Iniciativa de reforma eléctrica. Tiempo de negociar y lograr consensos
La iniciativa de reforma constitucional para el sector eléctrico mexicano presentada en octubre pasado por el Ejecutivo y sujeto a la revisión y eventual aprobación por el legislativo, sigue siendo un tema candente en los medios de comunicación y redes sociales. Es evidente el fragor de notas y publicaciones en contra y a favor de la iniciativa referida. Los opositores a ultranza la descalifican a priori. Presuntos expertos en energía –que paradójicamente no son ingenieros electricistas-, inundan a diario las redes sociales con una orientación hacia la descalificación y el denuesto respecto a la iniciativa. Casi se puede inferir que les pagan para pasarse todo el día en las redes para criticar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al actual gobierno y en particular a la iniciativa de reforma. Abundan los bots y troles en búsqueda de publicaciones favorables a sus posiciones para exaltarlas, y también de las contrarias para hacer escarnio de quienes publicaron u opinaron. Lo importante para ellos es crear ruido y tendencia en las redes. La infodemia seguirá intensa por lo menos hasta la votación y aprobación de la iniciativa. Es importante que la población no pierda el enfoque y pueda visualizar cómo le atañe en lo individual y colectivo el contenido de la reforma.
Los detractores de la iniciativa toman como bandera que la energía limpia es más conveniente y barata. Esto es una verdad a medias. Primero porque el sector privado cuenta con una capacidad instalada de generación y una aportación de energía generada mayoritariamente con combustibles fósiles. Sí conviene ir migrando hacia las energías limpias, aunque esto actualmente es sumamente complejo y costoso. Desafortunadamente varias renovables presentan debilidades técnicas en cuanto a intermitencia y carencia de inercia rotatoria que limitan su participación en los sistemas eléctricos interconectados. Si se les mitigan esas debilidades (con almacenamiento masivo, respaldo de centrales convencionales, electrónica de potencia) el costo de producción se incrementa drásticamente. Prueba de ello es la matriz de generación que prevalece actualmente en el mundo (participación solar 2 %, eólica 5 %). Se precisa de más innovación que permita un mayor aprovechamiento de las energías limpias en beneficio del medio ambiente. Otro argumento es que si se aprueba la iniciativa de reforma, el sector eléctrico mexicano padecerá de apagones. Nada más alejado de la verdad. Antes de la reforma energética de 2013 del expresidente Peña Nieto, la CFE operaba el sistema eléctrico nacional sin mayor problema. También acusan que será una reforma sucia y contaminante. El medio de generación eléctrica más contaminante es el carbón. En la matriz de generación de México, la producción de electricidad con carbón ronda alrededor del 4 % del total de la energía producida, contra el 36 % de Chile, el 37 % de Alemania, el 62 % de Australia, el 70 % de China, por mencionar unos ejemplos para tener puntos de comparación y referencia. En nuestro país la principal fuente de generación es con gas en plantas de ciclo combinado, una tecnología de aceptable eficiencia, no muy contaminante, y a precios asequibles mientras no se dispare el precio del gas. El ciclo combinado a nivel internacional es aceptado como un elemento vinculante en la transición energética.
Dejar la generación de energía totalmente en manos de empresas privadas sería una apuesta arriesgada. Ellas podrían en determinadas coyunturas privilegiar sus utilidades y elevar las precios a niveles exorbitantes en perjuicio de los consumidores finales. Ya ha pasado, y sigue pasando en varios países del mundo. El mercado por sí solo, sin una regulación juiciosa, puede dar lugar a aberraciones donde el maximizar las ganancias de las empresas pasa por encima del bien común. Tampoco hay que ser demasiado ingenuos con la presunta conciencia social de las transnacionales. En la realidad ellas obedecen y se interesan en cotizaciones en la bolsa de valores –frías, sin rostro ni corazón-, donde lo más importante son los rendimientos, así sea por especulación. Dejar el sector eléctrico como monopolio absoluto tampoco sería la mejor opción, porque sería difícil hacer frente en solitario al colosal reto financiero de expandir la infraestructura en el futuro, además de que los monopolios, cualesquiera que sea su tipo, especialmente los gubernamentales, usualmente soslayan los conceptos de eficiencia y competitividad. Deberíamos celebrar el esquema mixto propuesto; Estado-Privados. 54 % de generación CFE, 46 % de generación privada, y se asegura que el Estado regule el sector privilegiando el interés público, dando espacio a la participación privada dentro de un marco legal justo y razonable. Originalmente no se visualizaba que el gobierno federal estuviera interesado en promover una reforma constitucional para el sector eléctrico. Pero ante la reiterada negativa y cerrazón de las empresas privadas favorecidas en revisar y renegociar las condiciones de excesivo beneficio económico que se les concedió en el pasado, amparo tras amparo, parece que no le dejaron al gobierno federal otra opción que optar por la actual medida.
Todo apunta a que los legisladores de los distintos partidos políticos pueden aprobar la iniciativa de reforma en los tiempos establecidos. Los argumentos de su conveniencia son sólidos y sustentados. Sobre la reforma energética de 2013 del ex presidente Peña Nieto existen evidencias que fue aprobada con sobornos en un entramado de corrupción bien elaborado. Los partidos políticos con sus dirigentes y legisladores aprobaron sin mayor empacho las reformas con concesiones económicas y regulatorias desproporcionadas en favor de empresas transnacionales. Por el encono que impera actualmente entre partidos y corrientes políticas, también existe la remota probabilidad que se complique el completar el número de votos necesarios para su aprobación. Un escenario aparentemente descabellado pero posible, es que si la del 2013 fue promulgada con base en sobornos, la actual pudiera ser aprobada con presiones de carácter político-legal. Penosamente los actores de nuestra clase política tienen cola que le pisen. La diferencia entre unos y otros estriba en la longitud de esta. Basta hurgar en el pasado y presente de algunos de ellos –los votos faltantes para lograr la aprobación-, particularmente en lo financiero, para que el gobierno, el SAT, gentilmente les haga una invitación a elegir entre aprobar la iniciativa o el congelarles sus cuentas y someterlos a proceso por enriquecimiento ilícito. Por la buena, o no tan buena, es altamente probable que la iniciativa energética sea aprobada.
Una manera de evitar ese escenario extremo e indeseable, sería que los partidos decidan aprobar la iniciativa, pero previo a esto aprovechen a revisarla y en su caso negociar las condiciones y alcance, sea en la redacción de la reforma constitucional, o bien en la elaboración y promulgación de las leyes secundarias y reglamentos, que son los documentos que rigen la implementación y operatividad. Para esto se requiere que el sector privado organizado se acerque a los partidos políticos con la finalidad de dar a conocer sus planteamientos a negociar en la nueva reforma. Seguramente los presuntos expertos que han vertido declaraciones viscerales y se han dedicado a denostar con sorna y soberbia, no sean elegibles para lograr una sana y adecuada interlocución. Lo que interesa es que ante una inminente aprobación, exista la posibilidad y el espacio para la negociación y el consenso. En la teoría de juegos, un juego de suma cero describe una situación en la que la ganancia o pérdida de un participante se equilibra con exactitud con las pérdidas o ganancias de los otros participantes. Pareciera que esta definición retrata al sistema político mexicano en estos tiempos, en que cada parte desea ganar y que la otra pierda. No debiera ser así, porque a la postre todos salimos perdiendo. Se debe procurar un sensato y conveniente esquema de ganar-ganar.
En la sociedad, la población mexicana, ahora y en el futuro, para bien o para mal, repercutirá los efectos de la política energética que se asuma y que se reflejará en la disponibilidad, precio, calidad y sustentabilidad de la energía eléctrica. Conviene asegurar que esto sea en las mejores condiciones para la nación. Es tiempo de negociar, consensuar, lo cual implica argumentar, persuadir y eventualmente realizar concesiones, dentro de un marco de ética, respeto y buena voluntad. Para lograr esto se requiere de las partes liderazgo, convicción en privilegiar el bien común y pragmatismo. Mirar hacia el futuro por encima de intereses particulares o de grupo y de dogmas o paradigmas.
El uso y demanda de electricidad irá en aumento al paso del tiempo. Cada vez más dispositivos de todo tipo en hogares, industria, servicios, entretenimiento, incluso autos y vehículos de transporte, operan y operarán con electricidad. Es menester que los proyectos relacionados con la energía alcancen un equilibrio tecnológico, económico, social y ambiental. Garantizar la disponibilidad de energía eléctrica es un asunto estratégico, de seguridad nacional, porque la energía, incluyendo la eléctrica, tiene un papel preponderante en el desarrollo económico y social de toda nación, y en consecuencia en el nivel de vida de la población. Es momento en el caso de México, que los actores del sector eléctrico dejen de lado el encono y encuentren la manera de fortalecer al mismo privilegiando el interés público. En otras palabras; una transición hacia un sector energético más confiable, eficiente, menos contaminante y con una orientación social-empresarial en beneficio de todos. Hacemos votos para que así sea.
Por Eduardo Olivares Pérez
Ph.D. Consultor