Proyecto australiano captura CO2 y lo convierte en turbosina apunta a cambiar la forma en que vuela la aviación comercial en las próximas décadas. En lugar de ver las chimeneas industriales como un problema eterno, científicos y empresas en Australia empiezan a tratarlas como minas de carbono para fabricar combustible de avión con una huella mucho más baja.

Cómo un proyecto convierte humo en combustible

El Proyecto australiano captura CO2 y lo convierte en turbosina tiene uno de sus núcleos en la RMIT University, donde un grupo de investigadores diseñó un sistema que captura bióxido de carbono (CO2) directamente de gases de escape y lo transforma en compuestos que la industria ya utiliza para producir combustibles líquidos. En vez de separar la captura y la conversión en varias etapas lentas y costosas, el reactor de RMIT comprime el proceso en un solo paso, lo que recorta consumo energético y elimina la necesidad de corrientes de CO2 ultra puras.

Esta apuesta no entrega turbosina lista para usar, pero sí alimenta cadenas de valor conocidas: a partir de esos bloques químicos, procesos como la síntesis Fischer‑Tropsch pueden producir turbosina sostenible (SAF) con características similares al combustible fósil, pero con un ciclo de carbono mucho más contenido. La idea es instalar módulos compactos cerca de plantas industriales, refinerías o complejos energéticos, donde hoy el CO2 sale sin freno a la atmósfera, y “enganchar” una parte de esas emisiones para transformarlas en insumos de alto valor que regresan a la economía.

UNSW y la ruta del e‑SAF

Mientras RMIT exprime los gases industriales, la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW) trabaja sobre otro frente igual de ambicioso: un electrolizador que toma CO2, agua y electricidad renovable para generar moléculas que sirven de base a combustibles sintéticos. Este sistema se conecta también a la vía de Fischer‑Tropsch, pero suma una pieza decisiva para el futuro: el hidrógeno verde como compañero del carbono capturado.

El Proyecto australiano captura CO2 y lo convierte en turbosina, visto desde UNSW, se apoya en este tipo de celdas electroquímicas que permiten “empaquetar” energía solar o eólica dentro de combustibles líquidos. De ahí surge el e‑SAF, un combustible de aviación sintético que copia el desempeño de la turbosina convencional, pero con un origen distinto: aire, agua limpios. Para la aviación de largo alcance, donde la electrificación plena luce lejana, este tipo de combustible aparece como una de las pocas salidas realistas para recortar emisiones manteniendo vuelos de largas distancias.

El papel de la agencia CSIRO y la industria

Ninguno de estos desarrollos avanza solo. La agencia australiana CSIRO armó una hoja de ruta específica de combustibles de aviación que ordena tecnologías, escalas y materias primas: biomasa, residuos urbanos, aceites usados, hidrógeno verde y CO2 capturado. Con esa cartografía técnica, el país busca levantar una industria propia de SAF y no depender por completo de importaciones en un mercado que se va a tensar a medida que más aerolíneas busquen alternativas.

El documento de CSIRO perfila escenarios en los que Australia combina plantas basadas en residuos agrícolas con unidades que usan CO2 de fuentes industriales o captura directa de aire. El resultado no es sólo un combustible más limpio: también un nuevo uso para infraestructuras existentes, desde oleoductos hasta terminales de almacenamiento, que podrían reconvertirse para mover productos sintéticos con menor huella.

Un cambio de mentalidad para la aviación

Detrás de estos proyectos late un problema tozudo: la aviación emite mucho y tiene pocas salidas tecnológicas maduras para vuelos intercontinentales. Los prototipos eléctricos o de hidrógeno siguen lejos de cubrir rutas de 10 o 15 horas, así que el combustible líquido sigue en el centro del tablero. En ese contexto, convertir el CO2 en materia prima deja de sonar a truco de laboratorio y se vuelve una jugada pragmática para un país que ya siente la presión climática y, al mismo tiempo, busca blindar su seguridad energética.

El giro es cultural y económico: el carbono deja de ser sólo un residuo que se esconde bajo tierra y se convierte en material de trabajo para una generación de ingenieros que ensamblan reactores compactos junto a chimeneas y aeropuertos. Falta ver hasta dónde llegan estos pilotos, cuánto cuestan y qué tan rápido pueden escalar, pero la dirección está trazada y ya mueve inversiones, alianzas con fabricantes de aviones y nuevos marcos regulatorios en Australia y fuera de ella.

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La SCJN no debatirá restricción de amparos en materia ambiental es el giro que tomó el Pleno al desechar, por mayoría de siete votos contra dos, el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa que pretendía fijar un criterio para limitar la intervención de asociaciones civiles en juicios de amparo por violaciones al derecho a un medio ambiente sano. La decisión se tomó al resolver una contradicción de criterios entre tribunales colegiados, pero la mayoría consideró que no existía tal choque real de interpretaciones, por lo que el asunto se cerró sin avalar el nuevo estándar restrictivo.​

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió la advertencia de organizaciones y especialistas de que el proyecto implicaba un retroceso en el reconocimiento del interés legítimo para la defensa de derechos colectivos, particularmente en materia ambiental. En los hechos, el fallo mantiene el marco actual, en el que las asociaciones pueden acudir al amparo para cuestionar políticas públicas, concesiones o proyectos que afecten ecosistemas, incluso cuando el daño no se limita a personas individualmente identificables.​

Qué intentaba cambiar el proyecto

El proyecto buscaba establecer que el objeto social de una organización, por sí solo, no bastaba para acreditar interés legítimo en un juicio de amparo ambiental, exigiendo demostrar una afectación real y específica desde la etapa inicial del proceso. Bajo esa lectura, una parte importante de los litigios promovidos por colectivos ambientales habría quedado en riesgo al elevarse el umbral probatorio y reducir el margen para defender bienes difusos como el aire, el agua o los bosques.​

En la narrativa del caso, la SCJN no debatirá restricción de amparos en materia ambiental se traduce en que la Corte decidió no convertir este criterio en regla general para todos los tribunales del país. La mayoría de ministras y ministros optó por frenar la redefinición de la figura del interés legítimo, que en los últimos años se ha consolidado como herramienta clave para que organizaciones representen a comunidades y territorios en riesgo.​

Greenpeace, detonante del caso y símbolo del resultado

El asunto llegó a la Corte a partir de una denuncia de Greenpeace, que en 2021 señaló una contradicción entre tribunales sobre la posibilidad de que una persona moral acreditara interés legítimo con base en su objeto social para promover amparos en defensa del medio ambiente. Un tribunal reconoció esa legitimación, mientras otro la negó, lo que abrió la puerta a que el máximo tribunal revisara el tema y, eventualmente, fijara un criterio obligatorio.​

Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos habían advertido que, si se aprobaba el proyecto, se cerraría la puerta a numerosos casos estratégicos que buscan detener megaproyectos, actividades extractivas o decisiones gubernamentales con fuertes impactos socioambientales. Tras el fallo, colectivos subrayan que se preserva la posibilidad de seguir utilizando el amparo como vía para exigir la protección del derecho a un medio ambiente sano en contextos de crisis climática y conflictos territoriales crecientes.​

Cómo queda la legislación

Aunque la SCJN no debatirá restricción de amparos en materia ambiental en este caso, el tema del interés legítimo seguirá en el centro de la agenda judicial, especialmente después de reformas recientes a la Ley de Amparo que ya han sido cuestionadas por su impacto en causas colectivas. La decisión deja en claro que, por ahora, el máximo tribunal no avalará criterios que restrinjan la legitimación de asociaciones para defender el ambiente, pero también muestra que existe una corriente interna que busca acotar la expansión del litigio estratégico.​

Para comunidades y organizaciones, el mensaje es doble: se mantiene el espacio para acudir a los tribunales, pero la disputa por los alcances del interés legítimo está lejos de terminar. En los próximos meses, nuevos casos en materia ambiental, energética e infraestructura pondrán nuevamente a prueba hasta dónde puede llegar el amparo como herramienta de control frente a decisiones estatales y corporativas que afectan bienes comunes.​

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La Cámara de Diputados avaló en lo particular un paquete de 18 reservas al dictamen de la Ley General de Aguas, así como a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN). Estas modificaciones fueron impulsadas por Morena, PT y PVEM con el propósito de atender las inquietudes de los grupos campesinos que han manifestado su rechazo a la nueva normativa.

El dictamen aprobado incorpora ajustes relacionados con los derechos sucesorios del agua, la regularización de pozos de libre alumbramiento y el reconocimiento de los sistemas comunitarios de administración del recurso. También amplía los plazos para solicitar prórrogas de concesiones.

¿Por qué se presentaron nuevas modificaciones al dictamen?

El debate se prolongó durante varias horas y generó tensiones entre legisladores de la mayoría y de la oposición. Durante la votación en lo particular, se incorporó el paquete de reservas impulsado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, que se suma a las 50 modificaciones introducidas al proyecto original desde el viernes anterior.

Los ajustes buscan aclarar interpretaciones polémicas sobre el alcance del dictamen. Entre las preocupaciones expresadas por diversos sectores estaban la posible retroactividad de la ley, el riesgo de despojo de recursos hídricos y las reglas para heredar concesiones. Las reservas pretenden establecer procedimientos más expeditos y precisos para la reasignación de volúmenes de agua.

¿Qué cambia en los derechos de sucesión y transmisión del agua?

El artículo 22 de la LAN establece que los derechos de una concesión no pueden transmitirse. Con la nueva redacción, se aclara que los derechos preferentes derivados de transmisión de propiedad, fusiones, escisiones y sucesiones deberán reasignarse conforme al artículo 37 Bis 1.

La Comisión Nacional del Agua deberá resolver estos trámites mediante procedimientos expeditos en un plazo máximo de 20 días hábiles. También se precisa que la autoridad “reasignará” los volúmenes, lo que implica la obligatoriedad del acto administrativo.

¿Qué cambia en los derechos de sucesión y transmisión del agua?

¿Cuáles son los cambios en los plazos y tipos de uso del agua?

El artículo 24 amplía el periodo para solicitar la prórroga de concesiones: ahora podrá tramitarse desde tres años antes de su vencimiento y hasta seis meses previos, en lugar de los dos años establecidos inicialmente.

Además, se añade que las actividades acuícolas se considerarán dentro de los usos que no implican cambio de uso del agua, junto con las actividades agrícolas y pecuarias.

¿Qué sanciones nuevas se contemplan en el dictamen?

El artículo 123 Bis 3 incrementa las penas de prisión para quienes trasladen aguas nacionales con fines de lucro. Se pasa de un rango de tres a cinco meses, y de seis a ocho meses si el volumen supera los 50 mil litros.

Otro ajuste relevante se encuentra en el artículo 123 Bis 5, que eleva las penas para servidores públicos que otorguen concesiones o prórrogas a cambio de sobornos. Las sanciones aumentan de un máximo de ocho años a hasta 14 años de prisión.

¿Cómo se regulan los pozos de libre alumbramiento y los sistemas comunitarios?

El artículo quinto transitorio establece que en los lineamientos para regularizar pozos de libre alumbramiento se deberá evitar el acaparamiento del recurso.

En el artículo 4 se precisa que cualquier disminución o cancelación de volúmenes concesionados deberá realizarse con valoración técnica y notificación oportuna a las personas usuarias.

La Ley General de Aguas incorpora un reconocimiento explícito a los sistemas comunitarios de agua y saneamiento administrados por pueblos indígenas y afromexicanos, los cuales se sujetarán a la ley reglamentaria del artículo 2º constitucional.

¿Por qué la oposición cuestionó el proceso legislativo?

El PRI y el PAN señalaron que las reservas no solucionan los problemas que señalan resolver. Argumentaron que algunas modificaciones benefician más a grandes corporaciones que a pequeños usuarios y cuestionaron la falta de consultas a los pueblos indígenas.

La mayoría parlamentaria respondió que las críticas se basan en información imprecisa y afirmó que el dictamen no afecta los derechos de los productores. Destacó que ya se realizaron ejercicios de consulta en 2019 durante la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

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