Un comité de decenas de especialistas convocado por el gobierno federal entregó en agosto de 2026 su primer diagnóstico sobre la posibilidad de extraer gas en yacimientos no convencionales en el norte del país. Entre las voces técnicas del grupo está Alma América Porres, ingeniera geofísica egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), doctora en Geofísica Aplicada por la Universidad de Burdeos y excomisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) durante 12 años, hasta 2022-2023. La especialista sostiene que la tecnología del fracturamiento hidráulico ha cambiado tanto en el último lustro que ya no puede compararse con la de hace 15 años.

El planteamiento se da en un contexto de fuerte dependencia energética: entre 70 y 75 % del gas natural que consume México se importa de Estados Unidos, y una parte mayoritaria de ese volumen proviene precisamente de yacimientos no convencionales estadounidenses. Ese dato es el que impulsó a la presidenta Claudia Sheinbaum a integrar un grupo de asesores técnicos y científicos para valorar, sin comprometerse todavía a autorizar proyectos, si México podría replicar parte de esa producción con menores riesgos ambientales.

Qué encontró el comité científico sobre soberanía energética

El grupo de trabajo, integrado por especialistas de instituciones como la propia UNAM, presentó su primer informe con una estimación de recursos prospectivos de gas no convencional de 141.5 billones de pies cúbicos en tres cuencas del país. Se trata de una cifra que refleja una posibilidad geológica y no una reserva confirmada; para saber cuánto de ese volumen es realmente aprovechable haría falta perforar pozos exploratorios y de monitoreo.

El comité recomendó descartar por completo la cuenca Tampico-Misantla, que se extiende entre Veracruz, el sur de Tamaulipas y zonas de San Luis Potosí y Puebla, por razones ambientales y de conflictividad social. En cambio, planteó continuar evaluando las cuencas de Burgos, en Tamaulipas, y Sabinas-Burro-Picachos, entre Coahuila y Nuevo León. Cualquier avance, subrayaron los expertos, deberá ir acompañado de consulta previa a las comunidades, monitoreo científico independiente y una regla no negociable: nada de agua dulce. Los pozos tendrían que abastecerse con agua salada de formaciones profundas no aptas para consumo humano ni agrícola, dado que cada perforación puede requerir decenas de miles de metros cúbicos de líquido.

Cómo cambió la tecnología del fracking en cinco años, según la experta

Porres centró buena parte de su intervención en explicar por qué, a su juicio, la discusión sobre el fracking ya no puede basarse en los estándares de hace década y media. Según la especialista, perforar y completar un pozo no convencional llegó a costar entre 38 y 50 millones de dólares en sus primeras etapas, mientras que en Estados Unidos el costo actual ronda los 8 a 10 millones, una caída cercana al 80 %. Citó además rangos de 8 a 12 millones de dólares en Canadá y de 13 a 15 millones en Argentina.

Esa tendencia coincide con lo que documenta la industria del shale a nivel global: mejoras en el diseño de los pozos, laterales más largos, más etapas de fractura por jornada y mayor automatización redujeron de forma sostenida el costo por pozo desde el auge de 2010-2014. En cuencas maduras como la Permian, en Texas, los costos actuales suelen ubicarse entre 8 y 12 millones de dólares, aunque en México las estimaciones independientes son algo más altas —entre 8 y 15 millones— por la falta de infraestructura y experiencia local acumulada.

La ingeniera también describió avances en los tiempos de ejecución: procesos que antes tomaban hasta 35 días hoy se resuelven en un rango de 8 a 20 días, con hasta 10 etapas de fractura diarias frente a 3 en el pasado. Asimismo, mencionó que la profundidad horizontal alcanzable pasó de alrededor de 1,500 metros a cifras cercanas a los 5,000 metros, lo que permite un mayor contacto con la roca productora y, en teoría, mejor rendimiento por pozo perforado.

Los riesgos y las condiciones que exige el gobierno mexicano

Ni el comité ni la propia mandataria han presentado la evaluación como una autorización automática para iniciar proyectos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que el primer paso será perforar pozos de monitoreo para confirmar si en las cuencas restantes existe suficiente agua salada profunda, separada de los acuíferos de uso humano, antes de considerar cualquier etapa productiva. El gobierno federal también se comprometió a mantener al comité como órgano asesor permanente, publicar los estudios técnicos y realizar consultas públicas en las zonas con comunidades cercanas. Puede seguirse la actividad institucional a través de los canales oficiales de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Persisten, sin embargo, varios factores que los propios especialistas reconocen como pendientes. Los recursos citados son prospectivos, no reservas probadas, por lo que se requieren campañas piloto para determinar qué tan recuperable es el gas en la práctica. Alcanzar una producción capaz de mover la balanza de las importaciones exigiría miles de pozos a lo largo de una década, junto con inversión en infraestructura de recolección, tratamiento de agua y caminos de acceso. A esto se suman riesgos que la tecnología moderna reduce pero no elimina por completo, como la sismicidad inducida, la integridad de los pozos a largo plazo y el manejo responsable del agua salada extraída.

Lo que implica para Tabasco y el sur del país

Aunque las cuencas evaluadas están en el norte de México, la discusión energética tiene un peso particular para entidades como Tabasco, históricamente ligadas a la producción convencional de hidrocarburos a través de Petróleos Mexicanos. Un eventual aumento de la producción nacional de gas —convencional o no convencional— forma parte de la estrategia más amplia de Sheinbaum para reducir la dependencia de importaciones, un objetivo que la propia presidenta ha dicho que tomará entre 10 y 15 años en materializarse y que no descansará en una sola fuente, sino en la combinación de eficiencia energética, renovables y mayor producción nacional.

El debate que apenas comienza

El diagnóstico presentado en agosto de 2026 no cierra el debate sobre el fracking en México: lo reabre bajo nuevas condiciones técnicas y ambientales. La evolución tecnológica que describe Alma Porres es consistente con lo que ha documentado la industria del shale en otros países, pero replicarla en territorio mexicano implicará resolver retos de infraestructura, financiamiento y aceptación social que no se resuelven solo con mejores taladros. Por ahora, el gobierno federal optó por avanzar con pasos medidos: primero confirmar si hay agua, después si hay gas, y solo entonces, dicen las propias autoridades, decidir si conviene ir más allá.

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El cargo Gas no convencional en México: lo que dice la experta Porres apareció primero en Energía y Ecología.

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, que su gobierno aceptó la primera recomendación entregada por el Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural No Convencional: prohibir mediante decreto cualquier actividad de fracturación hidráulica co,nocida popularmente como fracking, en la cuenca Tampico-Misantla, una franja que se extiende por el norte de Veracruz, el sur de Tamaulipas y porciones de la Huasteca en San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. “Vamos a decretar que en esa cuenca no”, afirmó la mandataria al presentar las diez primeras conclusiones preliminares de un grupo de especialistas que la propia presidenta convocó meses atrás para determinar si México puede explotar sus reservas de gas no convencional sin repetir los daños ambientales asociados a esta técnica en otros países.

El anuncio marca un punto de inflexión en la postura oficial frente al fracking, una técnica que tanto Sheinbaum como su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, habían descartado abiertamente en el pasado. La mandataria explicó que la decisión de excluir a Tampico-Misantla del análisis obedece a la alta densidad poblacional de la zona, a la presencia de comunidades indígenas y campesinas, y a las características de los ecosistemas locales, factores que, según los propios expertos convocados por el gobierno, harían inviable cualquier proyecto de este tipo en la región.

Qué es el Comité Científico sobre Soberanía Energética

El Comité de Científicos y Especialistas para el Análisis de Explotación de Gas Natural No Convencional fue presentado en abril de 2026 como parte de la Estrategia para Fortalecer la Soberanía Energética, según detalló en su momento la propia Presidencia de la República. El grupo está integrado por investigadores de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Instituto Mexicano del Petróleo, con especialidades que van de la hidrogeología y la ingeniería petrolera hasta el tratamiento de aguas residuales y la geomecánica.

Sheinbaum encomendó a este grupo académico una tarea puntual: determinar si existen condiciones técnicas, hídricas y ambientales para aprovechar los yacimientos de gas no convencional del país mediante métodos con menor impacto que los empleados tradicionalmente en la industria, entre ellos el reciclaje intensivo de agua y el uso de químicos menos agresivos o biodegradables. La mandataria subrayó que se trata de un ejercicio inédito para el país, al incorporar directamente a la academia en una decisión de política energética de este calado, y remarcó que la etapa actual corresponde únicamente a la evaluación científica y técnica, sin que exista todavía una autorización para explotar comercialmente estos yacimientos.

El veto a la cuenca Tampico-Misantla y sus razones

De acuerdo con las conclusiones preliminares presentadas este 6 de agosto, el comité recomendó de manera expresa prohibir la extracción de gas de yacimientos no convencionales en la cuenca Tampico-Misantla. Sheinbaum detalló que la región no se limita a Veracruz, sino que también abarca el sur de Tamaulipas, la Huasteca potosina y parte de la sierra norte de Puebla, zonas que calificó como densamente pobladas y con condiciones ambientales y sociales que, a juicio de los especialistas, desaconsejan cualquier intervención de este tipo.

La mandataria explicó que el criterio central para excluir esta cuenca fue el tipo de ecosistemas presentes, la cantidad de habitantes en la zona y la fragilidad social y ambiental de la región. Organizaciones civiles han señalado durante años que la Huasteca concentra una proporción significativa de hablantes de lenguas indígenas —principalmente náhuatl, tének y totonaco— además de amplias extensiones de propiedad ejidal y comunal, lo que ha alimentado durante casi una década movimientos locales que se han autodeclarado territorios libres de fracking. Estos colectivos han insistido en que cualquier proyecto extractivo en la región debería someterse a consulta previa, libre e informada, en línea con los estándares que marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.

Agua salada, condiciones técnicas y las cuencas del norte

Para las cuencas donde el comité sí contempla avanzar en la evaluación, el documento fija una condición que el propio grupo de especialistas calificó como innegociable: bajo ninguna circunstancia deberá utilizarse agua dulce, ya sea superficial o subterránea, dado que ese recurso debe reservarse para el consumo humano, la agricultura y la ganadería. En su lugar, cualquier proyecto tendría que depender exclusivamente de agua salada localizada en formaciones profundas, de entre mil y mil quinientos metros, cuya salinidad la vuelve inservible para el consumo humano o agropecuario.

Los especialistas recomendaron que, antes de autorizar cualquier extracción, se perforen pozos exploratorios para confirmar que esos cuerpos de agua salada no tienen conexión con los acuíferos de agua dulce cercanos, y establecieron que al menos tres cuartas partes del agua empleada en cada proyecto deberá reutilizarse o reciclarse. El comité también documentó que un solo pozo de fracturación hidráulica puede llegar a consumir entre 50 mil y 70 mil metros cúbicos de agua, cifra que ilustra la magnitud de la exigencia hídrica que este tipo de explotación implicaría incluso en formaciones de agua salada.

Bajo estos parámetros, las cuencas que permanecen abiertas a una exploración preliminar son Sabinas-Burro-Picachos, entre Coahuila y Nuevo León —considerada por el panel la de mayor potencial—, y Burgos, en el noreste de Tamaulipas. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua tendrá a su cargo la perforación de pozos de exploración hidrogeológica para verificar tanto la disponibilidad de agua salada como la presencia efectiva de gas en esas formaciones.

Las diez recomendaciones preliminares del comité

El paquete de conclusiones presentado por la presidenta incluye, además del veto a Tampico-Misantla y las condiciones sobre el agua, un conjunto de lineamientos orientados a reducir la dependencia energética del país sin recurrir de inmediato a la explotación no convencional. Entre ellos destacan acelerar la incorporación de fuentes renovables a la generación eléctrica, impulsar programas nacionales de eficiencia energética, incrementar la producción de gas convencional y eliminar la quema del gas asociado que actualmente se desperdicia en campos petroleros.

El comité también planteó aplicar mejores prácticas en el manejo de residuos para reducir impactos ambientales, realizar consultas previas, libres e informadas con las comunidades de cualquier zona de influencia antes de iniciar actividades de producción, incentivar a proveedores locales para generar empleo regional y establecer un sistema de monitoreo científico independiente que dé seguimiento a la integridad de los acuíferos, el balance hídrico, la actividad sísmica y la protección de los ecosistemas en las áreas donde eventualmente se autorice algún proyecto.

La dependencia energética y el giro respecto a AMLO

El trasfondo de esta discusión es la creciente dependencia de México frente a las importaciones de gas natural procedente de Estados Unidos, un país donde la fracturación hidráulica es una técnica ampliamente extendida y responsable de una parte mayoritaria de su producción de hidrocarburos. El propio gobierno de Sheinbaum ha reconocido que reducir esa dependencia de forma inmediata no es viable, ya que los contratos de suministro vigentes con proveedores estadounidenses están garantizados y el gas natural resulta indispensable para prácticamente todas las cadenas productivas del país.

Este giro contrasta con la postura que mantuvo López Obrador durante su sexenio, quien restringió el uso de técnicas de estimulación hidráulica en los proyectos de Petróleos Mexicanos, así como con las propias promesas de campaña de Sheinbaum, quien en el pasado se pronunció en contra del fracking cuando encabezaba movimientos en defensa del petróleo nacional. La mandataria ha planteado ahora que existen tecnologías distintas a las empleadas tradicionalmente en la industria, con menor impacto ambiental, y ha insistido en que la meta de fondo es la soberanía energética, no la apertura irrestricta a la explotación de hidrocarburos no convencionales.

Reacciones de organizaciones ambientalistas y comunidades

La Alianza Mexicana Contra el Fracking, que agrupa a decenas de colectivos ambientalistas y organizaciones comunitarias, ha rechazado de manera reiterada la idea de que exista una versión “sustentable” de esta técnica. La organización ha advertido que ni el reciclaje de agua ni el uso de químicos alternativos eliminan por completo los riesgos de contaminación de acuíferos, la posibilidad de sismicidad inducida ni los impactos potenciales sobre la salud de las comunidades cercanas a los pozos. El colectivo también ha cuestionado la composición del comité científico, al señalar que su integración prioriza perfiles técnicos vinculados a la industria petrolera por encima de especialistas en epidemiología, derechos humanos o representación indígena, y ha exigido una prohibición total y de rango constitucional para todo el territorio nacional.

Sheinbaum ha respondido a estos cuestionamientos insistiendo en que ninguna decisión sobre explotación comercial se ha tomado todavía, y que el comité continuará acompañando al gobierno en las siguientes etapas del proceso, que incluyen los estudios hidrogeológicos en las cuencas del norte y, eventualmente, las consultas previas con las comunidades que pudieran verse afectadas.

El gas no convencional

Con el veto a Tampico-Misantla ya aceptado por la presidencia, la atención se traslada ahora a los resultados de los pozos exploratorios que perforará el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en las cuencas de Sabinas-Burro-Picachos y Burgos, cuyos hallazgos sobre disponibilidad de agua salada y presencia de gas serán determinantes para definir si el gobierno avanza hacia una siguiente fase de evaluación. Mientras tanto, la administración federal ha priorizado en el discurso público el impulso a las energías renovables y al gas convencional como las vías más inmediatas para atender el crecimiento de la demanda energética del país, dejando la puerta del gas no convencional abierta solo bajo las condiciones más estrictas planteadas por sus propios asesores científicos.

El proceso, que continuará en los próximos meses con nuevos estudios técnicos y encuentros con comunidades, mantiene enfrentadas dos visiones legítimas: la necesidad gubernamental de reducir la dependencia energética del exterior y las preocupaciones de organizaciones ambientalistas y pueblos indígenas sobre los riesgos de una técnica que, pese a los ajustes tecnológicos anunciados, sigue generando desconfianza en amplios sectores de la sociedad civil mexicana.

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El cargo Comité científico matiza propuesta de Sheinbaum apareció primero en Energía y Ecología.

El gobierno de Claudia Sheinbaum abrió formalmente la puerta a extraer gas y petróleo de yacimientos no convencionales mediante fractura hidrológica. El reducir la dependencia del gas importado desde Estados Unidos, que hoy representa alrededor del 75% del consumo nacional es el motivo. Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía trabajan ya en una hoja de ruta para destinar recursos a estos yacimientos como condición para cumplir metas de producción al final del sexenio.

Lo que el gobierno no detalla con la misma claridad son los números detrás de esa apuesta.

El precio de cada pozo

Cada pozo de fractura hidrológica o fracking en México puede costar entre 20 y 25 millones de dólares, según estimaciones de organizaciones ambientales y estudios especializados. Eso incluye la complejidad técnica, el número de etapas de fractura y la infraestructura de apoyo. Para comparar: en campos convencionales, Petróleos Mexicanos (PEMEX) extrae un barril a un costo que ronda los 14 o 15 dólares, muy por debajo de lo que exige cualquier proyecto de lutitas.

Además, por cada unidad de energía que se invierte en fracking, se recuperan aproximadamente cinco. En proyectos tradicionales, esa relación llega a 20. Es decir, se gasta mucho más para sacar menos.

Agua escasa, pozos sedientos

Usar fracking en México podría resultar costoso también en términos hídricos. Cada pozo consume millones de litros de agua mezclados con arena y químicos para fracturar la roca a profundidades de entre 1,000 y 5,000 metros. El problema: buena parte del potencial no convencional del país se concentra en el norte y noreste, zonas que ya cargan con estrés hídrico. Ahí, el agua compite con el consumo humano, la agricultura y la industria.

A eso se suman los riesgos documentados de contaminación en mantos acuíferos por fugas, cementaciones deficientes o manejo descuidado de las aguas de retorno, cargadas con químicos y metales. También se registran emisiones de metano y compuestos orgánicos volátiles que deterioran el aire.

Comunidades en el camino

En estados como Tamaulipas, Veracruz y la cuenca Tampico-Misantla, organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking documentaron resistencia social desde que Pemex recibió asignaciones en esas zonas. Los conflictos no son abstractos: se traducen en retrasos de proyectos, litigios, compensaciones y trabajo constante de contención. Eso también se paga.

Estudios en México describen potenciales afectaciones a la salud pública por exposición a químicos, aumento de tráfico pesado, ruido y polvo en zonas rurales. Las comunidades cercanas a proyectos similares reportan enfermedades respiratorias y dermatológicas.

Quedamos en que no, pero al final sí

Claudia Sheinbaum reconoció públicamente que el fracking es una técnica dañina y tóxica. Aun así, avaló la exploración de yacimientos no convencionales bajo el argumento de la soberanía energética. El gobierno anunció un comité científico para evaluar tecnologías de menor daño ambiental antes de activar proyectos, pero los críticos señalan que los costos estructurales no desaparecen con mejores prácticas.

Cada peso que va al fracking es un peso que no llega a infraestructura renovable, que tiene costos operativos menores, no depende del gas natural importado y reduce emisiones. Esa es la cuenta que el gobierno todavía no presenta.

¿Cuántos pozos necesitaría Pemex para mover la aguja en producción, y a qué precio por barril cerrarían esos proyectos sin subsidios?

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“Si vamos a hacer explotación de gas no convencional, tiene que ser de una manera sustentable”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina. La declaración no cerró ninguna puerta, pero sí fijó un umbral técnico que su gobierno deberá justificar ante la comunidad científica y ante quienes ya cuestionan que esa combinación sea viable.

Un comité decide en dos meses

La presidenta anunció la creación de un comité de especialistas nacionales e internacionales con un encargo concreto: determinar si existen métodos de fractura hidráulica que no provoquen los daños de esquemas anteriores. El grupo tiene alrededor de dos meses para entregar recomendaciones técnicas y económicas.

Lo que el gobierno pone sobre la balanza son cuatro ajustes operativos: usar agua salobre o de mar en lugar de agua dulce para las inyecciones; reciclar el agua empleada en los pozos; sustituir los químicos tradicionales por sustancias menos agresivas, incluso orgánicas; y aplicar estándares de monitoreo más estrictos. Ninguno de esos cambios elimina la técnica, pero el gobierno los presenta como suficientes para hablar de fracking con otro perfil ambiental.

La posibilidad de un fracking sostenible frente a la dependencia del gas

El trasfondo es una cifra que Pemex expuso en la misma conferencia: México importa alrededor del 75% del gas que consume, la mayor parte desde Texas. Reducir esa dependencia es el eje de la estrategia de gas natural hacia 2030, que proyecta elevar la producción total hasta más de 8,600 millones de pies cúbicos diarios en una década para acercarse al consumo nacional actual de 9,000 millones.

En meses anteriores, el titular de CENAGAS, Cuitláhuac García, estableció la certeza técnica de un fracking menos agresivo. El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) administra la red de transporte que hoy mueve buena parte de ese gas importado; cualquier aumento sostenido en producción propia reordenaría los flujos que ese organismo opera. La Cuenca de Burgos, que se extiende entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, concentra las reservas de gas no convencional más estudiadas del país y sería el territorio más probable para las primeras pruebas.

Lo que dicen quienes no están convencidos

Organizaciones ambientales y varios especialistas citados en prensa rechazan que la técnica admita un adjetivo verde. Señalan que aunque cambien los insumos (agua salobre, químicos orgánicos) los riesgos a acuíferos, las emisiones fugitivas de metano, los sismos inducidos y las afectaciones sociales no desaparecen: se reducen en el mejor de los casos, pero no se cancelan.

El fracking, dicen, sigue siendo intensivo en recursos y produce impactos acumulativos que ningún protocolo de monitoreo borra del mapa. Sheinbaum no respondió directamente a esas objeciones; delegó la respuesta al comité.

Renovables no salen de la ecuación

La presidenta insistió en que el giro hacia el gas no convencional no abandona la apuesta por energías limpias. Su gobierno prometió seguir incrementando la capacidad renovable y reducir el uso de combustóleo en la generación eléctrica. El gas, en su lectura, es un puente hacia la soberanía energética mientras las renovables escalan.

Si el comité avala algún modelo técnico, la decisión formal llegará en poco más de dos meses. Hasta entonces, la pregunta queda sin respuesta concreta: ¿qué tan sostenible puede ser un método que fractura roca para soltar gas?

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De acuerdo con información oficial obtenida mediante solicitudes de transparencia ante la Secretaría de Hacienda, Pemex proyecta destinar alrededor de 4 mil 16 millones de pesos al proyecto en 2026. Esta cifra representa un aumento de 66 por ciento frente a los 2 mil 423 millones de pesos ejercidos en el año previo para la misma zona.

El ajuste presupuestal se da en un contexto de presión financiera para la petrolera y de debate público sobre el uso de la fracturación hidráulica en México, una técnica que no está prohibida, pero que enfrenta resistencias sociales y políticas.

¿Dónde se localiza el Proyecto Aceite Terciario del Golfo?

El Proyecto Aceite Terciario del Golfo, conocido como Chicontepec, se ubica en el norte del país y abarca una superficie aproximada de 4 mil 243 kilómetros cuadrados. El área se extiende en territorios de Veracruz y Puebla, con un total de 29 campos petroleros.

Estos campos están organizados en ocho sectores operativos, caracterizados por una geología compleja y formaciones de baja permeabilidad. Estas condiciones dificultan la extracción convencional de hidrocarburos y obligan al uso de técnicas intensivas como el fracking.

Desde hace décadas, Chicontepec ha sido considerado una de las mayores acumulaciones continuas de hidrocarburos del continente, aunque su explotación ha resultado costosa y técnicamente desafiante.

¿Cómo ha evolucionado la producción en Chicontepec?

Los reportes más recientes de Pemex muestran que la producción del proyecto ha mantenido una tendencia descendente. En 2023, el volumen promedio de extracción fue de 17.3 mil barriles diarios de crudo.

¿Cómo ha evolucionado la producción en Chicontepec?

Para 2024, la producción cayó a 15.7 mil barriles diarios, lo que representó una reducción de 9.2 por ciento. La empresa atribuye este descenso a la pérdida de presión natural en los yacimientos y a las condiciones geológicas del área.

Este comportamiento ha sido recurrente en la historia del proyecto, con resultados por debajo de las expectativas originales en términos de volumen y rentabilidad.

¿Por qué Pemex apuesta nuevamente por el fracking en Chicontepec?

La estrategia de Pemex parte del reconocimiento de que el fracking en Chicontepec es indispensable para liberar el petróleo atrapado en formaciones compactas. Sin esta técnica, la extracción sería prácticamente inviable en amplias zonas del proyecto.

Durante décadas, estudios técnicos han señalado que el costo por barril en Chicontepec es superior al de otros campos del país, especialmente en comparación con los yacimientos del sureste. Aun así, la petrolera considera que la reactivación de proyectos no convencionales es necesaria para sostener la plataforma de producción nacional.

Esta visión fue reiterada por la dirección general de Pemex en su comparecencia ante la Cámara de Diputados en octubre de 2025, cuando se planteó la reactivación de campos complejos como parte de la estrategia de largo plazo.

¿Cuáles son los riesgos ambientales asociados al fracking?

Organizaciones ambientalistas han advertido de manera reiterada sobre los impactos potenciales de la fracturación hidráulica. Entre los principales riesgos se encuentran la posible contaminación de acuíferos, el uso intensivo de agua y la gestión de residuos químicos.

También se ha señalado la relación entre el fracking y la generación de sismos inducidos, así como la presión adicional sobre ecosistemas ya vulnerables. Estas preocupaciones han derivado en iniciativas legislativas para restringir o prohibir la técnica.

Sin embargo, ninguna de estas propuestas ha sido aprobada, lo que mantiene al fracking en un marco legal ambiguo, sin una prohibición expresa, pero bajo constante escrutinio social.

¿Cómo impacta el fracking en Chicontepec en el contexto financiero de Pemex?

El incremento de inversión en Chicontepec ocurre en un momento de alta presión fiscal y financiera para Pemex. Analistas del sector han advertido que el desempeño histórico del proyecto ha estado marcado por costos elevados y tasas de recuperación menores a las estimadas.

Entre 2010 y 2014, la producción quedó muy por debajo de las metas oficiales, lo que generó cuestionamientos sobre la viabilidad económica del proyecto. A pesar de ello, la petrolera mantiene la apuesta por esta región como parte de su estrategia de producción.

El debate también se cruza con los compromisos climáticos del país y con la discusión sobre la transición energética, en la que el fracking en Chicontepec representa uno de los puntos más controvertidos.

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Pemex planearía fracking para 8 campos

La Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) reportó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 incluye al menos ocho programas vinculados a extracción en yacimientos no convencionales, lo que, en los hechos, implica fractura hidráulica; de ahí que se considere que Pemex planearía fracking para 8 campos. En documentos y comunicados recientes, el término operativo es “yacimientos de geología compleja”, pero la metodología descrita y el destino de recursos remiten a la misma técnica cuestionada por sus impactos en agua, aire y salud.​

Claves presupuestales

Según el análisis citado por AMCF, los programas asociados a infraestructura económica de hidrocarburos (clave K025) sumarían 245 mil 269 millones de pesos, mientras que el gasto programable propuesto para Pemex en 2026 asciende a 517 mil 362.1 millones, sin desglose específico por proyecto, un vacío que impide saber cuánto recibiría cada iniciativa. La ausencia de detalle llevó a la organización a hablar de “retroceso significativo en transparencia” en el sector hidrocarburos y a pedir claridad antes de que el Congreso cierre filas sobre el paquete económico.​

Opacidad y riesgos en disputa

La crítica no se limita a números: AMCF subraya riesgos documentados de la fractura hidráulica en acuíferos y salud pública, desde contaminantes como metales pesados y sustancias radioactivas hasta efectos crónicos respiratorios, neurológicos y reproductivos, incluso a distancia de los pozos. En paralelo, cuestiona la narrativa de considerar al gas “combustible de transición” frente a metas climáticas, cuando las propias asignaciones revelan continuidad de extracción intensiva con impactos acumulados.​

Actores y responsabilidades

En su posicionamiento, la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) exige romper ambigüedades semánticas y hacer público el detalle por programa, mientras Petróleos Mexicanos (Pemex) aparece como el eje operativo de asignaciones sin desglose que reavivan el debate sobre la técnica y la rendición de cuentas. La tensión se mueve entre el plan operativo de la empresa, la responsabilidad fiduciaria del presupuesto y el derecho a saber de comunidades y usuarios de información pública.​

Técnica y eufemismos

En una definición de consenso, fracking refiere a inyectar fluidos a alta presión en formaciones de baja permeabilidad para liberar hidrocarburos como gas o petróleo, práctica que no desaparece si se rebautiza como “estimulación” o “geología compleja”. Por ello, organizaciones piden que los documentos oficiales llamen a las cosas por su nombre y sometan cualquier piloto o escala industrial a evaluación ambiental y a transparencia proactiva.​

Marco de implementación

El debate legislativo sobre el paquete económico debería despejar, al menos, tres dudas: qué proyectos específicos sostienen los montos, qué métricas ambientales y sociales los condicionan y qué calendario de reportes garantizará seguimiento público. En el centro late la misma pregunta de fondo: si el país transitará a eficiencia y reducción de consumo, o si normalizará, otra vez, una técnica de alto impacto tras un cambio de etiqueta.​

El tema en las cámaras

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, la discusión en comisiones y en el pleno será el punto de quiebre para transparentar las partidas vinculadas a yacimientos no convencionales y su eventual ejecución en campo. La claridad —o su ausencia— marcará el tono de la relación entre política energética, compromisos climáticos y confianza pública durante el ciclo fiscal de 2026.

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Iniciativa para modificar el artículo 27 constitucional

La iniciativa plantea adicionar los párrafos VII y VIII al artículo 27, con lo cual se prohibiría tanto al Estado como a particulares realizar actividades de exploración o explotación de yacimientos de hidrocarburos mediante fracking u otros métodos equivalentes.

El proyecto establece que el Estado deberá garantizar el cumplimiento de esta medida y aplicar sanciones en caso de incumplimiento. Además, propone dos artículos transitorios: el primero dispone que la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, mientras que el segundo determina que los contratos vigentes no podrán renovarse una vez vencidos.

Argumentos de la prohibición del fracking en México

Los legisladores explicaron que la propuesta responde a una década de demandas de comunidades indígenas y organizaciones civiles que han denunciado los efectos del fracking en el agua, el suelo y la salud pública.
Según los promotores, la prohibición del fracking en México es necesaria para avanzar hacia un modelo energético sostenible y proteger los recursos naturales.

Advirtieron que esta técnica de extracción requiere enormes cantidades de agua, lo que afecta el suministro en regiones como la frontera norte. En zonas como la Cuenca de Burgos, en Tamaulipas, los recursos hídricos ya presentan niveles críticos de disponibilidad para consumo humano.

Argumentos de la prohibición del fracking en México

Impacto ambiental y escasez de agua

La diputada Olga Juliana Elizondo explicó que el fracking agrava la crisis de agua en zonas donde las reservas son limitadas. Indicó que en la Presa Internacional Falcón, que abastece al Río Bravo, solo queda un 5% de agua disponible para uso doméstico.
Por ello, insistió en que esta práctica representa una amenaza para la agricultura, la ganadería y la salud de las comunidades rurales.

Otros legisladores de Morena señalaron que la iniciativa busca impulsar una transición hacia energías limpias, afirmando que el fracturamiento hidráulico no es viable ni sostenible para México.

Respaldo de comunidades y organizaciones civiles

El proyecto cuenta con el apoyo de integrantes de comunidades indígenas y de la Alianza Mexicana contra el Fracking, quienes han pedido al Congreso aprobar la reforma.
Argumentan que los daños ambientales provocados por esta técnica afectan directamente los ecosistemas, contaminan el aire y deterioran la calidad del agua.

De aprobarse, la prohibición del fracking en México representaría un paso importante en la defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas por actividades extractivas.

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Gobierno de SLP se opone al fracking

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, reafirmó que la administración estatal mantiene una postura de defensa absoluta del medio ambiente. “No somos un gobierno verde de color, sino de convicción”, declaró al respaldar la iniciativa municipal de Ciudad Valles para prohibir la fractura hidráulica.

Torres Sánchez aseguró que el gobierno de SLP se opone al fracking porque esta práctica ha sido señalada a nivel internacional como riesgosa para los ecosistemas y comunidades. Recalcó que el Estado no permitirá proyectos que atenten contra la flora, fauna y mantos acuíferos de la región.

Impacto ambiental y preocupaciones locales

El debate no es solo técnico. Para las comunidades de la Huasteca, donde conviven pueblos originarios como los Tének y náhuatl, el fracking representa una amenaza directa a su modo de vida. Autoridades comunitarias, académicos y organizaciones civiles recordaron que la fractura hidráulica podría provocar daños irreversibles en los suelos, el agua y la biodiversidad de la cuenca Tampico-Misantla.

En foros recientes, denunciaron que permitir la extracción de hidrocarburos a través de esta técnica equivaldría a “cambiar vida natural y social por recursos finitos”.

El Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex

La polémica se intensificó cuando el Plan Estratégico 2025-2035 de Petróleos Mexicanos (PEMEX) incluyó como posibilidad la aplicación de fracking en zonas con potencial energético, entre ellas la Huasteca potosina.

Habitantes y representantes locales interpretaron esto como una contradicción frente a los compromisos ambientales de la actual administración federal. Argumentaron que el país debería orientar esfuerzos hacia energías limpias, en lugar de insistir en técnicas que ponen en riesgo a las comunidades.

Resistencia organizada y defensa comunitaria

Tras el Foro Regional sobre Fracking y en Defensa del Territorio, celebrado en San Pedro, San Luis Potosí, las comunidades acordaron acciones concretas:

• Levantar actas de asamblea para rechazar proyectos de extracción.

• Conformar consejos comunitarios que integren a niños, jóvenes y mujeres.

• Crear equipos profesionales para la defensa jurídica del territorio.

• Vigilar cualquier intento de incursión de maquinaria de exploración o extracción.

Este movimiento busca blindar a la Huasteca frente a megaproyectos que puedan afectar los derechos humanos, la biodiversidad y la economía local.

Una decisión que trasciende comunidades

El mensaje del gobierno estatal y de las comunidades es claro: la defensa del territorio y del agua prevalece sobre cualquier interés económico. Mientras se discute la pertinencia del fracking en México, San Luis Potosí se perfila como un referente en resistencia ambiental y protección comunitaria.

El cargo Gobierno de SLP se opone al fracking apareció primero en Energía y Ecología.

Dependencia y riesgo energético

Durante su participación en el Foro Nacional de Energía, Rodríguez Padilla explicó que más del 60% del gas natural consumido en México se destina a la generación eléctrica y, de ese volumen, más del 90% proviene del extranjero, principalmente de Estados Unidos. Recordó que en 2021, la tormenta invernal en Texas provocó cortes de suministro que dejaron sin electricidad a millones de usuarios, evidenciando la fragilidad de la infraestructura nacional.

El titular de PEMEX recalcó que esta vulnerabilidad es inaceptable para un país con recursos energéticos propios. “Nos pueden cerrar la llave en cualquier momento”, advirtió, subrayando que la dependencia es también un problema de seguridad nacional.

PEMEX no recurrirá al fracking

En medio de este escenario, Rodríguez Padilla aseguró que PEMEX no recurrirá al fracking para incrementar su producción. Aunque esta técnica podría facilitar el acceso a yacimientos no convencionales, sus impactos ambientales y sociales han generado amplio rechazo. El directivo reiteró que se apostará por métodos convencionales y por la optimización de infraestructura existente.

Enfatizó que México debe fortalecer su producción nacional de gas natural con proyectos sostenibles y rentables, y que la política energética debe contemplar escenarios de riesgo realistas para evitar apagones masivos.

Lecciones de la tormenta invernal de 2021

El recuerdo de los apagones de 2021 sigue marcando la agenda energética. La interrupción del suministro paralizó industrias, afectó a zonas residenciales y causó pérdidas económicas significativas. Para Rodríguez Padilla, esperar a que se repita un evento de tal magnitud sería un error costoso.

Por ello, destacó la urgencia de planificar reservas estratégicas, mejorar la infraestructura y reducir la dependencia del suministro estadounidense. “El gas natural seguirá siendo clave como combustible de transición, pero debemos producirlo con soberanía y responsabilidad”, concluyó.

En aquella ocasión, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y el Sistrangas entraron en emergencia operativa durante una semana, durante la cual hubo apagones escalonados en los que el gobierno federal se esforzó por conseguir gas natural. Se logró, pero con un sobrecosto que se tuvo que pagar.

Esto fue apenas un atisbo de lo que pudiera suceder en caso de que, por cualquier motivo, el suministro de gas natural sufre una disrupción, no quedando nada de almacenamiento más que el llamado gas de empaque, el que se encuentra dentro de los gasoductos en el momento del corte del suministro.

Información de Revista Guinda.

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BBVA aprueba plan de PEMEX con matices: alivio parcial con retos pendientes

El nuevo Plan Estratégico de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha sido recibido con cautela por analistas financieros. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, afirmó que BBVA aprueba plan de PEMEX con matices, destacando que la reciente estrategia representa un alivio financiero en el corto plazo, pero todavía requiere ajustes de fondo para ser sostenible a futuro.

Durante una conferencia de prensa, Serrano se refirió a la emisión de notas precapitalizadas por 12 mil millones de dólares como un paso positivo. Esta operación permitirá a PEMEX atender sus compromisos de deuda más inmediatos, correspondientes a 2025 y 2026.

Cambios estructurales, el verdadero desafío

Si bien BBVA aprueba plan de PEMEX con matices, el diagnóstico de fondo es claro: sin un cambio en su modelo de negocio, la empresa seguirá enfrentando dificultades.

Serrano advirtió que la caída en la producción petrolera sigue sin revertirse, y que las acciones actuales no garantizan una mejora sostenida. “Para una solución estructural se necesita aumentar la producción, y eso implica transformaciones más profundas que aún no han sido anunciadas”, explicó.

Inversión privada y campos no convencionales

BBVA aprueba plan de PEMEX con matices, hay esperanza

Entre los puntos que BBVA ve con optimismo dentro del plan destacan dos: el regreso de contratos mixtos y la apertura a yacimientos no convencionales. Ambas medidas podrían atraer inversión privada y generar nuevas fuentes de ingresos para el Estado.

En particular, la exploración de campos de gas natural mediante fracturación hidráulica —conocida como fracking— fue señalada como una vía de alto potencial. Serrano señaló que esta técnica, utilizada con éxito en Estados Unidos, ha sido clave para su ascenso como potencia energética global.

“Hace 15 años había dudas sobre el impacto ecológico de esto, pero hoy existen métodos que permiten hacerlo sin comprometer el medio ambiente ni el agua”, detalló.

El potencial energético del norte del país

Serrano también planteó que México podría beneficiarse enormemente si explora con seriedad sus yacimientos de lutitas en el norte del país. De hecho, sugirió que el subsuelo mexicano tiene las mismas condiciones geológicas que regiones productoras como Nuevo México o Texas.

“La frontera no es una barrera geológica. México tiene recursos semejantes y un potencial enorme”, afirmó, invitando a una reevaluación del enfoque energético nacional.

Un plan útil, pero no suficiente

Aunque BBVA aprueba plan de PEMEX con matices, la entidad financiera insiste en que se trata solo de un primer paso. La sostenibilidad de la empresa requerirá nuevas estrategias, mayor apertura a la inversión, y un rediseño profundo del modelo operativo.

La presión sobre las finanzas públicas, los bajos niveles de producción y la dependencia del presupuesto federal siguen siendo riesgos latentes. La próxima administración deberá enfrentar estos desafíos con visión de largo plazo.

Información de Revista Guinda.

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