Senadores de Tamaulipas impulsan ante la SENER proyectos energéticos para la entidad

Estación Manuel, Tamaulipas. Los senadores tamaulipecos José Ramón “JR” Gómez Leal y Olga Sosa Ruiz sostuvieron un encuentro de trabajo con la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, previo a su comparecencia en el Senado de la República, para conocer los avances de los planes nacionales en materia energética y revisar las oportunidades de desarrollo para Tamaulipas. En la reunión, los legisladores plantearon tres proyectos estratégicos para la entidad: la planta de ciclo combinado en Altamira, el desarrollo del campo petrolero Trion y la construcción de un puerto de altura.

Gómez Leal destacó que la planta de ciclo combinado y el desarrollo del campo Trion son proyectos estratégicos para fortalecer la soberanía energética de México, además de representar oportunidades para atraer inversión y generar empleos en la entidad. Por su parte, Sosa Ruiz indicó que durante la reunión la titular de la Secretaría de Energía presentó avances del Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025-2039 y del Programa Sectorial de Energía 2025-2030, cuyos objetivos incluyen incrementar la generación eléctrica y alcanzar una producción de 1.8 millones de barriles diarios de petróleo.

Aguas ultraprofundas y logística portuaria en la agenda

La senadora precisó que, para Tamaulipas, también se abordaron el proyecto de aguas ultraprofundas y el puerto de altura, iniciativas que podrían impulsar la actividad energética y logística del estado. Los planteamientos de ambos legisladores colocan así en la agenda federal obras vinculadas con la generación de electricidad, la explotación petrolera en aguas profundas y el desarrollo portuario, tres frentes que convergen en el litoral tamaulipeco del Golfo de México.

La reunión permitió conocer la perspectiva de la dependencia federal sobre estos proyectos, aunque la información difundida por los senadores no precisó calendarios de ejecución, montos de inversión ni fechas de inicio de las obras. Ese vacío de cifras deja abierta la pregunta sobre los tiempos reales de cada proyecto, que por ahora figuran más como intenciones gestionadas ante la SENER que como obras con presupuesto asignado.

Comparecencia como termómetro del sector

El encuentro se produjo poco antes de que la secretaria González Escobar compareciera ante el Congreso de la Unión, ejercicio en el que las dependencias presentan resultados, avances y retos de su gestión. Para Tamaulipas, el momento resulta oportuno: la entidad busca posicionarse en la expansión eléctrica y petrolera que contempla la planeación nacional del sector para los próximos quince años.

La dependencia difunde los avances de sus programas a través de sus canales oficiales en X, Facebook e Instagram, y la documentación completa de los planes sectoriales puede consultarse en su portal institucional. Con la agenda planteada, queda pendiente que los proyectos tamaulipecos pasen del papel a los presupuestos; la señal la darán los anuncios oficiales de la federación en los próximos meses.

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El gasoducto Mayakán tiene 700 kilómetros. Nació en 1999, parte de Ciudad Pemex en Tabasco y termina en Valladolid, Yucatán. Durante más de dos décadas fue la única arteria por la que fluía gas natural hacia la Península de Yucatán. 

Diseñado para cargar hasta 250 millones de pies cúbicos diarios, el ducto llegó a su tope antes de que el estado terminara de crecer. En 2022, la vicepresidenta de Engie —la empresa francesa que opera el sistema— ya decía en voz alta lo que los industriales locales sabían desde antes: el tubo estaba lleno. No cabía más gas. Y sin más gas, no había cómo bajar las tarifas eléctricas, instalar nuevas plantas generadoras ni convencer a una empresa manufacturera de que Mérida era una mejor apuesta que Monterrey.

Ese tope no cayó de improviso. Fue el resultado acumulado de décadas en que la Península quedó fuera de la red nacional de gasoductos que sí se tendió en el norte y centro del país. Mientras Monterrey, Guadalajara o Querétaro competían por inversión industrial con tarifas eléctricas respaldadas por gas barato, Yucatán quemaba diésel y combustóleo —más caros, más sucios— porque era lo único que llegaba.

La demanda que crece

La Península no se quedó quieta mientras esperaba el gas. El Tren Maya aceleró el turismo, el boom inmobiliario en la costa elevó el consumo residencial y la apertura de nuevos corredores industriales en el estado sumó demanda. El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2024-2038 documentó que en 2023 la Península fue la región del país con mayor incremento en su consumo eléctrico: 10 por ciento. Se proyectaba un alza de otro 15 por ciento en los cinco años siguientes.

Pero la Península solo genera el 60 por ciento de la electricidad que consume, de acuerdo con el análisis “¡A romper barreras! Cómo detonar la inversión en México: Caso Yucatán”, presentado por México Evalúa en mayo de 2026. El resto llega por transmisión desde otros estados, lo que añade pérdidas y fragilidad al suministro. Cada kilómetro de demanda nueva sobre el sistema le llegaba a una red que ya estaba al borde.

El informe de México Evalúa encontró también que la brecha entre el crecimiento de las exportaciones y la atracción de inversión se ensanchó en 2024. Las exportaciones estatales subieron 20.1 por ciento. Pero la inversión extranjera directa llegó solo a 148 millones de dólares y el estado cayó a la posición 25 nacional en captación de capital foráneo. Para una entidad que aspira a convertirse en polo del nearshoring en el sureste, ese número duele.

La infraestructura energética aparece en el análisis como uno de los factores decisivos. “La política energética y la política económica dejaron de ser conversaciones separadas”, dijo Mariana Campos, directora general de México Evalúa, al presentar el estudio. La conclusión era directa: sin electricidad confiable y competitiva, las ventajas logísticas de Yucatán no alcanzan para cerrar la brecha con los polos industriales del norte.

El ducto al tope y los años perdidos

El gasoducto Mayakán no es un ducto viejo y descuidado. Es una infraestructura de acceso abierto operada por Energía Mayakán, filial de Engie, que además de abastecer a las plantas de la CFE en Yucatán y Campeche, surte a la industria a través de su afiliada IGASAMEX. Esta empresa distribuye gas natural a sectores textil, alimentario y de la construcción en la región, con clientes en los 13 estados donde opera.

El problema nunca fue el ducto en sí. Fue que la Península creció por encima de lo esperado. Y la solución —construir un segundo ducto en paralelo— tropezó durante años con obstáculos de distinto tamaño: retrasos en las plantas generadoras que justificarían el gasto, negociaciones técnicas y comerciales entre la CFE y Engie que tardaron más de lo esperado, consultas comunitarias con 14,000 personas en 38 comunidades mayas a lo largo de la ruta, y el tiempo que toma alinear una inversión de 2,000 millones de dólares.

“La capacidad del ducto actual ya llegó a su límite para seguir creciendo”, reconocía públicamente la vicepresidenta de Engie en octubre de 2022. Lo decía como diagnóstico, no como alarma. La empresa ya tenía firmado un convenio con la CFE para ampliar el sistema. Pero la obra no arrancaba porque las plantas de ciclo combinado que justificaban la inversión —Mérida IV y Riviera Maya, en Valladolid— acumulaban retrasos propios.

La planta Mérida IV es el caso más elocuente de cómo se apilan los atrasos en infraestructura pública. La CFE la prometió para noviembre de 2024. Después empujó la fecha a octubre de 2025. Finalmente encendió la planta —rebautizada “Elvia Carrillo Puerto”— el 12 de mayo de 2026, cuatro años después del inicio de su construcción. Una inversión de 300 millones de dólares y 499 megavatios de capacidad que llegaron 18 meses tarde.

Su planta hermana, la “Riviera Maya” en Valladolid, con capacidad para 1,020 megavatios y más de mil millones de dólares de inversión, no tiene fecha de entrega confirmada. La proyección inicial era enero de 2025. Después se habló de finales de 2027. En el último reporte oficial, la fecha permanece sin precisar.

Cuxtal II: el ducto que llega con retraso

El 13 de junio de 2024, en la hacienda Uayamón de Campeche, arrancó formalmente la construcción del gasoducto Cuxtal II —el nombre viene del maya y significa ‘para arriba’—. La obra consiste en un segundo ducto de 700 kilómetros que correrá en paralelo al Mayakán original, pasando por Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Además incluye tres nuevas estaciones de compresión y tres de medición.

El proyecto lo ejecutan Engie y el fondo de infraestructura Macquarie Asset Management, que se asociaron en julio de 2024. Engie calificó la obra como uno de los proyectos más grandes de transporte de gas natural que se construirán en México. La inversión suma 2,000 millones de dólares. Generará cerca de 4,000 empleos directos e indirectos durante la construcción y dejará 275 obras de infraestructura social en las comunidades de la ruta.

Cuando el ducto esté listo, la capacidad de transporte pasará de 250 a 567 millones de pies cúbicos diarios. Más del doble. Eso permitirá alimentar a plena capacidad las dos plantas de ciclo combinado de la CFE en la región —Mérida IV y Riviera Maya—, suministrar gas a la industria que hoy espera y, en teoría, bajar las tarifas eléctricas que llevan décadas por encima del promedio nacional.

Pero la obra no llegará cuando se prometió. El calendario original fijaba el arranque de operaciones en el cuarto trimestre de 2026. En abril de 2025, Ana Laura Ludlow, vicepresidenta de asuntos gubernamentales y sostenibilidad de Engie México, confirmó a Bloomberg que el proyecto terminará en el primer semestre de 2027. La obra avanza en fases; la conclusión total toma más tiempo del anunciado inicialmente.

Ludlow aclaró que el proyecto no sufrió afectaciones por los aranceles impuestos por Estados Unidos a los productos mexicanos ni por la extinción de los reguladores CRE y CNH —las comisiones sectoriales que desaparecieron con la reforma energética de 2025—. Los materiales son de fabricación nacional y los permisos se tramitaron con anticipación. La supervisión regulatoria recayó en la Secretaría de Energía y en la nueva Comisión Nacional de Energía.

Un dato pone en perspectiva el tamaño del esfuerzo: el proceso de consulta previa con las comunidades mayas que viven a lo largo de la ruta tardó años e involucró 217 asambleas con 14,000 personas. En ese proceso se comprometieron 169 obras sociales para las comunidades afectadas. No es un detalle menor. Es la razón por la que proyectos de esta escala en territorios con presencia indígena tardan más de lo que los cronogramas iniciales calculan.

Lo que espera en la fila

Detrás del gas están las inversiones que no se han decidido todavía. Yucatán tiene ventajas logísticas reales: el puerto de Progreso, la conectividad aérea de Mérida, la mano de obra disponible en el interior del estado, la relativa seguridad frente a otras zonas del país. Pero ninguna de esas ventajas cierra la negociación si el prospecto industrial pregunta cuánto pagará de luz y la respuesta es “entre 12 y 22 por ciento más que en el norte”.

El estudio de México Evalúa identificó 295 oportunidades de mejora regulatoria en el estado y sus municipios. Más del 85 por ciento de esas barreras tienen que ver con eficiencia gubernamental y trámites administrativos, no con infraestructura. Pero la energía aparece como el cuello de botella más duro: es el que no se resuelve con un decreto ni con una ventanilla única. Requiere acero, concreto, derechos de vía y años de construcción.

La pregunta que no desaparece es cuánto costará el tiempo transcurrido. El gas que llegará en 2027 estaba previsto desde 2019, cuando el secretario de Fomento Económico del estado ya prometía que para ese año las tarifas serían competitivas con el norte. Pasaron ocho años. Las plantas prometidas para 2024 y 2025 se encendieron en 2026 y posiblemente 2027. Las empresas que buscaban ubicación en ese periodo tomaron decisiones con los datos que tenían.

Yucatán no perdió todas esas inversiones. Algunas llegaron de todas formas. Pero no llegaron todas las que pudieron haber llegado si el gas hubiera estado disponible cuando se prometió.

El rezago no es solo de Yucatán

Es tentador leer el rezago energético de Yucatán como un problema local, como una consecuencia de estar lejos del centro del país o de tener una economía históricamente orientada al turismo y no a la industria pesada. Pero el patrón se repite en Campeche y Quintana Roo con variaciones menores. Y el diagnóstico de fondo es el mismo que aplica a otras regiones del país donde la infraestructura de gas no llegó a tiempo: la inversión en gasoductos en México se concentró durante décadas en el norte y el centro, siguiendo la lógica de la demanda industrial ya existente, no la de la demanda potencial que podría desarrollarse si el gas llegara primero.

El gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador intentó revertir esa tendencia con el paquete de inversión para la Península: las plantas de ciclo combinado, el Cuxtal II, el gasoducto “Puerta al Sureste” frente a las costas del Golfo. Pero los proyectos llegaron tarde, se retrasaron en la ejecución y el efecto sobre tarifas y competitividad industrial quedó diferido. El gobierno de Claudia Sheinbaum heredó esa agenda pendiente y la incluyó en el Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex.

Para los industriales yucatecos, el cambio de administración federal no cambia el dato central: el gas que necesitan para operar con costos competitivos no llegará sino hasta que el Cuxtal II entre en operación. Y eso, según el último calendario disponible, es el primer semestre de 2027.

 

Teherán, Irán. El régimen iraní volvió a insistir este jueves 13 de agosto de 2026 en que mantiene el dominio absoluto del Estrecho de Ormuz, el corredor marítimo por el que se moviliza una parte sustancial del petróleo y el gas del mundo, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuviera un día antes que era Washington quien controlaba esa vía. El nuevo cruce de declaraciones se produce a casi seis meses del estallido de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, iniciada el 28 de febrero de 2026, y confirma que la disputa por Ormuz sigue siendo uno de los frentes más tensos del conflicto en Oriente Medio.

Taeb y el mando militar iraní responden a Trump

El jefe de la fuerza paramilitar Basij, Hossein Taeb, señaló en declaraciones difundidas por la televisión estatal iraní que el estrecho permanece bajo la gestión y el control de la República Islámica, y añadió que el país continúa su actividad con plena seguridad. Sus palabras llegaron horas después de que Trump escribiera en su red social que Estados Unidos ejercía el control total del paso marítimo y que planeaba mantenerlo, al tiempo que calificó de “muro de acero” el bloqueo naval estadounidense sobre la zona. Puede consultar la cuenta oficial del presidente estadounidense en X.

Por su parte, el vocero del mando militar central iraní Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, calificó de falsas las versiones estadounidenses que aseguran que los buques transitan con normalidad por Ormuz. El funcionario indicó además que cualquier actor que se beneficie del tránsito comercial por el estrecho tiene la obligación legal y moral de reparar los daños ambientales derivados de la crisis, en referencia a un reciente derrame de hidrocarburos frente a la isla iraní de Qeshm.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, sumó su voz a través de su cuenta oficial en la red social X, donde acusó a Washington de cometer errores de cálculo respecto al estrecho y de arrastrar fallas de inteligencia desde el inicio mismo de la guerra.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico y el nuevo régimen de permisos

Desde el inicio de las hostilidades, Irán ha ido más allá de las amenazas verbales: creó una entidad denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico para institucionalizar su control sobre la ruta. Este organismo exige a los buques que soliciten autorización previa, cumplan inspecciones de seguridad y ambientales, presenten garantías financieras y, en determinados casos, paguen tasas de tránsito. Teherán sostiene que, al no haber ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, puede aplicar un régimen de paso restringido en lugar del esquema de tránsito libre que rige internacionalmente en los estrechos utilizados para la navegación mundial. Puede ampliarse el contexto histórico del conflicto en el artículo de Wikipedia sobre la Crisis del Estrecho de Ormuz de 2026.

Rechazo internacional a las pretensiones de Teherán

La Organización Marítima Internacional, agencia de Naciones Unidas encargada de regular la seguridad y la protección del transporte marítimo mundial, condenó formalmente la creación de la entidad iraní y pidió a sus 176 Estados miembro que no reconozcan ni la soberanía que Irán reclama sobre el estrecho ni ninguna decisión de Teherán orientada a obstaculizar la navegación internacional. El organismo, con sede en Londres, sostiene que el derecho de paso de tránsito por Ormuz no puede suspenderse, ni siquiera en un contexto bélico, de acuerdo con el derecho consuetudinario del mar. Irán, que no ocupa un asiento en el consejo de la organización, rechazó las críticas y las calificó de políticamente motivadas.

Qué sigue para el tráfico marítimo en Ormuz

A mediados de agosto de 2026, ambas potencias -Irán y Estados Unidos- continúan reclamando públicamente el control del paso, mientras el tráfico comercial permanece muy por debajo de los niveles previos a la guerra. Teherán ha condicionado la reapertura plena del estrecho al levantamiento del bloqueo naval estadounidense y de las sanciones económicas, así como al reconocimiento de su papel de gestión sobre la vía. Analistas de política exterior consideran que las declaraciones iraníes de control absoluto cumplen una doble función: sirven como herramienta de disuasión frente a Washington y como mecanismo de negociación para consolidar un nuevo statu quo favorable a Teherán una vez concluya el conflicto. Por ahora, el Estrecho de Ormuz —por donde históricamente ha transitado cerca de una quinta parte del petróleo mundial— sigue siendo el epicentro de una disputa que combina derecho internacional, estrategia militar y una intensa guerra de declaraciones entre Teherán y Washington.

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