Un adeudo de 2024 que no termina de resolverse

Según explicó Amespac, el mecanismo financiero conocido como “Onyx” —operado junto con el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) y la Tesorería de Pemex— permitió atender buena parte de los compromisos de 2025 y de lo que va de 2026, pero dejó fuera los pasivos acumulados durante 2024. Ese esquema contó con recursos de hasta 250 mil millones de pesos, que ya se agotaron por completo, de acuerdo con reportes periodísticos sobre el caso.

La asociación explicó que el problema tiene dos capas: por un lado, facturas vencidas que nunca se cubrieron; por otro, trabajos ya concluidos que ni siquiera han podido registrarse en el sistema interno de Pemex conocido como Codificación de Pagos y Descuentos (COPADE), lo que impide a las empresas facturarlos formalmente. Esta es la segunda vez que el organismo hace este reclamo público; la primera ocasión fue en octubre de 2025.

El impacto en la cadena de proveedores y en la producción

Amespac sostuvo que la falta de pago golpea con fuerza a toda la cadena de valor de la industria petrolera nacional y que incluso puede poner en riesgo procesos productivos vinculados a la extracción de hidrocarburos. La organización pidió la creación de una mesa de trabajo conjunta con Pemex y las autoridades para revisar y conciliar los montos pendientes. Cabe recordar que la deuda total de Pemex con el conjunto de sus proveedores y contratistas —no solo los afiliados a Amespac— se ubicaba en 375,121 millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2026, cifra que ya venía a la baja respecto a finales de 2025.

El trasfondo financiero de la petrolera no ayuda: en el primer trimestre del año reportó pérdidas por 45,993 millones de pesos, un 5.97% más que en el mismo periodo de 2025. La presidenta Sheinbaum, por su parte, ha pedido a los proveedores no recurrir a intermediarios informales para intentar cobrar sus adeudos.

Riesgo para la calificación de Pemex y de México

El punto que convierte esta disputa comercial en un tema de interés macroeconómico es que varias de las empresas afectadas cotizan en bolsas internacionales y están obligadas, bajo normas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y los principios contables estadounidenses (US GAAP), a reflejar estos adeudos en sus estados financieros. Amespac advirtió que esto podría eventualmente golpear la calificación crediticia de Pemex y, en cadena, la nota soberana del país.

El contexto ya venía deteriorado antes de esta denuncia. Moody’s Ratings bajó la calificación soberana de México de Baa2 a Baa3 el 20 de mayo de 2026 —el escalón más bajo dentro del grado de inversión—, aunque movió la perspectiva de negativa a estable. La agencia citó un debilitamiento fiscal sostenido desde 2024, gasto público rígido, ingresos insuficientes y el respaldo continuo del gobierno a Pemex, al que se destinaron cerca de 35 mil millones de dólares en 2025 y otros 14 mil millones presupuestados para 2026. Días después, el 22 de mayo, la propia Moody’s confirmó la calificación B1 —de grado especulativo— de Pemex, argumentando que el apoyo estatal seguirá siendo muy alto.

Fitch Ratings, por su parte, ratificó en abril de 2026 la nota soberana de México en BBB– con perspectiva estable, aunque advirtió que un deterioro fiscal mayor o la materialización de pasivos contingentes ligados a Pemex podrían derivar en una rebaja futura. Un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados ya señalaba que las transferencias del Gobierno Federal seguirán siendo determinantes para sostener la calificación de la petrolera y que la liquidez continuaría siendo un riesgo en el corto y mediano plazo.

El debate político en torno a las calificadoras

La rebaja de Moody’s generó reacciones públicas. El empresario Carlos Slim calificó la decisión de “irracional” y pidió a Pemex restablecer con urgencia su cadena de valor liquidando los adeudos con proveedores de servicios. La presidenta Sheinbaum coincidió con esa lectura, mientras defendió los indicadores de inversión y empleo del país.

Con PEMEX enfrentando pasivos de corto plazo, un fondo de apoyo ya agotado y proveedores que exigen certeza de cobro, el conflicto por los adeudos de 2024 se perfila como una prueba adicional para el nuevo director de Pemex, Juan Carlos Carpio, y para la estrategia de respaldo fiscal que el gobierno mexicano ha sostenido con la empresa desde hace varios años.

El cargo Deuda de Pemex con proveedores de 2024 presiona su calificación apareció primero en Energía y Ecología.

Durante 2025, Pemex ha reconocido una deuda comercial con proveedores que supera los 500 mil millones de pesos, a lo que se suma un pasivo financiero total por encima de los 100 mil millones de dólares. Esta combinación, que incluye cuentas vencidas con empresas de servicios, navieras, arrendadores de plataformas y constructoras, ha encendido alarmas en cámaras empresariales y analistas del sector.​

La presión de caja se refleja en pagos diferidos, negociaciones permanentes y promesas sucesivas de regularización, al tiempo que la actividad petrolera en el Golfo de México muestra signos de desaceleración por proyectos detenidos o replanteados. En este contexto, cada nueva convocatoria a socios privados llega acompañada de una pregunta central: si la empresa no logra ponerse al día con sus compromisos actuales, ¿hasta dónde puede garantizar el cuDeudas de Pemex evitan la inversión privadamplimiento de los futuros?​

Contratos mixtos, entre la oportunidad y la desconfianza

El plan estratégico 2025-2035 de Petróleos Mexicanos (Pemex) plantea 21 contratos mixtos con empresas privadas para atraer inversiones por hasta 17 mil millones de dólares y sumar alrededor de 450 mil barriles diarios adicionales hacia 2033. La meta oficial es sostener una plataforma cercana a 1.7–1.8 millones de barriles diarios de hidrocarburos, apoyándose en proyectos donde el capital y el conocimiento técnico provengan del sector privado.​

Sin embargo, el diseño de estos instrumentos deja poco margen de maniobra al socio: Pemex busca retener al menos 40% de participación y establece límites estrictos a la recuperación de costos, además de concentrar la toma de decisiones estratégicas. Para los inversionistas, el resultado es un esquema en el que se asumen riesgos operativos y financieros elevados, pero con un grado limitado de control sobre el ritmo de inversión, la gestión de campos y la respuesta ante contingencias.​

Proveedores bajo presión y riesgo sistémico

El rezago en los pagos ha afectado tanto a grandes multinacionales de servicios petroleros, como Halliburton, como a empresas medianas y pequeñas que dependen de los flujos de la cadena energética para sostener empleos y operaciones. Ese estrés financiero se traslada a subcontratistas, proveedores regionales y trabajadores especializados, generando una cadena de atrasos que ya se percibe en menor actividad, equipos parados y proyectos en pausa.​

Organizaciones empresariales han advertido que el incremento de pasivos con proveedores y contratistas, sin una ruta clara de saneamiento, no solo encarece el financiamiento para la compañía, sino que también eleva el costo país para cualquier nueva Inversión Privada vinculada a la petrolera. En la práctica, los bancos exigen mayores garantías, las tasas suben y los contratos requieren mecanismos adicionales de protección, lo que reduce el atractivo económico de incorporarse a nuevos desarrollos.​

Transparencia, gobernanza y futuro de la exploración

Otro elemento que pesa en las decisiones de las compañías interesadas es la limitada transparencia en la asignación y seguimiento de los proyectos con socios privados, así como la centralización de las decisiones clave en la empresa estatal. Para jugadores acostumbrados a marcos regulatorios más claros, esta combinación de opacidad, alta exposición y deudas acumuladas hace que se perciba a México en un destino de alto riesgo para proyectos de exploración y desarrollo de campos.​

Expertos coinciden en que reducir de manera creíble la deuda con proveedores, fortalecer la gobernanza de los contratos y abrir espacios reales de corresponsabilidad operativa serán condiciones indispensables para destrabar las asociaciones que Pemex necesita. Mientras esto no ocurra, las deudas de Pemex evitan la inversión privada y seguirán siendo el principal filtro para cualquier compañía que evalúe comprometer capital y tecnología en los proyectos de la empresa del Estado.​

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