La medida busca corregir las deficiencias del modelo anterior, en el que las empresas privadas habían adquirido un rol dominante, limitando a la CFE

Dip. Rocío Adriana Abreu Artiñano

La reciente reforma, con la cual se modificaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política y aprobada en el poder legislativo, representa un avance fundamental para fortalecer la seguridad y la soberanía energética del país. Al devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un papel predominante en la generación de electricidad, se asegura que los recursos energéticos de México se utilicen prioritariamente en beneficio de su población y no de los intereses privados.

Esta medida busca corregir las deficiencias del modelo anterior, en el que las empresas privadas habían adquirido un rol dominante, limitando a la CFE y generando desigualdades en el acceso y costo de la energía eléctrica.

Para millones de mexicanos, el acceso a la electricidad debe ser un derecho y no depender de las fluctuaciones del mercado ni de los intereses de un grupo limitado de actores. Con el fortalecimiento de la CFE, el Estado podrá regular de manera más efectiva los precios de la energía, garantizando tarifas justas y accesibles para todos, especialmente en un contexto global donde los costos energéticos se han visto afectados por crisis internacionales.

Esta estructura permitirá que las tarifas eléctricas sean estables y predecibles, favoreciendo a los hogares y pequeñas empresas que dependen de un servicio accesible y continuo.

Además, al otorgar mayor control al Estado sobre la generación y distribución de electricidad, se abre la puerta a una planeación energética más sustentable y alineada con los intereses nacionales a largo plazo. A diferencia de las empresas privadas, cuya prioridad es maximizar las ganancias, la CFE puede enfocarse en garantizar un suministro constante y, con los recursos adecuados, explorar una transición energética que no esté sujeta a especulación. Así, se prioriza la inversión en tecnología y energía limpia a partir de criterios que beneficien a todos los mexicanos, independientemente de su capacidad económica.

Esta reforma permite que el país recupere el control de su energía, promoviendo no solo una reducción de precios, sino también el acceso equitativo y la estabilidad económica a largo plazo.

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El cargo Reforma a la Constitución fortalecen soberanía energética apareció primero en Energía y Ecología.

También les planteó la posibilidad de dar más tiempo para la confección, redacción, discusión y votación del dictamen.

“Ayer escuchamos 12 propuestas públicas ante los mexicanos, así lo expresaron, de tres partidos políticos. De esas 12 propuestas he tenido oportunidad, junto con el grupo parlamentario y la coalición, de revisar al menos seis de ellas”, informó el legislador este martes.

Explicó que “en estas seis coincidimos plenamente en lo que han presentado” y precisó que se trata de incorporar la reducción de precios, que la tarifa de los pozos de riego agrícola no sea considerada industrial, el derecho constitucional a la electricidad, el derecho a la seguridad, el derecho al agua, el derecho a la alimentación.

El cargo Morena ofrece incorporar 6 puntos de contrarreforma eléctrica apareció primero en Energía y Ecología.

Cabe recordar que, luego de que la ley fuera aprobada por la mayoría de Morena en San Lázaro en 2021, senadores de oposición y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), además del gobierno de Colima, que entonces encabezaba el priista Ignacio Peralta, presentaron tres controversias ante la Suprema Corte.

Dichas impugnaciones consideraron que la LIE violaba principios de libre competencia del artículo 28 de la Constitución, que desde 2013 eliminó el monopolio del Estado sobre la generación de electricidad.

De acuerdo con lo que publica Reforma, la ministra Ortiz Ahlf presentó los proyectos donde rechaza que la LIE viole la Constitución y según señala, la reforma no atenta contra los tratados de libre comercio México – Estados Unidos – Canadá (T-MEC).

No obstante, sí podrían ser impugnables a través de controversias internacionales, tanto por el gobierno de Estados Unidos como por inversionistas en lo individual.

El orden de despacho de energía previsto en la LIE, según Loretta Ortiz, tampoco viola los derechos humanos a un medio ambiente sano y protección a la salud, que según los reclamos opositores se ven afectados al dar preferencia a plantas que queman combustóleo, carbón y gas, que son más caras y generan tarifas más altas que las de fuentes renovables.

Aunque la LIE no hace mención expresamente de la CFE, sí ordena al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) dar prioridad al fluido generado por “centrales legadas”, que son las que pertenecen a la empresa estatal, o las construidas por privados que sólo producen para CFE.

El cargo Proponen avalar reforma eléctrica del presidente apareció primero en Energía y Ecología.

Al presentarse en el último foro para analizar la propuesta presidencial, la funcionaria presentó su postura en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Hoy se observa ansiedad e incertidumbre en la oferta de energéticos, lo que provoca una volatilidad en el mercado mundial.

Como país productor de petróleo hemos tomado la determinación de garantizar primero el abastecimiento interno”, anunció.

Expuso que la decisión se presenta en la decisión de todas las naciones, que actúan con cautela y toman acciones proteccionistas.

Espero que haya consenso y se apruebe lo más rápido posible, porque requerimos seguir avanzando.

Nahle García pidió a los diputados “darle cara a la nación” y resaltó: “No es conveniente para nadie debilitar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad ni dejar que el mercado sustituya las funciones del Estado en un sector estratégico como el de energía. ¡Cuidado! (Esto) genera pobreza e inseguridad social y financiera.

Expuso que la iniciativa presidencial busca equilibrar lo público y lo privado, donde participen empresas confiables y la CFE garantice el abasto.

El cargo Nahle confía que reforma eléctrica “se apruebe lo más rápido posible” apareció primero en Energía y Ecología.

Al explicar el alcance de la reforma, a partir de su iniciativa, el diputado Eduardo Murat Hinojosa (PRI) dijo que se ha documentado la toxicidad de plaguicidas, que no solo afecta agricultores sino también a quienes ingieren alimentos contaminados, e incluso causan graves daños a la biodiversidad, en especial a las abejas, polinizadores imprescindibles para el funcionamiento adecuado de los ecosistemas.

“A pesar de ello, en México se ha reportado la existencia de más de 180 plaguicidas altamente peligrosos con registros sanitarios vigentes, de los cuales, una tercera parte pueden generar graves daños a la salud humana, y 140 de estos ingredientes activos están prohibidos en otros países. Esto no puede continuar así”, expresó el legislador.

Previo a la votación de la reforma, que se turnó al Senado para su revisión, Murat Hinojosa, integrante de la Comisión del Medio Ambiente y secretario en la de Relaciones Exteriores, recordó cómo en 2008, en Alemania, casi dos tercios de la población de abejas aparecieron muertas, a lo largo del Río Rin.

“Tras una investigación exhaustiva se descubrió que la causa de la muerte de las abejas y otros polinizadores había sido la presencia de clotianidina en los cultivos de maíz, un plaguicida altamente peligroso que intoxica a las abejas al estar en contacto con los cultivos y contamina sus colmenas”, citó.

Recordó cómo, a partir de ese tipo de eventos y ante la muerte aproximada de un tercio de la población de abejas desde 2006 en distintos países del mundo comenzó a ponerse atención en identificar y regular distintos tipos de plaguicidas altamente peligrosos, restringiendo su uso y comercialización.

El cargo Aprueban reforma que prohíbe uso de plaguicidas peligrosos en el campo apareció primero en Energía y Ecología.

La inversión que falta para concretar la transición energética en México en 2024 asciende a 10 mil millones de dólares, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no puede hacerlo sola, necesita de la Iniciativa Privada, señaló Nelson Delgado, director general de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex).

Durante el Foro 4 del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica: Mecanismos de transferencia a la IP, Certificados de Energías Limpias (CELS). Energías limpias: Inversión Privada y CFE, los panelistas centraron su discusión sobre los avances del país en su transición hacia energías limpias y lo que falta por cumplir.

“México está tomando acciones altamente insuficientes (para la transición energética) hacia 2030 … Simplemente de aquí a 2024, nos faltan algo así como 10 mil millones de dólares”, para cumplir con las metas de generación limpia con las que se comprometió México para 2024, que establece 35% con este tipo de energías.

En sentido, considero que “las inversiones en energías fósiles deberían dirigirse hacia energías renovables. Entre 2013 y 2021, el sector privado invirtió aproximadamente 20 mil millones de dólares en centrales eólicas y solares”.

Indicó que con la Iniciativa de Reforma seguirán reduciéndose, por lo que la CFE será incapaz de realizar la transición por ella misma. A este escenario se suma que las políticas climáticas de México son altamente insuficientes para limitar las emisiones hacia 2030 y contrarias a los compromisos del Acuerdo de París.

Comentó que la reforma, aunque no lo señala explícitamente, echará la carga de la transición sobre los hombros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que requeriría cuadruplicar su presupuesto para alcanzar las metas del cambio energético.

Explicó que no se está en una transición energética gratuitamente, sino ante una necesidad de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. “Nos estamos quedando sin tiempo, las acciones que no se tomen antes de 2030 harán imposible las medidas de mitigación en las siguientes décadas”.

Dijo que si efectivamente se están reduciendo en los últimos tres años las emisiones de gases la pregunta es si con esta reforma seguirá. “Nuestra conclusión es que se detiene, pues si se diera preferencia a las centrales de generación de la CFE, los costos de producción crecerían en 52%.”

SÍ CONTRIBUYEN A ENERGÍA LIMPIA

Miguel López López, subdirector de Contratación y Servicios de la CFE, afirmó que la CFE sí cuenta con inversiones, ya que ha modernizado 16 hidroeléctricas y va a aportar cerca de 305 MW que es el equivalente a 10 parques eólicos. “Se invierte en energía renovable y limpia”.

También insistió en que la reforma tiene que eliminar la transferencia de recursos de la Comisión hacia los privados, quienes intervienen en tres figuras en el sector eléctrico: productores independientes, autoabasto y mercado eléctrico mayorista.

Lo anterior, es sumamente dañino para la CFE, ya que se utilizan estas figuras de manera fraudulenta porque encubren los llamados socios de “papel” que despojan de sus recursos a la Comisión.

Reiteró que es falso que los productores independientes sean más baratos que la CFE. Elevar la transición energética al rango constitucional es de suma importancia para el país. “De todo lo que se inyecta a la red de energías limpias 55% ciento lo inyecta la Comisión”.

El cargo CFE necesita a la IP, no podrá sola apareció primero en Energía y Ecología.

La inversión que falta para concretar la transición energética en México en 2024 asciende a 10 mil millones de dólares, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no puede hacerlo sola, necesita de la Iniciativa Privada, señaló Nelson Delgado, director general de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex).

Durante el Foro 4 del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica: Mecanismos de transferencia a la IP, Certificados de Energías Limpias (CELS). Energías limpias: Inversión Privada y CFE, los panelistas centraron su discusión sobre los avances del país en su transición hacia energías limpias y lo que falta por cumplir.

“México está tomando acciones altamente insuficientes (para la transición energética) hacia 2030 … Simplemente de aquí a 2024, nos faltan algo así como 10 mil millones de dólares”, para cumplir con las metas de generación limpia con las que se comprometió México para 2024, que establece 35% con este tipo de energías.

En sentido, considero que “las inversiones en energías fósiles deberían dirigirse hacia energías renovables. Entre 2013 y 2021, el sector privado invirtió aproximadamente 20 mil millones de dólares en centrales eólicas y solares”.

Indicó que con la Iniciativa de Reforma seguirán reduciéndose, por lo que la CFE será incapaz de realizar la transición por ella misma. A este escenario se suma que las políticas climáticas de México son altamente insuficientes para limitar las emisiones hacia 2030 y contrarias a los compromisos del Acuerdo de París.

Comentó que la reforma, aunque no lo señala explícitamente, echará la carga de la transición sobre los hombros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que requeriría cuadruplicar su presupuesto para alcanzar las metas del cambio energético.

Explicó que no se está en una transición energética gratuitamente, sino ante una necesidad de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. “Nos estamos quedando sin tiempo, las acciones que no se tomen antes de 2030 harán imposible las medidas de mitigación en las siguientes décadas”.

Dijo que si efectivamente se están reduciendo en los últimos tres años las emisiones de gases la pregunta es si con esta reforma seguirá. “Nuestra conclusión es que se detiene, pues si se diera preferencia a las centrales de generación de la CFE, los costos de producción crecerían en 52%.”

SÍ CONTRIBUYEN A ENERGÍA LIMPIA

Miguel López López, subdirector de Contratación y Servicios de la CFE, afirmó que la CFE sí cuenta con inversiones, ya que ha modernizado 16 hidroeléctricas y va a aportar cerca de 305 MW que es el equivalente a 10 parques eólicos. “Se invierte en energía renovable y limpia”.

También insistió en que la reforma tiene que eliminar la transferencia de recursos de la Comisión hacia los privados, quienes intervienen en tres figuras en el sector eléctrico: productores independientes, autoabasto y mercado eléctrico mayorista.

Lo anterior, es sumamente dañino para la CFE, ya que se utilizan estas figuras de manera fraudulenta porque encubren los llamados socios de “papel” que despojan de sus recursos a la Comisión.

Reiteró que es falso que los productores independientes sean más baratos que la CFE. Elevar la transición energética al rango constitucional es de suma importancia para el país. “De todo lo que se inyecta a la red de energías limpias 55% ciento lo inyecta la Comisión”.

El cargo CFE necesita a la IP, no podrá sola apareció primero en Energía y Ecología.

Los gobernadores surgidos de Morena plantearon a la Cámara de Diputados “hacer historia” al aprobar la reforma constitucional en materia de electricidad y recuperar la soberanía energética, y resaltaron que aun si se reduce la intervención de la iniciativa privada en el mercado no se afectarán sus intereses.

El lunes 17 de enero se inició en el palacio legislativo de San Lázaro la serie de foros del parlamento abierto para debatir la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los gobernadores emanados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) desdeñaron la invitación a participar.

Omar Fayad, de Hidalgo, asistió en su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). José Rosas Aispuro, de Durango, se conectó vía remota, pero no intervino, y el de Veracruz, Cuitláhuac García, envió a un representante.

Así, las posturas se centraron en la defensa del proyecto por parte de los gobernantes de Morena.

La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a “dejar atrás el vergonzoso capítulo de 2013” y lamentó que, a consecuencia del desorden provocado por su fragmentación, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deje de percibir decenas de miles de millones de pesos al año, el sistema eléctrico pierda robustez y una planeación ordenada.

Sostuvo que mientras la CFE tiene plantas generadoras detenidas y se mantiene la desintegración que afecta su organización administrativa y operativa, los productores privados representan ya 62 por ciento del mercado.

Evaluó que los recursos para invertir en la modernización de la empresa “saldrán de los miles de millones que hoy pierde la CFE y de un esquema de financiamiento honrado y sostenible; eso es posible”.

EXPONE PROPUESTAS

A nombre de la Conago, el gobernador Omar Fayad presentó tres propuestas a los legisladores: incluir a los ejecutivos estatales en el sistema de planeación democrática del sistema eléctrico nacional, al menos con voz; incluir el derecho a la electricidad en la Constitución y que la Comisión de Energía elabore y entregue al Congreso de la Unión propuestas técnicas, sociales y políticas, “e incluso las posturas ideológicas”.

A su vez, Rutilio Escandón, de Chiapas, expuso que la reforma “no tiene el propósito de nacionalizar o estatizar la industria, sino de fortalecer a la CFE, dejando 46 por ciento de generación al sector privado, sí, pero con reglas claras. La reforma nos conviene a todos, sin distinción”.

También, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, evaluó que con la propuesta presidencial comienza un proceso crucial para salvaguardar la soberanía eléctrica y puntualizó que la participación de la iniciativa privada en el sector “se ha caracterizado por el abuso, consecuencia del típico modelo neoliberal del negocio, que concentró el beneficio en los privados perjudicando al interés público”.

Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, indicó que la alternativa es “avalar y solapar la privatización y saqueo o apoyar una reforma que fortalecerá de forma justa, equitativa y sin excesos al país y a los mexicanos”.

Por su parte, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, acusó que la reforma energética de 2013 fue “un atraco de mafiosos” y, en ese tono, expresó que incluso cuando a las compañías se les otorgan subsidios por casi 471 mil millones de pesos y tienen servida la mesa, “no pagan un pinche peso”.

Al dejar de utilizar esos fondos, dijo Sansores, se puede volver a levantar a la CFE. “A las empresas no les importa el pueblo, sólo el money, pero no las vamos a dejar en la calle. Se quedarán con 46 por ciento” del mercado.

El cargo Gobernadores a favor de la reforma eléctrica apareció primero en Energía y Ecología.

AMLO dejó en claro que la Reforma Eléctrica tiene como objetivo beneficiar a los mexicanos para que no aumente el costo de la electricidad.

“Quiero decirle a la gente que es para beneficio de los consumidores, para beneficio del pueblo, es para que no aumente el precio de la luz, ese es un compromiso que nosotros estamos cumpliendo”, dijo.

“Ya llevamos más de tres años y no aumenta el precio de la luz y no va a aumentar mientras estemos en el Gobierno. Sin embargo, queremos dejarlo resuelto hacia delante, en el sentido de que si no se fortalece a la Comisión Federal de Electricidad, las empresas particulares que tienen como propósito fundamental el lucro, van a abusar de los consumidores, como lo están haciendo en España y como lo están haciendo en cualquier otra parte”, puntualizó.

El jefe del Ejecutivo federal mexicano dejó en claro que los que buscaban los “tecnócratas” y “neoliberales” era apoderarse del sector eléctrico y de hidrocarburos desapareciendo Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

El cargo Reforma Eléctrica busca “dejar resuelto” que empresas no abusen de consumidores apareció primero en Energía y Ecología.

Entre las medidas planteadas por la iniciativa de reforma constitucional, algunas significan la reconfiguración total del diseño institucional surgido de la reforma energética de 2013-2014. De aprobarse, la reforma reincorporaría integralmente al suministro eléctrico al listado de áreas estratégicas, en las cuales las funciones que ejerce el Estado en forma exclusiva, no se consideran monopolios desde un punto de vista constitucional y legal. Ahora bien, cualquier teoría económica reconoce que el energético en general, y el eléctrico en particular, son sectores económicos propicios para los monopolios naturales. En México como en muchos otros países, la creciente hegemonía del pensamiento neoliberal, llevó a la instauración de legislaciones que separaban conceptualmente al suministro eléctrico en diversos eslabones, permitiendo la creación de “mercados” que en realidad suelen ser espacios oligopólicos de competencia muy restringida.

Con la reforma energética de 2013, el artículo 28 de la Constitución fue modificado para excluir a la industria eléctrica del listado de áreas estratégicas y solo dejar como tales a “la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.” La iniciativa presidencial, al modificar los artículos 27 y 28 constitucionales, restablece al conjunto del suministro eléctrico (generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento) como un área estratégica de la Nación.

El problema es cierto voluntarismo y la ausencia de criterios de rentabilidad económica que subyace en la implementación de esta medida. De acuerdo a la Exposición de Motivos de la iniciativa, la capacidad instalada de la CFE, representa el 54% de la demanda. De manera que para cumplir con el mínimo de participación del Organismo del Estado en la generación establecido, de aprobarse la iniciativa, ni más ni menos que en la Constitución, tendrían que ser despachadas todas las centrales de la CFE, con excepción de la “reserva fría”, esto es, el potencial de las hidroeléctricas destinado al ahorro de agua. Al menos mientras construye otras centrales, lo cual tomaría el resto del sexenio. Además, recurrir antes que a cualquier otra central, a todas las plantas de la CFE, implicaría un costo adicional en la generación anual del país, porque se dejarían de lado, por ejemplo, centrales de ciclo combinado con costos menores a las centrales de carbón o combustóleo.

Por otro lado, el modelo eléctrico surgido de la reforma energética de 2013, no le dio suficiente importancia ni al medio ambiente, ni a la transición energética. Más allá del discurso oficial del sexenio pasado en favor de las energías renovables, lo cierto es que primero se decidió la apertura del suministro eléctrico a la inversión privada (2013-2014) y después se tomó en cuenta lo relativo a la protección ambiental y la transición energética. La Ley de Transición Energética se expidió a finales de 2015, incorporando el tema de Energías Renovables supeditado a lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica, en materia del desarrollo del mercado eléctrico.

En contraste, la iniciativa presidencial coloca a la transición energética como una responsabilidad del Estado. Este es un cambio de la mayor relevancia frente a la reforma energética de 2013, que la concibió ante todo como una oportunidad de negocios en el impulso a las energías renovables.

Ahora bien, aunque es de esperarse que se diera en una futura reforma a las leyes secundarias para adaptarlas al muy pertinente cambio constitucional que se propone; es de extrañarse la ausencia de al menos un esbozo de las formas en las que, desde la visión del gobierno, el Estado debería planificar e impulsar el crecimiento del sector eléctrico socializando equitativamente sus costos, mejorando la eficiencia en los procesos de generación, propiciando mayor racionalidad en el patrón de consumo, substituyendo los combustibles menos eficientes y más contaminantes e incrementando la presencia de las fuentes renovables de energía, cuyo desarrollo la legislación vigente hace descansar, como ya señalamos, fundamentalmente en el mercado.

Valdría la pena que se integrara a la iniciativa, un artículo transitorio que diera un plazo al gobierno, en materia de transición energética para que, como dice el párrafo que se propone adicionar al artículo 27 constitucional, establezca “las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición”.

Asimismo, sería muy importante que desde el gobierno se dieran muestras claras de que realmente hay voluntad para impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico porque, a un año de la desaparición de decenas de fideicomisos, hasta la fecha no hay indicios de que se esté construyendo al menos, un instrumento financiero que substituya al fideicomiso que alimentaba al Fondo Sener-Conacyt-Desarrollo Sustentable, establecido desde 2007 para apoyar la investigación en este campo.

El cargo Reforma eléctrica: el regreso del Estado apareció primero en Energía y Ecología.