Reflexiones sobre la iniciativa de reforma eléctrica
El pasado 1º de octubre de 2021, el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Diputados, una iniciativa de Reforma Constitucional a los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución Política, la cual contiene 9 artículos Transitorios, mejor conocida como reforma eléctrica 2021. Sus opositores la llaman contrarreforma.
Esta iniciativa ha convulsionado la arena mediática y política con manifestaciones en pro y en contra de la misma. En algunos casos, de ambos lados, las expresiones son beligerantes y con frecuencia sin estar bien fundamentadas. Para conocer y en su caso opinar sobre la iniciativa de reforma, se deben leer y analizar las 39 fojas que la componen. Así mismo conviene revisar los antecedentes legales e históricos sobre el tema. Es decir, entender y comparar cómo era el sector eléctrico mexicano antes y después de la reforma de 2013 del expresidente Peña Nieto.
En la exposición de motivos de la nueva iniciativa, se reseña el tratamiento inequitativo, arbitrario y adverso que se le aplicó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la reforma de 2013 para fragmentarla y disminuirla. ¿Acaso fue cierto todo eso? Absolutamente sí. De paso, se acusa que la modalidad de autoabastecimiento dio lugar a un mercado simulado paralelo irregular, y que con los Productores Independientes de Energía (PIE) se suscribieron contratos en condiciones sumamente desventajosas para la CFE. A efecto de no redundar en lo que ya se ha comentado profusamente sobre el tema en los medios, aprovecharé este espacio para traer a colación aspectos que considero han tenido escasa atención. Como primera reflexión, el sector eléctrico mexicano regresaría a condiciones parecidas previas a la reforma de 2013. Se sigue conservando la participación privada en la generación de la electricidad hasta un 46%, por lo que no se puede decir que se constituya un monopolio total o que se expropie o estatice el sector. La Comisión Reguladora de Energía antes de la reforma de 2013 dependía de la Secretaría de Energía (SENER) y regresaría a esa posición. De similar manera el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) formaba parte de la CFE a la cual regresa de nueva cuenta. Los estudios técnicos para solicitudes de centrales eléctricas privadas eran realizadas por un área de CFE denominada Programación. Segunda reflexión: Antes de la reforma de 2013, ¿el sector eléctrico mexicano estaba en ruinas, endeble, con frecuentes y prolongados apagones en el sistema, con tarifas exorbitantes, con una mala percepción de los clientes? La respuesta es no. La CFE era una empresa reconocida y respetada local e internacionalmente. Si el sector eléctrico vuelve a estar bajo la rectoría del Estado vía la CFE, no se va a acabar el mundo, no se vendrá el caos en el suministro de energía, no se darán apagones masivos y frecuentes ni toda la generación será con combustóleo como señalan los detractores.
Tercera reflexión. Por las evidencias que han salido a la luz pública sobre conductas ilícitas en el proceso de aprobación de la reforma energética de 2013, particularmente en el tema de sobornos para asegurar su promulgación, se asume que se dieron actos de corrupción y que de manera dolosa se diseñaron y expidieron leyes y reglamentos a modo para favorecer a particulares. Está probado que varios de los exfuncionarios y políticos vinculados a esa reforma energética llegaron a formar parte de los consejos de administración -o bien tuvieron relaciones de negocios- con las transnacionales favorecidas. Llama la atención que a la fecha no se haya procesado y castigado a los culpables de esos ilícitos que representaron un quebranto multimillonario a las arcas públicas. Otro de los principales argumentos en contra de la reforma de 2013 es que los inmensos beneficios prometidos nunca llegaron.
Pasemos como cuarta reflexión al tema de las energías renovables. Aunque son apreciadas porque por cada kilowatt hora producido con estas se deja de quemar combustibles fósiles, varias de ellas tienen la debilidad de ser intermitentes y carecer de inercia rotatoria. La primera dificulta la programación del despacho de potencia y energía al sistema eléctrico, y la segunda imposibilita la adecuada respuesta ante disturbios en el sistema mediante el control de frecuencia. Esto obliga a mantener centrales convencionales rodando a manera de respaldo. Se deben subsanar estas debilidades para que puedan participar de manera importante en los sistemas eléctricos interconectados. Aunque sorprenda, ninguna central renovable intermitente construida e interconectada en México ha realizado acciones de mitigación de estos dos aspectos. Me refiero a que ninguna cuenta con almacenamiento masivo de energía como sí sucede en países desarrollados. Tampoco se han concretado medidas reales para solventar la carencia de inercia rotatoria, sea mediante contratos o cargos por respaldo de otras centrales convencionales, o bien de inversión en infraestructura que resuelva esa condición. ¿Eso encarece a las renovables como la eólica y la solar? Sin duda alguna. Si a las energías renovables se les consideran los costos totales, directos e indirectos, fijos y variables, en los que incurren, veríamos que lamentablemente no son tan baratas como nos lo han querido vender. Para ejemplo de esta problemática real, actualmente la energía solar tiene una participación del 2% y la eólica del 5% en la generación de la energía que se consume en el mundo. Aunque los costos han ido marcadamente a la baja en las últimas décadas, con esta escasa participación y las limitaciones técnicas que presentan, no resolverán en el corto ni mediano plazo el problema de la demanda mundial de electricidad ni la descarbonización del sector. Apremia más y mejor investigación y desarrollo que de lugar a innovaciones disruptivas que permitan generar, gestionar y consumir la energía eléctrica de manera más eficiente, limpia y barata. En vez de ver el vaso medio vacío, justificar el por qué no pueden o deben participar de manera representativa las renovables, se debería buscar colaborativamente como sí lograr integrarlas a los sistemas interconectados en condiciones adecuadas.
Quinta reflexión. De la disponibilidad de energía en condiciones de suficiencia, calidad, precio y sustentabilidad, depende el desarrollo económico y social de toda nación, y por ende la calidad de vida de su población. Podremos estar o no de acuerdo con el desempeño del actual gobierno federal en los diferentes temas torales de la vida nacional; seguridad, salud, educación, política exterior, entre otros, pero en este caso en particular, es innegable que el sector energético es un asunto vital, estratégico, literalmente de seguridad nacional, en el cual se requiere de una adecuada regulación bajo la rectoría del Estado en aras de privilegiar el interés público. Adicional a lo que ocurre en Europa con los precios de electricidad disparados, si analizamos el caso de Chile, que liberalizó totalmente su sector eléctrico, todo indica que de manera inadecuada, desde entonces padece de precios de electricidad altísimos y de debilidades en infraestructura. Si queremos ver un caso más patético de regulación deficiente, tenemos en el pasado a ENRON en California, una empresa privada que a base de especulación y fraude llevó los precios de la electricidad a niveles nunca imaginados en perjuicio de los consumidores y la economía.
En las naciones en vías de desarrollo, particularmente en Latinoamérica, la política energética enfrenta la disyuntiva de depender del Estado o del mercado. México no ha escapado a estas tendencias, planteándose hasta ahora un esquema mixto. La sana competencia en cualquier sector, incluyendo el eléctrico, crea presión sobre las compañías para bajar costos, mejorar calidad y servicio, y crear nuevos productos y procesos. Para lograr una competencia justa que brinde esos beneficios, se requiere de una regulación juiciosa y transparente, que es lo que no se dio en la reforma de 2013. Es deseable que en esta iniciativa persista la competencia pero ahora sí con piso parejo y dentro de un marco justo. Para hacerle frente al mayúsculo desafío técnico y financiero de suplir toda la energía eléctrica que el país requiera en el presente y el futuro, el gobierno federal considera dejar un 46% de participación al sector privado, quedándose con un 54% ligeramente mayoritario.
No debiera viciarse el debate con ruido ideológico o dogmático de corte político o partidista por ninguna de las partes. De igual manera no hay que hacer demasiado caso a presuntos expertos –sobre todo si no son ingenieros electricistas- que con medias verdades, imprecisiones o de plano falacias tratan de convencer a la población. Tampoco ayuda la manera en que ciertos funcionarios, políticos, empresarios, organizaciones diversas, asumen posiciones viscerales y rijosas que atizan aún más la polarización y el encono. Esta iniciativa presentada tiene camino por andar en comisiones legislativas, en los plenos de las cámaras, donde será analizada, discutida e incluso modificada para llegar a ser votada y aprobada, lo cual constituye el qué y el por qué del asunto. La otra fase importante será la promulgación de las leyes secundarias y sus reglamentos, que serán los cómos. Es definitivo, nos conviene asegurar una adecuada regulación del sector energético en un marco de ética y profesionalismo, porque de la disponibilidad presente y futura –y en qué condiciones- de la energía, depende el desarrollo de cualquier país y el nivel de vida de la sociedad. Ojalá que en el análisis y discusión de la iniciativa de reforma eléctrica 2021 -dejando de lado dogmas y enconos- con objetividad y responsabilidad, esta se perfeccione y se apruebe en las mejores condiciones en beneficio de México. Hacemos votos por que así sea.