El decomiso del superpetrolero venezolano Skipper, con más de un millón de barriles de crudo con destino a la isla, es ya en el símbolo más reciente de la estrategia de presión de Estados Unidos sobre Caracas y La Habana. Washington confisca combustible a Cuba.

Washington confisca combustible a Cuba: el caso del Skipper

La maniobra, Washington confisca combustible a Cuba que transportaba el buque Skipper, que quedó bajo control de fuerzas estadounidenses frente a las costas de Venezuela. Según reportes internacionales, la nave formaba parte de una red de suministro que, desde hace años, sostiene una porción clave del consumo de combustible de la isla.

En el marco de los acuerdos energéticos entre Caracas y La Habana. Washington argumenta que el petrolero tiene sanciones y está vinculado a esquemas ilícitos de transporte de crudo. Por dicha razón, su carga se confiscó y se redirigió a puertos estadounidenses. La operación se presenta como un “golpe ejemplar” a las finanzas venezolanas y al apoyo energético a Cuba. Hay diversos analistas advirtiendo el porqué de Washington confisca combustible a Cuba como parte de una estrategia de máxima presión sostenida.

Reacción de La Habana y acusaciones de “piratería”

En Cuba, la respuesta oficial resultó inmediata. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, a través de comunicados y declaraciones, calificó el decomiso como un “acto de piratería” y un nuevo capítulo de la “guerra económica” contra la isla. Desde el Palacio de la Revolución, Miguel Díaz-Canel habló de “terrorismo marítimo” y subrayó que la operación afecta directamente un sistema energético ya deteriorado, marcado por apagones prolongados, escasez de combustible y un transporte público al límite.

Para el gobierno cubano, la confiscación no solo refuerza el cerco económico, sienta un precedente peligroso: una potencia se arroga la facultad de interrumpir el flujo de recursos entre países en aguas internacionales.

Venezuela y la disputa por la soberanía energética

En Caracas, el discurso es igual de crítico. Autoridades venezolanas han denunciado que el Skipper transportaba petróleo dentro de un marco de acuerdos soberanos con Cuba y que el cargamento no se dirigía al mercado estadounidense. Entonces, la operación es extensión extraterritorial del poder de Washington sobre las rutas marítimas regionales. Esto impacta directamente la capacidad de exportación de Venezuela.

Voces especializadas alertan de que el decomiso del buque puede disuadir a navieras y aseguradoras de participar en futuros envíos de crudo hacia la isla, encareciendo costos y elevando riesgos en cada operación. En un momento en que Venezuela busca recomponer su industria petrolera, la acción se lee como un mensaje directo a cualquier actor que mantenga vínculos con su sector energético.

Impacto en la población cubana y el tablero regional

Más allá de la disputa diplomática, el golpe se siente con fuerza en la vida cotidiana cubana. Cada envío perdido significaría menos margen para generar electricidad, abastecer el transporte y sostener la actividad productiva en medio de una crisis económica prolongada. La dependencia estructural del petróleo venezolano convierte la confiscación del Skipper en un eslabón más de una cadena de vulnerabilidades que ya se traducen en largas jornadas sin luz y en una movilidad interna cada vez más precaria.

En el ámbito regional, la medida refleja la política de Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump. Aplica un doble rasero: mientras se estrangula el flujo de crudo hacia La Habana, otros aliados con cuestionados historiales democráticos operan sin temor a que sus buques sean detenidos en alta mar.

Para críticos de la estrategia estadounidense, el caso del Skipper confirma que el pulso por el control energético del Caribe se libra también en los corredores marítimos donde se define quién puede, y quién no, mover su petróleo.

Mantente actualizado con las noticias más relevantes con Energía y Ecología.

Declaran culpable a Alex Rovirosa Martínez en Estados Unidos por su participación en un esquema de sobornos dirigido a funcionarios de Petróleos Mexicanos y su filial de Exploración y Producción, con el objetivo de asegurar contratos y destrabar pagos millonarios para sus empresas. Un jurado federal en Houston determinó que el empresario tabasqueño incurrió en prácticas corruptas entre 2019 y 2021, mediante pagos en efectivo, relojes de lujo y artículos de marca a al menos tres funcionarios, lo que le permitió obtener ventajas indebidas en licitaciones.​

El caso se enmarca en la aplicación de leyes anticorrupción de Estados Unidos y se centra en contratos por al menos 2,5 millones de dólares vinculados a compañías controladas por el propio Rovirosa. La acusación detalla que el empresario, residente legal en Texas, utilizó su posición como proveedor del sector energético para consolidar una red de influencias que operaba desde el terreno corporativo hasta las oficinas encargadas de auditar y autorizar recursos dentro de la petrolera estatal.​

Una red que trastocó licitaciones y auditorías

Declaran culpable a Alex Rovirosa Martínez luego de acreditarse que, junto con su socio Mario Alberto Ávila Lizárraga, diseñó un esquema para manipular licitaciones y cerrar auditorías incómodas mediante sobornos directos y obsequios de alto valor. Entre los beneficios obtenidos se cuentan contratos de obras, servicios y mantenimiento asociados a proyectos de infraestructura de Pemex y Pemex Exploración y Producción, así como la liberación de pagos que estaban retenidos por revisiones internas.​

De acuerdo con documentos judiciales, los sobornos se dirigían a un círculo específico de funcionarios responsables de revisar propuestas técnicas, autorizar adjudicaciones y concluir auditorías en áreas sensibles de la operación petrolera. Las autoridades estadounidenses sostienen que esta dinámica alteró la competencia en los procesos de contratación, al premiar a empresas sin considerar plenamente criterios técnicos o financieros, sino la capacidad de alimentar la red corrupta.​

El papel de los funcionarios y el “auditor torero”

Uno de los personajes centrales del caso es un auditor senior de Pemex, apodado mediáticamente como el “auditor torero” por la forma en que presumía sus maniobras para “salvar” contratos y limpiar observaciones. De acuerdo con la acusación, este funcionario celebraba las adjudicaciones favorables como faenas triunfales, mientras recibía efectivo, relojes de gama alta y otros bienes como contraprestación por sus decisiones.​

La trama incluye episodios donde propuestas técnicas inicialmente descalificadas regresaron al proceso tras la intervención de este auditor y otros mandos de adquisiciones. Esa capacidad para reorientar el curso de licitaciones clave es uno de los elementos que llevó a las autoridades a considerar el caso como un ejemplo de corrupción que se extendía desde la cúpula administrativa hasta los niveles operativos encargados de los fallos.​

Contexto político y Pemex en el sexenio pasado

El proceso en Texas ha abierto un nuevo frente de cuestionamientos sobre los controles internos de la petrolera y la efectividad de los mecanismos de cumplimiento durante ese sexenio. Mientras tanto, Mario Alberto Ávila Lizárraga, exdirectivo de Pemex PEP y socio clave de Alex Rovirosa en el esquema, permanece prófugo, lo que mantiene viva la discusión sobre las responsabilidades políticas y administrativas vinculadas a esta red de sobornos.​

Empresas, contratos y proyección del caso

Las investigaciones identifican al menos seis compañías asociadas a Alex Rovirosa, beneficiadas por contratos que abarcan construcción, mantenimiento de instalaciones y servicios para la industria petrolera. Entre ellas destacan firmas que ya habían consolidado presencia en licitaciones de alto valor y que, según la acusación, consolidaron su posición gracias a la distorsión deliberada de procesos de competencia.​

El caso se ha convertido en una referencia dentro de la agenda de cumplimiento internacional, al ilustrar cómo dos empresarios con residencia en Texas aprovecharon su acceso a la estructura de una empresa estatal extranjera para obtener ventajas ilícitas. Para especialistas en integridad corporativa, el juicio envía un mensaje directo a proveedores del sector energético sobre los riesgos penales de replicar esquemas similares en contratos con compañías públicas. En este contexto, la trayectoria de Alex Rovirosa y el papel de Pemex PEP son ahora objeto de un escrutinio que trasciende las fronteras mexicanas.​

Mantente actualizado con las noticias más relevantes con Energía y Ecología.

Deudas de Pemex evitan la inversión privada

Durante 2025, Pemex ha reconocido una deuda comercial con proveedores que supera los 500 mil millones de pesos, a lo que se suma un pasivo financiero total por encima de los 100 mil millones de dólares. Esta combinación, que incluye cuentas vencidas con empresas de servicios, navieras, arrendadores de plataformas y constructoras, ha encendido alarmas en cámaras empresariales y analistas del sector.​

La presión de caja se refleja en pagos diferidos, negociaciones permanentes y promesas sucesivas de regularización, al tiempo que la actividad petrolera en el Golfo de México muestra signos de desaceleración por proyectos detenidos o replanteados. En este contexto, cada nueva convocatoria a socios privados llega acompañada de una pregunta central: si la empresa no logra ponerse al día con sus compromisos actuales, ¿hasta dónde puede garantizar el cuDeudas de Pemex evitan la inversión privadamplimiento de los futuros?​

Contratos mixtos, entre la oportunidad y la desconfianza

El plan estratégico 2025-2035 de Petróleos Mexicanos (Pemex) plantea 21 contratos mixtos con empresas privadas para atraer inversiones por hasta 17 mil millones de dólares y sumar alrededor de 450 mil barriles diarios adicionales hacia 2033. La meta oficial es sostener una plataforma cercana a 1.7–1.8 millones de barriles diarios de hidrocarburos, apoyándose en proyectos donde el capital y el conocimiento técnico provengan del sector privado.​

Sin embargo, el diseño de estos instrumentos deja poco margen de maniobra al socio: Pemex busca retener al menos 40% de participación y establece límites estrictos a la recuperación de costos, además de concentrar la toma de decisiones estratégicas. Para los inversionistas, el resultado es un esquema en el que se asumen riesgos operativos y financieros elevados, pero con un grado limitado de control sobre el ritmo de inversión, la gestión de campos y la respuesta ante contingencias.​

Proveedores bajo presión y riesgo sistémico

El rezago en los pagos ha afectado tanto a grandes multinacionales de servicios petroleros, como Halliburton, como a empresas medianas y pequeñas que dependen de los flujos de la cadena energética para sostener empleos y operaciones. Ese estrés financiero se traslada a subcontratistas, proveedores regionales y trabajadores especializados, generando una cadena de atrasos que ya se percibe en menor actividad, equipos parados y proyectos en pausa.​

Organizaciones empresariales han advertido que el incremento de pasivos con proveedores y contratistas, sin una ruta clara de saneamiento, no solo encarece el financiamiento para la compañía, sino que también eleva el costo país para cualquier nueva Inversión Privada vinculada a la petrolera. En la práctica, los bancos exigen mayores garantías, las tasas suben y los contratos requieren mecanismos adicionales de protección, lo que reduce el atractivo económico de incorporarse a nuevos desarrollos.​

Transparencia, gobernanza y futuro de la exploración

Otro elemento que pesa en las decisiones de las compañías interesadas es la limitada transparencia en la asignación y seguimiento de los proyectos con socios privados, así como la centralización de las decisiones clave en la empresa estatal. Para jugadores acostumbrados a marcos regulatorios más claros, esta combinación de opacidad, alta exposición y deudas acumuladas hace que se perciba a México en un destino de alto riesgo para proyectos de exploración y desarrollo de campos.​

Expertos coinciden en que reducir de manera creíble la deuda con proveedores, fortalecer la gobernanza de los contratos y abrir espacios reales de corresponsabilidad operativa serán condiciones indispensables para destrabar las asociaciones que Pemex necesita. Mientras esto no ocurra, las deudas de Pemex evitan la inversión privada y seguirán siendo el principal filtro para cualquier compañía que evalúe comprometer capital y tecnología en los proyectos de la empresa del Estado.​

Mantente actualizado con las noticias más relevantes del sector energético con Energía y Ecología.