Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó públicamente que la zona restaurada del Lago de Texcoco ha registrado el retorno de más de 500 especies de fauna y flora, un dato que la mandataria presentó como prueba de que la decisión de no construir ahí el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) fue acertada. La declaración se dio durante su conferencia matutina de este mes, en la que la presidenta insistió en que el terreno funciona como un vaso regulador esencial para el Valle de México.

Entre los grupos identificados en el polígono figuran aves migratorias, mamíferos, reptiles, anfibios e insectos que hoy encuentran en los humedales rehabilitados condiciones de alimentación, refugio y reproducción. La mandataria explicó que, de haberse construido la terminal aérea en ese predio, habría sido necesario drenar de forma permanente el agua que hoy se acumula en la zona, un proceso que —según señaló— habría resultado extremadamente costoso y técnicamente complicado por el hundimiento del suelo asociado a la extracción de agua de pozos cercanos.

El argumento detrás de la cancelación del aeropuerto

Sheinbaum recordó que Texcoco actúa como un espacio de captación natural de las lluvias que recibe el Valle de México, por lo que instalar ahí un aeropuerto habría implicado un bombeo constante del agua acumulada, sin que existiera claridad sobre el destino final de ese líquido. La presidenta advirtió, además, que la desaparición de los cuerpos de agua habría afectado directamente a las aves migratorias que utilizan el sitio como punto de descanso y alimentación en su ruta entre Norteamérica y Sudamérica. Bajo su administración se evalúa incluso la construcción de puentes peatonales que conecten al municipio de Nezahualcóyotl con el parque, para facilitar el acceso de los visitantes.

Restauración hídrica: la base del regreso de la fauna

El Parque Ecológico Lago de Texcoco forma parte de un proyecto de recuperación hídrica y ambiental de más de 14 mil hectáreas, encabezado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el gobierno federal. El plan ha priorizado la reconducción de ríos, la captación de agua de lluvia y la revegetación con especies halófitas nativas, acciones que en conjunto permitieron consolidar miles de hectáreas de cuerpos de agua y humedales donde antes solo había suelo salitroso y abandono.

Ese proceso de rehabilitación es, de acuerdo con especialistas citados en reportes previos sobre el proyecto, el factor que explica el repunte sostenido en el número de especies registradas: de las poco más de 350 especies de fauna documentadas en reportes de finales de 2025, el conteo superó ya las 500 en la más reciente actualización difundida por la presidenta.

Reconocimientos y marco legal de protección

La zona cuenta con un esquema de conservación formal desde marzo de 2022, cuando se le decretó como Área de Protección de Recursos Naturales Lago de Texcoco, figura que obliga a un monitoreo permanente de flora y fauna, regula el uso de suelo dentro del polígono y contempla programas de educación ambiental para las comunidades vecinas.

A ese marco se sumó, en febrero de 2025, un reconocimiento internacional: la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró al Lago de Texcoco como su primer Sitio Demostrativo de Ecohidrología en México, distinción que forma parte de una red de 63 sitios en el mundo. El nombramiento, entregado durante el Día Mundial de los Humedales, reconoce específicamente las soluciones basadas en la naturaleza que el proyecto ha implementado para tratar el agua a través de humedales, generar conocimiento sobre el comportamiento hídrico de la cuenca y revitalizar el patrimonio histórico del antiguo sistema lacustre del Valle de México.

Un ecosistema en expansión

Reportes periodísticos previos ya habían documentado hitos como la llegada, por primera vez, de una familia de flamencos rosados al lago Nabor Carrillo, dentro del propio parque ecológico, así como la presencia creciente de garzas, patos mexicanos y decenas de miles de aves que migran cada invierno desde Canadá hasta Sudamérica. Entre las especies de mayor relevancia para la conservación destacan el ajolote, en peligro crítico de extinción, y el pez de aleta partida de Chapultepec, ambos endémicos de las cuencas del centro de México.

Para la administración federal, el salto de 370 a más de 500 especies registradas en apenas unos meses refuerza el argumento de que la restauración del vaso lacustre, y no su urbanización, era la opción con mayor beneficio ambiental y social para los más de 12 millones de habitantes del Valle de México que dependen, directa o indirectamente, de la regulación hídrica que ofrece la zona.

Un caso promovido por comunidades mayas de Campeche podría marcar un precedente inédito en el sistema jurídico mexicano: que una especie animal, la abeja melipona, sea reconocida como sujeto de derechos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el expediente para analizarlo a fondo, en una discusión que combina protección ambiental, identidad indígena y crisis ecológica.

El origen del litigio en Hopelchén

El expediente que ahora estudia el máximo tribunal del país nació en Hopelchén, un municipio de Campeche donde la apicultura tradicional maya es, desde hace durante generaciones, parte central de la economía y la vida comunitaria. Habitantes de la región presentaron un amparo con el que buscan que se reconozca a la abeja melipona como titular de derechos propios, no solo como un recurso natural a proteger.

La SCJN resolvió atraer el caso, identificado como amparo en revisión 790/2025, luego de una votación en el Pleno que resultó ampliamente favorable a analizarlo: ocho ministros respaldaron la decisión frente a un solo voto en contra. La propuesta de atracción la impulsó el propio ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz junto con el ministro Irving Espinosa Betanzo, quienes consideraron que el tema reviste importancia y trascendencia suficientes para que lo resuelva directamente por la Corte.

Detrás del litigio hay una preocupación muy concreta: la disminución de las poblaciones de abejas melipona en la zona, atribuida por las comunidades al avance de la actividad agroindustrial y al uso de agroquímicos, lo que habría derivado en muertes masivas de estos insectos y en un deterioro de la apicultura ancestral maya. Para los promoventes, defender a la abeja es, al mismo tiempo, defender su territorio, su cultura y su forma de sustento económico.

Qué implicaría declarar a las abejas sujetos de derechos

Convertir a un animal en sujeto de derechos es un concepto que va más allá de las leyes de protección ambiental convencionales. En términos prácticos, significaría que la abeja melipona podría ser considerada titular de intereses que el derecho protege de manera directa, y que esos intereses podrían defenderse ante los tribunales a través de representantes: las propias comunidades que históricamente cuidan estas colonias.

De prosperar este criterio, cualquier afectación a las abejas —ya sea por fumigaciones, deforestación o contaminación— podría dar pie a acciones legales presentadas en su nombre, con el objetivo de exigir medidas de protección, reparación del daño e incluso garantías de que la afectación no vuelva a repetirse.

El ministro Irving Espinosa explicó que uno de los puntos centrales que la Corte deberá estudiar es si las comunidades indígenas pueden asumirse jurídicamente como “guardianas de la naturaleza”, con capacidad para acudir a juicio en representación de las abejas, y si esto obliga a elevar las exigencias hacia el Estado frente a la crisis ecológica que enfrenta la región. Por su parte, el ministro Arístides Guerrero destacó el vínculo profundo que existe entre la abeja melipona y la identidad económica y cultural de los pueblos mayas de Hopelchén, lo que —señaló— abre la puerta a que la Corte diseñe un criterio que proteja a la especie a partir de la protección integral de los pueblos indígenas que conviven con ella.

El vacío legal frente a otras experiencias internacionales

Actualmente, la protección de las abejas en México recae en un conjunto disperso de normas ambientales, sanitarias y leyes apícolas tanto federales como estatales, pero ninguna de ellas les otorga el estatus de sujetos de derechos. En años recientes se han impulsado propuestas de una Ley Federal Apícola, además de legislaciones locales orientadas a regular la apicultura, controlar plagas, limitar el uso de agroquímicos y conservar los hábitats de los polinizadores.

Algunas entidades ya avanzan en esa dirección desde el ámbito administrativo. En el Estado de México, por ejemplo, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Probosque) adelantó que impulsará una iniciativa orientada a proteger a los polinizadores mediante la conservación de hábitats y corredores ecológicos.

Sin embargo, dar el salto hacia la figura de “sujeto de derechos” ubicaría a las abejas en una categoría jurídica distinta, similar a la que han obtenido ríos, bosques y otros ecosistemas en distintos países que ya les han reconocido personalidad jurídica propia como mecanismo de protección. Ese tipo de precedentes ha ido ganando terreno en años recientes dentro de lo que se conoce como la corriente de los derechos de la naturaleza.

Un precedente que podría trascender a Hopelchén

Si la Suprema Corte finalmente reconoce a la abeja melipona como sujeto de derechos, el criterio resultante podría convertirse en referencia para casos similares vinculados a otros polinizadores o especies clave, particularmente en contextos indígenas y comunitarios donde la relación entre territorio, cultura y biodiversidad es igual de estrecha.

La resolución también podría tener efectos prácticos sobre la actuación del Estado: autoridades federales y estatales podrían verse obligadas a ajustar sus políticas agrícolas, ambientales y de regulación de agroquímicos en las regiones donde la apicultura sostiene a comunidades enteras.

Los derechos de la naturaleza en América Latina

El caso se inserta en una tendencia más amplia que ha cobrado fuerza en distintos países de la región: la constitucionalización de los derechos de la naturaleza y las corrientes eco-centristas, que buscan superar la visión del medio ambiente como simple recurso explotable. En México, el debate es incipiente y se desarrolla sobre todo en el terreno académico y en algunas constituciones locales, por lo que una resolución de la SCJN en este sentido representaría un salto significativo hacia la consolidación de este enfoque a nivel nacional.

Para las comunidades mayas de Campeche, un fallo favorable no sería solo un triunfo simbólico: significaría el reconocimiento jurídico de su papel como guardianas de la abeja melipona y un respaldo formal a la defensa de sus modos de vida tradicionales, en un momento en que la crisis ecológica pone en riesgo tanto a los polinizadores como a las culturas que dependen de ellos.

Santa Catarina Juquila, Oaxaca. La Asamblea de Pueblo de Santa Catarina Juquila, la máxima autoridad de esta comunidad indígena del centro-sur de Oaxaca, resolvió por mayoría de votos suspender la venta de productos de Grupo Bimbo —en particular de las marcas Barcel y Marinela— en todos los comercios del municipio. La medida busca frenar la acumulación de basura de empaques y de plásticos de un solo uso que, según los propios habitantes, ha rebasado la capacidad del municipio para recolectarla y procesarla.

Un acuerdo colectivo, no una orden de gobierno

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la decisión no partió del ayuntamiento sino de la asamblea comunitaria, entendida en la región como la instancia de gobierno más alta y vinculante. El cabildo se limitó después a ratificar de manera oficial lo que la asamblea ya había votado. Entre los productos alcanzados por la prohibición están las botanas y frituras saladas de Barcel, así como los pastelitos y la repostería industrializada de Marinela, junto con otras líneas de ultraprocesados del corporativo.

La prohibición no llega sola: forma parte de un paquete de disposiciones ambientales conocido como “Bando de Buen Gobierno”, que fija obligaciones tanto para los comerciantes como para las familias del municipio en materia de manejo de residuos.

El argumento de fondo: quién paga la basura

El razonamiento que sostiene la comunidad es económico y ambiental a la vez. Los pobladores argumentan que las grandes marcas de alimentos ultraprocesados obtienen la ganancia de sus ventas, mientras que es el municipio —con recursos limitados— el que carga con el costo de recoger, transportar y disponer los empaques que esos productos dejan atrás. El basurero local, señalan, ya no da abasto, y la limpieza de calles se ha encarecido de forma notable.

Este planteamiento conecta con un debate más amplio que ha ganado fuerza en México y otros países: el de la llamada responsabilidad extendida del productor, es decir, la idea de que las empresas que fabrican envases de difícil reciclaje también deberían asumir parte del costo de gestionarlos, y no solo los gobiernos locales o los consumidores.

Reglas nuevas para comercios y familias

El Bando de Buen Gobierno no se limita al veto comercial. También prohíbe a los negocios entregar bolsas de plástico, por lo que los clientes deberán acudir a comprar con tópers, bolsas de tela u otros recipientes reutilizables. Se exige además la separación obligatoria de residuos y la instalación de botes de basura en los comercios, con sanciones para quienes incumplan.

A partir de agosto, de acuerdo con lo estipulado por la comunidad, el ayuntamiento condicionará el servicio de recolección: no se levantará basura que no esté separada ni entregada en bolsas transparentes. Las familias, por su parte, quedan obligadas a mantener limpio el frente de sus viviendas como parte de las responsabilidades colectivas que impone el bando.

El peso de ser santuario: la Ruta de la Fe

Buena parte de la presión sobre el sistema de basura de Juquila tiene un origen muy particular: el municipio alberga el santuario de la Virgen de Juquila, uno de los puntos de peregrinación más concurridos del país y parte de la llamada “Ruta de la Fe”. Se calcula que cerca de 1.5 millones de personas visitan el santuario cada año, un flujo de peregrinos, comercio ambulante y transporte que multiplica el volumen de empaques y envases desechados, muchos de ellos productos ultraprocesados vendidos por cadenas de gran escala.

La comunidad sostiene que la infraestructura de recolección y disposición de basura con la que cuenta el municipio no está diseñada para absorber una cantidad de residuos propia de una ciudad mucho mayor, lo que agrava la saturación del basurero y afecta la limpieza del entorno. El veto a Bimbo y Barcel se presenta así como un intento de recuperar cierto control sobre ese modelo de consumo y sus costos ambientales.

El respaldo legal: libre determinación indígena

La decisión se apoya en un marco jurídico específico: el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, reconocido en el artículo 2° de la Constitución mexicana, y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege la facultad de estos pueblos para decidir sus propias formas de organización y gobierno interno. Bajo ese marco, la Asamblea de Pueblo se asume con autoridad suficiente para regular el comercio, el manejo de residuos y la protección del territorio dentro de su jurisdicción.

El caso de Juquila no es un hecho aislado en Oaxaca. El estado ya había marcado precedente en 2020, cuando su Congreso local aprobó una reforma que prohíbe la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad, medida que en su momento fue calificada como histórica por organismos como Unicef y la ONU. A ese antecedente se suman acuerdos comunitarios en otras localidades oaxaqueñas, como Villa Hidalgo Yalalag, donde también se ha restringido el ingreso de distribuidores de productos industrializados.

Comercio local y alternativas

El veto abre preguntas que apenas comienzan a discutirse en la región. Las tienditas y comercios de abarrotes de Juquila dependen en buena medida de productos de alta rotación como las botanas y los pastelitos de Bimbo, por lo que la medida obliga a buscar sustitutos: pan tradicional, botanas artesanales y productos frescos de producción local podrían ocupar ese espacio en los próximos meses. El caso, en cualquier caso, ya se integra a una conversación nacional más amplia sobre la regulación de los alimentos ultraprocesados y sobre quién debe cargar con el costo ambiental del modelo de consumo actual.