La SCJN no debatirá restricción de amparos en materia ambiental es el giro que tomó el Pleno al desechar, por mayoría de siete votos contra dos, el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa que pretendía fijar un criterio para limitar la intervención de asociaciones civiles en juicios de amparo por violaciones al derecho a un medio ambiente sano. La decisión se tomó al resolver una contradicción de criterios entre tribunales colegiados, pero la mayoría consideró que no existía tal choque real de interpretaciones, por lo que el asunto se cerró sin avalar el nuevo estándar restrictivo.​

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió la advertencia de organizaciones y especialistas de que el proyecto implicaba un retroceso en el reconocimiento del interés legítimo para la defensa de derechos colectivos, particularmente en materia ambiental. En los hechos, el fallo mantiene el marco actual, en el que las asociaciones pueden acudir al amparo para cuestionar políticas públicas, concesiones o proyectos que afecten ecosistemas, incluso cuando el daño no se limita a personas individualmente identificables.​

Qué intentaba cambiar el proyecto

El proyecto buscaba establecer que el objeto social de una organización, por sí solo, no bastaba para acreditar interés legítimo en un juicio de amparo ambiental, exigiendo demostrar una afectación real y específica desde la etapa inicial del proceso. Bajo esa lectura, una parte importante de los litigios promovidos por colectivos ambientales habría quedado en riesgo al elevarse el umbral probatorio y reducir el margen para defender bienes difusos como el aire, el agua o los bosques.​

En la narrativa del caso, la SCJN no debatirá restricción de amparos en materia ambiental se traduce en que la Corte decidió no convertir este criterio en regla general para todos los tribunales del país. La mayoría de ministras y ministros optó por frenar la redefinición de la figura del interés legítimo, que en los últimos años se ha consolidado como herramienta clave para que organizaciones representen a comunidades y territorios en riesgo.​

Greenpeace, detonante del caso y símbolo del resultado

El asunto llegó a la Corte a partir de una denuncia de Greenpeace, que en 2021 señaló una contradicción entre tribunales sobre la posibilidad de que una persona moral acreditara interés legítimo con base en su objeto social para promover amparos en defensa del medio ambiente. Un tribunal reconoció esa legitimación, mientras otro la negó, lo que abrió la puerta a que el máximo tribunal revisara el tema y, eventualmente, fijara un criterio obligatorio.​

Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos habían advertido que, si se aprobaba el proyecto, se cerraría la puerta a numerosos casos estratégicos que buscan detener megaproyectos, actividades extractivas o decisiones gubernamentales con fuertes impactos socioambientales. Tras el fallo, colectivos subrayan que se preserva la posibilidad de seguir utilizando el amparo como vía para exigir la protección del derecho a un medio ambiente sano en contextos de crisis climática y conflictos territoriales crecientes.​

Cómo queda la legislación

Aunque la SCJN no debatirá restricción de amparos en materia ambiental en este caso, el tema del interés legítimo seguirá en el centro de la agenda judicial, especialmente después de reformas recientes a la Ley de Amparo que ya han sido cuestionadas por su impacto en causas colectivas. La decisión deja en claro que, por ahora, el máximo tribunal no avalará criterios que restrinjan la legitimación de asociaciones para defender el ambiente, pero también muestra que existe una corriente interna que busca acotar la expansión del litigio estratégico.​

Para comunidades y organizaciones, el mensaje es doble: se mantiene el espacio para acudir a los tribunales, pero la disputa por los alcances del interés legítimo está lejos de terminar. En los próximos meses, nuevos casos en materia ambiental, energética e infraestructura pondrán nuevamente a prueba hasta dónde puede llegar el amparo como herramienta de control frente a decisiones estatales y corporativas que afectan bienes comunes.​

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La Cámara de Diputados avaló en lo particular un paquete de 18 reservas al dictamen de la Ley General de Aguas, así como a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN). Estas modificaciones fueron impulsadas por Morena, PT y PVEM con el propósito de atender las inquietudes de los grupos campesinos que han manifestado su rechazo a la nueva normativa.

El dictamen aprobado incorpora ajustes relacionados con los derechos sucesorios del agua, la regularización de pozos de libre alumbramiento y el reconocimiento de los sistemas comunitarios de administración del recurso. También amplía los plazos para solicitar prórrogas de concesiones.

¿Por qué se presentaron nuevas modificaciones al dictamen?

El debate se prolongó durante varias horas y generó tensiones entre legisladores de la mayoría y de la oposición. Durante la votación en lo particular, se incorporó el paquete de reservas impulsado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, que se suma a las 50 modificaciones introducidas al proyecto original desde el viernes anterior.

Los ajustes buscan aclarar interpretaciones polémicas sobre el alcance del dictamen. Entre las preocupaciones expresadas por diversos sectores estaban la posible retroactividad de la ley, el riesgo de despojo de recursos hídricos y las reglas para heredar concesiones. Las reservas pretenden establecer procedimientos más expeditos y precisos para la reasignación de volúmenes de agua.

¿Qué cambia en los derechos de sucesión y transmisión del agua?

El artículo 22 de la LAN establece que los derechos de una concesión no pueden transmitirse. Con la nueva redacción, se aclara que los derechos preferentes derivados de transmisión de propiedad, fusiones, escisiones y sucesiones deberán reasignarse conforme al artículo 37 Bis 1.

La Comisión Nacional del Agua deberá resolver estos trámites mediante procedimientos expeditos en un plazo máximo de 20 días hábiles. También se precisa que la autoridad “reasignará” los volúmenes, lo que implica la obligatoriedad del acto administrativo.

¿Cuáles son los cambios en los plazos y tipos de uso del agua?

El artículo 24 amplía el periodo para solicitar la prórroga de concesiones: ahora podrá tramitarse desde tres años antes de su vencimiento y hasta seis meses previos, en lugar de los dos años establecidos inicialmente.

Además, se añade que las actividades acuícolas se considerarán dentro de los usos que no implican cambio de uso del agua, junto con las actividades agrícolas y pecuarias.

¿Qué sanciones nuevas se contemplan en el dictamen?

El artículo 123 Bis 3 incrementa las penas de prisión para quienes trasladen aguas nacionales con fines de lucro. Se pasa de un rango de tres a cinco meses, y de seis a ocho meses si el volumen supera los 50 mil litros.

Otro ajuste relevante se encuentra en el artículo 123 Bis 5, que eleva las penas para servidores públicos que otorguen concesiones o prórrogas a cambio de sobornos. Las sanciones aumentan de un máximo de ocho años a hasta 14 años de prisión.

¿Cómo se regulan los pozos de libre alumbramiento y los sistemas comunitarios?

El artículo quinto transitorio establece que en los lineamientos para regularizar pozos de libre alumbramiento se deberá evitar el acaparamiento del recurso.

En el artículo 4 se precisa que cualquier disminución o cancelación de volúmenes concesionados deberá realizarse con valoración técnica y notificación oportuna a las personas usuarias.

La Ley General de Aguas incorpora un reconocimiento explícito a los sistemas comunitarios de agua y saneamiento administrados por pueblos indígenas y afromexicanos, los cuales se sujetarán a la ley reglamentaria del artículo 2º constitucional.

¿Por qué la oposición cuestionó el proceso legislativo?

El PRI y el PAN señalaron que las reservas no solucionan los problemas que señalan resolver. Argumentaron que algunas modificaciones benefician más a grandes corporaciones que a pequeños usuarios y cuestionaron la falta de consultas a los pueblos indígenas.

La mayoría parlamentaria respondió que las críticas se basan en información imprecisa y afirmó que el dictamen no afecta los derechos de los productores. Destacó que ya se realizaron ejercicios de consulta en 2019 durante la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

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México presenta nuevas metas climáticas en la COP30 con urgencia, especificaciones técnicas y un tono más humano. La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, hizo el anuncio: la NDC 3.0, un rediseño profundo de la ruta climática nacional rumbo a 2035 que busca dejar atrás tibiezas de años anteriores.

La funcionaria explicó que esta actualización introduce metas absolutas de mitigación —por primera vez— y abre ciclos de política pública que van más allá del cálculo técnico: escuchar comunidades, juventudes, pueblos indígenas y academia, como ella misma subrayó. El mensaje llegó durante el Segmento de Alto Nivel de la COP30, donde el país prometió reducir entre 364 y 404 millones de toneladas de CO₂ equivalente de manera incondicionada.

México aporta apenas el 1.3% de las emisiones globales, pero el tono del discurso dejó claro que aquí no se trata de excusas proporcionales. Se trata de asumir responsabilidades en un sistema internacional que, entre crisis y negociaciones nocturnas, exige transiciones más rápidas que cómodas.

México presenta nuevas metas climáticas en la COP30: detrás de la NDC 3.0

La NDC 3.0 es algo más que una tabla de porcentajes. La actualización incluye movilidad humana por desplazamiento climático, un capítulo de pérdidas y daños, una ruta más explícita hacia energías limpias y la sustitución gradual del combustóleo por gas natural. En los párrafos más extensos de la intervención de Bárcena, México presenta nuevas metas climáticas en la COP30 como un puente entre lo que el país puede hacer hoy y lo que está obligado a intentar en el futuro inmediato.

En la narrativa técnica se coló un giro emocional —uno que tú misma sueles buscar—: “La legitimidad nace de la escucha colectiva”. Es una frase que no pretende adornar, sino justificar un rediseño que toca temas que hace cinco años no figuraban en los discursos oficiales.

Para organizaciones como Greenpeace México, el reconocimiento del desplazamiento climático como prioridad nacional puede detonar nuevas vías de financiamiento y programas de atención. No será sencillo, pero es un gesto político que cambia el mapa.

Un corredor trinacional para salvar la Selva Maya

Si la NDC fue el primer golpe de timbre, el segundo fue el más narrativo: la creación del Corredor Biocultural Gran Selva Maya, un proyecto trinacional entre México, Guatemala y Belice que busca proteger 5.7 millones de hectáreas de selva y más de siete mil especies. Bárcena lo llamó “una región sin muros”, en sintonía con un discurso diplomático que intenta recordar que la geografía ecológica nunca coincide con las fronteras políticas.

El plan aspira a mejorar la vida de más de dos millones de habitantes —principalmente comunidades indígenas— mediante esquemas de Pago por Servicios Ambientales. También pretende reforzar la seguridad en una región históricamente vulnerable. El proyecto, explica Bárcena, podría expandirse hacia Calakmul, Chiapas y Oaxaca para proteger incluso las 57 variedades de maíz nativo compartidas por los tres países.

Almacenamiento energético: el eslabón que México aún no domina

La discusión técnica recayó en un punto que podría definir el éxito o fracaso de estas metas: el almacenamiento energético. Bárcena insistió en que México necesita infraestructura robusta para guardar energía proveniente de fuentes intermitentes como el sol y el viento. Es un reto que suena abstracto, pero que determina si el país puede elevar su energía renovable del 27% al 38% en 2030 y al 45% en 2035.

La titular de Semarnat mencionó que México seguirá colaborando con iniciativas internacionales como la IKI para fortalecer tecnología y financiamiento. En su estilo sobrio, dejó caer una frase que encapsula la urgencia: “El almacenamiento es el motor que permitirá cumplir nuestras metas”.

Una conversación necesaria: diplomacia, ausencias y liderazgo europeo

En un descanso de la conferencia, la Televisión Estatal Alemana (DW) conversó con Bárcena sobre la ausencia de Estados Unidos. La funcionaria dijo que no se ha sentido tanto, y que el liderazgo europeo —especialmente el alemán— ha sido un contrapeso sólido. Recordó que México se unió al Climate Club y que existen áreas de colaboración con Canadá y EE. UU. en economía circular y calidad del aire.

Habló también de la presión que supone transitar del combustóleo al gas natural para lograr autosuficiencia energética. Reconoció que no es lo óptimo, pero sí el paso intermedio antes de acelerar hacia energías completamente limpias.

En su tono firme pero sin dramatismo, sostuvo que México ya tiene clara la ruta sectorial para reducir emisiones y avanzar hacia la neutralidad en 2050.

Una muy necesaria ambición

Con metas más ambiciosas, un corredor biocultural histórico y una presión creciente sobre infraestructura energética, México llegó a Brasil con algo más que promesas y porcentajes: llegó con la voluntad de contar otra historia. Una donde la selva, las comunidades y la responsabilidad internacional se entrelazan con decisiones que deberán sostenerse más allá de esta conferencia.

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