Avalan Reforma energética: Recuperan su carácter público
Aprueban que Pemex y CFE vuelvan a ser empresas orientadas al servicio público y que la empresa eléctrica mantenga prevalencia sobre sus competidores privados
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma energética impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene como fin que tanto Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recuperen su carácter público.
Además, devuelve a la CFE su carácter de estratégica para que el Estado sea quien maneje y regule las actividades de producción, transmisión y comercialización de la electricidad, y del servicio de Internet.
Con la mayoría calificada de Morena y aliados, aprobaron las reformas al párrafo quinto del artículo 25, los párrafos, sexto, séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución, en materia de áreas y empresas estratégicas. En lo general, se aprobó con 353 votos a favor y 122 en contra; mientras que en lo particular esta reforma fue aprobada con mayoría calificada de 350 votos a favor, 111 en contra y una abstención. Por tanto, fue turnada al Senado para su análisis, debate y votación.
De acuerdo con la reforma, presentada por López Obrador el pasado 5 de febrero, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se le otorgará el dominio de la electricidad e internet, sobre las empresas privadas, ello al establecer que “las leyes determinarán la forma que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad accesibilidad del servicio de electricidad”.
Asimismo, modifica la naturaleza jurídica de las “Empresas Productivas del Estado” por “Empresas Públicas del Estado”, lo cual, de acuerdo con Morena, beneficiará a la CFE al eliminar las desventajas frente a las empresas privadas.
PROHIBEN CONCESIONES EN LITIO
De igual forma, las y los diputados avalaron incluir en la constitución que la generación de litio y el servicio de internet que provea el Estado de manera exclusiva, no constituirán monopolios.
Mientras que se advirtió que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional tendrán como objetivo “asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía”.
Además, prioriza el establecimiento de políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales.
Finalmente, deroga los artículos Transitorios por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución, en materia de energía, publicados el 20 de diciembre de 2013, es decir, la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto.
La reforma desató una discusión entre Morena y la oposición. Los diputados del partido mayoritario defendieron que esta reforma servirá para garantizar el suministro de electricidad a bajo costo hasta en las comunidades más pobres y alejadas del país, mientras el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano alegaron que el Estado mexicano no cuenta con la capacidad de hacer realidad todo esto y requieren de la iniciativa privada.
Quitan al Estado carga de
transición a energías verdes
Con una reserva aprobada, el pleno de la Cámara de Diputados quitó de la reforma sobre áreas y empresas estratégicas que el Estado sea el encargado de trabajar por la generación de energías limpias y renovables.
Durante la discusión en lo particular de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia de áreas y empresas estratégicas, la mayoría de los legisladores aprobó a mano alzada una reforma presentada por la diputada de Morena Ana Elizabeth Ayala Leyva, para eliminar del dictamen el siguiente párrafo, en el artículo 27 constitucional: “El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales”.
Mientras que en el artículo 28 fue suprimido de los objetivos de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, “asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor”.
Además, se precisó que los ferrocarriles, “tanto para transporte de pasajeros como de carga”, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Y en el apartado que refiere que el Estado otorgará concesiones o permisos, se agregó la palabra “asignaciones”.
Esta modificación violenta los convenios internacionales, como el Acuerdo de París; además, amputa la transición energética y están reduciendo al Estado su capacidad y obligación”, dijo el diputado Germán Martínez Cázares, del PAN, quien se manifestó en contra de la reserva.
Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, consideró que con dicha reserva “lo que se busca es quitarle la responsabilidad al Estado sobre el medio ambiente y la transición energética”.
Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, comentó que “el párrafo que se busca suprimir no venía en la iniciativa del Presidente de la República, sino que se incluyó posteriormente en la Comisión de Puntos Constitucionales, donde la mayoría lo defendió”.
En tanto, la morenista Dolores Padierna, vicepresidenta de la Mesa Directiva, aseveró que “borrar ese párrafo significa que tanto el Estado como los privados podrán llevar a cabo las inversiones para la importante tarea de la transición energética. Lo que se está cuidando es que el Estado conserva la rectoría”.
Por su parte, los legisladores morenistas defendieron que la eliminación del párrafo tiene el objetivo de que el gobierno no sea el único encargado de la transición energética, sino que esto también sea responsabilidad de las empresas privadas.
“Si no se modifica el Estado sería el único responsable de la transición energética, no sería posible porque no tiene la capacidad económica”, expresó Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena.
Los cambios constitucionales
Puntos para entender la nueva Reforma Energética
1- CFE y Pemex ya no serán “empresas productivas del Estado”.
Para empezar, según la iniciativa presentada en la Gaceta Parlamentaria del 5 de febrero de 2024, se propone modificar el quinto párrafo del artículo 25 para eliminar el concepto de “empresa productiva del Estado”, el cual se integró en su momento a la Constitución por recomendaciones de organismos internacionales financieros.
De esta manera, CFE y Pemex se considerarán “empresas públicas del Estado”, y según la propuesta, ya nada intervendrá en la obligación del gobierno de garantizar el servicio público de electricidad, pues se asegura que con el término anterior la CFE funcionaba como una organización que no se diferenciaba de una privada.
Igual se indica que con este cambio se evitará que las empresas públicas compitan en las mismas condiciones con las privadas, garantizándoles mayor importancia en el sector.
2- Empresas públicas y CFE no se guiarán por “mejores prácticas”.
También con la modificación al artículo 25 se propone eliminar la obligación de que las empresas públicas se guíen por el concepto de “mejores prácticas”, ya que éste se refiere, de acuerdo con la iniciativa, a un gobierno corporativo que se conforma por accionistas e inversionistas.
3- Participación de particulares en la industria eléctrica y la explotación del litio.
Igual se propone modificar el artículo 27, para que sean únicamente las leyes las que determinen la manera en que los particulares podrán participar en la industria eléctrica. Sí, según la iniciativa, se pretende que las leyes tengan como principal objetivo garantizar la justicia social.
Con este cambio se establecerá que no se otorgarán concesiones a empresas privadas para explotar el litio.
4- Empresas privadas no estarán por arriba de las públicas.
Igual con estas modificaciones al artículo 27, se quiere que las empresas particulares no tengan mayor importancia que las empresas públicas del Estado, que en el caso específico de la CFE es la continuidad y accesibilidad al servicio de electricidad.
5- Un nuevo objetivo para el sistema eléctrico.
Una de las principales modificaciones que se propone con la nueva Reforma Energética es al cuarto párrafo del artículo 28, pues se pretende agregar que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional tengan como principal objetivo preservar la seguridad, la autosuficiencia energética de México y proveer a la población de electricidad al menor precio posible, siempre a través de la empresa pública del Estado, CFE.
El responsable del sistema eléctrico nacional sería el Estado mexicano, lo cual deberá verse reflejado en la legislación secundaria.
6- El internet de CFE será un servicio público.
En este mismo cambio al artículo 28 de la Constitución, se propone que el servicio público de internet que presta CFE, de la misma forma que la electricidad, sea un servicio público que tenga como objetivo evitar que gran parte de la población, por razones económicas, carezca de él, ya que es “fundamental para la educación, la cultura, la economía y la información, por lo que debe agregarse un criterio constitucional con el cual el Estado garantice su desempeño”.
De esta manera, el internet, pero también el litio, serán consideradas áreas estratégicas, primordiales que no podrán ser clasificadas como monopolios.
Mayoría calificada
en el Senado
El Senado de la República aprobó la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, para modificar la naturaleza jurídica de las empresas del Estado en materia energética, proveer al pueblo de México de electricidad y servicios de Internet al menor precio posible.
La asamblea avaló el dictamen en lo general con 86 votos a favor de senadores de Morena, PVEM, PT y uno de Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN; 39 en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como una abstención de la senadora Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano.
En lo particular, senadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano presentaron reservas para modificar los tres artículos del dictamen, pero no fueron aceptadas por la asamblea y los artículos reservados fueron aprobados en sus términos con 86 votos a favor y 39 en contra.
De esta manera, la reforma alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aprobación, por lo que fue enviada a las legislaturas estatales para su consideración.
Con los cambios, se destaca en el dictamen, se elimina el concepto de “empresas productivas del Estado”, incorporado al texto constitucional por recomendaciones de organismos financieros internacionales, lo que desnaturalizó la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad y lo redujo a la mera obtención de utilidades.
Dicho concepto se reemplaza por el de “empresas públicas del Estado”, con lo que se devuelve a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad su carácter público para cumplir con su responsabilidad social.
La reforma establece que serán las leyes las que definirán cómo los actores privados podrán participar en la industria eléctrica, pero aclara que en ningún caso dichas actividades tendrán prioridad sobre la empresa pública del Estado, cuya misión principal es cumplir con su responsabilidad social y asegurar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad para toda la población.
Además, plantea que no se considerarán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en sectores estratégicos como el servicio de Internet que éste provea, así como la planificación y control del sistema eléctrico nacional.
El proyecto da pasos firmes para la recuperación de la soberanía energética del país, con lo que se revierten los cambios que se realizaron con la reforma energética de 2013, que lo único que pretendía era “desmantelar” a Pemex y CFE, para chatarrizarlas y entregarlas al mejor postor”
Laura Itzel Castillo Juárez
Senadora de Morena
La reforma representa una regresión en materia energética, ya que pretende “endosarle” a las y los mexicanos el déficit bajo el que operan Pemex y CFE; es decir que, se comprometerá el futuro de las siguientes generaciones, “bajo el argumento nacionalista de la soberanía energética”
Imelda Sanmiguel Sánchez
Senadora de Acción Nacional
Pemex y la CFE no tienen capacidad de generar los recursos necesarios para sostenerse sin colaboración de privados, por lo que mucho menos podrán sostener la soberanía energética que se busca promover”
Mely Romero Celis
Senadora del PRI
La reforma energética del 2013 dejó a ese sector debilitado, endeudado y a merced de intereses económicos, por lo que esta nueva enmienda permitirá corregir errores del pasado, impulsar todo el potencial de Pemex y la CFE”
Virgilio Mendoza Amezcua
Senador del PVEM
Descarto que la enmienda cierre la colaboración de la iniciativa privada para resolver el problema energético del país: las puertas, incluso, están abiertas para el capital extranjero”
Alberto Anaya Gutiérrez
Senador del PT
Es regresiva, contaminante y obsoleta, por omitir la transición a combustibles limpios; aunque la descarbonización de la energía tiene grandes desafíos y costos, es necesaria para contribuir a la salud pública”
Senador de Movimiento Ciudadano
Clemente Castañeda Hoeflich
