Reflexiones sobre la iniciativa de reforma eléctrica no aprobada
Faltó operación política para convencer, persuadir, negociar con los partidos y legisladores para asegurar la votación necesaria
Eduardo Olivares Pérez
Ph.D. Consultor.
El domingo de Pascua 17 de abril de 2022, fue discutida y votada en el pleno de la cámara de diputados mexicana la propuesta de reforma eléctrica promovida por el Ejecutivo Federal. El resultado fue de 275 votos a favor y 223 en contra. Como no se alcanzaron los 334 votos que se requerían para aprobarla, fue desechada. Comparto a continuación mis reflexiones sobre el tema.
Primero. En lo que va del actual sexenio se han promovido vía la Secretaría de Energía modificaciones a leyes secundarias y reglamentos de la Reforma Energética de 2013 del ex presidente Enrique Peña Nieto. Entre las más relevantes, el 29 de enero de 2021 fue firmada por el Ejecutivo una iniciativa –decreto– para reformar y adicionar la Ley de la industria eléctrica (LIE) de México. Este documento ajusta la operatividad del despacho de generación, las consideraciones respecto a los certificados de energía limpia (CEL), así como el tema de autoabastecimiento y la revisión de contratos celebrados en el pasado en el sector. De inmediato fueron interpuestos amparos en contra alegando inconstitucionalidad del referido documento.
Antes de eso, también provocó polémica la publicación el 15 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional en el cual se establecieron medidas para procurar resolver la problemática asociada a las energías renovables intermitentes, esto en aras de preservar la confiabilidad del sistema eléctrico interconectado nacional. En prácticamente toda expedición de acuerdos, modificaciones a leyes y reglamentos del sector energético, ha habido por parte de opositores reacción adversa, encono y ausencia de diálogo.
El 1º de octubre de 2021, el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Diputados, una iniciativa de Reforma Constitucional a los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución Política, conocida en los medios como reforma eléctrica 2021. Sus detractores la llamaron “la contrarreforma”. Del 17 de enero al 28 de febrero de 2022 se llevó a cabo un foro denominado Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados para analizarla y discutirla exponiendo visiones y argumentos a favor y en contra de la misma.
El pasado 7 de abril de 2022, más de un año después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó como válida la Ley de la Industria Eléctrica modificada. El pleno de la SCJN desestimó la acción de inconstitucionalidad contra dicha ley. Adicionalmente sobreseyó las impugnaciones presentadas contra la LIE de 2021 por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y por el gobierno del estado de Colima.
El aparente clímax se dio el 17 de abril de 2022 al no aprobarse en la Cámara de Diputados la propuesta de reforma constitucional al no alcanzarse la votación requerida. Con evidente desmesura la oposición festejó hasta con escarnio y la contraparte los acusó de traición a la patria.
Segundo. Desde el inicio de la gestión del actual gobierno federal –incluso desde antes de tomar posesión–, no se había mencionado, ni siquiera insinuado, el interés de impulsar una reforma energética para derogar la de 2013 promovida por el ex presidente Enrique Peña Nieto. Si bien es cierto que dicha reforma estuvo empañada por presuntos sobornos a legisladores para su aprobación con injerencia de transnacionales, además de que se dieron excesivas ventajas y concesiones a empresas particulares del sector en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad y del erario público, parece ser que la apuesta para recomponer los excesos y entuertos de la reforma de 2013 ha sido desde siempre la modificación de leyes secundarias y reglamentos. Ante los reiterados amparos interpuestos por la oposición respecto a las diferentes promulgaciones, la actual administración amagó con presentar una propuesta de reforma constitucional para allanar la implementación de modificaciones. Dicha iniciativa fue presentada el 1 de octubre de 2021 y recibió el rechazo esperado por la oposición así como la preocupación de países con los cuales se tienen relaciones importantes, entre ellos USA quien es el principal socio comercial de México en el T-MEC.
Del porqué no se aprobó la propuesta de reforma eléctrica expongo mis hipótesis. Una es que faltó operación política para convencer, persuadir, negociar con los partidos y legisladores para asegurar la votación necesaria, sea por torpeza, autosuficiencia o por instrucciones. Otra es que los votos necesarios de los partidos de oposición los hayan querido vender muy caros. Es decir, exigieron a cambio concesiones demasiado ambiciosas que no permitieron amarrar una negociación en este tenor. Una más es que el previsible daño a las relaciones comerciales internacionales sería demasiado alto –además de potenciales demandas y sanciones–, por lo que tal vez no convenía del todo concretar la propuesta de reforma en los términos en que se presentó. Una adicional o complementaria a las anteriores sería que como estrategia el Ejecutivo perdiendo ganara. Al votar la oposición en contra, ese rechazo se convierte en una atractiva bandera político electoral con miras a las elecciones de este y el próximo año, en especial si se asume que con la determinación de constitucionalidad de la LIE por parte de la SCJN es suficiente para corregir en lo operativo los excesos de la reforma de 2013. Aunque se interpongan amparos, estos tienen que ser resueltos uno a uno con la alta probabilidad de que fallen a favor del gobierno federal.
Adicionalmente, el 18 de abril de 2022 la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la iniciativa de decreto que modifica los artículos 1, 5, 9 y 10 de la Ley Minera, con lo cual queda establecido que el litio es patrimonio de la nación y que su exploración, explotación y aprovechamiento quedan exclusivamente a cargo del Estado.
Tercero. ¿Qué sigue? He ahí el meollo del asunto. Es probable que en el corto plazo prevalezca una candente y perniciosa polarización política en particular por las elecciones que se realizarán en varios estados en el mes de junio del presente año. Se vislumbra –y es deseable– que se comience a dar –y se consolide– un acercamiento entre las partes, Gobierno Federal y empresas eléctricas privadas que participan en el sector, orientado a un diálogo para concertar la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica modificada en 2021 y validada por la SCJN en abril de 2022 con miras a que esto ayude a recomponer los entuertos del pasado.
Cuarto. La inusual unidad que mostraron los partidos políticos de oposición al votar en contra de la iniciativa, más allá de filias y fobias, fue un interesante ejercicio que prueba, demuestra, que en nuestro país prevalece la democracia. Que no existe una dictadura o un régimen totalitario y que existen contrapesos reales.
Con la polarización imperante, al abordar el tema energético, las alas radicales de las corrientes políticas penosamente dejan de lado los argumentos y recurren a las descalificaciones, los señalamientos, el denuesto. Bots, trolls, hashtags tendenciosos, fake news, intolerancia ante el punto de vista diferente, de una y otra parte inundan e intoxican las redes sociales y el Internet. Pareciera que nos falta mucho para alcanzar como sociedad una madurez política que propicie el construir entre todos un mejor país a pesar de las diferencias.
Es tiempo de dejar de lado el dogma, el encono, la confrontación virulenta y estéril. Que el bien común, el interés nacional, esté por encima de los intereses particulares o de grupo. La energía y en particular la electricidad, es insumo vital del cual depende el crecimiento de todo país en lo económico, social y en la calidad de vida de la población. Debe darse una sinergia entre todos los actores para conformar un sector eléctrico que nos asegure la disponibilidad presente y futura de energía eléctrica en condiciones de suficiencia, calidad, precio y sustentabilidad. Por el crecimiento de la demanda de electricidad, aproximadamente cada 22 años debe duplicarse la infraestructura en generación eléctrica y las instalaciones asociadas. Sería muy complicado para cualquier gobierno hacer frente por sí solo a este enorme reto técnico y financiero, en especial porque tiene numerosas áreas importantes por atender presupuestalmente; educación, salud, seguridad, programas sociales, por mencionar algunas. Para el sector eléctrico mexicano nos conviene el esquema mixto de inversión, público y privado, bajo una adecuada rectoría y regulación del Estado que privilegie el interés público y lo blinde contra la especulación y el lucro desmedido. La necesidad de electricidad seguirá en aumento. La disponibilidad de combustibles fósiles está disminuyendo y se incrementan los precios además de que su uso contamina al medio ambiente. Las energías renovables con la tecnología actual no pueden resolver completamente el suministro de energía requerido ni la descarbonización del sector en condiciones técnico-económicas viables. Apremia privilegiar la innovación, preferentemente disruptiva, que permita generar, gestionar y consumir la energía de manera más eficiente, limpia y barata. Debemos todos abonar para lograr tener un sector eléctrico nacional fuerte, confiable, eficiente y sustentable. De ello depende en buena medida nuestro futuro.