Parlamento abierto: Todo apunta a que la reforma eléctrica va
En las sesiones que ya se realizaron, se han escuchado las dos posiciones en voz de los expositores. Ambas partes tienen sus argumentos
Eduardo Olivares Pérez
Ph.D. Consultor.
Del 17 de enero al 15 de febrero de 2022 se programó el foro denominado Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, esto para evaluar y discutir la iniciativa de reforma constitucional para el sector eléctrico mexicano presentada en octubre pasado por el Ejecutivo. En la apertura, los gobernadores coincidieron en que el sector energético es un asunto vital para el desarrollo económico y social del país y es menester sea debidamente regulado en beneficio de la población. En los foros se han estado exponiendo las visiones y argumentos a favor y en contra de la iniciativa. Una práctica sana y encomiable dentro de un marco democrático. En las sesiones que ya se realizaron, se han escuchado las dos posiciones en voz de los expositores. Ambas partes tienen sus argumentos. Esto es bueno, porque puede dar forma a una versión afinada de la iniciativa original. No sería sano tener un sector energético a completa merced del mercado porque se ha comprobado que esto puede provocar distorsiones, especulación y encarecimiento a los consumidores finales. Tampoco es lo deseable que sea exclusivo monopolio del Estado, porque ante tantas necesidades por cubrir este no cuenta con la suficiencia presupuestal para expandir el sector conforme la demanda de energía crezca al paso del tiempo. Conviene el esquema mixto Estado-Privados. Por una parte el Estado garantiza el suministro de energía al proveer poco más de la mitad de la energía que requiere el país, dando espacio a que el sector privado participe generando poco menos de la mitad de esta, bajo una adecuada rectoría privilegiando el interés público.
Haciendo un breve repaso, en la exposición de motivos de la iniciativa se señaló el tratamiento inequitativo, arbitrario y adverso que se le aplicó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la reforma de 2013 para fragmentarla y disminuirla. También de que la modalidad de autoabastecimiento dio lugar a un mercado simulado paralelo e irregular, y que con los Productores Independientes de Energía (PIE) se suscribieron contratos en condiciones sumamente desventajosas para la CFE. Lo cual es cierto. Con la iniciativa se sigue conservando la participación privada en la generación de la electricidad en un 46%, por lo que no se puede decir que se constituya un monopolio total o que se expropie o estatice el sector. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) antes de la reforma de 2013 dependía de la Secretaría de Energía (SENER) y regresa a esa posición. De similar manera el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) formaba parte de la CFE a la cual se reincorporará. Los estudios técnicos para solicitudes de centrales eléctricas privadas eran realizadas por el área de Programación de la CFE. De nueva cuenta, vale la pena preguntarnos; antes de la reforma de 2013, ¿el sector eléctrico mexicano estaba en ruinas, endeble, con frecuentes y prolongados apagones en el sistema, con tarifas exorbitantes, con una mala percepción de los clientes? La respuesta es no. La CFE era una empresa reconocida y respetada –incluso galardonada– local e internacionalmente. Si el sector eléctrico vuelve a estar bajo la rectoría del Estado vía la CFE, no se va a acabar el mundo, no se vendrá el caos en el suministro de energía, no se darán apagones masivos y frecuentes ni toda la generación será con combustóleo y carbón como acusan los detractores.
La reforma energética de 2013 del ex presidente Peña Nieto, de acuerdo a evidencias, fue aprobada con sobornos en un entramado de corrupción bien elaborado. Los partidos políticos con sus dirigentes y legisladores aprobaron sin mayor empacho las reformas con concesiones económicas y regulatorias desproporcionadas en favor de empresas transnacionales. El esquema implementado con la reforma de 2013; mercado eléctrico mayorista, subastas de mediano y largo plazo, mercado de corto plazo, no es el único ni el mejor en el mundo. Lo cierto es que los inmensos beneficios prometidos a la población con esa reforma de 2013 nunca se vieron. Por el contrario, el sistema eléctrico interconectado nacional se ha visto sometido a presiones que ponen el riesgo la estabilidad e integridad del mismo por privilegiar la rentabilidad de los inversionistas privados.
Sobre el tema de las energías renovables, aunque son apreciadas porque por cada kilowatt hora producido con estas se deja de quemar combustibles fósiles, lamentablemente varias de ellas tienen la debilidad de ser intermitentes y carecer de inercia rotatoria. La primera dificulta la programación del despacho de potencia y energía al sistema eléctrico, y la segunda imposibilita la adecuada respuesta ante disturbios en el sistema mediante el control de la frecuencia. Esto obliga a mantener centrales convencionales rodando a manera de respaldo. Se deben subsanar estas debilidades –lo cual de momento es sumamente costoso y complicado– para que puedan participar de manera importante en los sistemas eléctricos interconectados. Actualmente la energía solar tiene una participación del 2% y la eólica del 5% en la generación de la energía que se consume en el mundo. Aunque los costos han ido marcadamente a la baja en las últimas décadas, con esta escasa participación y las limitaciones técnicas que presentan, no resolverán en el corto ni mediano plazo el problema de la demanda mundial de electricidad ni la descarbonización del sector. Apremia mayor investigación y desarrollo que de lugar a innovaciones disruptivas que permitan generar, gestionar y consumir la energía eléctrica de manera más eficiente, limpia y barata. En vez de ver el vaso medio vacío; justificar el por qué no pueden o deben participar de manera representativa las renovables, debemos verlo medio lleno; buscar colaborativamente cómo sí lograr integrarlas a los sistemas interconectados en condiciones adecuadas con una orientación hacia una real y conveniente transición energética –no solo como negocio–.
De la disponibilidad de energía en el presente y el futuro en condiciones de suficiencia, calidad, precio y sustentabilidad, depende el desarrollo económico y social de toda nación, y por ende la calidad de vida de su población. Podremos estar o no de acuerdo con el desempeño del actual gobierno federal en los diferentes temas torales de la vida nacional; seguridad, salud, educación, política exterior, entre otros, pero en este caso en particular, es innegable y coincidimos en que el sector energético es un asunto vital, estratégico, literalmente de seguridad nacional, en el cual se requiere de una adecuada regulación bajo la rectoría del Estado en aras de privilegiar el interés público. Existen muchos ejemplos de países y sociedades que han sufrido o aún sufren con los precios disparados en mercados donde anteponen las utilidades al bien común.
En las naciones en vías de desarrollo, particularmente en Latinoamérica, la política energética enfrenta la disyuntiva de depender del Estado o del mercado. México no ha escapado a estas tendencias, planteándose hasta ahora un esquema mixto. La sana competencia en cualquier sector, incluyendo el eléctrico, crea presión sobre las compañías para bajar costos, mejorar calidad y servicio, y crear nuevos productos y procesos. Para lograr una competencia justa que brinde esos beneficios, se requiere de una regulación juiciosa y transparente, que es lo que no se dio en la reforma de 2013. No está mal que el sector privado invierta. Al contrario, es conveniente su participación. El Estado por sí solo difícilmente podría hacer frente al mayúsculo reto financiero que representa hacer crecer la infraestructura en generación del sistema eléctrico nacional. Pero la participación privada debe darse dentro de lo ético y razonable. La iniciativa considera dejar un 46% de participación al sector privado, quedándose con un 54% ligeramente mayoritario. De seguir el sector como está, la CFE quedaría más pronto que tarde disminuida y dejaría de ser un contrapeso de las empresas transnacionales en cuanto a capacidad y despacho de generación al sistema eléctrico nacional.
Con el parlamento abierto le está quedando claro a los legisladores y a la sociedad en general, que es conveniente y necesaria una adecuada y objetiva regulación a cargo del Estado que garantice prevalezca el interés público en el sector eléctrico mexicano. Es decir, asegurar que no se llegue a dar especulación, manipulación, ni lucro excesivo en perjuicio de los consumidores, del sector y la sociedad, además de garantizar la disponibilidad de energía eléctrica para el desarrollo del país. Esto incluye la búsqueda del menor precio posible en congruencia con las variables y factores que intervienen los sistemas eléctricos, además de procurar que todos los proyectos relacionados con energía alcancen un equilibrio tecnológico, económico, social y ambiental. Existe optimismo que una vez discutida y en su caso afinada la iniciativa llegue a ser aprobada. La otra fase importante será la promulgación de las leyes secundarias y sus reglamentos, que regirán la operatividad de la reforma. Es definitivo, nos conviene a todos asegurar una adecuada regulación del sector energético porque de ello depende en buena parte el futuro del país y de los mexicanos. Hacemos votos por que esta iniciativa de reforma eléctrica -dejando de lado dogmas y enconos- con objetividad y responsabilidad, se perfeccione y apruebe en las mejores condiciones en beneficio de México.