SENER frenará proyectos de riesgo para pueblos indígenas

Cuando se hizo público que SENER frenará proyectos de riesgo para pueblos indígenas, el aviso cayó sobre el sector energético como una señal clara: ya no bastará con cumplir en papel. La dependencia advirtió que podrá negar o revocar permisos si detecta información falsa u omisiones en la evaluación de los impactos sociales sobre comunidades originarias, incluida la Manifestación de Impacto Social (MIS), documento que se volvió requisito clave tras la reforma energética.

En términos concretos, la Secretaría de Energía (SENER) frenará proyectos de riesgo para pueblos indígenas si una empresa oculta que su trazo pasa por tierras comunales, si minimiza cambios en la forma de sembrar o de acceder al agua, o si deja fuera posibles afectaciones a sitios sagrados. Detrás de cada casilla en la MIS hay historias de desalojos, fragmentación comunitaria y acuerdos firmados sin intérpretes ni información completa.

Consulta previa y papel de la SCJN

La decisión se ancla en obligaciones que México ya tenía sobre la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas, previstas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que han exigido procesos más robustos cuando un proyecto toca territorio indígena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha repetido que la consulta no es un trámite rápido, sino un proceso que debe permitir a las comunidades entender el proyecto, discutirlo a su ritmo y decidir si lo aceptan o lo rechazan.

En la práctica, muchos procedimientos se han quedado a medias: asambleas convocadas de un día para otro, representantes comunitarios presionados para firmar, versiones técnicas imposibles de traducir a lenguas indígenas. Con los nuevos criterios, SENER tendrá más margen para tirar del freno de mano cuando detecte que la consulta fue meramente formal o que ni siquiera se intentó.

Impacto en empresas y comunidades

Para las empresas, el mensaje es directo: ya no basta con diseñar gasoductos, parques eólicos o centrales eléctricas y después salir a “socializar” el proyecto. La evaluación social se convierte en un filtro que puede tumbar inversiones millonarias si hay inconsistencias entre lo que se promete en papel y lo que las comunidades viven en territorio.

Del lado de las comunidades indígenas, el anuncio ofrece una herramienta adicional en un mapa donde los conflictos por tierra, agua y aire han ido en aumento. En varios casos, la resistencia local ha frenado obras ya iniciadas y ha obligado a revisar permisos otorgados sin consulta adecuada, al tiempo que defensores del territorio enfrentan amenazas y agresiones documentadas por organizaciones ambientales y de derechos humanos.

El reto de pasar del discurso al territorio

El talón de Aquiles estará en la capacidad del Estado para revisar a fondo las MIS, verificar lo que ocurre en campo y soportar la presión de actores políticos y empresariales. Revisar cada proyecto exige equipos técnicos, presupuesto y una convicción firme de que cancelar o modificar una obra puede ser la única salida cuando el costo lo carga una comunidad pequeña y aislada.

Mientras tanto, pueblos indígenas y organizaciones comunitarias seguirán empujando amparos, consultas y asambleas para que la promesa no se quede en boletines. Lo que ocurra con los próximos proyectos dirá si este giro en el sector energético se queda en reglamentos o se siente en la orilla de los ríos, en los ejidos y en las montañas donde aún se discute quién decide sobre el territorio.

Mantente actualizado con las noticias más relevantes con Energía y Ecología.

Transition Industries LLC y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informaron que firmaron un acuerdo para el suministro de gas natural a largo plazo destinado al proyecto Pacífico Mexinol, ubicado en las inmediaciones de Topolobampo, Sinaloa. El convenio, que involucra a Transition Industries LLC y CFE, permitirá avanzar a la fase de construcción de una de las inversiones industriales más relevantes del sector químico en México.

El acuerdo se formalizó a través de CFEnergía, subsidiaria de la CFE encargada de la comercialización de combustibles. El suministro de gas natural se realizará bajo condiciones de mercado y con el aprovechamiento de infraestructura ya existente, con gas proveniente de Estados Unidos.

¿En qué consiste el acuerdo entre Transition Industries LLC y CFE?

El convenio establece que CFEnergía suministrará alrededor de 160 millones de pies cúbicos diarios de gas natural al proyecto Mexinol. Se trata de un contrato de largo plazo que garantiza el abasto energético necesario para el desarrollo y operación de la planta.

El suministro se obtendrá desde Estados Unidos y estará sujeto a las condiciones habituales de este tipo de contratos. Con este respaldo energético, el proyecto entra formalmente en su etapa de ejecución industrial.

¿Qué es el proyecto Pacífico Mexinol y dónde se ubica?

Pacífico Mexinol, también conocido como Mexinol, es un proyecto industrial dedicado a la producción de metanol con emisiones ultra bajas de carbono. Se localiza cerca del puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, en el estado de Sinaloa.

La ubicación en la costa oeste de México responde a criterios logísticos y de mercado, ya que facilita el acceso a rutas marítimas hacia la región del Pacífico y otros mercados internacionales estratégicos.

¿Cuándo iniciará operaciones Mexinol?

Con el acuerdo de suministro de gas natural ya asegurado, Transition Industries indicó que la fase de construcción puede iniciar. De acuerdo con la planeación del proyecto, se prevé que Mexinol comience operaciones entre finales de 2029 y principios de 2030.

Este calendario depende del avance de las obras y del cumplimiento de los procesos técnicos y regulatorios correspondientes al desarrollo de la planta.

¿Qué capacidad de producción tendrá la planta de Mexinol?

Una vez en operación, Mexinol está proyectada para convertirse en la instalación de productos químicos ultra bajos en carbono más grande del mundo. La planta producirá aproximadamente 1.8 millones de toneladas métricas anuales de metanol azul.

Además, se estima una producción adicional de alrededor de 350 mil toneladas métricas anuales de metanol verde, lo que refuerza el enfoque del proyecto hacia la transición energética y la reducción de emisiones.

¿Cuál es el monto de inversión y su impacto económico?

La inversión total del proyecto supera los 3 mil 300 millones de dólares. Este capital se destinará a infraestructura industrial, tecnología de producción y desarrollo logístico asociado a la planta.

Durante la fase de construcción, Mexinol generará más de 6 mil empleos en Sinaloa. En la etapa de operación, se prevé la creación de al menos 450 empleos permanentes, tanto directos como indirectos.

¿Qué papel juega el mercado internacional en el proyecto?

El proyecto está orientado a atender la creciente demanda de metanol limpio en la región del Pacífico y otros mercados globales. Transition Industries señaló que México se posiciona como proveedor confiable de metanol ultra bajo en carbono para Asia.

Entre los clientes estratégicos se encuentra Mitsubishi Gas Chemical, empresa con sede en Tokio, que se comprometió a adquirir cerca del 50 por ciento de la producción total del proyecto.

¿Por qué Topolobampo es clave para la estrategia de Mexinol?

La cercanía con el Puerto de Topolobampo fortalece el perfil exportador de Mexinol. Esta ubicación facilita el acceso a mercados internacionales y mejora la competitividad logística del proyecto.

Al mismo tiempo, impulsa el desarrollo del mercado nacional y contribuye a la integración de la industria química mexicana en cadenas de valor globales.

¿Qué implica el proyecto para la transición energética en México?

Con el contrato de suministro de gas natural asegurado, Mexinol se consolida como un proyecto estratégico dentro de la transición hacia emisiones netas cero. Transition Industries destacó que la planta funcionará como una plataforma industrial para la innovación tecnológica en el país.

El acuerdo también fortalece la relación económica bilateral, al contemplar la exportación y consumo de más de 4 mil millones de dólares en gas natural estadounidense a lo largo del contrato.

Mantente actualizado con las noticias más relevantes del sector energético en Energía y Ecología MX.

La Ley del Gas del Pueblo en Brasil fue aprobada por el gobierno federal como una política social orientada a garantizar el acceso gratuito al gas de cocina a hogares en situación de vulnerabilidad. La iniciativa, impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, busca reducir la pobreza energética y beneficiar a millones de personas inscritas en los programas sociales del país.

El programa establece la recarga sin costo de bombonas de gas licuado de petróleo (GLP) de 13 kilogramos para familias de bajos ingresos registradas en el Cadastro Único para Programas Sociales del Gobierno Federal, conocido como CadÚnico. De acuerdo con la previsión oficial, la medida podría alcanzar a cerca de 50 millones de personas.

¿Qué es la Ley del Gas del Pueblo en Brasil y cuál es su objetivo?

La Ley del Gas del Pueblo en Brasil tiene como finalidad asegurar el acceso al gas doméstico a sectores que enfrentan dificultades económicas para cubrir este insumo básico. El gas de cocina representa un gasto significativo para familias de bajos ingresos, lo que ha llevado a escenarios de pobreza energética en distintas regiones del país.

Con este programa, el gobierno federal pretende aliviar la carga económica de los hogares más vulnerables y garantizar condiciones mínimas para la preparación de alimentos, especialmente en contextos de inflación y aumento en los precios de los energéticos.

¿Quiénes podrán acceder al gas gratuito?

El beneficio está dirigido exclusivamente a familias inscritas en el CadÚnico que cumplan con criterios específicos de ingresos. Los hogares deberán acreditar ingresos por persona de hasta la mitad del salario mínimo vigente en Brasil.

Además, el programa está enfocado en familias que ya forman parte del esquema de apoyo social Bolsa Familia, reforzando así la articulación entre distintas políticas públicas orientadas al combate a la pobreza.

¿Cuántas familias serán beneficiadas por el programa?

El gobierno brasileño estima que el programa podrá beneficiar a aproximadamente 15 millones de familias una vez que esté plenamente operativo. Esta cifra representa una parte significativa de la población vulnerable del país y se enmarca dentro de una estrategia más amplia de asistencia social.

La Presidencia de Brasil informó que la expectativa es que el sistema esté completamente en funcionamiento a partir del mes de marzo, tras la fase inicial de implementación.

¿Qué instituciones participan en la ejecución del Gas del Pueblo?

La ejecución de la Ley del Gas del Pueblo en Brasil involucra a varias dependencias del gobierno federal. Entre ellas se encuentran el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre.

Asimismo, participa la institución financiera pública Caixa Econômica Federal, que tendrá un papel clave en la operación de los vales y medios de pago asociados al programa.

¿Cómo será la distribución del gas y los puntos de venta?

Uno de los avances destacados del programa es la rápida incorporación de puntos de venta acreditados. En menos de dos meses, se han registrado alrededor de 10 mil establecimientos autorizados, lo que representa aproximadamente uno de cada seis revendedores de GLP en Brasil.

Estos puntos de venta serán los encargados de suministrar las bombonas de gas a las familias beneficiarias, utilizando los mecanismos de validación establecidos por el programa.

¿Cuáles son los requisitos administrativos para recibir el beneficio?

Para acceder al programa, las familias deben cumplir con varios requisitos adicionales. Es obligatorio que el núcleo familiar esté integrado por al menos dos personas y que el registro en el CadÚnico se haya mantenido actualizado durante los últimos 24 meses.

También se exige que el Código de Identificación Fiscal (CPF) del responsable del hogar se encuentre en situación regular, sin inconsistencias administrativas, verificaciones pendientes o registros erróneos.

¿Cómo pueden las familias verificar si son beneficiarias?

Las familias interesadas podrán consultar su elegibilidad a través de la aplicación oficial Meu Social – Gás do Povo. Esta plataforma permitirá verificar el estado del beneficio, la vigencia del vale de recarga y la ubicación de los puntos de venta autorizados, incluyendo direcciones y teléfonos.

Para quienes no cuenten con acceso a Internet o teléfono móvil, el programa contempla alternativas presenciales. El beneficio podrá utilizarse mediante la tarjeta del Bolsa Familia con chip, la tarjeta de débito de Caixa o proporcionando el CPF del responsable familiar directamente en el establecimiento acreditado.

¿Cuándo entrará en operación el programa?

El Ejecutivo federal prevé que el programa, establecido en la Ley n.º 15.348, entre en operación plena durante el mes de marzo. Con ello, se busca consolidar una política pública que garantice el acceso al gas doméstico como un servicio esencial para millones de familias en Brasil.

Mantente actualizado con las noticias más relevantes del sector energético en Energía y Ecología MX.