Un petrolero procedente del Golfo de México tiene previsto tocar puerto japonés este viernes 17 de julio de 2026, con un millón de barriles de crudo a bordo destinados a las refinerías de Cosmo Oil. Se trata del primer cargamento de petróleo mexicano que recibe Japón desde que, a finales de febrero, estalló el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán y derivó en el bloqueo del estrecho de Ormuz, según confirmó el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI).

La operación fue confirmada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien explicó que Pemex Internacional será la filial encargada de canalizar las exportaciones hacia el país asiático durante un periodo que, hasta ahora, no ha sido precisado por el gobierno mexicano.

Una ruta marítima inusual para esquivar el conflicto

Para llegar a su destino, el buque tuvo que abandonar las rutas comerciales tradicionales. En lugar de cruzar por Medio Oriente, la embarcación bordeó el Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, un trayecto considerablemente más largo y costoso, pero que reduce la exposición a las zonas de mayor tensión bélica.

El cargamento arribará primero a la refinería de Yokkaichi, en el centro de Japón, y posteriormente será trasladado a la planta de Chiba, cerca de Tokio. Ambas instalaciones pertenecen a Cosmo Oil, subsidiaria del consorcio Cosmo Energy, y cuentan con sistemas de coquización y desulfuración capaces de procesar crudos pesados como el Maya, la mezcla insignia de la producción mexicana.

El cierre de Ormuz dispara la búsqueda de proveedores alternativos

El origen de esta operación está directamente ligado a la guerra que estalló a finales de febrero de 2026 entre Estados Unidos, Israel e Irán. El bloqueo del estrecho de Ormuz —ruta por la que transita aproximadamente una quinta parte de la demanda mundial de crudo— provocó un repunte superior al 22% interanual en los precios del petróleo Brent y encendió las alarmas en Tokio.

Antes del conflicto, Japón dependía de Medio Oriente para cerca del 94% de sus importaciones petroleras, y hasta un 70% de todo su suministro debía transitar obligatoriamente por Ormuz. La interrupción de ese corredor dejó al país asiático ante un riesgo real de desabasto, lo que obligó a sus autoridades energéticas a buscar, de forma urgente, fuentes alternas de crudo, entre ellas México.

El pacto entre Sheinbaum y Takaichi que hizo posible el envío

El antecedente político del cargamento se remonta a abril de 2026, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sostuvieron una conversación en la que acordaron reforzar la cooperación energética bilateral como medida de seguridad nacional para Japón. De acuerdo con la mandataria mexicana, el gobierno de Takaichi ya había manifestado previamente a Pemex su interés en importar crudo mexicano.

Ese acercamiento se tradujo, meses después, en el primer embarque concreto: un millón de barriles operados comercialmente por PMI Comercio Internacional, brazo de Pemex responsable de colocar petróleo mexicano en mercados de América, Europa, India y Asia.

¿Cuánto crudo puede exportar México sin afectar el mercado interno?

La magnitud del envío también abrió el debate sobre su impacto en el abasto nacional. Sheinbaum situó la producción petrolera del país en alrededor de 1.8 millones de barriles diarios, de los cuales 1.4 millones se destinan al procesamiento en refinerías mexicanas, dejando un excedente exportable de entre 400 mil y 500 mil barriles diarios —principalmente hacia Estados Unidos—. Cifras oficiales más recientes, sin embargo, ubican la producción nacional en un nivel más ajustado, cercano a 1.65 millones de barriles diarios, lo que reduce el margen disponible para operaciones extraordinarias como esta.

El millón de barriles enviado a Japón equivale a una porción considerable del excedente exportable diario del país, por lo que el gobierno mexicano ha insistido en que se trata de un apoyo puntual y no de un compromiso de suministro permanente.

Una jugada de diplomacia energética con beneficios para ambas partes

Para Pemex, la operación representa la oportunidad de colocar volumen adicional en un mercado asiático donde la escasez ha elevado los precios. Para el gobierno mexicano, el episodio se presenta como una muestra de la capacidad del país para actuar como proveedor confiable en momentos de crisis internacional, fortaleciendo los lazos con uno de sus principales socios comerciales en Asia, una relación que además se sostiene con fuertes inversiones japonesas en el sector automotriz mexicano.

Más allá del alivio inmediato a sus refinerías, para Japón el envío envía una señal política: la de una estrategia de diversificación energética que busca reducir, a mediano plazo, su histórica dependencia de Medio Oriente y explorar alianzas transpacíficas más estables, en un contexto donde persisten las hostilidades en el estrecho de Ormuz.

Ciudad de México, 8 de julio de 2026. La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac), que agrupa a 49 compañías proveedoras de Petróleos Mexicanos (Pemex), envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los titulares de Hacienda, Energía, Economía y a la dirección de Pemex para denunciar que un adeudo de 27,240 millones de pesos —unos 1,553 millones de dólares— originado en trabajos de 2024 continúa sin regularizarse. El organismo advirtió que ese rezago ya no es solo un problema de tesorería, sino un factor que se suma a las señales de alerta que agencias calificadoras han lanzado sobre las finanzas públicas mexicanas y su vínculo con la petrolera estatal.

Un adeudo de 2024 que no termina de resolverse

Según explicó Amespac, el mecanismo financiero conocido como “Onyx” —operado junto con el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) y la Tesorería de Pemex— permitió atender buena parte de los compromisos de 2025 y de lo que va de 2026, pero dejó fuera los pasivos acumulados durante 2024. Ese esquema contó con recursos de hasta 250 mil millones de pesos, que ya se agotaron por completo, de acuerdo con reportes periodísticos sobre el caso.

La asociación explicó que el problema tiene dos capas: por un lado, facturas vencidas que nunca se cubrieron; por otro, trabajos ya concluidos que ni siquiera han podido registrarse en el sistema interno de Pemex conocido como Codificación de Pagos y Descuentos (COPADE), lo que impide a las empresas facturarlos formalmente. Esta es la segunda vez que el organismo hace este reclamo público; la primera ocasión fue en octubre de 2025.

El impacto en la cadena de proveedores y en la producción

Amespac sostuvo que la falta de pago golpea con fuerza a toda la cadena de valor de la industria petrolera nacional y que incluso puede poner en riesgo procesos productivos vinculados a la extracción de hidrocarburos. La organización pidió la creación de una mesa de trabajo conjunta con Pemex y las autoridades para revisar y conciliar los montos pendientes. Cabe recordar que la deuda total de Pemex con el conjunto de sus proveedores y contratistas —no solo los afiliados a Amespac— se ubicaba en 375,121 millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2026, cifra que ya venía a la baja respecto a finales de 2025.

El trasfondo financiero de la petrolera no ayuda: en el primer trimestre del año reportó pérdidas por 45,993 millones de pesos, un 5.97% más que en el mismo periodo de 2025. La presidenta Sheinbaum, por su parte, ha pedido a los proveedores no recurrir a intermediarios informales para intentar cobrar sus adeudos.

Riesgo para la calificación de Pemex y de México

El punto que convierte esta disputa comercial en un tema de interés macroeconómico es que varias de las empresas afectadas cotizan en bolsas internacionales y están obligadas, bajo normas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y los principios contables estadounidenses (US GAAP), a reflejar estos adeudos en sus estados financieros. Amespac advirtió que esto podría eventualmente golpear la calificación crediticia de Pemex y, en cadena, la nota soberana del país.

El contexto ya venía deteriorado antes de esta denuncia. Moody’s Ratings bajó la calificación soberana de México de Baa2 a Baa3 el 20 de mayo de 2026 —el escalón más bajo dentro del grado de inversión—, aunque movió la perspectiva de negativa a estable. La agencia citó un debilitamiento fiscal sostenido desde 2024, gasto público rígido, ingresos insuficientes y el respaldo continuo del gobierno a Pemex, al que se destinaron cerca de 35 mil millones de dólares en 2025 y otros 14 mil millones presupuestados para 2026. Días después, el 22 de mayo, la propia Moody’s confirmó la calificación B1 —de grado especulativo— de Pemex, argumentando que el apoyo estatal seguirá siendo muy alto.

Fitch Ratings, por su parte, ratificó en abril de 2026 la nota soberana de México en BBB– con perspectiva estable, aunque advirtió que un deterioro fiscal mayor o la materialización de pasivos contingentes ligados a Pemex podrían derivar en una rebaja futura. Un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados ya señalaba que las transferencias del Gobierno Federal seguirán siendo determinantes para sostener la calificación de la petrolera y que la liquidez continuaría siendo un riesgo en el corto y mediano plazo.

El debate político en torno a las calificadoras

La rebaja de Moody’s generó reacciones públicas. El empresario Carlos Slim calificó la decisión de “irracional” y pidió a Pemex restablecer con urgencia su cadena de valor liquidando los adeudos con proveedores de servicios. La presidenta Sheinbaum coincidió con esa lectura, mientras defendió los indicadores de inversión y empleo del país.

Con PEMEX enfrentando pasivos de corto plazo, un fondo de apoyo ya agotado y proveedores que exigen certeza de cobro, el conflicto por los adeudos de 2024 se perfila como una prueba adicional para el nuevo director de Pemex, Juan Carlos Carpio, y para la estrategia de respaldo fiscal que el gobierno mexicano ha sostenido con la empresa desde hace varios años.

Con un auditorio colmado y una batería de propuestas concretas sobre la mesa, el Partido Acción Nacional (PAN) celebró la noche del jueves su tercer acto masivo en menos de ocho meses como parte de una ambiciosa fase de relanzamiento institucional. Desde el Pepsi Center de la Ciudad de México, el dirigente nacional blanquiazul, Jorge Romero, encabezó la presentación de lo que el partido denomina sus “111 Soluciones para México”, una plataforma de gobierno orientada a posicionar al partido como una alternativa real de poder rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

La agenda incluyó propuestas en materia de seguridad, economía, energía y política fiscal. Sin embargo, dos medidas concentraron la atención: la privatización de la refinería Olmeca —conocida como Dos Bocas— y la creación de una megaprisión para delincuentes de alto perfil y funcionarios corruptos coludidos con el crimen organizado.

PAN apuesta por privatizar Dos Bocas : la propuesta energética más polémica

El documento distribuido entre los asistentes al evento sitúa en el centro de la propuesta energética la venta de la refinería Olmeca, instalada en Paraíso, Tabasco, con la consigna de “vender Dos Bocas para salvar a Pemex”. La medida buscaría transferir a inversionistas privados el activo más controversial del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuya construcción implicó costos que superaron con creces lo proyectado.

Los números respaldan en parte la urgencia señalada por el blanquiazul: la inversión total reconocida por Pemex ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) asciende a más de 20,959 millones de dólares, casi el triple del presupuesto original de 8,000 millones, según reportes financieros de la propia empresa. El costo reconocido por la paraestatal supera el doble de los 8,000 millones de dólares que se habían planteado originalmente, mientras que la refinería opera actualmente a una fracción de su capacidad máxima de 340,000 barriles diarios.

Privatizar Dos Bocas para “rescatar” a Pemex

Pese a ello, el panorama no es del todo negativo: en 2025, la refinería contribuyó a que el Sistema Nacional de Refinación (SNR) registrara resultados positivos. Pemex reportó una ganancia de 62,000 millones de pesos en el área de refinación, en parte impulsada por la aportación de Dos Bocas. No obstante, sin el respaldo presupuestario del gobierno federal —que aportó 395,000 millones de pesos en 2025— la empresa seguiría en una situación financiera muy comprometida, similar a la de 2024, cuando registró las mayores pérdidas en su historia.

Expertos en el sector energético como analistas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) han advertido que el modelo de refinación estatal resulta difícilmente sostenible en las condiciones actuales. Para Óscar Ocampo, coordinador de Energía del IMCO, refinar se convirtió en un fin en sí mismo y no en un medio para lograr seguridad energética, por lo que advierte que una empresa que genera pérdidas sistemáticas como Pemex Transformación Industrial es completamente insostenible.

El PAN también planteó incentivos fiscales para empresas que inviertan en energías limpias, economía circular y eficiencia hídrica, así como suspender apoyos financieros a gobiernos calificados como autoritarios por la comunidad internacional.

Megaprisión al estilo Bukele y drones: la apuesta panista en seguridad

En el eje de seguridad, Romero expuso la construcción de una megaprisión diseñada para albergar a delincuentes de alta peligrosidad y a lo que el partido denomina “narcopolíticos”: funcionarios públicos con vínculos probados con el crimen organizado. La propuesta, incluida en el folleto entregado durante el evento, va acompañada de imágenes que evocan visualmente el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, el polémico recinto impulsado por el presidente Nayib Bukele, que ha sido señalado por organismos de derechos humanos internacionales por presuntas violaciones procesales.

El documento panista detalló que la propuesta incluye cadena perpetua para quienes cobren piso y para funcionarios que se alíen con organizaciones criminales. Además, contempla el despliegue de drones para vigilancia urbana las 24 horas, una aplicación ciudadana de denuncia con geolocalización y fotografía en tiempo real, y la revisión de las reformas en materia de seguridad e inteligencia impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo el argumento de proteger la privacidad de los ciudadanos frente a lo que el partido llama un “Estado Espía”.

Reforma fiscal, austeridad y un mensaje al gobierno federal

En materia económica, las 111 soluciones panistas apuntan a una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 al 10 por ciento a nivel nacional, una disminución a la mitad del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las gasolinas, y la exención total del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para jóvenes de hasta 29 años que estudien y trabajen simultáneamente. Se añaden créditos a tasa cero para pequeñas empresas y emprendedores, así como estímulos al primer empleo joven.

Jorge Romero aprovechó el foro para reivindicar los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox como modelos de administración técnica que el PAN busca retomar. Al tiempo, lanzó un mensaje de diálogo hacia el gobierno de la Cuarta Transformación: indicó que el partido no se concibe como adversario del ejecutivo federal, sino que identifica como verdaderos enemigos a la división social, al crimen organizado y a quienes establecen alianzas con él. Sostuvo, además, que México requiere con urgencia de una gestión más técnica y menos ideologizada.

La plataforma fue presentada por Romero como la base programática que ya aplican los gobiernos estatales panistas. En su exposición desarrolló poco más de 20 de las 111 propuestas; el resto quedaron consignadas en el folleto distribuido entre los asistentes.

El evento y la asistencia: entre gobernadoras y una notable ausencia

El acto convocó a un público integrado principalmente por vecinos y trabajadores de las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán, tres de las demarcaciones capitalinas históricamente más afines al voto de centro-derecha en la Ciudad de México. Al evento acudieron diputados federales, senadores, alcaldes y tres gobernadoras del partido: María Eugenia Campos, de Chihuahua; Libia Dennise García, de Guanajuato; y María Teresa Jiménez, de Aguascalientes.

La ausencia más notoria fue la del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, también militante del blanquiazul, quien no envió ninguna explicación pública sobre su falta de asistencia.

Este tercer relanzamiento se enmarca en un proceso de renovación que el PAN inició hace menos de un año y que ha generado lecturas encontradas al interior del propio partido. Figuras como Adriana Dávila, quien compitió por la dirigencia panista en 2024, han señalado que las reformas presentadas no tocan temas fundamentales para demostrar un cambio real y que, en esencia, se mantienen las mismas líneas con redacción distinta. En sentido contrario, el expresidente nacional del PAN Luis Felipe Bravo Mena ha sostenido que los resultados electorales de 2024 y las alianzas con partidos rivales obligaron a la nueva dirigencia a dar un golpe de timón hacia una reinvención que va más allá del logotipo.

Lo que sí queda claro es que el PAN apuesta por una narrativa de propuestas concretas y diferenciación programática para intentar recuperar terreno político antes de que arranque formalmente la campaña de 2027.