Un grupo de empresarios bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR) continúa operando de manera activa en sectores que van desde la construcción hasta el turismo, incluso tras ser vinculados al delito de posesión y almacenamiento ilícito de combustibles. Energía y Ecología te trae los detalles.

La red de los intocables del combustible

Las pesquisas federales apuntan a que Roberto Blanco Cantú, conocido como “El señor de los buques”, encabeza una red de empresarios que mantienen más de 30 negocios distribuidos entre Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, San Luis Potosí y Jalisco; la cual Aquedó al descubierto en el puerto de Altamira, Tamaulipas.

Junto a él figuran Brenda Mariela Salas Ramírez, José Ramírez Guardado, José René Tijerina Mendoza, Gustavo de Jesús Guillén Chávez, Luis Francisco Rodríguez Orozco, los hermanos Cristián Noé y Jesús Tadeo Amaya Olvera, así como Héctor Manuel Portales Ávila, José Isabel Murguía Santiago y Anuar González Hemad.

De este grupo, tres ya están detenidos; otros permanecen prófugos o sin órdenes de aprehensión activas, como el exsenador Gerardo Novelo Osuna.

Implicados en huachicol fiscal conservan sus negocios en seis entidades

Los negocios vinculados al huachicol fiscal operan en giros tan diversos como transporte de carga, venta de combustibles, agricultura, abarrotes, turismo y hasta productos médicos. Según la Fiscalía General de la República, estas estructuras empresariales funcionan como vehículos financieros para lavar recursos procedentes del contrabando de hidrocarburos. En varios casos, los socios han mantenido sus registros vigentes en el Registro Público de Comercio, lo que demuestra que, a pesar de las investigaciones y detenciones, el andamiaje financiero de la red continúa en movimiento.

Mefra Fletes: la puerta del fraude

El nombre de Mefra Fletes aparece de forma reiterada en los expedientes judiciales. Según las indagatorias, esta empresa habría servido como eje logístico para introducir millones de litros de gasolina y diésel al país desde buques extranjeros.

El truco: declarar el combustible como “aditivos lubricantes” o “resinas de policarbonato” para evadir impuestos y simular legalidad en la importación. La operación se extendía también a Transportes Especializados AMOL, donde se detectaron más de 8.8 millones de litros de diésel durante un cateo en marzo de 2025 en Ensenada, Baja California.

En ese inmueble, arrendado por el exsenador Novelo Osuna a Luis Francisco Rodríguez Orozco, las autoridades hallaron tractocamiones y pipas rotuladas con leyendas como “Cristian Noé Amaya Olvera AMOL”, “Autolíneas Roca” y “Mefra Fletes”.

Empresas conocidas, nombres nuevos

Una revisión de las actas empresariales revela que algunos de los implicados manejan compañías con décadas de existencia, como Regio Transportación S.A. de C.V. o Materiales para Construcción Tijerina, ambas con sede en Nuevo León. Otras son de creación reciente, como Transporte Mursan S.A. de C.V., fundada en 2024 en Jalisco por José Isabel Murguía Santiago, quien también estableció Reisa Logistic en Sonora.

Pese a las detenciones, Implicados en huachicol fiscal conservan sus negocios, incluso con vacantes publicadas en línea, como en el caso de Héctor Manuel Portales Ávila, propietario de Grupo HMPA en Tamaulipas y Pasaje y Turismo Ventura en San Luis Potosí.

Brenda Mariela Salas Ramírez, otra pieza clave de Mefra Fletes, opera en Guadalajara la empresa Audición Mercante S.A. de C.V., dedicada a productos médicos y ortopédicos. En Baja California, Rodríguez Orozco mantiene Construcciones y Edificaciones Rodpe, Establo La Pila y Comercializadora Rivera.

Mientras tanto, el exsenador Novelo Osuna conserva al menos seis sociedades en Ensenada, entre restaurantes, inmobiliarias y un hotel de playa.

La estructura resiste

La persistencia de esta red empresarial sugiere una estrategia de blindaje legal y financiero que ha permitido a los implicados mantener operaciones comerciales incluso bajo investigación penal.

Según fuentes judiciales, los vínculos de varios de estos empresarios con grupos del crimen organizado abarcan no solo el huachicol fiscal, sino también tráfico de armas y evasión fiscal a gran escala.

En este tablero donde se cruzan intereses políticos, financieros y criminales, el combustible parece ser solo el punto de partida de un esquema mucho más amplio —uno que, por ahora, sigue encendido.

Entre 2015 y 2024, las volcaduras de camiones cisterna se convirtieron en el principal detonante de emergencias ambientales en el país. En total, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la SEMARNAT registraron 547 siniestros, de los cuales 506 (93%) fueron provocados por pipas que transportaban hidrocarburos. Energía y Ecología te trae los detalles.

Las pipas generan la mayoría de las emergencias en México

El dato es tan contundente como alarmante: las pipas generan la mayoría de las emergencias en México, y la tendencia va en aumento. Solo en la Zona Metropolitana del Valle de México se documentaron 22 incidentes durante los últimos años, de los cuales 20 involucraron pipas de combustible.

El episodio más grave ocurrió el 10 de septiembre, cuando una unidad explotó sobre el puente de La Concordia, en Iztapalapa. La tragedia dejó 31 personas fallecidas y decenas de lesionados. Investigaciones preliminares apuntan al exceso de velocidad como causa de la volcadura.

Apenas un mes después, otra pipa —esta vez de Petróleos Mexicanos— volcó en San Juan de Aragón, derramando dos contenedores de combustible sobre la avenida 551. Las imágenes se repitieron: luces, sirenas, caos, fuego.

Nuevas medidas para prevenir siniestros

Ante la escalada de accidentes, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó el 29 de septiembre un paquete de 13 medidas para regular la circulación de transportes con sustancias peligrosas.

Entre las acciones más relevantes destacan:

• Límite de velocidad de 30 km/h para unidades que transporten hidrocarburos.

• Prohibición de circulación para vehículos que carguen más de 40 mil litros de material peligroso.

• Restricciones por tipo de vialidad según el volumen de combustible transportado.

Estas medidas, explicó Brugada, buscan reducir el riesgo de tragedias urbanas como la de Iztapalapa, donde el accidente dejó una huella profunda en la comunidad y evidenció la urgencia de una regulación más estricta.

Tendencia alarmante

El 2024 cerró como el año con más emergencias ambientales desde la creación de la ASEA: 87 incidentes, todos derivados de volcaduras de pipas.

Desde 2015, cuando se reportó un solo caso, los accidentes han crecido en promedio 12.7% anual. El patrón es claro: una flota vieja, controles laxos y operadores que pasan horas al volante sin descanso suficiente.

Aunque la ASEA ha impulsado revisiones técnicas, las estadísticas revelan que los controles preventivos no alcanzan. Cada siniestro implica combustible derramado, riesgo humano y contaminación que tarda años en disiparse.

Explosión en Iztapalapa: responsabilidades y omisiones

La Fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde, presentó avances sobre la investigación del siniestro de La Concordia, señalando omisiones graves de la empresa Silza, responsable de la pipa de gas LP involucrada.

El conductor, Fernando Soto Munguía, había manejado 16 horas en un solo día sin descanso suficiente. La empresa no realizó exámenes médicos ni capacitaciones obligatorias, y el vehículo acumulaba tres reportes por exceso de velocidad el mismo día del accidente.

El resultado fue devastador: la pipa perdió el control, derramó combustible y provocó una onda expansiva de 180 metros. En segundos, el fuego devoró autos y vidas. Las cifras finales: 31 muertos, 59 heridos y daños materiales cuantiosos.

Próximos pasos y reparación del daño

Según la Fiscalía, se han realizado 273 peritajes y se mantienen mesas de trabajo con Silza para determinar la reparación del daño. Alcalde aclaró que cada víctima deberá aceptar los acuerdos individualmente; de lo contrario, se procederá por homicidio, lesiones y daños culposos ante un juez de control.

Mientras tanto, las familias de Iztapalapa buscan justicia y una respuesta que evite que otras ciudades repitan la historia.

Porque, por ahora, las cifras son claras y duras: las pipas generan la mayoría de las emergencias en México, y los esfuerzos por detenerlas parecen ir siempre un paso detrás del desastre.

Entre el 8 y el 10 de octubre, la tormenta tropical Raymond, junto con los remanentes de Priscila, descargó lluvias torrenciales sobre el oriente y centro del país, dejando un panorama de ríos desbordados, laderas fracturadas, miles de viviendas bajo el agua y daños en la infraestructura energética del país. Veracruz y Puebla concentran la mayor parte de los daños, comparables con los del diluvio de 1999. Energía y Ecología te trae los detalles.

El fenómeno —alimentado por vaguadas locales y humedad persistente— provocó inundaciones en al menos 48 municipios veracruzanos y 26 en la Sierra Norte de Puebla, dejando 22 personas fallecidas, 13 desaparecidas y miles de damnificados, estando el cálculo en alrededor de los 100 mil. Las presas La Soledad y Necaxa alcanzaron niveles críticos, por lo que se procedió al desfogue, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias hasta el 14 de octubre.

Parte de daños por las inundaciones en Veracruz y Puebla, la respuesta del sector energético

A pesar de la magnitud del temporal, la infraestructura energética nacional ha resistido con solidez. PEMEX confirmó la operación normal de la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Poza Rica. Se informa que el abasto regional de combustibles se mantiene bajo estrictos protocolos de seguridad. El personal en sitio asegura el control de niveles de agua y la continuidad en la recepción y despacho de productos.

En Puebla, la empresa reportó un incidente en un ducto de gas en la zona Xicotepec–Villa Ávila Camacho, derivado de un deslave. La explosión posterior fue controlada sin víctimas ni derrames mayores. Las evaluaciones ambientales preliminares descartan impactos graves, aunque continúan las inspecciones.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que 96.4% de los usuarios afectados en Veracruz y Puebla ya fueron reconectados. El operativo desplegado incluyó 174 electricistas, 36 grúas y 28 vehículos, además de cortes preventivos en zonas inundadas para evitar accidentes eléctricos.

Coordinación federal ante la emergencia

La coordinación interinstitucional ha sido clave para contener los efectos de la tormenta. CFE trabaja junto a SEDENA, SEMAR, Conagua y Protección Civil para priorizar hospitales, albergues y comunidades rurales. El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) reportó operación normal en el Sistrangas y monitoreo constante de ductos por saturación de suelos.

El presidente sostuvo una reunión de emergencia con los gobernadores de Veracruz y Puebla, orientada a acelerar la reconstrucción y activar apoyos directos. Se mantienen activos el Plan DN-III-E y el Plan Marina, con despliegues en zonas anegadas y puntos de rescate.

Comunidades afectadas 

En Poza Rica, el desbordamiento del río Cazones dejó más de 40 colonias bajo el agua y 5,000 personas en albergues temporales, aunque la operación energética sigue estable. Se reporta de Puebla que los derrumbes en carreteras y la incomunicación de al menos cinco municipios complicaron la entrega de víveres y suministros.

En ambos estados, la población ha mostrado una respuesta solidaria: cuadrillas de vecinos colaboran  mientras las brigadas federales restablecen caminos y líneas eléctricas. Lamentablemente se registran en Poza Rica el saqueo de una tienda de conveniencia.

Evaluación general e impacto nacional

Hasta ahora, el parte de daños ocurridos por los inundaciones en Veracruz y Puebla la tormenta se concentra en infraestructura civil, caminos y viviendas, sin comprometer el suministro energético nacional. Los niveles de los ríos y presas se mantienen bajo monitoreo permanente.

El abasto de gas natural sigue estable, sin interrupciones en los sectores industrial o residencial. De mantenerse el patrón de lluvias, se prevé una recarga favorable de presas y acuíferos, lo que podría mitigar el impacto de la sequía acumulada durante el año.