Regulación del sector y mercado eléctrico en México
El sector eléctrico, a diferencia de los combustibles fósiles, tiene un promisorio futuro. El mercado tiene garantizados los clientes actuales y futuros
Eduardo Olivares Pérez
Ph.D. Consultor
La iniciativa de Reforma Eléctrica 2021 presentada por el Ejecutivo ha sido, es y será un tema candente en redes sociales y medios de comunicación por lo menos hasta su votación y aprobación. Lamentablemente la infodemia y la polarización impiden que la sociedad perciba con claridad la importancia de la misma. Por el lado de los opositores a ultranza de la iniciativa, de manera simplista señalan que es una reforma contaminante. Soslayan que de la capacidad de generación privada existente, 60% es con combustibles fósiles (26,234 MW), y que en términos de aportación llega al 80% de generación fósil. Afirmar que la generación privada es predominantemente limpia es una falacia. La participación con renovables en condiciones actuales es complicada por cuestiones técnico-económicas, sin dejar de mencionarse que en los casos de las centrales eólicas y solares en operación, la inmensa mayoría no cuentan con mitigación de intermitencia ni de su carencia de inercia rotatoria, lo cual limita su participación en un sistema eléctrico interconectado. Por el lado gubernamental, entre la gran cantidad de boletines y comunicados emitidos dando respuesta a los opositores a la iniciativa, en algunos textos se han considerado datos y argumentos con imprecisiones y diferencias con respecto a otras publicaciones oficiales previas.
En medio de tanto ruido mediático muchos mexicanos se preguntan si la iniciativa le beneficia o no a la sociedad y al país. La conveniencia de que se apruebe la iniciativa de reforma constitucional versa en dos aspectos fundamentales. El primero es recomponer la operación del sector, ya que derivado de leyes y reglamentos promulgados a modo en el pasado, se confirieron ventajas económicas desmedidas a empresas transnacionales en detrimento del país. No está mal que el sector privado invierta. Al contrario, es conveniente su participación. El Estado por sí solo difícilmente podría hacer frente al mayúsculo reto financiero que representa expandir el sistema eléctrico nacional. Pero la participación privada debe darse dentro de lo ético y razonable. Bien haría la justicia en llamar a cuentas a quienes orquestaron componendas en la reforma energética de 2013 y sancionar de manera ejemplar las conductas ilícitas probadas. La otra, igual o más importante, es asegurar el control de la regulación del sector y mercado eléctrico en beneficio del interés público. Me auxiliaré con una analogía -vivencia personal-, para explicar este punto relevante. Durante la tercera ola de COVID19 en México, varios de mis familiares se contagiaron. Afortunadamente la mayoría sin mayores complicaciones. En el caso de una tía, ella sí enfermó de gravedad. Estuve apoyando de cerca en el proceso de procurar atención médica adecuada y también en la tarea de conseguir diariamente tanques de oxígeno medicinal. El oxígeno lo conseguía en otra ciudad directamente con un par de marcas que distribuyen el producto en la región. El contenido de un tanque de nueve metros cúbicos me costaba en una marca novecientos pesos y con otra un mil cien pesos. Eso implicaba conseguir previamente los tanques (recipientes), suscribir contratos de arrendamiento, realizar el traslado entre ciudades, hacer largas y tardadas filas para acceder al canje de tanques vacíos por llenos dentro de los horarios y días de atención al público. Un quehacer un tanto complicado y estresante pero al fin de cuentas nada de otro mundo. El caso es que en el mercado regional y local, comercialmente el costo del contenido de un tanque de nueve metros cúbicos variaba enormemente. Algunos proveedores; clínicas, personas físicas y morales, lo ofertaban en cuatro, seis, ocho, diez, doce, y hasta catorce mil pesos por el contenido de un tanque a quien estuviera necesitado y desesperado por disponer de oxígeno para un ser querido enfermo, ya que por su condición le era indispensable el oxígeno suplementario para sobrevivir. Este es un ejemplo crudo y real de distorsión de la ley de la oferta y la demanda en un mercado sin adecuada regulación. En días de alta demanda o de presunta escasez del vital insumo por cualquier motivo, los precios se disparaban sin pudor. Los acaparadores procuraban con argucias hacer acopio para imponer sus precios y condiciones sin ningún asomo de humanidad y empatía. Aunque sorprenda, algo parecido es lo que sucede en los mercados eléctricos deficientemente regulados, sea por omisiones, incompetencia, o por componendas dolosas para favorecer a ciertos proveedores en perjuicio de clientes y sociedad. Recientemente el diario estadounidense Wall Street Journal, publicó que el presidente Biden pidió a la Comisión Federal de Comercio de su país (FTC) investigara si las empresas de petróleo y gas estaban coludiéndose con conductas ilegales para mantener indebidamente altos los precios de la gasolina. El caso de ENRON en California en el pasado, debe ser un recordatorio de que un mercado puede degenerar en especulación y fraude. A finales del año 2000 la poderosa compañía norteamericana ENRON dolosamente manipuló el mercado eléctrico provocando crisis artificiales de generación y demanda –que incluyó cortes y restricciones en el suministro de electricidad- con el objeto de incrementar los precios a niveles inimaginables en perjuicio de los consumidores y de la economía. Al verse descubiertos, intentaron justificarse con el argumento de que esa era una práctica común de los participantes en los mercados eléctricos. Los críticos dirán que en México ya existe regulación vía la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pero esta regula con leyes y reglamentos elaborados a modo, tendenciosamente, y los beneficiados repetidamente se han negado a revisar y negociar esas condiciones de privilegio económico extremo (se han amparado). A este paso –en caso de proseguir el sector como está-, la CFE quedaría más pronto que tarde disminuida y dejaría de ser un contrapeso de las empresas transnacionales en cuanto a capacidad y despacho de generación al sistema eléctrico nacional.
¿Cómo evitar las distorsiones de un mercado eléctrico? Con una adecuada y objetiva regulación a cargo del Estado que garantice prevalezca el interés público. Es decir, asegurar que no se llegue a dar especulación, manipulación, que busque brindar beneficios excesivos (lucro) en perjuicio de los consumidores, del sector y la sociedad, además de garantizar la disponibilidad de energía eléctrica para el desarrollo del país. Esto incluye la búsqueda del menor precio posible en equilibrio con las variables y factores que intervienen en el sistema eléctrico. Me refiero a generación base, punta, potencia y energía, expansión de la infraestructura, entre otros aspectos. Algunas renovables como la eólica y solar aparentemente son las más baratas, pero si se les considerara almacenamiento masivo para mitigar la intermitencia (para acumular y despachar en otros horarios así como dar tiempo para que entren en operación otras centrales convencionales en caso de intermitencia) y para variaciones de frecuencia (alta potencia), todo ello para poder participar sin vulnerar la confiabilidad de los sistemas eléctricos interconectados, eso incrementa enormemente sus costos igualando e incluso superando otros tipos de generación caras. En cuestión de infraestructura, que se pueda concertar el crecimiento del sector tomando en cuenta la disponibilidad (suficiencia) -presente y futura-, en condiciones de calidad (parámetros eléctricos de referencia, continuidad y confiabilidad del sistema), bajo criterios de sustentabilidad (minimizar la afectación al medio ambiente). Nunca debemos de perder de vista que de todo esto depende el desarrollo económico y social de cualquier nación y en consecuencia la calidad de vida de su población. La energía es un tema vital y estratégico, en este caso justificadamente sí es un asunto de seguridad nacional.
Por otra parte, es deseable que exista competencia, porque la sana competencia en cualquier sector, incluyendo el eléctrico, crea presión sobre las compañías para bajar costos, mejorar calidad y servicio, y crear nuevos productos y procesos. Para lograr una competencia justa que brinde esos beneficios, se requiere de una regulación juiciosa y transparente. Si eso no se dio en la reforma de 2013, esta nueva iniciativa debe dar espacio a la competencia pero ahora sí dentro de un marco justo. Otro tema de interés es que se incentive aún más la innovación en la búsqueda de maneras más eficientes, limpias y baratas de generar, gestionar y consumir la energía eléctrica con una orientación y premura hacia una transición energética real y efectiva. El sector eléctrico, a diferencia de los combustibles fósiles, tiene un promisorio futuro. Infinidad de aparatos, dispositivos, incluidos vehículos, progresivamente en mayor número, operarán con electricidad. Al darse una demanda creciente, se asegura el consumo y por ende ventas y facturación. El mercado eléctrico tiene garantizados los clientes actuales y futuros. Es importante que este mercado opere y crezca en condiciones adecuadas en todos los sentidos.
Es posible que en el análisis, debate y negociaciones de la iniciativa presentada, pudieran darse algunas modificaciones a la misma. En caso de que así sucediera, ojalá sean para perfeccionarla manteniendo el espíritu original de recomponer lo que lo amerita, y de asegurar la rectoría del Estado en la regulación del sector y mercado eléctrico en beneficio del interés público. En otras palabras, que se logre aprobar una iniciativa afinada en favor de todos los mexicanos.