La AMCF apunta a que Pemex planearía fracking para 8 campos no es un rumor aislado, sino la lectura puntual de los proyectos que resurgen bajo nuevos nombres y con viejos riesgos, en vísperas del debate presupuestal.

Pemex planearía fracking para 8 campos

La Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) reportó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 incluye al menos ocho programas vinculados a extracción en yacimientos no convencionales, lo que, en los hechos, implica fractura hidráulica; de ahí que se considere que Pemex planearía fracking para 8 campos. En documentos y comunicados recientes, el término operativo es “yacimientos de geología compleja”, pero la metodología descrita y el destino de recursos remiten a la misma técnica cuestionada por sus impactos en agua, aire y salud.​

Claves presupuestales

Según el análisis citado por AMCF, los programas asociados a infraestructura económica de hidrocarburos (clave K025) sumarían 245 mil 269 millones de pesos, mientras que el gasto programable propuesto para Pemex en 2026 asciende a 517 mil 362.1 millones, sin desglose específico por proyecto, un vacío que impide saber cuánto recibiría cada iniciativa. La ausencia de detalle llevó a la organización a hablar de “retroceso significativo en transparencia” en el sector hidrocarburos y a pedir claridad antes de que el Congreso cierre filas sobre el paquete económico.​

Opacidad y riesgos en disputa

La crítica no se limita a números: AMCF subraya riesgos documentados de la fractura hidráulica en acuíferos y salud pública, desde contaminantes como metales pesados y sustancias radioactivas hasta efectos crónicos respiratorios, neurológicos y reproductivos, incluso a distancia de los pozos. En paralelo, cuestiona la narrativa de considerar al gas “combustible de transición” frente a metas climáticas, cuando las propias asignaciones revelan continuidad de extracción intensiva con impactos acumulados.​

Actores y responsabilidades

En su posicionamiento, la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) exige romper ambigüedades semánticas y hacer público el detalle por programa, mientras Petróleos Mexicanos (Pemex) aparece como el eje operativo de asignaciones sin desglose que reavivan el debate sobre la técnica y la rendición de cuentas. La tensión se mueve entre el plan operativo de la empresa, la responsabilidad fiduciaria del presupuesto y el derecho a saber de comunidades y usuarios de información pública.​

Técnica y eufemismos

En una definición de consenso, fracking refiere a inyectar fluidos a alta presión en formaciones de baja permeabilidad para liberar hidrocarburos como gas o petróleo, práctica que no desaparece si se rebautiza como “estimulación” o “geología compleja”. Por ello, organizaciones piden que los documentos oficiales llamen a las cosas por su nombre y sometan cualquier piloto o escala industrial a evaluación ambiental y a transparencia proactiva.​

Marco de implementación

El debate legislativo sobre el paquete económico debería despejar, al menos, tres dudas: qué proyectos específicos sostienen los montos, qué métricas ambientales y sociales los condicionan y qué calendario de reportes garantizará seguimiento público. En el centro late la misma pregunta de fondo: si el país transitará a eficiencia y reducción de consumo, o si normalizará, otra vez, una técnica de alto impacto tras un cambio de etiqueta.​

El tema en las cámaras

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, la discusión en comisiones y en el pleno será el punto de quiebre para transparentar las partidas vinculadas a yacimientos no convencionales y su eventual ejecución en campo. La claridad —o su ausencia— marcará el tono de la relación entre política energética, compromisos climáticos y confianza pública durante el ciclo fiscal de 2026.

El municipio de Felipe Carrillo Puerto se coloca en el mapa con una planta solar a gran escala que arranca su proceso de evaluación y escucha social. Presentan proyecto fotovoltaico en Felipe Carrillo Puerto como parte de una apuesta por generación limpia y su articulación con la red eléctrica del sureste.

Presentan proyecto fotovoltaico en Felipe Carrillo Puerto

El Parque Fotovoltaico Nicté-Ha propuesto supone la instalación de 361,800 celdas solares bifaciales para convertir la radiación en electricidad. Lon interconexión a una línea de 230 kV, una escala inusual para la región. Presentan proyecto fotovoltaico en Felipe Carrillo Puerto que agregaría 242 MW a la red y abastecer demanda del sureste. A causa de esto, la fase exige revisar impactos y beneficios de forma integral y verificar el cambio de uso de suelo sobre 431.04 hectáreas. Dato este clave que debe someterse a escrutinio y participación comunitaria.​

Ubicación y alcances

El polígono se ubicaría al oeste de la cabecera de Felipe Carrillo Puerto, cerca de Chunhuás y a la altura de la carretera federal 184 Muna–Carrillo Puerto, un corredor estratégico a causa de la cantidad radiación solar que recibe. El diseño técnico prevé 361,800 paneles y subestación elevadora para conexión en alta tensión. El objetivo es suministrar energía a la red de CFE a 230 kV.​

Consulta pública y participación

La consulta pública dura del 17 de octubre al 13 de noviembre de 2025. Las observaciones, propuestas y medidas de mitigación serán desde ciudadanía, organizaciones y comunidad maya. La autoridad habilitó vías presenciales y en línea para enviar comentarios. Mientras que, con lineamientos básicos de identificación del participante para integrar formalmente cada aportación.​

Trámite ambiental y rutas de evaluación

El expediente ingresa al proceso de evaluación mediante la Manifestación de Impacto Ambiental. Se consulta ante instancias técnicas con competencia en análisis de riesgo y mitigación. Porque la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental concentran la ruta documental y técnica del proyecto desde su registro hasta la resolución correspondiente. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) conduce los tiempos y formatos de la consulta. Mientras tanto, hay premisas de transparencia y acceso a información para la toma de decisiones.​

Beneficios y retos en la balanza

El proyecto busca sumar capacidad de origen solar a la matriz eléctrica regional. Las expectativas de estabilidad para picos de demanda y menores emisiones en una zona turística e industrial en expansión. Porque la interconexión a 230 kV y el despliegue modular habilitan eficiencia operativa, pero el cambio de uso de suelo de 431.04 hectáreas exige medidas robustas de prevención, compensación y monitoreo. A causa de esto, el desafío consiste en armonizar beneficios climáticos con la protección de biodiversidad y la voz de comunidades locales que habitan y gestionan el territorio.​

Falta la consulta

Porque la empresa promotora ZML Quintana Roo registró el proyecto y deberá responder a inquietudes ciudadanas y condicionantes técnicas que emanen del proceso de evaluación. Mientras tanto,  la consulta valorará impactos, alternativas y medidas de manejo. El avance dependerá de la calidad de la información y del cumplimiento normativo en cada etapa.

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Son desventajosas las reformas constitucionales para EU —así lo advierte un reciente informe del Departamento de Estado— al evaluar los cambios aprobados por el gobierno mexicano en materia energética. El documento sostiene que el nuevo marco constitucional favorece a las empresas estatales y reduce el espacio para la inversión estadounidense.

Reforma energética y tensiones bilaterales

El informe Reformas Constitucionales ha generado preocupación en Washington. En la más reciente revisión de políticas, el Departamento de Estado (DOS) afirmó que el cambio estructural en el sector mexicano “revierte en gran medida la liberalización del sector energético de 2013”, tal como se detalla en su “Declaración sobre el clima de inversión en México 2025”.

La administración estadounidense no precisó si considera que estas modificaciones vulneran el T-MEC, aunque el tema será clave en la revisión programada para julio de 2026. Según la información oficial, el trato preferencial otorgado por el gobierno mexicano a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconfigura los equilibrios económicos del mercado energético regional.

Un nuevo modelo de control estatal

En octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto que redefine a Pemex y a la CFE como empresas públicas con prioridad en la producción y distribución de energía. Este giro marca la consolidación de un modelo centralizado en el que las compañías estatales vuelven a liderar el desarrollo del sector.

La implementación de la reforma, acompañada por diez proyectos de ley, confirmó que son desventajosas las reformas constitucionales para EU, especialmente para empresas privadas que pierden espacio en contratos de exploración, importación y comercialización energética. El nuevo esquema legal otorga a Pemex derecho preferente sobre nuevos bloques de petróleo y gas, con la obligación de conservar al menos 40% de participación en futuros proyectos.

Pemex y CFE: prioridades nacionales

El plan presidencial fija como meta aumentar la producción de petróleo, gas y combustibles refinados, además de diversificar la cartera hacia energías limpias. En este contexto, Pemex impulsa la instalación de turbinas eólicas y paneles solares en plataformas petroleras, mientras la CFE refuerza su dominio en el suministro eléctrico.

Las modificaciones constitucionales establecen que al menos 54% de la electricidad nacional provendrá de instalaciones estatales, limitando al sector privado a un máximo de 46%. Esta disposición confirma por qué son desventajosas las reformas constitucionales para EU, al reducir oportunidades de inversión extranjera y comprometer la competencia en el mercado energético mexicano.

Proyecciones y desafíos legales

La Secretaría de Energía (Sener) deberá emitir cada año un plan vinculante que asegure el predominio de la CFE en el despacho eléctrico. El marco busca impedir que el sector privado supere el umbral del 46% de participación. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó en 2024 que las decisiones del Cenace deben basarse en criterios técnicos, y no en la preferencia institucional hacia la CFE.

El DOS también recordó antecedentes de políticas restrictivas durante la administración de López Obrador, cuando se limitó la emisión de permisos de importación de combustibles para proteger las marcas nacionales, una tendencia que parece consolidarse bajo el nuevo mandato presidencial.

Evaluación diplomática pendiente

De cara a la revisión del T-MEC en 2026, Estados Unidos analizará los efectos de la nueva reforma mexicana en la inversión y competencia energética. Aunque no se anticipan sanciones inmediatas, el tono del informe indica una creciente inquietud sobre el rumbo del sector y las implicaciones para los intereses económicos estadounidenses.

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