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Ecología

Las abejas serían sujetos de derechos en México

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Las abejas serían sujetos de derechos

Un caso promovido por comunidades mayas de Campeche podría marcar un precedente inédito en el sistema jurídico mexicano: que una especie animal, la abeja melipona, sea reconocida como sujeto de derechos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el expediente para analizarlo a fondo, en una discusión que combina protección ambiental, identidad indígena y crisis ecológica.

El origen del litigio en Hopelchén

El expediente que ahora estudia el máximo tribunal del país nació en Hopelchén, un municipio de Campeche donde la apicultura tradicional maya es, desde hace durante generaciones, parte central de la economía y la vida comunitaria. Habitantes de la región presentaron un amparo con el que buscan que se reconozca a la abeja melipona como titular de derechos propios, no solo como un recurso natural a proteger.

La SCJN resolvió atraer el caso, identificado como amparo en revisión 790/2025, luego de una votación en el Pleno que resultó ampliamente favorable a analizarlo: ocho ministros respaldaron la decisión frente a un solo voto en contra. La propuesta de atracción la impulsó el propio ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz junto con el ministro Irving Espinosa Betanzo, quienes consideraron que el tema reviste importancia y trascendencia suficientes para que lo resuelva directamente por la Corte.

Detrás del litigio hay una preocupación muy concreta: la disminución de las poblaciones de abejas melipona en la zona, atribuida por las comunidades al avance de la actividad agroindustrial y al uso de agroquímicos, lo que habría derivado en muertes masivas de estos insectos y en un deterioro de la apicultura ancestral maya. Para los promoventes, defender a la abeja es, al mismo tiempo, defender su territorio, su cultura y su forma de sustento económico.

Qué implicaría declarar a las abejas sujetos de derechos

Convertir a un animal en sujeto de derechos es un concepto que va más allá de las leyes de protección ambiental convencionales. En términos prácticos, significaría que la abeja melipona podría ser considerada titular de intereses que el derecho protege de manera directa, y que esos intereses podrían defenderse ante los tribunales a través de representantes: las propias comunidades que históricamente cuidan estas colonias.

De prosperar este criterio, cualquier afectación a las abejas —ya sea por fumigaciones, deforestación o contaminación— podría dar pie a acciones legales presentadas en su nombre, con el objetivo de exigir medidas de protección, reparación del daño e incluso garantías de que la afectación no vuelva a repetirse.

El ministro Irving Espinosa explicó que uno de los puntos centrales que la Corte deberá estudiar es si las comunidades indígenas pueden asumirse jurídicamente como “guardianas de la naturaleza”, con capacidad para acudir a juicio en representación de las abejas, y si esto obliga a elevar las exigencias hacia el Estado frente a la crisis ecológica que enfrenta la región. Por su parte, el ministro Arístides Guerrero destacó el vínculo profundo que existe entre la abeja melipona y la identidad económica y cultural de los pueblos mayas de Hopelchén, lo que —señaló— abre la puerta a que la Corte diseñe un criterio que proteja a la especie a partir de la protección integral de los pueblos indígenas que conviven con ella.

El vacío legal frente a otras experiencias internacionales

Actualmente, la protección de las abejas en México recae en un conjunto disperso de normas ambientales, sanitarias y leyes apícolas tanto federales como estatales, pero ninguna de ellas les otorga el estatus de sujetos de derechos. En años recientes se han impulsado propuestas de una Ley Federal Apícola, además de legislaciones locales orientadas a regular la apicultura, controlar plagas, limitar el uso de agroquímicos y conservar los hábitats de los polinizadores.

Algunas entidades ya avanzan en esa dirección desde el ámbito administrativo. En el Estado de México, por ejemplo, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Probosque) adelantó que impulsará una iniciativa orientada a proteger a los polinizadores mediante la conservación de hábitats y corredores ecológicos.

Sin embargo, dar el salto hacia la figura de “sujeto de derechos” ubicaría a las abejas en una categoría jurídica distinta, similar a la que han obtenido ríos, bosques y otros ecosistemas en distintos países que ya les han reconocido personalidad jurídica propia como mecanismo de protección. Ese tipo de precedentes ha ido ganando terreno en años recientes dentro de lo que se conoce como la corriente de los derechos de la naturaleza.

Un precedente que podría trascender a Hopelchén

Si la Suprema Corte finalmente reconoce a la abeja melipona como sujeto de derechos, el criterio resultante podría convertirse en referencia para casos similares vinculados a otros polinizadores o especies clave, particularmente en contextos indígenas y comunitarios donde la relación entre territorio, cultura y biodiversidad es igual de estrecha.

La resolución también podría tener efectos prácticos sobre la actuación del Estado: autoridades federales y estatales podrían verse obligadas a ajustar sus políticas agrícolas, ambientales y de regulación de agroquímicos en las regiones donde la apicultura sostiene a comunidades enteras.

Los derechos de la naturaleza en América Latina

El caso se inserta en una tendencia más amplia que ha cobrado fuerza en distintos países de la región: la constitucionalización de los derechos de la naturaleza y las corrientes eco-centristas, que buscan superar la visión del medio ambiente como simple recurso explotable. En México, el debate es incipiente y se desarrolla sobre todo en el terreno académico y en algunas constituciones locales, por lo que una resolución de la SCJN en este sentido representaría un salto significativo hacia la consolidación de este enfoque a nivel nacional.

Para las comunidades mayas de Campeche, un fallo favorable no sería solo un triunfo simbólico: significaría el reconocimiento jurídico de su papel como guardianas de la abeja melipona y un respaldo formal a la defensa de sus modos de vida tradicionales, en un momento en que la crisis ecológica pone en riesgo tanto a los polinizadores como a las culturas que dependen de ellos.

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Ecología

COP31: México regresa con pabellón

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COP31: México regresa con pabellón

COP31 en Antalya: México regresa con pabellón propio y una agenda de adaptación en plena alerta por El Niño

Antalya, Turquía, 14 de noviembre de 2026. Con la apertura de la COP31 el pasado 9 de noviembre, México volvió a ocupar un lugar visible en la negociación climática internacional. La delegación mexicana, coordinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), llegó con un pabellón propio por primera vez en más de doce años y con una propuesta central: la política nacional de adaptación ADAPTA MX 1.0.

Una cumbre bajo presión climática y geopolítica

La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático se desarrolla del 9 al 20 de noviembre en el Centro de Exposiciones de Antalya, ciudad turca del Mediterráneo. La presidencia es compartida entre Turquía y Australia, un esquema inédito en el que el país anfitrión encabeza la organización y Australia conduce las negociaciones. Se registraron más de 68 mil participantes de casi 200 delegaciones.

El contexto no es sencillo. Según el servicio europeo Copernicus, octubre de 2026 fue el más cálido jamás medido, con una temperatura global 1.75 °C por encima del nivel preindustrial. A ello se suma un episodio de El Niño clasificado como muy fuerte, que ha elevado las temperaturas del océano Pacífico a niveles récord y ha dejado afectaciones en México y en el resto del continente durante este año.

En ese escenario, la delegación mexicana planteó que la diplomacia climática debe pasar de los discursos generales a resultados medibles, tanto en protección ambiental como en la reparación de daños provocados por fenómenos extremos.

ADAPTA MX 1.0: de reaccionar a prevenir

La pieza principal de la agenda mexicana es ADAPTA MX 1.0, presentada como la primera Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Fue elaborada tras siete talleres regionales con especialistas científicos y organizaciones de la sociedad civil, según lo difundido por la cancillería mexicana.

El documento contempla 33 medidas de acción inmediata y la puesta en marcha de una Plataforma Nacional de Riesgos. Su propósito es proteger infraestructura, cultivos y comunidades frente a sequías severas e inundaciones, y dejar atrás el enfoque que solo responde cuando el desastre ya ocurrió.

Metas de emisiones: la NDC 3.0 y su condición financiera

México también acudió a Antalya con la actualización de su Contribución Determinada a Nivel Nacional, conocida como NDC 3.0. Por primera vez, el país fija un tope absoluto de emisiones netas con horizonte en 2035, en el marco del Acuerdo de París.

La delegación precisó que el nivel máximo de ambición dependerá de que las economías avanzadas cumplan con la transferencia de tecnología y el financiamiento internacional que han prometido. Sin esos recursos, advirtió, el cumplimiento pleno quedaría comprometido.

Transición justa y fondo de pérdidas y daños

México comparte con Polonia la conducción de las consultas ministeriales sobre transición justa. El objetivo es diseñar un mecanismo internacional que proteja los derechos laborales y la estabilidad económica de las poblaciones afectadas por el cierre gradual de industrias contaminantes. La postura mexicana sostiene que las metas de energía limpia pierden sentido si implican destruir ecosistemas, afectar a trabajadores o desatender a comunidades vulnerables.

En materia de financiamiento, la delegación pidió eliminar los obstáculos burocráticos que dificultan a los países en desarrollo acceder con rapidez al fondo de pérdidas y daños. La prioridad, indicaron, es canalizar recursos directos para reparar los efectos de huracanes en zonas costeras, atender la degradación de los océanos y amortiguar el impacto económico en sectores como la agricultura.

El regreso del Pabellón de México

Uno de los hitos de esta edición es la reapertura del Pabellón de México tras más de doce años. De acuerdo con un mensaje oficial de SEMARNAT en X, el espacio impulsa el diálogo con academia, sociedad civil y comunidades sobre adaptación, bosques y financiamiento. La delegación incluye al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Energía, lo que busca unificar el enfoque técnico y financiero.

La representación en el terreno la coordinan José Luis Samaniego Leyva, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de SEMARNAT, y Enrique Ochoa Martínez, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE. El pabellón funciona, según se informó, como una vitrina de proyectos territoriales ya en operación: conservación, manejo de cuencas y eficiencia energética, con participación de municipios, comunidades indígenas, universidades y sector privado.

México en la COP31

Con la cumbre aún en curso hasta el 20 de noviembre, México busca consolidarse como puente entre las grandes potencias y el Sur Global, alineando la acción climática con la justicia ambiental y los derechos sociales. El mensaje que llevó a Turquía es que el éxito del Acuerdo de París se medirá en la calidad de vida de las familias y no solo en los compromisos firmados.

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Multa de 5 millones de pesos por tener una pata de elefante sin permiso

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Multa de 5 millones de pesos por tener una pata de elefante sin permiso

Multa de más de 5 millones de pesos por tener esta planta en México: la pata de elefante es especie amenazada

Ciudad de México. Tener en casa o en el jardín una pata de elefante (Beaucarnea recurvata), una de las plantas ornamentales más populares de México, puede convertirse en un problema legal si su procedencia no está acreditada. Se trata de una especie nativa catalogada como amenazada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, la norma oficial que protege a la flora y fauna silvestre del país, y las infracciones asociadas a su extracción o comercio ilícito pueden alcanzar multas de hasta 50 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 5 millones 865 mil 500 pesos en 2026.

Aunque es común encontrarla en viveros, terrazas y jardines de todo el país, la pata de elefante es una especie endémica que solo se distribuye de forma natural en Oaxaca y Veracruz, donde habita la selva baja caducifolia, según documenta la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). La categoría de amenazada agrupa a aquellas especies cuyas poblaciones podrían encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo si no cambian las condiciones que las afectan.

Extracción ilegal y pérdida de hábitat: las amenazas

Entre los principales riesgos que enfrenta la especie figuran la extracción de ejemplares y semillas para comercializarlos como plantas ornamentales, así como la pérdida de su hábitat por actividades agrícolas, ganaderas y el crecimiento urbano. La presión sobre las poblaciones silvestres no es menor: Profepa informó que entre 2014 y 2020 aseguró 14 mil 269 ejemplares de pata de elefante durante operativos contra el comercio ilegal de flora silvestre.

El aparato legal de protección no se limita a las sanciones administrativas. El Código Penal Federal, en su artículo 420, fracción IV, establece penas de uno a nueve años de prisión para quien capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga ejemplares de especies amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial. La pena puede aumentar hasta tres años adicionales cuando las conductas se realizan con fines comerciales o dentro de un área natural protegida.

¿Cómo tener una pata de elefante legalmente?

Contar con una de estas plantas en casa no implica automáticamente una multa: la autoridad debe determinar qué disposición se incumplió y valorar las circunstancias de cada caso. La vía legal consiste en demostrar que el ejemplar fue adquirido de forma legítima, es decir, proveniente de viveros registrados o con los permisos que emiten las autoridades ambientales para su propagación y venta. En algunos supuestos, Profepa puede permitir conservar la planta si se acredita su origen lícito y que no representa un riesgo para la especie; en otros, podrá asegurarla y darle un destino adecuado.

El mensaje de las autoridades es claro: evitar comprar o vender esta especie sin los permisos correspondientes y denunciar cualquier actividad ilegal. Y la pata de elefante no está sola: México tiene casi mil especies vegetales en alguna categoría de riesgo. Entre las más conocidas están las biznagas, distintos cactus amenazados por la extracción ilegal; orquídeas como la vainilla (Vanilla planifolia) y la flor de mayo (Laelia speciosa); y cícadas como la palma de la Virgen (Dioon edule), vulnerable ante la pérdida de hábitat.

Las denuncias y consultas pueden realizarse a través de los canales oficiales de Profepa, cuya labor y perfiles institucionales pueden consultarse en LinkedIn, y cuyos avisos sobre operaciones de aseguramiento de flora silvestre se difunden también en X. Para conocer el listado completo de especies protegidas y los trámites disponibles, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales mantiene la información actualizada en su portal.

La lección para los amantes de las plantas es sencilla: antes de llevarse una pata de elefante a casa, conviene preguntar de dónde viene. El gusto por esta especia de escultura vegetal no debería costar ni millones de pesos ni años de libertad.

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Pemex anunció el cierre del pozo Krem-1

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Pemex anunció el cierre del pozo Krem-1

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó el 2 de agosto de 2026 que logró el cierre definitivo del pozo exploratorio Krem-1, ubicado en el ejido Constitución Mexicana, municipio de Las Choapas, en el sur de Veracruz, luego de casi cinco meses de una contingencia que combinó una fuga de gas, un incendio prolongado y daños ambientales documentados por organizaciones civiles mediante imágenes satelitales. Pemex anunció el cierre del pozo Krem-1, lo anunció a través de su cuenta oficial en X, la empresa productiva del Estado precisó que la instalación “ya no presenta flujo en superficie” y señaló que con ello concluye la etapa principal de atención a la emergencia que inició el pasado 5 de marzo.

Qué anunció Pemex sobre el cierre del pozo Krem-1

En su tarjeta informativa oficial, Pemex detalló que el cierre se logró gracias al despliegue de equipos técnicos especializados que instalaron un nuevo sistema de válvulas y tuberías en el cabezal del pozo. La compañía indicó que, superada la fase crítica, ahora enfocará sus esfuerzos en un programa integral de saneamiento ambiental y en la compensación y reparación de daños específicos en la zona, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

La petrolera precisó que mantendrá de forma permanente sus Unidades Médicas Móviles, con servicios médicos y odontológicos para más de 45 comunidades cercanas al sitio. Asimismo, informó que avanza la construcción de una Casa de Salud en el ejido Benito Juárez y el equipamiento de las unidades médicas de El Remolino y Linda Vista. En materia educativa, Pemex reportó la entrega de mobiliario escolar nuevo para reforzar las escuelas de la región, mientras que en infraestructura adelantó que concluirá en breve la ingeniería de un camino de 26 kilómetros con asfalto en caliente entre los ejidos Río Playas y El Remolino. La empresa añadió que ya entregó al municipio de Las Choapas mil toneladas de concreto, una unidad de desazolve tipo Vactor, una pipa de 10 mil litros y combustible para labores locales.

Cronología del incidente en Las Choapas, Veracruz

El origen de la contingencia se remonta al 5 de marzo de 2026, cuando el pozo Krem-1 —parte de un programa exploratorio de hidrocarburos de Pemex en el sur de Veracruz— alcanzaba alrededor de 3,336 metros de profundidad durante labores de perforación. En ese punto se presentó un flujo inesperado de gas que, según la secuencia técnica descrita por Pemex, se intentó derivar hacia un sistema de quemador de seguridad; sin embargo, una fuga en conexiones superficiales terminó por incendiar el equipo de perforación. Cientos de personas fueron evacuadas de manera preventiva de comunidades cercanas y la empresa reportó que no hubo personas lesionadas.

Pemex anunció el cierre del pozo Krem-1, impactos en la salud

Lo que en un primer momento se describió como un evento controlado en horas se extendió durante alrededor de 150 días. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, reconoció en julio que apagar por completo el pozo tomaría varios meses debido a la complejidad técnica del proceso, para lo cual la empresa recurrió a especialistas y maquinaria traída del extranjero. La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, instruyó en junio a la Secretaría de Salud federal para revisar, junto con su contraparte estatal, las denuncias de habitantes de Las Choapas que reportaban molestias respiratorias y oculares asociadas al humo del pozo.

Impacto ambiental y emisiones de metano documentadas

Mientras el pozo permaneció activo, organizaciones civiles especializadas en monitoreo satelital estimaron que se quemaron entre 250 y 300 millones de metros cúbicos de gas natural entre marzo y julio, una cifra equivalente a una porción significativa del gas doméstico consumido en México en un año. A partir de esos datos, calcularon una liberación de alrededor de 500 mil toneladas de dióxido de carbono, cifra que podría acercarse a 620 mil toneladas de CO₂ equivalente si se contabiliza el metano no quemado que pudo escapar a la atmósfera. El metano es un gas de efecto invernadero considerablemente más potente que el CO₂ en el corto plazo, con un potencial de calentamiento global varias decenas de veces mayor en un horizonte de veinte años, de acuerdo con estimaciones científicas recogidas por la comunidad académica.

Pemex anunció el cierre del pozo Krem-1, efectos en la población

Las mismas organizaciones documentaron afectaciones en alrededor de 270 hectáreas alrededor del cabezal del pozo, entre suelo calcinado y vegetación muerta o dañada, además de reportes de contaminación en arroyos cercanos y muerte de animales de traspatio y ganado. Habitantes de decenas de comunidades ubicadas en un radio de hasta diez kilómetros manifestaron dolores de cabeza, náuseas e irritación en ojos y vías respiratorias, y exigieron estudios independientes de aire, agua, suelo y salud.

Pemex, en contraste, ha sostenido que sus monitoreos de calidad del aire se mantuvieron por debajo de los límites permisibles y que no ha identificado casos de intoxicación vinculados al incidente, aunque un directivo de la empresa reconoció la muerte de decenas de animales en la zona. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente es la entidad federal encargada de supervisar este tipo de riesgos en el sector hidrocarburos, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales participa junto con sus contrapartes de Canadá y Estados Unidos en la Comisión para la Cooperación Ambiental, instancia ante la cual organizaciones civiles presentaron una petición en junio para revisar el cumplimiento de la legislación ambiental mexicana en este caso.

El precedente de Ixtoc I y otros descontroles de pozos de Pemex

El caso Krem-1 revivió comparaciones con el histórico reventón del pozo Ixtoc I, ocurrido en 1979 en la Bahía de Campeche, considerado durante décadas el mayor derrame petrolero registrado hasta la aparición del caso Deepwater Horizon en 2010.

Aquel accidente, también originado por una pérdida de control durante la perforación, mantuvo un flujo continuo de crudo hacia el Golfo de México durante cerca de 290 días, hasta su sellado definitivo en marzo de 1980, y contaminó playas de varios estados mexicanos y del sur de Texas. Aunque Krem-1 e Ixtoc I difieren en la naturaleza del hidrocarburo liberado —gas natural en un caso, petróleo crudo en el otro— y en el entorno del siniestro —terrestre frente a marino—, ambos episodios comparten un patrón similar: la pérdida de control de un pozo exploratorio derivó en una contingencia prolongada cuya magnitud ambiental solo pudo cuantificarse con precisión meses después de iniciado el evento.

Reparación social y siguientes pasos en Las Choapas

Con el pozo formalmente cerrado, Pemex adelantó que el llamado Programa de Atención de Afectaciones continuará con brigadas en campo para integrar expedientes y mapear los daños por zonas, con el objetivo de ofrecer una respuesta ordenada a cada caso de la población afectada. La gobernadora Nahle ha señalado que la remediación ambiental definitiva —incluida la atención a cultivos, cuerpos de agua y ganado— se ejecutará de manera coordinada entre el gobierno estatal y la petrolera una vez confirmado el cierre total del pozo. Organizaciones como la Alianza Mexicana Contra el Fracking han insistido en que la etapa de reparación debe incluir verificaciones independientes, más allá de los reportes internos de la empresa, para determinar el alcance real de los daños a la salud y al entorno en una región donde la actividad petrolera ha sido, durante décadas, el eje de la economía local.

El cierre del Krem-1 marca el fin de la fase más crítica de la contingencia, pero no el cierre del expediente: la reparación de daños, el saneamiento del suelo y el seguimiento médico a las comunidades de Las Choapas apenas comienzan una nueva etapa que, según lo anunciado por la propia empresa, se prolongará durante los próximos meses.

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