El gasoducto Mayakán tiene 700 kilómetros. Nació en 1999, parte de Ciudad Pemex en Tabasco y termina en Valladolid, Yucatán. Durante más de dos décadas fue la única arteria por la que fluía gas natural hacia la Península de Yucatán. 

Diseñado para cargar hasta 250 millones de pies cúbicos diarios, el ducto llegó a su tope antes de que el estado terminara de crecer. En 2022, la vicepresidenta de Engie —la empresa francesa que opera el sistema— ya decía en voz alta lo que los industriales locales sabían desde antes: el tubo estaba lleno. No cabía más gas. Y sin más gas, no había cómo bajar las tarifas eléctricas, instalar nuevas plantas generadoras ni convencer a una empresa manufacturera de que Mérida era una mejor apuesta que Monterrey.

Ese tope no cayó de improviso. Fue el resultado acumulado de décadas en que la Península quedó fuera de la red nacional de gasoductos que sí se tendió en el norte y centro del país. Mientras Monterrey, Guadalajara o Querétaro competían por inversión industrial con tarifas eléctricas respaldadas por gas barato, Yucatán quemaba diésel y combustóleo —más caros, más sucios— porque era lo único que llegaba.

La demanda que crece

La Península no se quedó quieta mientras esperaba el gas. El Tren Maya aceleró el turismo, el boom inmobiliario en la costa elevó el consumo residencial y la apertura de nuevos corredores industriales en el estado sumó demanda. El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2024-2038 documentó que en 2023 la Península fue la región del país con mayor incremento en su consumo eléctrico: 10 por ciento. Se proyectaba un alza de otro 15 por ciento en los cinco años siguientes.

Pero la Península solo genera el 60 por ciento de la electricidad que consume, de acuerdo con el análisis “¡A romper barreras! Cómo detonar la inversión en México: Caso Yucatán”, presentado por México Evalúa en mayo de 2026. El resto llega por transmisión desde otros estados, lo que añade pérdidas y fragilidad al suministro. Cada kilómetro de demanda nueva sobre el sistema le llegaba a una red que ya estaba al borde.

El informe de México Evalúa encontró también que la brecha entre el crecimiento de las exportaciones y la atracción de inversión se ensanchó en 2024. Las exportaciones estatales subieron 20.1 por ciento. Pero la inversión extranjera directa llegó solo a 148 millones de dólares y el estado cayó a la posición 25 nacional en captación de capital foráneo. Para una entidad que aspira a convertirse en polo del nearshoring en el sureste, ese número duele.

La infraestructura energética aparece en el análisis como uno de los factores decisivos. “La política energética y la política económica dejaron de ser conversaciones separadas”, dijo Mariana Campos, directora general de México Evalúa, al presentar el estudio. La conclusión era directa: sin electricidad confiable y competitiva, las ventajas logísticas de Yucatán no alcanzan para cerrar la brecha con los polos industriales del norte.

El ducto al tope y los años perdidos

El gasoducto Mayakán no es un ducto viejo y descuidado. Es una infraestructura de acceso abierto operada por Energía Mayakán, filial de Engie, que además de abastecer a las plantas de la CFE en Yucatán y Campeche, surte a la industria a través de su afiliada IGASAMEX. Esta empresa distribuye gas natural a sectores textil, alimentario y de la construcción en la región, con clientes en los 13 estados donde opera.

El problema nunca fue el ducto en sí. Fue que la Península creció por encima de lo esperado. Y la solución —construir un segundo ducto en paralelo— tropezó durante años con obstáculos de distinto tamaño: retrasos en las plantas generadoras que justificarían el gasto, negociaciones técnicas y comerciales entre la CFE y Engie que tardaron más de lo esperado, consultas comunitarias con 14,000 personas en 38 comunidades mayas a lo largo de la ruta, y el tiempo que toma alinear una inversión de 2,000 millones de dólares.

“La capacidad del ducto actual ya llegó a su límite para seguir creciendo”, reconocía públicamente la vicepresidenta de Engie en octubre de 2022. Lo decía como diagnóstico, no como alarma. La empresa ya tenía firmado un convenio con la CFE para ampliar el sistema. Pero la obra no arrancaba porque las plantas de ciclo combinado que justificaban la inversión —Mérida IV y Riviera Maya, en Valladolid— acumulaban retrasos propios.

La planta Mérida IV es el caso más elocuente de cómo se apilan los atrasos en infraestructura pública. La CFE la prometió para noviembre de 2024. Después empujó la fecha a octubre de 2025. Finalmente encendió la planta —rebautizada “Elvia Carrillo Puerto”— el 12 de mayo de 2026, cuatro años después del inicio de su construcción. Una inversión de 300 millones de dólares y 499 megavatios de capacidad que llegaron 18 meses tarde.

Su planta hermana, la “Riviera Maya” en Valladolid, con capacidad para 1,020 megavatios y más de mil millones de dólares de inversión, no tiene fecha de entrega confirmada. La proyección inicial era enero de 2025. Después se habló de finales de 2027. En el último reporte oficial, la fecha permanece sin precisar.

Cuxtal II: el ducto que llega con retraso

El 13 de junio de 2024, en la hacienda Uayamón de Campeche, arrancó formalmente la construcción del gasoducto Cuxtal II —el nombre viene del maya y significa ‘para arriba’—. La obra consiste en un segundo ducto de 700 kilómetros que correrá en paralelo al Mayakán original, pasando por Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Además incluye tres nuevas estaciones de compresión y tres de medición.

El proyecto lo ejecutan Engie y el fondo de infraestructura Macquarie Asset Management, que se asociaron en julio de 2024. Engie calificó la obra como uno de los proyectos más grandes de transporte de gas natural que se construirán en México. La inversión suma 2,000 millones de dólares. Generará cerca de 4,000 empleos directos e indirectos durante la construcción y dejará 275 obras de infraestructura social en las comunidades de la ruta.

Cuando el ducto esté listo, la capacidad de transporte pasará de 250 a 567 millones de pies cúbicos diarios. Más del doble. Eso permitirá alimentar a plena capacidad las dos plantas de ciclo combinado de la CFE en la región —Mérida IV y Riviera Maya—, suministrar gas a la industria que hoy espera y, en teoría, bajar las tarifas eléctricas que llevan décadas por encima del promedio nacional.

Pero la obra no llegará cuando se prometió. El calendario original fijaba el arranque de operaciones en el cuarto trimestre de 2026. En abril de 2025, Ana Laura Ludlow, vicepresidenta de asuntos gubernamentales y sostenibilidad de Engie México, confirmó a Bloomberg que el proyecto terminará en el primer semestre de 2027. La obra avanza en fases; la conclusión total toma más tiempo del anunciado inicialmente.

Ludlow aclaró que el proyecto no sufrió afectaciones por los aranceles impuestos por Estados Unidos a los productos mexicanos ni por la extinción de los reguladores CRE y CNH —las comisiones sectoriales que desaparecieron con la reforma energética de 2025—. Los materiales son de fabricación nacional y los permisos se tramitaron con anticipación. La supervisión regulatoria recayó en la Secretaría de Energía y en la nueva Comisión Nacional de Energía.

Un dato pone en perspectiva el tamaño del esfuerzo: el proceso de consulta previa con las comunidades mayas que viven a lo largo de la ruta tardó años e involucró 217 asambleas con 14,000 personas. En ese proceso se comprometieron 169 obras sociales para las comunidades afectadas. No es un detalle menor. Es la razón por la que proyectos de esta escala en territorios con presencia indígena tardan más de lo que los cronogramas iniciales calculan.

Lo que espera en la fila

Detrás del gas están las inversiones que no se han decidido todavía. Yucatán tiene ventajas logísticas reales: el puerto de Progreso, la conectividad aérea de Mérida, la mano de obra disponible en el interior del estado, la relativa seguridad frente a otras zonas del país. Pero ninguna de esas ventajas cierra la negociación si el prospecto industrial pregunta cuánto pagará de luz y la respuesta es “entre 12 y 22 por ciento más que en el norte”.

El estudio de México Evalúa identificó 295 oportunidades de mejora regulatoria en el estado y sus municipios. Más del 85 por ciento de esas barreras tienen que ver con eficiencia gubernamental y trámites administrativos, no con infraestructura. Pero la energía aparece como el cuello de botella más duro: es el que no se resuelve con un decreto ni con una ventanilla única. Requiere acero, concreto, derechos de vía y años de construcción.

La pregunta que no desaparece es cuánto costará el tiempo transcurrido. El gas que llegará en 2027 estaba previsto desde 2019, cuando el secretario de Fomento Económico del estado ya prometía que para ese año las tarifas serían competitivas con el norte. Pasaron ocho años. Las plantas prometidas para 2024 y 2025 se encendieron en 2026 y posiblemente 2027. Las empresas que buscaban ubicación en ese periodo tomaron decisiones con los datos que tenían.

Yucatán no perdió todas esas inversiones. Algunas llegaron de todas formas. Pero no llegaron todas las que pudieron haber llegado si el gas hubiera estado disponible cuando se prometió.

El rezago no es solo de Yucatán

Es tentador leer el rezago energético de Yucatán como un problema local, como una consecuencia de estar lejos del centro del país o de tener una economía históricamente orientada al turismo y no a la industria pesada. Pero el patrón se repite en Campeche y Quintana Roo con variaciones menores. Y el diagnóstico de fondo es el mismo que aplica a otras regiones del país donde la infraestructura de gas no llegó a tiempo: la inversión en gasoductos en México se concentró durante décadas en el norte y el centro, siguiendo la lógica de la demanda industrial ya existente, no la de la demanda potencial que podría desarrollarse si el gas llegara primero.

El gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador intentó revertir esa tendencia con el paquete de inversión para la Península: las plantas de ciclo combinado, el Cuxtal II, el gasoducto “Puerta al Sureste” frente a las costas del Golfo. Pero los proyectos llegaron tarde, se retrasaron en la ejecución y el efecto sobre tarifas y competitividad industrial quedó diferido. El gobierno de Claudia Sheinbaum heredó esa agenda pendiente y la incluyó en el Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex.

Para los industriales yucatecos, el cambio de administración federal no cambia el dato central: el gas que necesitan para operar con costos competitivos no llegará sino hasta que el Cuxtal II entre en operación. Y eso, según el último calendario disponible, es el primer semestre de 2027.

Teherán, Irán. El régimen iraní volvió a insistir este jueves 13 de agosto de 2026 en que mantiene el dominio absoluto del Estrecho de Ormuz, el corredor marítimo por el que se moviliza una parte sustancial del petróleo y el gas del mundo, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuviera un día antes que era Washington quien controlaba esa vía. El nuevo cruce de declaraciones se produce a casi seis meses del estallido de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, iniciada el 28 de febrero de 2026, y confirma que la disputa por Ormuz sigue siendo uno de los frentes más tensos del conflicto en Oriente Medio.

Taeb y el mando militar iraní responden a Trump

El jefe de la fuerza paramilitar Basij, Hossein Taeb, señaló en declaraciones difundidas por la televisión estatal iraní que el estrecho permanece bajo la gestión y el control de la República Islámica, y añadió que el país continúa su actividad con plena seguridad. Sus palabras llegaron horas después de que Trump escribiera en su red social que Estados Unidos ejercía el control total del paso marítimo y que planeaba mantenerlo, al tiempo que calificó de “muro de acero” el bloqueo naval estadounidense sobre la zona. Puede consultar la cuenta oficial del presidente estadounidense en X.

Por su parte, el vocero del mando militar central iraní Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, calificó de falsas las versiones estadounidenses que aseguran que los buques transitan con normalidad por Ormuz. El funcionario indicó además que cualquier actor que se beneficie del tránsito comercial por el estrecho tiene la obligación legal y moral de reparar los daños ambientales derivados de la crisis, en referencia a un reciente derrame de hidrocarburos frente a la isla iraní de Qeshm.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, sumó su voz a través de su cuenta oficial en la red social X, donde acusó a Washington de cometer errores de cálculo respecto al estrecho y de arrastrar fallas de inteligencia desde el inicio mismo de la guerra.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico y el nuevo régimen de permisos

Desde el inicio de las hostilidades, Irán ha ido más allá de las amenazas verbales: creó una entidad denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico para institucionalizar su control sobre la ruta. Este organismo exige a los buques que soliciten autorización previa, cumplan inspecciones de seguridad y ambientales, presenten garantías financieras y, en determinados casos, paguen tasas de tránsito. Teherán sostiene que, al no haber ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, puede aplicar un régimen de paso restringido en lugar del esquema de tránsito libre que rige internacionalmente en los estrechos utilizados para la navegación mundial. Puede ampliarse el contexto histórico del conflicto en el artículo de Wikipedia sobre la Crisis del Estrecho de Ormuz de 2026.

Rechazo internacional a las pretensiones de Teherán

La Organización Marítima Internacional, agencia de Naciones Unidas encargada de regular la seguridad y la protección del transporte marítimo mundial, condenó formalmente la creación de la entidad iraní y pidió a sus 176 Estados miembro que no reconozcan ni la soberanía que Irán reclama sobre el estrecho ni ninguna decisión de Teherán orientada a obstaculizar la navegación internacional. El organismo, con sede en Londres, sostiene que el derecho de paso de tránsito por Ormuz no puede suspenderse, ni siquiera en un contexto bélico, de acuerdo con el derecho consuetudinario del mar. Irán, que no ocupa un asiento en el consejo de la organización, rechazó las críticas y las calificó de políticamente motivadas.

Qué sigue para el tráfico marítimo en Ormuz

A mediados de agosto de 2026, ambas potencias -Irán y Estados Unidos- continúan reclamando públicamente el control del paso, mientras el tráfico comercial permanece muy por debajo de los niveles previos a la guerra. Teherán ha condicionado la reapertura plena del estrecho al levantamiento del bloqueo naval estadounidense y de las sanciones económicas, así como al reconocimiento de su papel de gestión sobre la vía. Analistas de política exterior consideran que las declaraciones iraníes de control absoluto cumplen una doble función: sirven como herramienta de disuasión frente a Washington y como mecanismo de negociación para consolidar un nuevo statu quo favorable a Teherán una vez concluya el conflicto. Por ahora, el Estrecho de Ormuz —por donde históricamente ha transitado cerca de una quinta parte del petróleo mundial— sigue siendo el epicentro de una disputa que combina derecho internacional, estrategia militar y una intensa guerra de declaraciones entre Teherán y Washington.

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a descartar cualquier expansión de la energía nuclear como fuente de generación eléctrica en México, al señalar durante su conferencia matutina en Palacio Nacional que esta tecnología conlleva “impactos en muchos casos no reversibles”. Sheinbaum reitera el no a la energía nuclear en México; la mandataria hizo este pronunciamiento en el mismo evento en el que se presentó el avance de un proyecto de hidrógeno verde en Baja California Sur y las primeras conclusiones del comité científico que analiza la viabilidad del gas natural no convencional en el país, dos piezas centrales de la estrategia energética que su gobierno ha decidido priorizar por encima de la opción atómica.

Con esta declaración, Sheinbaum confirmó una postura que ha mantenido sin variaciones desde antes de asumir la presidencia: ni el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (PLADESE) 2025-2039 ni el plan de expansión eléctrica presentado en 2026 contemplan la construcción de nuevos reactores nucleares en el sexenio. La hoja de ruta oficial se concentra en dos frentes, las energías renovables —solar, eólica, geotérmica e hidroeléctrica— y las plantas de ciclo combinado a gas natural, que la administración federal describe como el respaldo necesario mientras se consolida la transición hacia fuentes limpias.

La postura de Sheinbaum frente a la energía nuclear

La posición de la mandataria no es nueva. El 10 de octubre de 2024, apenas semanas después de asumir el cargo, Sheinbaum respondió a un cuestionamiento sobre la propuesta de la entonces gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle, quien como secretaria de Energía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador había planteado la construcción de un tercer reactor en la central de Laguna Verde. En esa ocasión, la presidenta indicó que ella “no es muy pro-nuclear”, pues consideró que, si bien esta fuente no emite gases de efecto invernadero, sí acarrea otros riesgos ambientales. Precisó entonces que Laguna Verde “opera muy bien y con los máximos estándares”, pero descartó de forma explícita que el país fuera a crecer su matriz eléctrica por la vía atómica, apostando en cambio por los ciclos combinados de gas iniciados durante el sexenio anterior y por el impulso a las renovables.

Casi dos años después, el 6 de agosto de 2026, la mandataria reiteró ese diagnóstico y lo amplió: subrayó que, a diferencia de otros países que sí han optado por ampliar su capacidad nuclear, su gobierno considera que esta tecnología implica riesgos que, en algunos escenarios, no tienen marcha atrás. La presidenta insistió en que la prioridad del sector eléctrico mexicano seguirá siendo la combinación de fuentes renovables e hidrógeno verde con bajo impacto ambiental, sin cerrar por completo la puerta a evaluar el gas no convencional bajo condiciones ambientales y sociales estrictas, en un contexto en el que el país depende de importaciones estadounidenses para alrededor de siete de cada diez unidades de gas natural que consume.

Laguna Verde, la única central nuclear del país

México opera actualmente una sola planta nucleoeléctrica, Laguna Verde, ubicada en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, en Veracruz, y administrada por la Comisión Federal de Electricidad. La central cuenta con dos reactores de agua hirviente (BWR) fabricados por General Electric, con una capacidad instalada cercana a los 1,640 megawatts, y aporta entre el 3 y el 5% de la electricidad generada en el país, una proporción relevante dentro de la generación limpia de la CFE. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias es el organismo encargado de supervisar su operación y de haber autorizado las licencias que permiten que la Unidad 1 funcione hasta 2050 y la Unidad 2 hasta 2055, extensiones que el gobierno y organismos internacionales como el Organismo Internacional de Energía Atómica han respaldado al considerar que la planta cumple con altos estándares de seguridad. La central se mantiene en operación y suscribe contratos comerciales —como el acordado con la planta de Nissan en 2025— pero, de acuerdo con lo señalado reiteradamente por la presidenta, no forma parte de ningún plan de ampliación.

Qué contempla el PLADESE 2025-2039 y el nuevo plan de expansión eléctrica

El Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025-2039, publicado en octubre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, no incluye ninguna nueva capacidad nuclear entre sus proyecciones de expansión a 15 años. En su lugar, la Secretaría de Energía definió una ruta que privilegia la incorporación de nueva generación limpia y ciclos combinados de gas natural como respaldo del sistema. A ese instrumento se sumó, ya en 2026, el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional, que contempla agregar alrededor de 32 mil megawatts adicionales de capacidad hacia 2030, de los cuales cerca de siete de cada diez megawatts corresponderían a fuentes renovables, principalmente solar fotovoltaica y eólica, mientras que el resto se cubriría con plantas de ciclo combinado a gas como respaldo. La meta declarada por el gobierno es elevar la participación de las renovables en la matriz eléctrica nacional, que actualmente ronda entre el 23 y el 24%, hasta cerca del 38% en 2030. La Comisión Federal de Electricidad conserva el control mayoritario de la generación, aunque el gobierno ha otorgado permisos a empresas privadas para el desarrollo de proyectos solares y eólicos que complementen la expansión estatal.

Investigación nuclear sin fines de generación eléctrica

El rechazo a expandir la capacidad nuclear para generar electricidad no ha significado el abandono de la investigación científica en la materia. México mantiene y refuerza su colaboración con la Organización Europea para la Investigación Nuclear, conocida como CERN, un vínculo que Sheinbaum ratificó en julio de 2026 en un encuentro con autoridades suizas orientado a fortalecer proyectos de innovación científica y educativa. Se trata, sin embargo, de investigación básica en física de partículas, sin relación con la generación de energía eléctrica en territorio mexicano. Por su parte, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares mantiene líneas de estudio de largo plazo sobre pequeños reactores modulares, con posibles aplicaciones futuras en generación eléctrica, cogeneración o desalinización en zonas como Baja California, aunque el propio instituto ha precisado que estas investigaciones no representan compromisos concretos ni forman parte de los planes de expansión eléctrica vigentes.

Contexto: soberanía energética y trayectoria académica de Sheinbaum

La postura de la mandataria frente a la energía nuclear se enmarca en una trayectoria académica previa a su llegada a la presidencia. Doctora en Ingeniería Energética por la Universidad Nacional Autónoma de México, Claudia Sheinbaum desarrolló buena parte de su carrera académica en temas de cambio climático y energías renovables, e incluso coautoría textos que analizaban escenarios de alta penetración de fuentes limpias en la matriz energética del país. Esa trayectoria explica, según especialistas del sector, la consistencia de su discurso desde la campaña presidencial y su llegada como presidenta electa en agosto de 2024 hasta la actualidad.

El sector eléctrico mexicano y su evolución

Con el escenario descrito, la administración de Sheinbaum mantiene una línea de política energética que combina tres elementos: la operación segura y sin expansión de Laguna Verde, el impulso acelerado a fuentes renovables y ciclos combinados de gas como eje del crecimiento de la generación eléctrica, y una evaluación cautelosa del gas no convencional condicionada a criterios ambientales y sociales estrictos. Hasta agosto de 2026 no existe evidencia de que esta postura vaya a modificarse, por lo que la energía nuclear seguirá teniendo en México un papel de generación estable pero acotado, mientras la discusión pública se centra en el ritmo de la transición hacia las renovables y en el destino final del debate sobre el fracking en el norte del país.

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