El miércoles arrancó el proceso de consulta en al menos nueve secciones a través de asambleas generales extraordinarias. El único punto formal de discusión fue un informe sobre los avances de la revisión salarial 2026-2027.

Tras analizar la propuesta de la empresa, que también contempla un incremento del 2 por ciento en prestaciones, los trabajadores decidieron no aprobarla. El rechazo se extendió el día siguiente a otras dirigencias locales.

¿Por qué se rechaza el aumento salarial de 3.5% a trabajadores de Pemex?

Las secciones argumentan que el porcentaje propuesto no compensa la pérdida del poder adquisitivo. Señalaron que se encuentra por debajo de los niveles de inflación actuales.

Entre las secciones que ya rechazaron la propuesta se encuentran la 52 de Guadalajara, Jalisco; la 45 y la 43 de la Ciudad de México; la 29 de Comalcalco, Tabasco; la 26 de Las Choapas, Veracruz; la 13 de Cerro Azul, Veracruz, y la 9 de Veracruz.

El miércoles también votaron en contra las secciones 47 de Ciudad del Carmen, Campeche; 35 de Tula, Hidalgo; 34 de la Ciudad de México; 31 de Coatzacoalcos; 25 de Ciudad Naranjos y 22 de Agua Dulce, estas últimas de Veracruz.

Durante las asambleas, el grueso de las secciones manifestó su apoyo absoluto al secretario general Ricardo Aldana, así como a la comisión revisora. Optaron por avalar una nueva prórroga para extender el plazo de estallamiento de la huelga.

¿Qué acusaciones ha hecho el sindicato contra Pemex?

El STPRM ha acusado a la empresa estatal de incumplir más de 100 cláusulas del contrato colectivo. Entre los señalamientos destacan deficiencias en materia de seguridad laboral, fallas en la prestación de servicios médicos y el deterioro de diversas prestaciones de los trabajadores.

En la revisión contractual 2025, las partes acordaron un incremento de 4.5 por ciento. En la revisión salarial 2024-2025 se pactó un aumento global del 7 por ciento.

La propuesta actual de aumento salarial de 3.5% a trabajadores de Pemex se considera insuficiente en comparación con esos precedentes. Las asambleas buscan alcanzar un acuerdo más favorable a través de la continuidad de las negociaciones.

Este viernes sesionarán otras dirigencias locales. Se espera que el proceso de consulta continúe en las secciones restantes para definir la postura final de la organización sindical.

¿Cuál es la postura de la dirigencia nacional del STPRM?

La dirigencia nacional del sindicato petrolero ha marcado la línea de rechazo a la propuesta. Las secciones locales han respaldado de manera mayoritaria esta posición durante las asambleas realizadas.

Los trabajadores decidieron extender el plazo de estallamiento de la huelga, que vencía a finales de este mes. El objetivo es continuar las negociaciones con la empresa y lograr un acuerdo satisfactorio para la base laboral.

El apoyo a Ricardo Aldana y a la comisión revisora se reiteró en las reuniones. Las secciones expresaron su respaldo unánime a la estrategia de negociación planteada por la dirigencia.

El proceso de consulta se desarrolla de manera ordenada en las distintas regiones del país. Cada asamblea general extraordinaria ha permitido a los trabajadores conocer los avances de la revisión salarial y emitir su voto.

La propuesta de Pemex incluye el aumento salarial de 3.5 por ciento más un 2 por ciento en prestaciones. Sin embargo, la mayoría de las secciones consultadas hasta el momento la han desestimado.

El sindicato mantiene el diálogo abierto con la empresa estatal. La prórroga del emplazamiento a huelga busca generar espacio para nuevas rondas de negociación que contemplen mejores condiciones.

Las deficiencias señaladas en seguridad laboral y servicios médicos forman parte de las demandas recurrentes. El STPRM insiste en el cumplimiento integral del contrato colectivo de trabajo.

Los antecedentes de incrementos superiores en revisiones previas sirven de referencia para la base trabajadora. El 4.5 por ciento de 2025 y el 7 por ciento global de 2024-2025 contrastan con la oferta actual.

La consulta se realiza en línea con la postura de la dirigencia nacional. Las secciones han actuado de manera coordinada al rechazar la propuesta y respaldar la extensión del plazo de huelga.

Este viernes se sumarán más asambleas al proceso. El resultado final dependerá de la votación en el conjunto de las 36 secciones que integran el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

La negociación salarial 2026-2027 se encuentra en una etapa decisiva. El rechazo mayoritario al aumento salarial de 3.5% a trabajadores de Pemex obliga a la empresa a reconsiderar su postura inicial.

Los trabajadores petroleros buscan preservar su poder adquisitivo frente a la inflación. La decisión de las asambleas refleja la preocupación por las condiciones económicas actuales.

La prórroga aprobada permite que las conversaciones continúen sin la presión inmediata del estallamiento de huelga. Ambas partes tendrán oportunidad de presentar nuevas propuestas en los próximos días.

El secretario general Ricardo Aldana cuenta con el respaldo expresado en las asambleas. La comisión revisora mantiene el mandato de negociar en representación de la base laboral.

El proceso de consulta sigue abierto en varias secciones. Los resultados de este viernes podrían consolidar aún más la posición de rechazo a la oferta presentada por la empresa.

La revisión salarial forma parte de los mecanismos periódicos de actualización de condiciones laborales en el sector petrolero. El desenlace de estas asambleas definirá el rumbo de las negociaciones con Petróleos Mexicanos.

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Teherán, Irán. El régimen iraní volvió a insistir este jueves 13 de agosto de 2026 en que mantiene el dominio absoluto del Estrecho de Ormuz, el corredor marítimo por el que se moviliza una parte sustancial del petróleo y el gas del mundo, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuviera un día antes que era Washington quien controlaba esa vía. El nuevo cruce de declaraciones se produce a casi seis meses del estallido de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, iniciada el 28 de febrero de 2026, y confirma que la disputa por Ormuz sigue siendo uno de los frentes más tensos del conflicto en Oriente Medio.

Taeb y el mando militar iraní responden a Trump

El jefe de la fuerza paramilitar Basij, Hossein Taeb, señaló en declaraciones difundidas por la televisión estatal iraní que el estrecho permanece bajo la gestión y el control de la República Islámica, y añadió que el país continúa su actividad con plena seguridad. Sus palabras llegaron horas después de que Trump escribiera en su red social que Estados Unidos ejercía el control total del paso marítimo y que planeaba mantenerlo, al tiempo que calificó de “muro de acero” el bloqueo naval estadounidense sobre la zona. Puede consultar la cuenta oficial del presidente estadounidense en X.

Por su parte, el vocero del mando militar central iraní Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, calificó de falsas las versiones estadounidenses que aseguran que los buques transitan con normalidad por Ormuz. El funcionario indicó además que cualquier actor que se beneficie del tránsito comercial por el estrecho tiene la obligación legal y moral de reparar los daños ambientales derivados de la crisis, en referencia a un reciente derrame de hidrocarburos frente a la isla iraní de Qeshm.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, sumó su voz a través de su cuenta oficial en la red social X, donde acusó a Washington de cometer errores de cálculo respecto al estrecho y de arrastrar fallas de inteligencia desde el inicio mismo de la guerra.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico y el nuevo régimen de permisos

Desde el inicio de las hostilidades, Irán ha ido más allá de las amenazas verbales: creó una entidad denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico para institucionalizar su control sobre la ruta. Este organismo exige a los buques que soliciten autorización previa, cumplan inspecciones de seguridad y ambientales, presenten garantías financieras y, en determinados casos, paguen tasas de tránsito. Teherán sostiene que, al no haber ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, puede aplicar un régimen de paso restringido en lugar del esquema de tránsito libre que rige internacionalmente en los estrechos utilizados para la navegación mundial. Puede ampliarse el contexto histórico del conflicto en el artículo de Wikipedia sobre la Crisis del Estrecho de Ormuz de 2026.

Rechazo internacional a las pretensiones de Teherán

La Organización Marítima Internacional, agencia de Naciones Unidas encargada de regular la seguridad y la protección del transporte marítimo mundial, condenó formalmente la creación de la entidad iraní y pidió a sus 176 Estados miembro que no reconozcan ni la soberanía que Irán reclama sobre el estrecho ni ninguna decisión de Teherán orientada a obstaculizar la navegación internacional. El organismo, con sede en Londres, sostiene que el derecho de paso de tránsito por Ormuz no puede suspenderse, ni siquiera en un contexto bélico, de acuerdo con el derecho consuetudinario del mar. Irán, que no ocupa un asiento en el consejo de la organización, rechazó las críticas y las calificó de políticamente motivadas.

Qué sigue para el tráfico marítimo en Ormuz

A mediados de agosto de 2026, ambas potencias -Irán y Estados Unidos- continúan reclamando públicamente el control del paso, mientras el tráfico comercial permanece muy por debajo de los niveles previos a la guerra. Teherán ha condicionado la reapertura plena del estrecho al levantamiento del bloqueo naval estadounidense y de las sanciones económicas, así como al reconocimiento de su papel de gestión sobre la vía. Analistas de política exterior consideran que las declaraciones iraníes de control absoluto cumplen una doble función: sirven como herramienta de disuasión frente a Washington y como mecanismo de negociación para consolidar un nuevo statu quo favorable a Teherán una vez concluya el conflicto. Por ahora, el Estrecho de Ormuz —por donde históricamente ha transitado cerca de una quinta parte del petróleo mundial— sigue siendo el epicentro de una disputa que combina derecho internacional, estrategia militar y una intensa guerra de declaraciones entre Teherán y Washington.

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Un comité de decenas de especialistas convocado por el gobierno federal entregó en agosto de 2026 su primer diagnóstico sobre la posibilidad de extraer gas en yacimientos no convencionales en el norte del país. Entre las voces técnicas del grupo está Alma América Porres, ingeniera geofísica egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), doctora en Geofísica Aplicada por la Universidad de Burdeos y excomisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) durante 12 años, hasta 2022-2023. La especialista sostiene que la tecnología del fracturamiento hidráulico ha cambiado tanto en el último lustro que ya no puede compararse con la de hace 15 años.

El planteamiento se da en un contexto de fuerte dependencia energética: entre 70 y 75 % del gas natural que consume México se importa de Estados Unidos, y una parte mayoritaria de ese volumen proviene precisamente de yacimientos no convencionales estadounidenses. Ese dato es el que impulsó a la presidenta Claudia Sheinbaum a integrar un grupo de asesores técnicos y científicos para valorar, sin comprometerse todavía a autorizar proyectos, si México podría replicar parte de esa producción con menores riesgos ambientales.

Qué encontró el comité científico sobre soberanía energética

El grupo de trabajo, integrado por especialistas de instituciones como la propia UNAM, presentó su primer informe con una estimación de recursos prospectivos de gas no convencional de 141.5 billones de pies cúbicos en tres cuencas del país. Se trata de una cifra que refleja una posibilidad geológica y no una reserva confirmada; para saber cuánto de ese volumen es realmente aprovechable haría falta perforar pozos exploratorios y de monitoreo.

El comité recomendó descartar por completo la cuenca Tampico-Misantla, que se extiende entre Veracruz, el sur de Tamaulipas y zonas de San Luis Potosí y Puebla, por razones ambientales y de conflictividad social. En cambio, planteó continuar evaluando las cuencas de Burgos, en Tamaulipas, y Sabinas-Burro-Picachos, entre Coahuila y Nuevo León. Cualquier avance, subrayaron los expertos, deberá ir acompañado de consulta previa a las comunidades, monitoreo científico independiente y una regla no negociable: nada de agua dulce. Los pozos tendrían que abastecerse con agua salada de formaciones profundas no aptas para consumo humano ni agrícola, dado que cada perforación puede requerir decenas de miles de metros cúbicos de líquido.

Cómo cambió la tecnología del fracking en cinco años, según la experta

Porres centró buena parte de su intervención en explicar por qué, a su juicio, la discusión sobre el fracking ya no puede basarse en los estándares de hace década y media. Según la especialista, perforar y completar un pozo no convencional llegó a costar entre 38 y 50 millones de dólares en sus primeras etapas, mientras que en Estados Unidos el costo actual ronda los 8 a 10 millones, una caída cercana al 80 %. Citó además rangos de 8 a 12 millones de dólares en Canadá y de 13 a 15 millones en Argentina.

Esa tendencia coincide con lo que documenta la industria del shale a nivel global: mejoras en el diseño de los pozos, laterales más largos, más etapas de fractura por jornada y mayor automatización redujeron de forma sostenida el costo por pozo desde el auge de 2010-2014. En cuencas maduras como la Permian, en Texas, los costos actuales suelen ubicarse entre 8 y 12 millones de dólares, aunque en México las estimaciones independientes son algo más altas —entre 8 y 15 millones— por la falta de infraestructura y experiencia local acumulada.

La ingeniera también describió avances en los tiempos de ejecución: procesos que antes tomaban hasta 35 días hoy se resuelven en un rango de 8 a 20 días, con hasta 10 etapas de fractura diarias frente a 3 en el pasado. Asimismo, mencionó que la profundidad horizontal alcanzable pasó de alrededor de 1,500 metros a cifras cercanas a los 5,000 metros, lo que permite un mayor contacto con la roca productora y, en teoría, mejor rendimiento por pozo perforado.

Los riesgos y las condiciones que exige el gobierno mexicano

Ni el comité ni la propia mandataria han presentado la evaluación como una autorización automática para iniciar proyectos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que el primer paso será perforar pozos de monitoreo para confirmar si en las cuencas restantes existe suficiente agua salada profunda, separada de los acuíferos de uso humano, antes de considerar cualquier etapa productiva. El gobierno federal también se comprometió a mantener al comité como órgano asesor permanente, publicar los estudios técnicos y realizar consultas públicas en las zonas con comunidades cercanas. Puede seguirse la actividad institucional a través de los canales oficiales de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Persisten, sin embargo, varios factores que los propios especialistas reconocen como pendientes. Los recursos citados son prospectivos, no reservas probadas, por lo que se requieren campañas piloto para determinar qué tan recuperable es el gas en la práctica. Alcanzar una producción capaz de mover la balanza de las importaciones exigiría miles de pozos a lo largo de una década, junto con inversión en infraestructura de recolección, tratamiento de agua y caminos de acceso. A esto se suman riesgos que la tecnología moderna reduce pero no elimina por completo, como la sismicidad inducida, la integridad de los pozos a largo plazo y el manejo responsable del agua salada extraída.

Lo que implica para Tabasco y el sur del país

Aunque las cuencas evaluadas están en el norte de México, la discusión energética tiene un peso particular para entidades como Tabasco, históricamente ligadas a la producción convencional de hidrocarburos a través de Petróleos Mexicanos. Un eventual aumento de la producción nacional de gas —convencional o no convencional— forma parte de la estrategia más amplia de Sheinbaum para reducir la dependencia de importaciones, un objetivo que la propia presidenta ha dicho que tomará entre 10 y 15 años en materializarse y que no descansará en una sola fuente, sino en la combinación de eficiencia energética, renovables y mayor producción nacional.

El debate que apenas comienza

El diagnóstico presentado en agosto de 2026 no cierra el debate sobre el fracking en México: lo reabre bajo nuevas condiciones técnicas y ambientales. La evolución tecnológica que describe Alma Porres es consistente con lo que ha documentado la industria del shale en otros países, pero replicarla en territorio mexicano implicará resolver retos de infraestructura, financiamiento y aceptación social que no se resuelven solo con mejores taladros. Por ahora, el gobierno federal optó por avanzar con pasos medidos: primero confirmar si hay agua, después si hay gas, y solo entonces, dicen las propias autoridades, decidir si conviene ir más allá.

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a descartar cualquier expansión de la energía nuclear como fuente de generación eléctrica en México, al señalar durante su conferencia matutina en Palacio Nacional que esta tecnología conlleva “impactos en muchos casos no reversibles”. Sheinbaum reitera el no a la energía nuclear en México; la mandataria hizo este pronunciamiento en el mismo evento en el que se presentó el avance de un proyecto de hidrógeno verde en Baja California Sur y las primeras conclusiones del comité científico que analiza la viabilidad del gas natural no convencional en el país, dos piezas centrales de la estrategia energética que su gobierno ha decidido priorizar por encima de la opción atómica.

Con esta declaración, Sheinbaum confirmó una postura que ha mantenido sin variaciones desde antes de asumir la presidencia: ni el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (PLADESE) 2025-2039 ni el plan de expansión eléctrica presentado en 2026 contemplan la construcción de nuevos reactores nucleares en el sexenio. La hoja de ruta oficial se concentra en dos frentes, las energías renovables —solar, eólica, geotérmica e hidroeléctrica— y las plantas de ciclo combinado a gas natural, que la administración federal describe como el respaldo necesario mientras se consolida la transición hacia fuentes limpias.

La postura de Sheinbaum frente a la energía nuclear

La posición de la mandataria no es nueva. El 10 de octubre de 2024, apenas semanas después de asumir el cargo, Sheinbaum respondió a un cuestionamiento sobre la propuesta de la entonces gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle, quien como secretaria de Energía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador había planteado la construcción de un tercer reactor en la central de Laguna Verde. En esa ocasión, la presidenta indicó que ella “no es muy pro-nuclear”, pues consideró que, si bien esta fuente no emite gases de efecto invernadero, sí acarrea otros riesgos ambientales. Precisó entonces que Laguna Verde “opera muy bien y con los máximos estándares”, pero descartó de forma explícita que el país fuera a crecer su matriz eléctrica por la vía atómica, apostando en cambio por los ciclos combinados de gas iniciados durante el sexenio anterior y por el impulso a las renovables.

Casi dos años después, el 6 de agosto de 2026, la mandataria reiteró ese diagnóstico y lo amplió: subrayó que, a diferencia de otros países que sí han optado por ampliar su capacidad nuclear, su gobierno considera que esta tecnología implica riesgos que, en algunos escenarios, no tienen marcha atrás. La presidenta insistió en que la prioridad del sector eléctrico mexicano seguirá siendo la combinación de fuentes renovables e hidrógeno verde con bajo impacto ambiental, sin cerrar por completo la puerta a evaluar el gas no convencional bajo condiciones ambientales y sociales estrictas, en un contexto en el que el país depende de importaciones estadounidenses para alrededor de siete de cada diez unidades de gas natural que consume.

Laguna Verde, la única central nuclear del país

México opera actualmente una sola planta nucleoeléctrica, Laguna Verde, ubicada en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, en Veracruz, y administrada por la Comisión Federal de Electricidad. La central cuenta con dos reactores de agua hirviente (BWR) fabricados por General Electric, con una capacidad instalada cercana a los 1,640 megawatts, y aporta entre el 3 y el 5% de la electricidad generada en el país, una proporción relevante dentro de la generación limpia de la CFE. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias es el organismo encargado de supervisar su operación y de haber autorizado las licencias que permiten que la Unidad 1 funcione hasta 2050 y la Unidad 2 hasta 2055, extensiones que el gobierno y organismos internacionales como el Organismo Internacional de Energía Atómica han respaldado al considerar que la planta cumple con altos estándares de seguridad. La central se mantiene en operación y suscribe contratos comerciales —como el acordado con la planta de Nissan en 2025— pero, de acuerdo con lo señalado reiteradamente por la presidenta, no forma parte de ningún plan de ampliación.

Qué contempla el PLADESE 2025-2039 y el nuevo plan de expansión eléctrica

El Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025-2039, publicado en octubre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, no incluye ninguna nueva capacidad nuclear entre sus proyecciones de expansión a 15 años. En su lugar, la Secretaría de Energía definió una ruta que privilegia la incorporación de nueva generación limpia y ciclos combinados de gas natural como respaldo del sistema. A ese instrumento se sumó, ya en 2026, el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional, que contempla agregar alrededor de 32 mil megawatts adicionales de capacidad hacia 2030, de los cuales cerca de siete de cada diez megawatts corresponderían a fuentes renovables, principalmente solar fotovoltaica y eólica, mientras que el resto se cubriría con plantas de ciclo combinado a gas como respaldo. La meta declarada por el gobierno es elevar la participación de las renovables en la matriz eléctrica nacional, que actualmente ronda entre el 23 y el 24%, hasta cerca del 38% en 2030. La Comisión Federal de Electricidad conserva el control mayoritario de la generación, aunque el gobierno ha otorgado permisos a empresas privadas para el desarrollo de proyectos solares y eólicos que complementen la expansión estatal.

Investigación nuclear sin fines de generación eléctrica

El rechazo a expandir la capacidad nuclear para generar electricidad no ha significado el abandono de la investigación científica en la materia. México mantiene y refuerza su colaboración con la Organización Europea para la Investigación Nuclear, conocida como CERN, un vínculo que Sheinbaum ratificó en julio de 2026 en un encuentro con autoridades suizas orientado a fortalecer proyectos de innovación científica y educativa. Se trata, sin embargo, de investigación básica en física de partículas, sin relación con la generación de energía eléctrica en territorio mexicano. Por su parte, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares mantiene líneas de estudio de largo plazo sobre pequeños reactores modulares, con posibles aplicaciones futuras en generación eléctrica, cogeneración o desalinización en zonas como Baja California, aunque el propio instituto ha precisado que estas investigaciones no representan compromisos concretos ni forman parte de los planes de expansión eléctrica vigentes.

Contexto: soberanía energética y trayectoria académica de Sheinbaum

La postura de la mandataria frente a la energía nuclear se enmarca en una trayectoria académica previa a su llegada a la presidencia. Doctora en Ingeniería Energética por la Universidad Nacional Autónoma de México, Claudia Sheinbaum desarrolló buena parte de su carrera académica en temas de cambio climático y energías renovables, e incluso coautoría textos que analizaban escenarios de alta penetración de fuentes limpias en la matriz energética del país. Esa trayectoria explica, según especialistas del sector, la consistencia de su discurso desde la campaña presidencial y su llegada como presidenta electa en agosto de 2024 hasta la actualidad.

El sector eléctrico mexicano y su evolución

Con el escenario descrito, la administración de Sheinbaum mantiene una línea de política energética que combina tres elementos: la operación segura y sin expansión de Laguna Verde, el impulso acelerado a fuentes renovables y ciclos combinados de gas como eje del crecimiento de la generación eléctrica, y una evaluación cautelosa del gas no convencional condicionada a criterios ambientales y sociales estrictos. Hasta agosto de 2026 no existe evidencia de que esta postura vaya a modificarse, por lo que la energía nuclear seguirá teniendo en México un papel de generación estable pero acotado, mientras la discusión pública se centra en el ritmo de la transición hacia las renovables y en el destino final del debate sobre el fracking en el norte del país.

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, que su gobierno aceptó la primera recomendación entregada por el Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural No Convencional: prohibir mediante decreto cualquier actividad de fracturación hidráulica co,nocida popularmente como fracking, en la cuenca Tampico-Misantla, una franja que se extiende por el norte de Veracruz, el sur de Tamaulipas y porciones de la Huasteca en San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. “Vamos a decretar que en esa cuenca no”, afirmó la mandataria al presentar las diez primeras conclusiones preliminares de un grupo de especialistas que la propia presidenta convocó meses atrás para determinar si México puede explotar sus reservas de gas no convencional sin repetir los daños ambientales asociados a esta técnica en otros países.

El anuncio marca un punto de inflexión en la postura oficial frente al fracking, una técnica que tanto Sheinbaum como su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, habían descartado abiertamente en el pasado. La mandataria explicó que la decisión de excluir a Tampico-Misantla del análisis obedece a la alta densidad poblacional de la zona, a la presencia de comunidades indígenas y campesinas, y a las características de los ecosistemas locales, factores que, según los propios expertos convocados por el gobierno, harían inviable cualquier proyecto de este tipo en la región.

Qué es el Comité Científico sobre Soberanía Energética

El Comité de Científicos y Especialistas para el Análisis de Explotación de Gas Natural No Convencional fue presentado en abril de 2026 como parte de la Estrategia para Fortalecer la Soberanía Energética, según detalló en su momento la propia Presidencia de la República. El grupo está integrado por investigadores de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Instituto Mexicano del Petróleo, con especialidades que van de la hidrogeología y la ingeniería petrolera hasta el tratamiento de aguas residuales y la geomecánica.

Sheinbaum encomendó a este grupo académico una tarea puntual: determinar si existen condiciones técnicas, hídricas y ambientales para aprovechar los yacimientos de gas no convencional del país mediante métodos con menor impacto que los empleados tradicionalmente en la industria, entre ellos el reciclaje intensivo de agua y el uso de químicos menos agresivos o biodegradables. La mandataria subrayó que se trata de un ejercicio inédito para el país, al incorporar directamente a la academia en una decisión de política energética de este calado, y remarcó que la etapa actual corresponde únicamente a la evaluación científica y técnica, sin que exista todavía una autorización para explotar comercialmente estos yacimientos.

El veto a la cuenca Tampico-Misantla y sus razones

De acuerdo con las conclusiones preliminares presentadas este 6 de agosto, el comité recomendó de manera expresa prohibir la extracción de gas de yacimientos no convencionales en la cuenca Tampico-Misantla. Sheinbaum detalló que la región no se limita a Veracruz, sino que también abarca el sur de Tamaulipas, la Huasteca potosina y parte de la sierra norte de Puebla, zonas que calificó como densamente pobladas y con condiciones ambientales y sociales que, a juicio de los especialistas, desaconsejan cualquier intervención de este tipo.

La mandataria explicó que el criterio central para excluir esta cuenca fue el tipo de ecosistemas presentes, la cantidad de habitantes en la zona y la fragilidad social y ambiental de la región. Organizaciones civiles han señalado durante años que la Huasteca concentra una proporción significativa de hablantes de lenguas indígenas —principalmente náhuatl, tének y totonaco— además de amplias extensiones de propiedad ejidal y comunal, lo que ha alimentado durante casi una década movimientos locales que se han autodeclarado territorios libres de fracking. Estos colectivos han insistido en que cualquier proyecto extractivo en la región debería someterse a consulta previa, libre e informada, en línea con los estándares que marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.

Agua salada, condiciones técnicas y las cuencas del norte

Para las cuencas donde el comité sí contempla avanzar en la evaluación, el documento fija una condición que el propio grupo de especialistas calificó como innegociable: bajo ninguna circunstancia deberá utilizarse agua dulce, ya sea superficial o subterránea, dado que ese recurso debe reservarse para el consumo humano, la agricultura y la ganadería. En su lugar, cualquier proyecto tendría que depender exclusivamente de agua salada localizada en formaciones profundas, de entre mil y mil quinientos metros, cuya salinidad la vuelve inservible para el consumo humano o agropecuario.

Los especialistas recomendaron que, antes de autorizar cualquier extracción, se perforen pozos exploratorios para confirmar que esos cuerpos de agua salada no tienen conexión con los acuíferos de agua dulce cercanos, y establecieron que al menos tres cuartas partes del agua empleada en cada proyecto deberá reutilizarse o reciclarse. El comité también documentó que un solo pozo de fracturación hidráulica puede llegar a consumir entre 50 mil y 70 mil metros cúbicos de agua, cifra que ilustra la magnitud de la exigencia hídrica que este tipo de explotación implicaría incluso en formaciones de agua salada.

Bajo estos parámetros, las cuencas que permanecen abiertas a una exploración preliminar son Sabinas-Burro-Picachos, entre Coahuila y Nuevo León —considerada por el panel la de mayor potencial—, y Burgos, en el noreste de Tamaulipas. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua tendrá a su cargo la perforación de pozos de exploración hidrogeológica para verificar tanto la disponibilidad de agua salada como la presencia efectiva de gas en esas formaciones.

Las diez recomendaciones preliminares del comité

El paquete de conclusiones presentado por la presidenta incluye, además del veto a Tampico-Misantla y las condiciones sobre el agua, un conjunto de lineamientos orientados a reducir la dependencia energética del país sin recurrir de inmediato a la explotación no convencional. Entre ellos destacan acelerar la incorporación de fuentes renovables a la generación eléctrica, impulsar programas nacionales de eficiencia energética, incrementar la producción de gas convencional y eliminar la quema del gas asociado que actualmente se desperdicia en campos petroleros.

El comité también planteó aplicar mejores prácticas en el manejo de residuos para reducir impactos ambientales, realizar consultas previas, libres e informadas con las comunidades de cualquier zona de influencia antes de iniciar actividades de producción, incentivar a proveedores locales para generar empleo regional y establecer un sistema de monitoreo científico independiente que dé seguimiento a la integridad de los acuíferos, el balance hídrico, la actividad sísmica y la protección de los ecosistemas en las áreas donde eventualmente se autorice algún proyecto.

La dependencia energética y el giro respecto a AMLO

El trasfondo de esta discusión es la creciente dependencia de México frente a las importaciones de gas natural procedente de Estados Unidos, un país donde la fracturación hidráulica es una técnica ampliamente extendida y responsable de una parte mayoritaria de su producción de hidrocarburos. El propio gobierno de Sheinbaum ha reconocido que reducir esa dependencia de forma inmediata no es viable, ya que los contratos de suministro vigentes con proveedores estadounidenses están garantizados y el gas natural resulta indispensable para prácticamente todas las cadenas productivas del país.

Este giro contrasta con la postura que mantuvo López Obrador durante su sexenio, quien restringió el uso de técnicas de estimulación hidráulica en los proyectos de Petróleos Mexicanos, así como con las propias promesas de campaña de Sheinbaum, quien en el pasado se pronunció en contra del fracking cuando encabezaba movimientos en defensa del petróleo nacional. La mandataria ha planteado ahora que existen tecnologías distintas a las empleadas tradicionalmente en la industria, con menor impacto ambiental, y ha insistido en que la meta de fondo es la soberanía energética, no la apertura irrestricta a la explotación de hidrocarburos no convencionales.

Reacciones de organizaciones ambientalistas y comunidades

La Alianza Mexicana Contra el Fracking, que agrupa a decenas de colectivos ambientalistas y organizaciones comunitarias, ha rechazado de manera reiterada la idea de que exista una versión “sustentable” de esta técnica. La organización ha advertido que ni el reciclaje de agua ni el uso de químicos alternativos eliminan por completo los riesgos de contaminación de acuíferos, la posibilidad de sismicidad inducida ni los impactos potenciales sobre la salud de las comunidades cercanas a los pozos. El colectivo también ha cuestionado la composición del comité científico, al señalar que su integración prioriza perfiles técnicos vinculados a la industria petrolera por encima de especialistas en epidemiología, derechos humanos o representación indígena, y ha exigido una prohibición total y de rango constitucional para todo el territorio nacional.

Sheinbaum ha respondido a estos cuestionamientos insistiendo en que ninguna decisión sobre explotación comercial se ha tomado todavía, y que el comité continuará acompañando al gobierno en las siguientes etapas del proceso, que incluyen los estudios hidrogeológicos en las cuencas del norte y, eventualmente, las consultas previas con las comunidades que pudieran verse afectadas.

El gas no convencional

Con el veto a Tampico-Misantla ya aceptado por la presidencia, la atención se traslada ahora a los resultados de los pozos exploratorios que perforará el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en las cuencas de Sabinas-Burro-Picachos y Burgos, cuyos hallazgos sobre disponibilidad de agua salada y presencia de gas serán determinantes para definir si el gobierno avanza hacia una siguiente fase de evaluación. Mientras tanto, la administración federal ha priorizado en el discurso público el impulso a las energías renovables y al gas convencional como las vías más inmediatas para atender el crecimiento de la demanda energética del país, dejando la puerta del gas no convencional abierta solo bajo las condiciones más estrictas planteadas por sus propios asesores científicos.

El proceso, que continuará en los próximos meses con nuevos estudios técnicos y encuentros con comunidades, mantiene enfrentadas dos visiones legítimas: la necesidad gubernamental de reducir la dependencia energética del exterior y las preocupaciones de organizaciones ambientalistas y pueblos indígenas sobre los riesgos de una técnica que, pese a los ajustes tecnológicos anunciados, sigue generando desconfianza en amplios sectores de la sociedad civil mexicana.

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El cargo Comité científico matiza propuesta de Sheinbaum apareció primero en Energía y Ecología.

Ormuz en el borde: señales de escalada militar inminente. El 3 de agosto de 2026, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) informó que su sistema de defensa aérea derribó un dron estadounidense MQ-9 Reaper sobre el estrecho de Ormuz, en un día en el que el tráfico marítimo por ese corredor se redujo a apenas un puñado de embarcaciones menores y ningún gran petrolero o buque metanero logró cruzarlo. El episodio se suma a dos ataques contra buques comerciales registrados entre el 1 y el 2 de agosto y ocurre en el marco de la guerra de Irán de 2026, el conflicto que desde finales de febrero enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Teherán y que ha convertido a este cuello de botella marítimo en uno de los puntos más peligrosos del planeta.

Origen de la crisis: de los ataques contra el liderazgo iraní al bloqueo del estrecho

La actual fase de tensión arrancó el 28 de febrero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron una ofensiva aérea combinada —bautizada por Washington como Operación Epic Fury— contra instalaciones militares, nucleares y de mando en Irán. Esa acción derivó en la muerte del entonces líder supremo, Ali Jamenei, y de otros altos mandos iraníes. Teherán respondió en cuestión de horas con oleadas de misiles y drones contra Israel, bases estadounidenses en el Golfo y varios países aliados de Washington en la región, al tiempo que ordenó a la IRGC restringir el paso de buques por Ormuz.

Desde entonces, la Casa Blanca ha sostenido en repetidos comunicados que su objetivo es impedir que Irán obtenga armas nucleares y garantizar la libre navegación por el estrecho. En un mensaje reciente recogido en su sitio oficial, la administración estadounidense afirmó mantener un control naval total sobre la zona, mientras que el Departamento de Defensa detalló que despliega escoltas militares para intentar que embarcaciones comerciales puedan salir del Golfo Pérsico pese a las hostilidades.

El derribo del dron y los ataques a buques que encendieron las alarmas

La secuencia de incidentes de los últimos días ilustra el deterioro acelerado de la situación. El 31 de julio, un buque metanero cargado con gas natural licuado catarí resultó impactado por un proyectil no identificado en aguas cercanas a la entrada sur del estrecho, frente a las costas de Omán, lo que le provocó daños severos en su sala de máquinas y lo dejó a la deriva sin propulsión, aunque sin víctimas ni derrames reportados. Un día después, el 2 de agosto, una explosión adicional fue reportada cerca de otro petrolero en la zona oriental del paso marítimo, sin que se registraran heridos.

El derribo del MQ-9 Reaper, confirmado por la propia IRGC a través de su vocería castrense, representa uno de varios episodios similares ocurridos desde el estallido del conflicto, en los que ambos bandos han reportado la pérdida de aeronaves tripuladas y no tripuladas sobre el Golfo. Funcionarios iraníes vinculados al Consejo Supremo de Seguridad Nacional han advertido públicamente que exigirán autorización previa para cualquier tránsito por el estrecho y que endurecerán las restricciones si continúa lo que califican como un bloqueo naval estadounidense contra sus propios puertos.

Qué está en juego: el peso económico y energético del estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz mide apenas 34 kilómetros en su punto más angosto y separa las costas de Irán y Omán. Se trata del único acceso marítimo desde el Golfo Pérsico hacia mar abierto y, en condiciones normales, por ahí transitaba cerca de una quinta parte del petróleo transportado por vía marítima a escala global, además de un porcentaje significativo del gas natural licuado producido por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak y Catar con destino principal a Asia, de acuerdo con estimaciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Desde finales de febrero, ese flujo se ha visto interrumpido de forma reiterada. Organismos de seguridad marítima han documentado episodios en los que miles de marinos y cientos de embarcaciones quedaron varados dentro del Golfo Pérsico, mientras las aseguradoras especializadas en riesgo de guerra elevaron de forma considerable sus tarifas para cualquier buque que pretenda cruzar la zona. Los precios internacionales del petróleo han fluctuado con fuerza durante toda la crisis, con picos que en las fases más álgidas del conflicto superaron ampliamente los niveles previos a la guerra, para luego moderarse cada vez que se anuncian avances diplomáticos y volver a dispararse tras cada nuevo incidente armado.

Diplomacia interrumpida: entre ultimátums y treguas rotas

La crisis ha estado marcada por múltiples intentos de negociación que, hasta ahora, no han logrado consolidarse. Washington y Teherán llegaron a firmar un memorando de entendimiento a mediados de junio para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho, un acuerdo que se rompió semanas después tras nuevos ataques contra buques comerciales. A finales de julio y principios de agosto, el propio mandatario estadounidense reconoció haber cancelado una ofensiva de gran escala que, según describió, habría estado entre las más amplias emprendidas por su país en décadas, luego de que aliados del Golfo Pérsico —entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar— intercedieran para evitar una escalada mayor.

Irán, por su parte, ha negado sostener negociaciones directas con Estados Unidos y ha precisado que sus contactos se limitan a Omán, país que funge como intermediario para explorar una posible ruta segura y temporal para el tránsito comercial. El gobierno iraní, a través de sus canales oficiales, ha insistido en que cualquier arreglo debe respetar lo que considera su soberanía sobre el estrecho, mientras Washington mantiene que se trata de una vía internacional que debe permanecer abierta para todos los países.

El riesgo de una escalada mayor

La combinación de ataques contra embarcaciones civiles —incluido un buque metanero—, el derribo de una aeronave de reconocimiento estadounidense, un tráfico comercial prácticamente congelado y amenazas cruzadas de control militar sobre el estrecho configura, para analistas de seguridad regional, un escenario de alto riesgo. Ambas partes mantienen fuerzas navales y aéreas en estado de alerta máxima en una zona donde cualquier malentendido durante una operación de escolta, un intento de abordaje o la respuesta a un nuevo derribo podría desencadenar una confrontación directa de mayores proporciones.

Mientras tanto, los muchos buques varados, el encarecimiento de los seguros marítimos y la volatilidad de los precios energéticos siguen golpeando a las economías que dependen del flujo de crudo y gas por Ormuz, incluidas aquellas alejadas del Golfo Pérsico que resienten el impacto en los mercados internacionales de combustibles. La situación continúa cambiando hora con hora, y tanto la comunidad marítima internacional como los gobiernos de la región vigilan de cerca cada movimiento en un punto del mapa donde la diplomacia y la disuasión militar avanzan, por ahora, a la par.

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Qué anunció Pemex sobre el cierre del pozo Krem-1

En su tarjeta informativa oficial, Pemex detalló que el cierre se logró gracias al despliegue de equipos técnicos especializados que instalaron un nuevo sistema de válvulas y tuberías en el cabezal del pozo. La compañía indicó que, superada la fase crítica, ahora enfocará sus esfuerzos en un programa integral de saneamiento ambiental y en la compensación y reparación de daños específicos en la zona, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

La petrolera precisó que mantendrá de forma permanente sus Unidades Médicas Móviles, con servicios médicos y odontológicos para más de 45 comunidades cercanas al sitio. Asimismo, informó que avanza la construcción de una Casa de Salud en el ejido Benito Juárez y el equipamiento de las unidades médicas de El Remolino y Linda Vista. En materia educativa, Pemex reportó la entrega de mobiliario escolar nuevo para reforzar las escuelas de la región, mientras que en infraestructura adelantó que concluirá en breve la ingeniería de un camino de 26 kilómetros con asfalto en caliente entre los ejidos Río Playas y El Remolino. La empresa añadió que ya entregó al municipio de Las Choapas mil toneladas de concreto, una unidad de desazolve tipo Vactor, una pipa de 10 mil litros y combustible para labores locales.

Cronología del incidente en Las Choapas, Veracruz

El origen de la contingencia se remonta al 5 de marzo de 2026, cuando el pozo Krem-1 —parte de un programa exploratorio de hidrocarburos de Pemex en el sur de Veracruz— alcanzaba alrededor de 3,336 metros de profundidad durante labores de perforación. En ese punto se presentó un flujo inesperado de gas que, según la secuencia técnica descrita por Pemex, se intentó derivar hacia un sistema de quemador de seguridad; sin embargo, una fuga en conexiones superficiales terminó por incendiar el equipo de perforación. Cientos de personas fueron evacuadas de manera preventiva de comunidades cercanas y la empresa reportó que no hubo personas lesionadas.

Pemex anunció el cierre del pozo Krem-1, impactos en la salud

Lo que en un primer momento se describió como un evento controlado en horas se extendió durante alrededor de 150 días. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, reconoció en julio que apagar por completo el pozo tomaría varios meses debido a la complejidad técnica del proceso, para lo cual la empresa recurrió a especialistas y maquinaria traída del extranjero. La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, instruyó en junio a la Secretaría de Salud federal para revisar, junto con su contraparte estatal, las denuncias de habitantes de Las Choapas que reportaban molestias respiratorias y oculares asociadas al humo del pozo.

Impacto ambiental y emisiones de metano documentadas

Mientras el pozo permaneció activo, organizaciones civiles especializadas en monitoreo satelital estimaron que se quemaron entre 250 y 300 millones de metros cúbicos de gas natural entre marzo y julio, una cifra equivalente a una porción significativa del gas doméstico consumido en México en un año. A partir de esos datos, calcularon una liberación de alrededor de 500 mil toneladas de dióxido de carbono, cifra que podría acercarse a 620 mil toneladas de CO₂ equivalente si se contabiliza el metano no quemado que pudo escapar a la atmósfera. El metano es un gas de efecto invernadero considerablemente más potente que el CO₂ en el corto plazo, con un potencial de calentamiento global varias decenas de veces mayor en un horizonte de veinte años, de acuerdo con estimaciones científicas recogidas por la comunidad académica.

Pemex anunció el cierre del pozo Krem-1, efectos en la población

Las mismas organizaciones documentaron afectaciones en alrededor de 270 hectáreas alrededor del cabezal del pozo, entre suelo calcinado y vegetación muerta o dañada, además de reportes de contaminación en arroyos cercanos y muerte de animales de traspatio y ganado. Habitantes de decenas de comunidades ubicadas en un radio de hasta diez kilómetros manifestaron dolores de cabeza, náuseas e irritación en ojos y vías respiratorias, y exigieron estudios independientes de aire, agua, suelo y salud.

Pemex, en contraste, ha sostenido que sus monitoreos de calidad del aire se mantuvieron por debajo de los límites permisibles y que no ha identificado casos de intoxicación vinculados al incidente, aunque un directivo de la empresa reconoció la muerte de decenas de animales en la zona. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente es la entidad federal encargada de supervisar este tipo de riesgos en el sector hidrocarburos, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales participa junto con sus contrapartes de Canadá y Estados Unidos en la Comisión para la Cooperación Ambiental, instancia ante la cual organizaciones civiles presentaron una petición en junio para revisar el cumplimiento de la legislación ambiental mexicana en este caso.

El precedente de Ixtoc I y otros descontroles de pozos de Pemex

El caso Krem-1 revivió comparaciones con el histórico reventón del pozo Ixtoc I, ocurrido en 1979 en la Bahía de Campeche, considerado durante décadas el mayor derrame petrolero registrado hasta la aparición del caso Deepwater Horizon en 2010.

Aquel accidente, también originado por una pérdida de control durante la perforación, mantuvo un flujo continuo de crudo hacia el Golfo de México durante cerca de 290 días, hasta su sellado definitivo en marzo de 1980, y contaminó playas de varios estados mexicanos y del sur de Texas. Aunque Krem-1 e Ixtoc I difieren en la naturaleza del hidrocarburo liberado —gas natural en un caso, petróleo crudo en el otro— y en el entorno del siniestro —terrestre frente a marino—, ambos episodios comparten un patrón similar: la pérdida de control de un pozo exploratorio derivó en una contingencia prolongada cuya magnitud ambiental solo pudo cuantificarse con precisión meses después de iniciado el evento.

Reparación social y siguientes pasos en Las Choapas

Con el pozo formalmente cerrado, Pemex adelantó que el llamado Programa de Atención de Afectaciones continuará con brigadas en campo para integrar expedientes y mapear los daños por zonas, con el objetivo de ofrecer una respuesta ordenada a cada caso de la población afectada. La gobernadora Nahle ha señalado que la remediación ambiental definitiva —incluida la atención a cultivos, cuerpos de agua y ganado— se ejecutará de manera coordinada entre el gobierno estatal y la petrolera una vez confirmado el cierre total del pozo. Organizaciones como la Alianza Mexicana Contra el Fracking han insistido en que la etapa de reparación debe incluir verificaciones independientes, más allá de los reportes internos de la empresa, para determinar el alcance real de los daños a la salud y al entorno en una región donde la actividad petrolera ha sido, durante décadas, el eje de la economía local.

El cierre del Krem-1 marca el fin de la fase más crítica de la contingencia, pero no el cierre del expediente: la reparación de daños, el saneamiento del suelo y el seguimiento médico a las comunidades de Las Choapas apenas comienzan una nueva etapa que, según lo anunciado por la propia empresa, se prolongará durante los próximos meses.

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Qué anunció el Gobierno de México sobre el sargazo en Quintana Roo

Durante su participación, la titular de Semarnat detalló que en lo que va de 2026 el volumen de sargazo que navega frente a las costas del Caribe mexicano ha oscilado entre 40,000 y 90,538 toneladas diarias, de las cuales se estima que apenas el 10% recala efectivamente en las playas de Quintana Roo. Precisó que, en los días de arribo más severo, la cifra que llega a la costa alcanza hasta 9,054 toneladas diarias, mientras que en jornadas moderadas se ubica en 4,000 toneladas y en las de menor intensidad en 2,640 toneladas. La funcionaria subrayó que este comportamiento representa cuatro veces más sargazo que el registrado en 2025 y 27 veces más que el promedio histórico del fenómeno.

El almirante Morales Ángeles explicó que la estrategia se sostiene en cuatro líneas de acción: recolección en aguas abiertas mediante buques sargaceros, contención en aguas someras con barreras ancladas, recolección manual y mecánica en playa, y la definición de un destino final para la biomasa recolectada, ya sea industrial o de confinamiento. Indicó que la primera etapa del plan contempla 768.7 millones de pesos para elevar la capacidad de recolección marina de 1,227 a 1,870 toneladas diarias, mediante la compra de dos remolcadores, seis embarcaciones sargaceras costeras, más barreras dinámicas y 50 kilómetros adicionales de barreras de contención en Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos y Mahahual. Una segunda etapa, con mayor inversión, buscará acercar la capacidad de recolección a las 4,000 toneladas diarias que marca el promedio del fenómeno.

Por qué llega tanto sargazo al Caribe mexicano en 2026

Bárcena atribuyó el fenómeno a una combinación de factores que se acumulan desde 2011, cuando se identificó por primera vez el llamado Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, una franja de biomasa que se extiende desde África occidental hasta el litoral brasileño y que las corrientes ecuatoriales desplazan hacia el Caribe. Entre las causas señaladas por la funcionaria destacan el exceso de nutrientes —nitrógeno y fósforo provenientes de descargas agrícolas y aguas residuales hacia ríos como el Amazonas— y el calentamiento de las aguas superficiales, que ha alterado el comportamiento habitual de las corrientes marinas y prolongado tanto la duración como la intensidad de las temporadas de arribazón. El género Sargassum, al que pertenecen las especies flotantes S. natans y S. fluitans responsables de estos eventos.

Impactos ambientales del sargazo en playas y arrecifes

Más allá del golpe a la actividad turística, las autoridades ambientales han advertido que la descomposición del sargazo en la arena libera ácido sulfhídrico, un gas que provoca irritación en ojos y garganta, dolores de cabeza y náuseas cuando la exposición es prolongada. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha documentado además afectaciones a pastos marinos y arrecifes cercanos a la costa por la reducción de luz y la disminución de oxígeno disuelto en el agua, efectos que se suman a los que la propia dependencia federal describe en sus lineamientos técnicos para la atención de la contingencia por sargazo. De acuerdo con un documento presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que retoma cifras de la Secretaría de Marina, en 2025 se alcanzó un registro histórico de 92,782 toneladas recolectadas en los puertos de Quintana Roo, marca que —según lo señalado por Bárcena en la propia mañanera— ya fue superada en 2026 debido al comportamiento cuatro veces más intenso del fenómeno.

Para dar seguimiento puntual a la presencia del alga en el litoral, el Gobierno de Quintana Roo mantiene un sistema de semáforo diario que clasifica en verde, amarillo, naranja y rojo el nivel de arribo en decenas de playas del estado, mientras que la Secretaría de Marina publica boletines técnicos diarios sobre biomasa y pronóstico de desplazamiento a través de su Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe.

Del pasivo ambiental al activo energético: biogás y economía circular

Uno de los anuncios centrales de la conferencia fue el avance de los proyectos de valorización energética del sargazo. Sheinbaum señaló que ya opera una planta piloto de biogás, con una inversión de más de 14 millones de pesos, que combina la macroalga con lodos residuales para producir combustible, y adelantó que próximamente se construirá una instalación de mayor escala en Cancún. La mandataria precisó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya avaló el uso de biofertilizante derivado del sargazo, y detalló que, una vez seco, el material puede convertirse en polvo orgánico reutilizable o en insumo para procesos industriales.

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza, indicó que el organismo coordinará junto con la Marina, el Gobierno de Quintana Roo y el sector hotelero la disposición final del sargazo en cuatro puntos —Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y Mahahual— para impulsar su transformación en biofertilizantes, biocarbón y biogás bajo un modelo de economía circular. Este esquema se articula con el Centro Integral de Economía Circular que el Gobierno de Quintana Roo impulsa en Cancún, así como con el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar proyectado en 38 hectáreas de Puerto Morelos, iniciativas que buscan posicionar al estado como referente internacional en el aprovechamiento industrial del sargazo, de acuerdo con la información institucional que difunde la Semarnat sobre las acciones y programas de atención al sargazo.

Qué sigue: la Conferencia Internacional sobre el Sargazo en Cancún

Bárcena confirmó que Cancún será sede, los días 1 y 2 de octubre de 2026, de un encuentro internacional sobre el sargazo financiado con apoyo de la Unión Europea, al que asistirán representantes de naciones del Caribe, además de Brasil y Japón, con el objetivo declarado de construir un plan regional permanente que mitigue los efectos del fenómeno y proteja la competitividad turística de la región. Empresarios como Iván Chávez, vicepresidente ejecutivo de Grupo Vidanta, coincidieron en que México puede posicionarse como referente mundial en el manejo del sargazo si mantiene la coordinación entre gobierno federal, estatal e iniciativa privada.

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En el lugar, los agentes de la FGR encontraron 109 mil 400 litros de hidrocarburos, así como utensilios para el almacenamiento y tractocamiones utilizados para el transporte del combustible. El hallazgo confirma la operación de instalaciones clandestinas dedicadas al procesamiento y distribución de combustibles en la entidad.

De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, en el predio asegurado se localizaron tres tanques de almacenamiento de gran capacidad. Estos recipientes son similares a los utilizados en instalaciones de refinación autorizadas, aunque las autoridades no revelaron la capacidad exacta de cada uno de ellos.

La FGR no confirmó la detención de ninguna persona vinculada con las actividades ilícitas en la minirefinería en Reynosa. El inmueble contaba con un sistema de videovigilancia y una antena de transmisión, lo que indica un nivel de sofisticación en la operación delictiva.

Las autoridades federales no compartieron la ubicación precisa del inmueble ni proporcionaron detalles sobre el alcance de las instalaciones. Tampoco se ha confirmado si esta minirefinería en Reynosa está vinculada con la asegurada en días previos en la misma región.

Los hallazgos ocurren en medio de la campaña de las autoridades federales contra el huachicol, tanto en su modalidad tradicional como en la variante fiscal. Tamaulipas se ha convertido en un centro estratégico para las redes de contrabando de combustibles debido a su ubicación fronteriza con Estados Unidos.

El huachicol fiscal, como se ha documentado, consiste en ingresar grandes volúmenes de gasolina o diésel sin el pago de impuestos correspondientes. Este esquema opera con la presunta complicidad de autoridades aduaneras que facilitan el paso de mercancía con documentación engañosa en diversos puntos de Tamaulipas.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy, ha señalado que el combustible ilegal que ingresa desde Estados Unidos a través de la frontera de Tamaulipas tiene como destino principal los estados de Coahuila, Durango y Zacatecas. Esta ruta comercial ilegal ha sido detectada en diversas investigaciones.

El caso de la minirefinería en Reynosa se suma a un expediente más amplio que incluye al exgobernador de Baja California, Ernesto ‘N’, señalado por su presunta participación en el huachicol fiscal. Sin embargo, las autoridades no han confirmado si existe un vínculo directo entre este nuevo aseguramiento y la red que involucra al exmandatario.

El entramado criminal dedicado al contrabando de combustibles fue descubierto en marzo de 2025, cuando las autoridades mexicanas aseguraron un buque con 10 millones de litros de hidrocarburo en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Ese aseguramiento destapó la magnitud de la operación ilegal.

Tamaulipas aparece recurrentemente en casos de huachicol fiscal por su ubicación geográfica. El estado comparte frontera con Texas, donde las redes criminales adquieren el combustible directamente de empresarios estadounidenses. Además, cuenta con accesos marítimos y férreos que facilitan el transporte del producto hacia el interior del país.

Las refinerías clandestinas, como la minirefinería en Reynosa, son instalaciones donde se procesa y almacena el combustible antes de ser distribuido. Estas operaciones requieren de una logística compleja y de la complicidad de diversos actores, tanto del sector público como privado.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la minirefinería en Reynosa asegurada este fin de semana está vinculada a una célula del crimen organizado o a empresarios involucrados en el huachicol. Las investigaciones continúan abiertas y la FGR mantiene reserva sobre los avances.

La campaña contra el huachicol fiscal ha derivado en múltiples aseguramientos en la región fronteriza. Las autoridades han intensificado los operativos para desmantelar las redes que operan en Tamaulipas y otros estados del norte del país.

La FGR continúa con las indagatorias para determinar el origen del hidrocarburo asegurado y la identidad de los responsables. El aseguramiento de la minirefinería en Reynosa representa un golpe más a las operaciones ilegales de combustibles en la frontera norte.

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De acuerdo con estimaciones del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y distintos reportes del sector, México superó los 50 mil megawatts (MW) de demanda máxima en los veranos de 2023 y 2024, y las proyecciones para 2026 apuntan a un pico que podría ubicarse entre 54 mil y 55.6 mil MW. En paralelo, cifras compiladas para el país indican que el consumo eléctrico total pasó de 324,662 gigawatts hora (GWh) en 2023 a 343,008 GWh en 2024, confirmando una tendencia de crecimiento sostenido.

Un consumo eléctrico que no deja de subir

El aumento en la demanda responde a varios factores que se combinan: el crecimiento poblacional, la expansión de la actividad industrial, impulsada en buena medida por el fenómeno del nearshoring, y, de manera muy marcada, el mayor uso de aires acondicionados durante las temporadas de calor extremo. En los momentos de mayor tensión, el sistema ha llegado a rozar sus límites históricos: entre mayo y junio de 2024 se registraron picos de 51,595 MW, mientras que para el verano de 2026 CENACE anticipó un periodo especialmente ajustado, con una demanda récord cercana a los 54 mil MW.

Este comportamiento no es exclusivo de México, pero adquiere particular relevancia porque coincide con una infraestructura de transmisión y distribución que, según especialistas del sector, no ha crecido al mismo ritmo que la demanda.

Récord de consumo eléctrico y apagones ponen a prueba a México: el repunte de los apagones y sus causas

Los reportes más recientes documentan un incremento en las interrupciones del servicio eléctrico. Durante junio de 2026, medios especializados registraron fallas, variaciones de voltaje y apagones en al menos 20 entidades del país, con afectaciones particulares en Yucatán, Tabasco, Nuevo León, Coahuila y Veracruz, entre otras regiones.

A esto se suma un dato preocupante sobre la calidad del servicio: en 2025, los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acumularon en promedio 15.396 minutos sin suministro por causas atribuibles a la propia empresa, una cifra que representó un incremento de 42.3% respecto a 2024. La frecuencia de las interrupciones también aumentó de forma considerable en el mismo periodo.

Autoridades federales han señalado que buena parte de estos cortes no obedece a una falta de generación eléctrica a nivel nacional, sino a presiones concentradas en las redes de transmisión y distribución: transformadores saturados, equipos con años de operación y fallas puntuales en centrales o líneas específicas. Dicho de otra forma, un mayor consumo no provoca automáticamente un apagón, pero sí incrementa la probabilidad de que ocurra cuando la infraestructura no logra absorber la presión adicional.

La caída del sector de agua, electricidad y gas

El panorama se complica al observar el comportamiento reciente del sector de agua, electricidad y gas dentro de la actividad económica nacional. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), este bloque registró una contracción mensual de 1.9% en enero de 2026 y un nuevo descenso de 0.5% en mayo del mismo año, lo que confirma una debilidad persistente en el sector.

Este retroceso no es un fenómeno aislado. Entre 2018 y 2023, la actividad conjunta de electricidad, gas y agua se contrajo 26.8%, de acuerdo con datos citados por medios especializados, un desempeño que se ubicó como el más débil registrado en varios sexenios. Especialistas consultados por distintos medios han advertido que el crecimiento de la actividad industrial, la escasez de agua en varias regiones del país y el rezago histórico en inversión están presionando de forma simultánea tres frentes: la red eléctrica, el abasto de agua y el suministro de gas.

Una misma fragilidad, tres síntomas

Analistas del sector energético coinciden en que los tres fenómenos —récords de consumo, aumento de apagones y caída del sector de servicios básicos— no deben leerse de forma aislada, sino como manifestaciones de un mismo problema estructural: una red de infraestructura que crece por debajo del ritmo de la demanda y que arrastra años de inversión insuficiente.

En términos prácticos, esto significa que cada ola de calor intensa pondrá a prueba, cada vez con menos margen, la capacidad del sistema para sostener el suministro sin interrupciones. La discusión pública, señalan especialistas, se ha desplazado en los últimos meses de la pregunta sobre si México genera suficiente electricidad hacia una más específica: si la red de transmisión y distribución del país está en condiciones de sostener picos de demanda cada vez más altos.

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