En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que el rumbo de la política energética no se mueve un milímetro, pese a las advertencias de empresas y legisladores de Estados Unidos y Canadá. Desde el estrado, la mandataria insistió en que las decisiones en materia eléctrica y de hidrocarburos son facultad soberana del Estado mexicano y que, en su lectura, no existen violaciones al tratado comercial vigente con Norteamérica. El mensaje buscó enviar una señal de firmeza hacia afuera y de continuidad hacia adentro: la reforma eléctrica y el nuevo modelo de mercado permanecen, aun cuando crece la presión diplomática y empresarial.​ Política energética no viola T-MEC afirma Presidenta, por lo tanto.

Presión empresarial y la narrativa del “mercado cerrado”​

Del otro lado de la frontera, más de 14 mil firmas manufactureras agrupadas en la National Association of Manufacturers (NAM) acusan que las reglas mexicanas han “cerrado” el mercado a productores y distribuidores de energía de Estados Unidos, encarecen proyectos industriales y complican nuevas inversiones. En sus comunicaciones a Washington, estas empresas sostienen que las reformas de 2024 profundizaron los problemas ya señalados en las consultas energéticas de 2022 bajo el acuerdo comercial norteamericano, al fortalecer el papel de la CFE en el despacho y elevar la incertidumbre regulatoria para el capital privado. Para los fabricantes, el acceso a energía confiable y asequible se ha convertido en un obstáculo estratégico, al tiempo que ven con recelo que el rediseño del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) esté guiado por una lógica de planeación estatal que, en su opinión, limita su margen de maniobra.​

Política energética no viola T-MEC afirma Presidenta, ideología y soberanía en disputa​

La reforma constitucional y el paquete de leyes secundarias aprobados entre 2024 y 2025 reconfiguraron el sector eléctrico al devolver a la Comisión Federal de Electricidad un rol predominante en generación y despacho, al tiempo que estrecharon la ventana de entrada para nuevos proyectos privados. Gobiernos y asociaciones de Estados Unidos y Canadá sostienen que este giro favorece estructuralmente a las empresas del Estado mexicano y choca con los compromisos de trato no discriminatorio asumidos en el acuerdo regional, lo que ha detonado consultas y amenazas de escalar a paneles de controversia. Desde Palacio, sin embargo, la respuesta es tajante: las críticas tienen un trasfondo ideológico y político, más que jurídico, y buscan cuestionar un modelo que prioriza la seguridad energética nacional sobre la desregulación plena del mercado.​

En ese mismo tono, el mensaje central se repite como un estribillo calculado: Política energética no viola T-MEC afirma Presidenta, y por tanto no hay marcha atrás ni ventana para renegociar lo ya aprobado en el Congreso mexicano. La narrativa oficial se apoya en la idea de que el tratado reconoce la soberanía de cada país para organizar estratégicamente sectores considerados clave, y que la interpretación extensiva de las reglas comerciales por parte de grupos empresariales sólo busca revertir la apuesta de México por un esquema con mayor peso estatal. Política energética no viola T-MEC afirma Presidenta, insiste el gobierno, mientras advierte que ceder en este punto enviaría una señal de debilidad de cara a la revisión formal del acuerdo prevista para 2026.​

El nuevo mapa de permisos y la lógica de la red​

Bajo el nuevo modelo, ya no es el desarrollador quien decide dónde construir una planta y luego exige capacidad de transmisión, sino que la Secretaría de Energía define las zonas donde hacen falta proyectos y convoca a la inversión privada bajo criterios técnicos. La instrucción es clara: evitar que centrales aisladas saturen nodos frágiles de la red y, al mismo tiempo, orientar la capacidad nueva hacia polos industriales y corredores prioritarios, con la CFE manteniendo el timón del despacho. Para los críticos, esta recentralización de decisiones erosiona la autonomía regulatoria y desalienta proyectos que dependen de certidumbre a largo plazo, mientras que para el gobierno se trata de poner orden allí donde predominaba una expansión descoordinada.​

La autoridad energética también ha endurecido los requisitos técnicos para que las renovables se integren sin desestabilizar el sistema, exigiendo almacenamiento con baterías y esquemas de conexión que mitiguen las variaciones en generación solar y eólica. La apuesta oficial combina un discurso de transición energética con una defensa cerrada del control estatal de la red, en un equilibrio delicado que aún no termina de convencer a inversionistas que miran el reloj de la descarbonización global.​

Regularización de contratos y señales cruzadas a la inversión​

En paralelo, el gobierno avanza en la regularización de viejos contratos de autoabasto, varios de ellos vinculados a grandes consorcios extranjeros que operaban al límite de la legalidad según la lectura de las autoridades mexicanas. La venta del portafolio de plantas de Iberdrola a un nuevo operador se convirtió en caso emblemático: el mensaje fue que, quien quiera seguir en el negocio, debe alinearse al nuevo marco y renegociar bajo las reglas que colocan a la CFE como actor ineludible.​

Mientras tanto, cámaras empresariales y analistas advierten que la combinación de mayor control estatal, reglas cambiantes y tensiones comerciales con socios de Norteamérica puede encarecer el financiamiento y retrasar proyectos clave para aliviar cuellos de botella de transmisión y generación. El gobierno responde que, con planeación centralizada y contratos bien diseñados, México podrá atraer inversiones que acepten jugar bajo estas condiciones, aun cuando parte del capital más impaciente mire hacia otros destinos. En ese pulso se juega no sólo el futuro del sector eléctrico, sino la capacidad del país para aprovechar la relocalización industrial sin ceder el control estratégico de su energía.​

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La transición a las energías limpias en México avanza con una demanda creciente de infraestructura moderna, eficiente y segura. Directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) destacaron que este proceso requiere proyectos con visión técnica y sensibilidad social y ambiental, en línea con las necesidades del sistema eléctrico nacional.

En el Primer Encuentro Nacional de Residencias Regionales, Generales y Centros de Anteproyectos de la Dirección de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DIPI), la CFE subrayó que la coordinación interna es clave para avanzar hacia un mismo objetivo. El encuentro reunió a áreas estratégicas que buscan fortalecer la integración operativa mediante el intercambio de experiencias y mejores prácticas.

¿Qué papel tiene la DIPI en el desarrollo de proyectos eléctricos?

La CFE explicó que la DIPI concentra el desarrollo integral de los proyectos eléctricos de todas las áreas de producción de la empresa. Esta dirección funge como un eje estratégico que sostiene la mejora del sistema eléctrico nacional y coordina los esfuerzos para responder a las necesidades técnicas y sociales del sector.

Los directivos señalaron que la empresa opera en un escenario de transformación profunda del sector energético. El crecimiento del país exige que la infraestructura eléctrica avance al mismo ritmo, por lo que la CFE asume el compromiso de ampliar y modernizar sus proyectos con orden y responsabilidad técnica.

¿Qué metas establece el Plan de Desarrollo Eléctrico 2025-2030?

Un análisis de México, ¿Cómo Vamos?, elaborado por la especialista en energía Rosanety Barrios, detalla que el Plan de Desarrollo Eléctrico 2025-2030 (PLADESE), publicado en el Diario Oficial de la Federación, contempla duplicar la capacidad instalada de energía renovable.

El plan prevé agregar 28,004 MW sin incluir almacenamiento, de los cuales cerca del 80% provendrá de fuentes limpias o renovables. Esto representa una expansión significativa orientada a fortalecer la transición a las energías limpias en México durante los próximos años.

La inversión estimada para las centrales con participación estatal asciende a 23 mil 362 millones de dólares, cifra que se complementará con recursos destinados a transmisión y distribución. El análisis indica que la mayor parte del financiamiento deberá provenir de la iniciativa privada.

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¿Cuáles son los objetivos internacionales en generación limpia?

El país busca alcanzar un 38% de generación eléctrica limpia conforme a sus compromisos internacionales. Actualmente, entre enero y septiembre de 2025, el 77% de la generación depende de combustibles fósiles y el 23% corresponde a fuentes limpias.

El crecimiento anual de la demanda eléctrica se estima en 2.5% entre 2024 y 2038, un ritmo alineado con un crecimiento económico equivalente. Para cumplir las metas de expansión, el análisis destaca que el éxito dependerá de la claridad en los contratos, la agilidad del Estado para coordinar convocatorias de participación privada y la eficiencia operativa de las plantas.

¿Cuáles son los riesgos y ventajas para el sector energético?

El estudio señala riesgos sistémicos relacionados con la independencia judicial y el proceso de revisión del T-MEC, factores que pueden influir en el ambiente regulatorio y la certidumbre para inversiones de largo plazo.

Sin embargo, también identifica ventajas derivadas de la relación comercial con Estados Unidos, especialmente en un contexto de relocalización industrial que puede incrementar la demanda energética y abrir nuevas oportunidades para la transición a las energías limpias en México.

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Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que las condiciones operativas para el transporte y almacenamiento del gas LP se desarrollan con normalidad y que el suministro en el centro del país está garantizado.
La empresa productiva del Estado precisó que cuenta con inventario suficiente para atender la demanda en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, regiones donde se había reportado preocupación por un posible desabasto.

“Pemex continúa con las acciones para reforzar la distribución y garantizar el abasto de gas LP”, informó la compañía a través de una tarjeta informativa.

El comunicado llega tras varios días de incertidumbre entre distribuidores y consumidores, luego de que diversas asociaciones gaseras advirtieran sobre retrasos logísticos y una posible reducción en las entregas.

El origen del rumor de escasez

El Gremio Gasero Nacional fue el primero en alertar sobre una supuesta falta de producto en las terminales de Pemex desde el 4 de noviembre. Según su representante, Enrique Medrano, los retrasos se debieron principalmente a bloqueos carreteros en distintas zonas del país, lo que habría afectado la logística de distribución.

“Las plantas de distribución de gas LP mencionaron que los bloqueos en carreteras han atrasado el traslado, especialmente en el Estado de México, CDMX, Puebla, Tlaxcala y Pachuca”, señaló Medrano.

La falta de información oficial por parte de Pemex, añadió, alimentó rumores que derivaron en compras de pánico y un incremento inusual de la demanda.

Distribuidores ajustan su logística

Rocío Robles, presidenta ejecutiva de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (AMEXGAS), reconoció que existen “retos logísticos”, pero descartó un escenario de escasez real.

“Estamos trabajando a marchas forzadas para llevar el gas a todos los consumidores. Pemex es nuestro principal proveedor y sí ha tenido ajustes en su infraestructura, pero mantenemos comunicación constante para resolverlos”, explicó.

De acuerdo con Robles, el sector prevé un racionamiento temporal en algunas zonas del centro del país durante las próximas dos semanas, mientras se normalizan las rutas de abastecimiento.

Coordinación entre Pemex, Sener y distribuidores

En respuesta, Petróleos Mexicanos (Pemex) reiteró este jueves que el suministro de gas LP está garantizado. El pronunciamiento fue emitido en conjunto con la Secretaría de Energía (SENER) y con empresas distribuidoras como , Hidrogas, Grupo Uribe, Combugas, SoniGas, Gas Express Nieto, Gas Metropolitano y Regio Gas.

“Existe una estrecha coordinación y diálogo permanente entre el Gobierno de México y las empresas del sector para garantizar el abasto en beneficio de las familias mexicanas”, señaló Pemex.

La empresa dirigida por Víctor Rodríguez Padilla informó que la producción nacional y las importaciones de gas LP operan de manera regular, sin afectaciones en los puntos de importación ni en los ductos de transporte.

#COMUNICADO 📰 | Abasto de #GasLP está asegurado en toda la República Mexicana
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— SENER México (@SENER_mx) November 13, 2025

Producción baja, importaciones suben

De acuerdo con datos recientes de Pemex, la producción nacional de gas LP cayó 16% anual a septiembre, ubicándose en 81 mil barriles diarios, mientras que las importaciones aumentaron 3%, superando los 83 mil barriles diarios.

En el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el precio promedio del gas LP se mantuvo relativamente estable, con un incremento de apenas 5% entre octubre de 2024 y agosto de 2025.

Pemex niega que haya escasez de gas LP, un llamado a la calma

Pemex y la Sener pidieron a la población evitar compras de pánico, insistiendo en que el abasto de gas LP está asegurado.
“Contamos con los inventarios necesarios para atender la demanda regular en todo el país”, precisaron.

La estabilidad del suministro dependerá, sin embargo, de que las condiciones logísticas y climáticas permitan mantener la distribución continua hacia los principales centros de consumo del país.

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