El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) destacó que los bonos de carbono son un mecanismo clave para reducir el impacto ambiental en México y combatir el cambio climático. En su análisis Ponencia IMEF 2024, se enfatizó la necesidad de fortalecer este mercado para promover la sostenibilidad.

Los bonos de carbono permiten transferir los ingresos derivados de emisiones a los reguladores, usualmente gobiernos, con asignaciones anuales basadas en objetivos de emisión nacionales o estatales. Según el IMEF, estos se comercializan en dos mercados principales: el mercado de cumplimiento y el mercado voluntario.

En México, el mercado voluntario de bonos de carbono opera desde 2013. Este esquema permite a las empresas compensar su huella de carbono al adquirir bonos, logrando que sus productos y servicios sean carbono neutral. Esto neutraliza el impacto ambiental de sus operaciones, lo que refuerza su compromiso con la sostenibilidad.

El análisis también resaltó avances tecnológicos clave que apoyan la transición hacia modelos más sostenibles, como la electrificación de vehículos, el uso de algas para capturar CO2, bioplásticos elaborados a partir de materiales vegetales, placas solares, bombillas LED y monedas virtuales verdes, entre otras innovaciones.

El IMEF subrayó que estos desarrollos, junto con el uso de bonos de carbono, son esenciales para impulsar un crecimiento económico sostenible, optimizar el uso del agua en las ciudades del futuro y emplear la inteligencia artificial como herramienta estratégica en la lucha contra el cambio climático.

Aprueban que Pemex y CFE vuelvan a ser empresas orientadas al servicio público y que la empresa eléctrica mantenga prevalencia sobre sus competidores privados

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma energética impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene como fin que tanto Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recuperen su carácter público.
Además, devuelve a la CFE su carácter de estratégica para que el Estado sea quien maneje y regule las actividades de producción, transmisión y comercialización de la electricidad, y del servicio de Internet.
Con la mayoría calificada de Morena y aliados, aprobaron las reformas al párrafo quinto del artículo 25, los párrafos, sexto, séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución, en materia de áreas y empresas estratégicas. En lo general, se aprobó con 353 votos a favor y 122 en contra; mientras que en lo particular esta reforma fue aprobada con mayoría calificada de 350 votos a favor, 111 en contra y una abstención. Por tanto, fue turnada al Senado para su análisis, debate y votación.
De acuerdo con la reforma, presentada por López Obrador el pasado 5 de febrero, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se le otorgará el dominio de la electricidad e internet, sobre las empresas privadas, ello al establecer que “las leyes determinarán la forma que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad accesibilidad del servicio de electricidad”.
Asimismo, modifica la naturaleza jurídica de las “Empresas Productivas del Estado” por “Empresas Públicas del Estado”, lo cual, de acuerdo con Morena, beneficiará a la CFE al eliminar las desventajas frente a las empresas privadas.

PROHIBEN CONCESIONES EN LITIO
De igual forma, las y los diputados avalaron incluir en la constitución que la generación de litio y el servicio de internet que provea el Estado de manera exclusiva, no constituirán monopolios.
Mientras que se advirtió que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional tendrán como objetivo “asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía”.
Además, prioriza el establecimiento de políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales.
Finalmente, deroga los artículos Transitorios por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución, en materia de energía, publicados el 20 de diciembre de 2013, es decir, la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto.
La reforma desató una discusión entre Morena y la oposición. Los diputados del partido mayoritario defendieron que esta reforma servirá para garantizar el suministro de electricidad a bajo costo hasta en las comunidades más pobres y alejadas del país, mientras el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano alegaron que el Estado mexicano no cuenta con la capacidad de hacer realidad todo esto y requieren de la iniciativa privada.

Quitan al Estado carga de
transición a energías verdes

Con una reserva aprobada, el pleno de la Cámara de Diputados quitó de la reforma sobre áreas y empresas estratégicas que el Estado sea el encargado de trabajar por la generación de energías limpias y renovables.
Durante la discusión en lo particular de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia de áreas y empresas estratégicas, la mayoría de los legisladores aprobó a mano alzada una reforma presentada por la diputada de Morena Ana Elizabeth Ayala Leyva, para eliminar del dictamen el siguiente párrafo, en el artículo 27 constitucional: “El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales”.
Mientras que en el artículo 28 fue suprimido de los objetivos de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, “asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor”.
Además, se precisó que los ferrocarriles, “tanto para transporte de pasajeros como de carga”, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Y en el apartado que refiere que el Estado otorgará concesiones o permisos, se agregó la palabra “asignaciones”.
Esta modificación violenta los convenios internacionales, como el Acuerdo de París; además, amputa la transición energética y están reduciendo al Estado su capacidad y obligación”, dijo el diputado Germán Martínez Cázares, del PAN, quien se manifestó en contra de la reserva.
Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, consideró que con dicha reserva “lo que se busca es quitarle la responsabilidad al Estado sobre el medio ambiente y la transición energética”.
Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, comentó que “el párrafo que se busca suprimir no venía en la iniciativa del Presidente de la República, sino que se incluyó posteriormente en la Comisión de Puntos Constitucionales, donde la mayoría lo defendió”.
En tanto, la morenista Dolores Padierna, vicepresidenta de la Mesa Directiva, aseveró que “borrar ese párrafo significa que tanto el Estado como los privados podrán llevar a cabo las inversiones para la importante tarea de la transición energética. Lo que se está cuidando es que el Estado conserva la rectoría”.
Por su parte, los legisladores morenistas defendieron que la eliminación del párrafo tiene el objetivo de que el gobierno no sea el único encargado de la transición energética, sino que esto también sea responsabilidad de las empresas privadas.
“Si no se modifica el Estado sería el único responsable de la transición energética, no sería posible porque no tiene la capacidad económica”, expresó Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena.

Los cambios constitucionales

Puntos para entender la nueva Reforma Energética

1- CFE y Pemex ya no serán “empresas productivas del Estado”.
Para empezar, según la iniciativa presentada en la Gaceta Parlamentaria del 5 de febrero de 2024, se propone modificar el quinto párrafo del artículo 25 para eliminar el concepto de “empresa productiva del Estado”, el cual se integró en su momento a la Constitución por recomendaciones de organismos internacionales financieros.
De esta manera, CFE y Pemex se considerarán “empresas públicas del Estado”, y según la propuesta, ya nada intervendrá en la obligación del gobierno de garantizar el servicio público de electricidad, pues se asegura que con el término anterior la CFE funcionaba como una organización que no se diferenciaba de una privada.
Igual se indica que con este cambio se evitará que las empresas públicas compitan en las mismas condiciones con las privadas, garantizándoles mayor importancia en el sector.

2- Empresas públicas y CFE no se guiarán por “mejores prácticas”.
También con la modificación al artículo 25 se propone eliminar la obligación de que las empresas públicas se guíen por el concepto de “mejores prácticas”, ya que éste se refiere, de acuerdo con la iniciativa, a un gobierno corporativo que se conforma por accionistas e inversionistas.

3- Participación de particulares en la industria eléctrica y la explotación del litio.
Igual se propone modificar el artículo 27, para que sean únicamente las leyes las que determinen la manera en que los particulares podrán participar en la industria eléctrica. Sí, según la iniciativa, se pretende que las leyes tengan como principal objetivo garantizar la justicia social.
Con este cambio se establecerá que no se otorgarán concesiones a empresas privadas para explotar el litio.

4- Empresas privadas no estarán por arriba de las públicas.
Igual con estas modificaciones al artículo 27, se quiere que las empresas particulares no tengan mayor importancia que las empresas públicas del Estado, que en el caso específico de la CFE es la continuidad y accesibilidad al servicio de electricidad.

5- Un nuevo objetivo para el sistema eléctrico.
Una de las principales modificaciones que se propone con la nueva Reforma Energética es al cuarto párrafo del artículo 28, pues se pretende agregar que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional tengan como principal objetivo preservar la seguridad, la autosuficiencia energética de México y proveer a la población de electricidad al menor precio posible, siempre a través de la empresa pública del Estado, CFE.
El responsable del sistema eléctrico nacional sería el Estado mexicano, lo cual deberá verse reflejado en la legislación secundaria.

6- El internet de CFE será un servicio público.
En este mismo cambio al artículo 28 de la Constitución, se propone que el servicio público de internet que presta CFE, de la misma forma que la electricidad, sea un servicio público que tenga como objetivo evitar que gran parte de la población, por razones económicas, carezca de él, ya que es “fundamental para la educación, la cultura, la economía y la información, por lo que debe agregarse un criterio constitucional con el cual el Estado garantice su desempeño”.
De esta manera, el internet, pero también el litio, serán consideradas áreas estratégicas, primordiales que no podrán ser clasificadas como monopolios.

Mayoría calificada
en el Senado

El Senado de la República aprobó la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, para modificar la naturaleza jurídica de las empresas del Estado en materia energética, proveer al pueblo de México de electricidad y servicios de Internet al menor precio posible.
La asamblea avaló el dictamen en lo general con 86 votos a favor de senadores de Morena, PVEM, PT y uno de Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN; 39 en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como una abstención de la senadora Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano.
En lo particular, senadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano presentaron reservas para modificar los tres artículos del dictamen, pero no fueron aceptadas por la asamblea y los artículos reservados fueron aprobados en sus términos con 86 votos a favor y 39 en contra.
De esta manera, la reforma alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aprobación, por lo que fue enviada a las legislaturas estatales para su consideración.
Con los cambios, se destaca en el dictamen, se elimina el concepto de “empresas productivas del Estado”, incorporado al texto constitucional por recomendaciones de organismos financieros internacionales, lo que desnaturalizó la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad y lo redujo a la mera obtención de utilidades.
Dicho concepto se reemplaza por el de “empresas públicas del Estado”, con lo que se devuelve a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad su carácter público para cumplir con su responsabilidad social.
La reforma establece que serán las leyes las que definirán cómo los actores privados podrán participar en la industria eléctrica, pero aclara que en ningún caso dichas actividades tendrán prioridad sobre la empresa pública del Estado, cuya misión principal es cumplir con su responsabilidad social y asegurar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad para toda la población.
Además, plantea que no se considerarán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en sectores estratégicos como el servicio de Internet que éste provea, así como la planificación y control del sistema eléctrico nacional.

El proyecto da pasos firmes para la recuperación de la soberanía energética del país, con lo que se revierten los cambios que se realizaron con la reforma energética de 2013, que lo único que pretendía era “desmantelar” a Pemex y CFE, para chatarrizarlas y entregarlas al mejor postor”
Laura Itzel Castillo Juárez
Senadora de Morena

La reforma representa una regresión en materia energética, ya que pretende “endosarle” a las y los mexicanos el déficit bajo el que operan Pemex y CFE; es decir que, se comprometerá el futuro de las siguientes generaciones, “bajo el argumento nacionalista de la soberanía energética”
Imelda Sanmiguel Sánchez
Senadora de Acción Nacional

Pemex y la CFE no tienen capacidad de generar los recursos necesarios para sostenerse sin colaboración de privados, por lo que mucho menos podrán sostener la soberanía energética que se busca promover”
Mely Romero Celis
Senadora del PRI

La reforma energética del 2013 dejó a ese sector debilitado, endeudado y a merced de intereses económicos, por lo que esta nueva enmienda permitirá corregir errores del pasado, impulsar todo el potencial de Pemex y la CFE”
Virgilio Mendoza Amezcua
Senador del PVEM

Descarto que la enmienda cierre la colaboración de la iniciativa privada para resolver el problema energético del país: las puertas, incluso, están abiertas para el capital extranjero”
Alberto Anaya Gutiérrez
Senador del PT

Es regresiva, contaminante y obsoleta, por omitir la transición a combustibles limpios; aunque la descarbonización de la energía tiene grandes desafíos y costos, es necesaria para contribuir a la salud pública”
Senador de Movimiento Ciudadano
Clemente Castañeda Hoeflich

Media Luna es el proyecto de oro más grande y se espera que en los primeros meses de 2025 arranque operaciones

México tendrá cuatro nuevas minas de oro activas en los próximos seis meses que producirán 306 mil 400 onzas anuales, y tres de plata de las que se obtendrán 10.6 millones de onzas de plata al año. Esto podría parecer una noticia positiva dado que los proyectos suman inversiones por mil 174.5 millones de dólares, pero la realidad es que la industria está tensa, ya que el arranque de todos estos podría colocar al sector de nuevo en la mira de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha manifestado la intención de prohibir la minería a cielo abierto.
“Cada una de las estimaciones de inversión y producción nos dan una idea de las dimensiones de estos nuevos proyectos tanto en términos económicos como en la generación de empleos, es fundamental destacar que todos estos proyectos ya contaban con la documentación de aprobación completa y listos para iniciar operaciones entre 2024 y 2025″, explicó Rubén del Pozo, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).
El proyecto más grande de extracción de oro es Media Luna, ubicado en Guerrero y a cargo de la minera canadiense Torex Gold Resources, que se espera arranque operaciones comerciales en los primeros meses de 2025 con una producción estimada de hasta 170 mil onzas de oro anuales.
Los otros tres proyectos, a cargo de las canadienses Minera Álamos, Endeavour Silver y Luca Mining, con sede en Vancouver, aportarán 136 mil 400 onzas de oro, que se espera permitan aumentar la producción anual, ya que en 2023 la minería mexicana registró una caída de 17.6 por ciento, que colocó al país en el noveno lugar a nivel mundial en la producción de oro con un 3.42 por ciento de participación.

En el caso de las minas de plata, el proyecto más importante que arrancará operaciones antes de que termine el primer trimestre de 2025 está a cargo de GoGold Silver Gold, la canadiense que operará el proyecto Los Ricos Sur, ubicado en Jalisco y de donde se esperan obtener 4.8 millones de onzas de plata por año.
A este proyecto se suman los de Endeavour Silver y otro en Sinaloa de GoGold Silver Gold, que arrancarán en los últimos meses de 2024 y que en conjunto se espera que produzcan 5.8 millones de toneladas de onzas de plata.
“Todos estos proyectos son una buena noticia, el problema es que ponen a la industria en la mira y eso genera mucha incertidumbre si consideramos que hemos tenido años muy complicados; primero con la entrega de permisos, luego con las reformas de 2023 a la Ley Minera y ahora con la latente amenaza de prohibir la minería a cielo abierto, que causaría un impacto negativo, incalculable”, dijo Raúl García Reimbert, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.

RETOMARÁN DISCUSIÓN EN 2025
Aunque la reforma para prohibir la minería a cielo abierto no está entre las prioridades del Congreso, y por tanto no se tiene prevista su discusión en lo que resta del año, se espera que para 2025 se retome esta discusión con un discurso recrudecido por la apertura de los siete proyectos mineros de oro y plata, y de cuatro proyectos mineros de cobre que también iniciarán operaciones en los próximos seis meses, uno de ellos perteneciente a Grupo México, la minera de Germán Larrea.
“Nosotros ya estamos buscando acercamiento con la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer un diálogo que nos permita ofrecer una visión técnica de la relevancia que tiene la minería a cielo abierto para alcanzar los objetivos de transición energética de las empresas y del propio gobierno, que ya hemos visto que tiene metas muy ambiciosas”, añadió García Reimbert.
La actividad minera a cielo abierto es relevante para el país debido a que 60 por ciento de la producción proviene de esta técnica extractiva, de tal manera que la prohibición compromete más de 30 mil millones de pesos en diversas aportaciones fiscales para el erario, así como una posible contracción económica por 250 mil millones de pesos anuales (-1 por ciento del PIB), según estima la Cámara Minera de México.
“Suspender la minería a cielo abierto causaría un impacto negativo, el principal es que acabaría con más de 400 mil empleos directos y más de 2.5 millones de indirectos, afectando irremediablemente la economía de las comunidades mineras, en donde nuestra industria, muchas veces es la única fuente de empleo”, señaló Rubén del Pozo.
Ante este panorama, esperan que la decisión en el Congreso y de la presidenta Sheinbaum sea fundada en la ciencia para que poco a poco se resuelvan las diferencias entre la industria y el gobierno.

Nuevas minas

Los proyectos suman inversiones por mil 174.5 millones de dólares

-El proyecto más grande de extracción de oro es Media Luna, ubicado en Guerrero y a cargo de la minera canadiense Torex Gold Resources, que se espera arranque operaciones comerciales en los primeros meses de 2025 con una producción estimada de hasta 170 mil onzas de oro anuales.
– Los otros tres proyectos, a cargo de las canadienses Minera Álamos, Endeavour Silver y Luca Mining, con sede en Vancouver, aportarán 136 mil 400 onzas de oro.
– En el caso de las minas de plata, el proyecto más importante que arrancará operaciones antes de que termine el primer trimestre de 2025 está a cargo de GoGold Silver Gold, la canadiense que operará el proyecto Los Ricos Sur, ubicado en Jalisco y de donde se esperan obtener 4.8 millones de onzas de plata por año.
– A este proyecto se suman los de Endeavour Silver y otro en Sinaloa de GoGold Silver Gold, que arrancarán en los últimos meses de 2024 y que en conjunto se espera que produzcan 5.8 millones de toneladas de onzas de plata.

Reafirman su apoyo con
México y nuevo Gobierno

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), a través de su líder nacional, Rubén del Pozo Mendoza, reafirmó su compromiso de trabajar de la mano con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para promover el crecimiento económico del país.
“Los especialistas en áreas vinculados con las Ciencias de la Tierra, asociados a la AIMMGM, reafirmamos nuestro compromiso de aportar experiencia y conocimiento para seguir practicando una minería comprometida con el cuidado y preservación del medio ambiente bajo estrictos controles de seguridad y salud en el trabajo”, expresó en conferencia Del Pozo Mendoza.
El dirigente subrayó que la industria minera es fundamental para la economía de México, generando bienestar para más de 690 comunidades y alrededor de 3 millones de familias que dependen directa e indirectamente de esta actividad. Además, resaltó que la minería es el primer eslabón de más de 70 sectores productivos en el país.
“En coordinación con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Causabón, y de la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, podremos seguir contribuyendo en la construcción de un México más próspero e incluyente que tenga como base el desarrollo sostenible de la industria minero-metalúrgica que mantiene posicionado a México como líder mundial de plata y entre los primeros lugares en la producción de 16 minerales más”, detalló Del Pozo.
Asimismo, la AIMMGM reafirmó su intención de seguir promoviendo la investigación y adopción de nuevas tecnologías, con el fin de mejorar la eficiencia de la industria y reducir su impacto ambiental.
“Confiamos en un diálogo abierto y constructivo con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no sólo para abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector minero sino también el papel de la industria en el marco de una visión integral de país”, concluyó.