tanto para todos los sectores productivos del país”, advirtió el asesor comercial en una conferencia virtual.

La iniciativa de reforma, enviada en septiembre pasado al Congreso, también causa incertidumbre porque eliminaría los reguladores autónomos de energía, revisaría contratos previos y priorizaría a las plantas fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las renovables de privados.

Por ello, México se “está alejando de lo que el tratado establece”, apuntó Verónica Ortiz, abogada e integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).

“Lo que hemos visto de la Administración de López Obrador es una visión nacionalista, muy restrictiva, de una economía orientada o controlada por el Estado, desdén por el sector privado y desdén por el Estado de derecho y por los preexistentes contratos y condiciones”, opinó.

Pero los especialistas también señalaron el proteccionismo de Estados Unidos, que mantiene una disputa con México y Canadá por la interpretación de las reglas de origen de la industria automotriz para beneficiar a la manufactura estadounidense.

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