Juez invalida acuerdo y política energética de la Secretaría de Energía, informó la organización

La organización Greenpeace informó que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones le concedió un amparo que invalida en su totalidad el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, emitido por la la CENACE, y la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía (Sener).

“Hemos ganado el amparo en contra del Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, emitido por la CENACE, y la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía. ¡Una victoria ciudadana a favor del medio ambiente que debemos celebrar! La sentencia del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones invalida la totalidad de ambos instrumentos jurídicos, con lo cual se elimina el bloqueo a los proyectos de energía renovable a cualquier escala”, dijo la organización.

Indicó que esta decisión judicial permitirá que las energías renovables sigan siendo una alternativa en el país, y con ellas reducir las emisiones que contribuyen al cambio climático.

Recalcamos que estas tienen que ser con estricto respeto a derechos humanos por lo que exigimos a las autoridades castigar cualquier irregularidad en los procesos y proyectos sin que esto signifique bloquear las tecnologías renovables. Esta decisión también abre la posibilidad para que la Sener dé un giro en su política energética y apueste por energías renovables en lugar de seguir favoreciendo los combustibles fósiles”, dijo.

Consideró que tanto el acuerdo como la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, “configuraban un riesgo al medio ambiente y a la salud toda vez que fomentaban la producción y uso de energías convencionales que emplean combustibles fósiles, a la par que limitaban la generación de electricidad con energías renovables como el viento y la luz solar. Y dado que las energías fósiles afectan en mayor medida el medio ambiente al ser más contaminantes, generan gases de efecto invernadero y perjudican la salud de las personas, el Juzgado estima que ambos acuerdos constituyen medidas regresivas contrarias al mandato constitucional de sustentabilidad, al mandato de transición energética y a la atención a compromisos internacionales en torno al cambio climático, entre otros”.

Por ello, afirmó que con esta decisión se garantizan los derechos humanos a la salud, a un medio ambiente sano, a la sustentabilidad y a la legalidad.

“Cabe recordar que en Greenpeace también promovimos un juicio de amparo en contra del Programa Sectorial de Energía, del cual aún no hay resolución final. Estas acciones jurídicas buscan favorecer la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, en la cual se dé prioridad a los proyectos comunitarios de generación distribuida, es decir, comunidades que utilizan tecnología eólica o fotovoltaica en escalas menores para atender necesidades domésticas, con lo que pueden acceder a un desarrollo sustentable con respeto en todo momento los derechos de los pueblos originarios y comunidades donde pretendan establecerse”, dijo.

Amparos promovidos

Cabe destacar que el 29 de abril de 2020 se publicó el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), mismo que limitaba la operación de las plantas de generación de energía renovable y frenaba, sin justificación técnica ni jurídica, la entrada en operación de nuevas plantas de renovables que habían ganado las subastas de energía previamente.

El 15 de mayo, la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, el cual daba respaldo al Acuerdo del CENACE para poner en marcha plantas de generación eléctricas a base de combustóleo (combustible residual de los procesos de refinación de petróleo) que estaban en desuso y programadas para ser retiradas del sistema eléctrico debido a su ineficiencia, altos costos económicos, de salud, ambientales y por sus emisiones de gases efecto invernadero.

El 25 de mayo, Greenpeace México presentó un amparo en contra de estos dos instrumentos de política pública por considerar que ambos violan derechos humanos como es salud y el medio ambiente sano al bloquear las energías renovables e incentivar el uso de combustibles fósiles altamente contaminantes.

El 28 de mayo se otorgó la suspensión provisional a favor de Greenpeace México; el 23 de junio se otorgó la suspensión definitiva a favor de Greenpeace; el 24 de junio integrantes de Greenpeace se manifestaron en la Central Termoeléctrica de Tula para exponer la contaminación que se produce al generar electricidad a base de combustóleo y para hacer un llamado a la Sener a dar un giro a la política energética.

Finalmente, el 18 de noviembre de 2020, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones concedió el amparo a Greenpeace México, lo que significa que ambos instrumentos de la política pública (Acuerdo y Política) quedan